Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Febrero de 2000, S. 272. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 272. XXXIV.

S.Q., H.D. s/ recurso de casación -causa n° 2428-.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

I Si bien los agravios expuestos por la asistencia letrada de H.D.S.Q. resultan sustancialmente análogos a los invocados en la causa R.

230, XXXIV in re ARomero Cacharane, H.A. s/ejecución penal@, las diferentes circunstancias fácticas que se advierten en uno y otro caso impiden, a mi entender, reiterar en su totalidad las razones allí vertidas al expedirme en esta misma fecha.

En efecto, el titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N1 2 de esta ciudad, no hizo lugar al beneficio de salidas transitorias (art. 16, de la ley 24.660) solicitado por el nombrado S.Q., quien se encuentra cumpliendo la pena única de dieciséis años y once meses de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N1 25 (fs. 1/4).

Contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto contra aquella resolución, la defensa oficial interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria a fojas 36 dio lugar a la articulación de esta queja.

Resulta del caso destacar que tanto en esta última ocasión como al pronunciarse sobre la procedencia del recurso de casación (fs. 11), el a quo se remitió a los fundamentos y conclusiones vertidas en cada una de esas instancias al resolver la situación de R.C. en los autos ut supra mencionados, motivo por el que ordenó insertar copia de esas piezas al presente legajo (v. fs. 9/10 y 37/41, respectivamente).

II En su presentación de fojas 12/33, el recurrente atribuye arbitrariedad al fallo por idénticas razones a las

invocadas en oportunidad de impugnar lo resuelto respecto R.C., cuyo detalle he realizado suscintamente al dictaminar, en la fecha, en dicha causa por lo que, en beneficio de la brevedad, cabe tenerlas aquí por reproducidas en lo pertinente.

III Ante todo, teniendo en cuenta el lapso transcurrido entre la notificación del auto denegatorio del recurso extraordinario (fs. 41 vta.) y la voluntad recursiva manifestada por el condenado a fojas 42, entiendo que cabe reiterar las consideraciones realizadas al expedirme en la referida causa R. 230, XXXIV, vinculadas con la articulación extemporánea de la presente queja sin que se haya invocado por los interesados motivo alguno que justifique tal proceder (confr. apartado III del referido dictamen).

IV Sentado ello y para el supuesto que V.E. decida omitir ese óbice formal, creo conveniente destacar las sustanciales diferencias que, a mi juicio, se advierten con respecto al citado caso de ARomero Cacharane@. a) En primer término, en el sub judice no se trata de la revisión judicial contra un acto administrativo -sanción impuesta por la autoridad penitenciaria a un recluso que se encuentra cumpliendo una determinada condena- confirmado por el juez de ejecución respectivo, sino de la posibilidad de impugnar lo resuelto directamente por éste acerca del beneficio de salida transitoria solicitado por el interno S.Q.. b) En razón de que éste último fue condenado por la justicia ordinaria de esta Capital Federal, intervino, en el caso, uno de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal creados en virtud del artículo 72 de la ley 24.121.

S. 272. XXXIV.

S.Q., H.D. s/ recurso de casación -causa n° 2428-.

Procuración General de la Nación En tales condiciones, estimo que no resulta pertinente atender las razones invocadas en torno a los artículos 75 de la ley 24.121 y 20 de la ley 20.050, tanto por el a quo al declarar inadmisible el remedio federal deducido (v. fs. 38 vta./40), como las alegaciones que en éste y en la posterior presentación directa efectuó el recurrente al respecto (v. fs.

22 vta., 23 vta, 26, 27, 56, 57, 59 vta., 60 vta. y 72, 73 vta., 74, 75 y 76), toda vez que dichos preceptos legales contemplan situaciones que no se compadecen con la que se presenta en autos.

No paso por alto que también se discute en el sub lite lo vinculado con la apreciación por parte de los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal de los temas comprendidos en el recurso a efectos de determinar su competencia, aspectos que, por regla y dada su naturaleza, no justifican el otorgamiento de la apelación federal (Fallos: 306:94; 307:474: 313:77). Sin embargo, tal principio admite excepción cuando el argumento para declarar mal concedido la impugnación prevista en el artículo 456 del Código Procesal Penal, resultó carente de toda razonabilidad a raíz de la señalada contradicción en la que incurrió el a quo al sostener dogmáticamente -en aquella causa a la que se remitió- la imposibilidad de recurrir las decisiones adoptadas por el juez de ejecución en cuestiones como la que originó el planteo del aquí apelante (fs. 10), para luego dejar entrever, para ese mismo supuesto, la posibilidad de revisar lo decidido sobre esa cuestión mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 18 de la ley 24.050 (39 vta./40).

Así aprecio que esa defectuosa motivación, independientemente de la clasificación que se realiza en el fallo entre las funciones estrictamente judiciales y las de control de la faz administrativa ejercidas por el juez de ejecución,

autoriza, a mi entender, a sostener su descalificación como acto judicial en la medida que conlleva, sin fundamentación idónea suficiente, a una restricción sustancial de la vía intentada por el apelante con menoscabo de la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 312:496 y 316:3191).

Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco puedo soslayar en esta ocasión el criterio establecido por V.E. en Fallos 317:1440 que, aunque vinculado con un conflicto de competencia, consideró A... que contra las resoluciones que adopte el juez de ejecución sólo procederá el recurso de casación, según lo dispuesto por el art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación...@ y que ese A... principio sólo reconoce excepción en la disposición del art. 24, inc.1) del código de rito que atribuye intervención a la cámara de apelaciones respectiva en los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de ejecución para los casos de suspensión del proceso a prueba (art.

515), situación aplicable a las resoluciones adoptadas por el juez de ejecución del tribunal oral federal del interior del país (art. 75, segundo párrafo, de la ley 24.121)...@ (considerando 51).

V En consecuencia, soy de la opinión que V.E. de hacer lugar a la presente queja y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2000.

E.E.C.