Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Diciembre de 1999, C. 435. XXXV

Actor:yañez Cesar Domingo
Demandado:Estado Nacional-poder Judicial De La Nacion
Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 435. XXXV.

Y., C.D. c/ Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación s/ reajustes varios.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, por las razones que ilustran en sus respectivas decisiones, obrantes a fs.

72/3 y 83, respectivamente, discrepan en torno a su competencia para entender en la presenta causa.

En ella, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 7, hizo lugar a la demanda incoada contra el Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación-, por el cobro de diferencias en el complemento jubilatorio (v. fs. 61/4), decisión que fue apelada por la demandada (v. fs. 65).

En oportunidad de ser elevados los autos, el tribunal de alzada se declaró incompetente para seguir en su conocimiento (v. fs. 72/3), con fundamento en las disposiciones de las leyes 24.463 y 24.655, y atribuye la jurisdicción de la causa a la Cámara Federal de la Seguridad Social. A su vez, ésta, -compartiendo centralmente los argumentos del Sr. Fiscal de Cámara (v. fs. 82/3) resistió a la radicación sobre la base de que resultaba aplicable al sub lite el punto 1°, inciso b) de la Acordada n° 75 de V.E. del 26 de noviembre de 1996. En este marco referencial, sostuvo, que las causas que no fueron promovidas en virtud del artículo 15 de la ley 24.463 -como resulta ser este pleito-, continuarán tramitando ante los tribunales en que se encuentran actualmente radicadas, hasta su completa tramitación.

En tales condiciones, quedó trabado un conflicto negativo de competencia que corresponde dirimir a V.E. en los

términos del artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley n° 1285/58, texto según ley n° 21.708.

II En cuanto a la contienda de competencia a decidir, es mi opinión que la presente causa debe continuar su trámite ante el fuero contencioso administrativo federal. Ello es así, toda vez que la cuestión controvertida guarda sustancial analogía con la examinada por V.E. en las actuaciones S.C.

COMP. n° 425, L.XXXIII, ACarli de R., Alda Blanca y otro c/ Estado Nacional s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y Seg.@, sentencia del 25 de setiembre de 1997, que remite al dictamen de esta Procuración General de la Nación.

Se señaló, en ese caso, que la ley 24.655 creó la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, y le atribuyó competencia para entender en demandas -como la presente- de naturaleza previsional. También estableció, en su artículo 7°, que cuando dichos procesos se encontraran radicados en otros fueros, ellas pasarán de inmediato a los nuevos juzgados.

Sin embargo, también interpreté que una vez instalados y en funcionamiento los nuevos juzgados creados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentó, mediante la Acordada N° 75/96, las pautas para la radicación de las causas que se refiere el mencionado artículo, a fin de no saturar dado su elevado número- la capacidad operativa de los nuevos juzgados, tornando ilusoria la prestación de un adecuado servicio de justicia, sin que ello implique desconocer los principios de la garantía del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio.

Además, destaqué que, en este marco, V.E. dispuso, más específicamente, respecto al fuero contencioso adminis-

Competencia N° 435. XXXV.

Y., C.D. c/ Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación s/ reajustes varios.

Procuración General de la Nación trativo federal, que los juicios allí radicados, no promovidos en los términos del art. 15 de la ley 24.463, en los que no se hubiera dictado sentencia definitiva o que no se encontraren finalizadas por alguno de los otros modos de terminación del proceso, -como es el caso de autoscontinuarán su sustanciación ante los tribunales en que se encuentran en trámite, hasta su completa conclusión.

Finalmente y teniendo en cuenta el citado precedente, como los fundamentos allí expuestos, es mi parecer que la causa sub examine queda comprendida dentro del punto 1° inciso b) de la precitada A., máxime cuando ya se ha dictado, ante la justicia en lo contencioso administrativo, sentencia de primera instancia, y ella se encuentra en grado de apelación, exclusivamente en cuanto al fondo del problema sin que se planteara por los interesados controversia alguna respecto de la competencia de los tribunales intervinientes en el pleito (Ver doctrina de la sentencia del Tribunal del 30 de junio del corriente año in re Comp. 77.XXXV. A., S.R. c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y otros s/ proceso de conocimiento@.

Por lo expuesto, soy de opinión que corresponde dirimir la controversia disponiendo que las presentes actuaciones se devuelvan a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., a los fines de su intervención en el recurso concedido a fs. 70.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1999.

N.E.B.