Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Diciembre de 1999, S. 533. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 533. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S.R., L. y otros s/ secuestro extorsivo -causa N° 45.495-.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó la excarcelación concedida a favor de L.S.R. por el juez de primera instancia, en razón del vencimiento de los plazos de prisión preventiva previstos en los artículos 1 y 2 de la ley 24.390.

Contra dicho pronunciamiento, el F. General ante ese tribunal dedujo recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio lugar a la presentación de esta queja.

I El apelante tacha de arbitraria la inteligencia dada por el a quo al artículo 1 de la ley 24.390, reglamentaria del artículo 7, inciso 5°, del Pacto de San José de Costa Rica, por la que se le negó la libertad a S.R., pese a que surge de las constancias de la causa que se encuentra cumplido el plazo previsto para la duración de la prisión preventiva. A ello debe sumarse que el proceso en el que el nombrado se encuentra privado de libertad lleva más de veinte años de trámite sin que se hubiere llegado a una sentencia que ponga fin al pleito.

Asimismo alega que la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones que revocó la excarcelación concedida por el juez de primera instancia, es arbitraria al realizar una interpretación aparente y dogmática del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372).

II En primer lugar, considero que estamos ante un remedio federal que resulta formalmente procedente con sustento en la doctrina de V.E. que establece que la decisión que res-

tringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, puede equipararse a una sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, ya que podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que exige tutela inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 311:358; 314:791, entre otros).

Y si bien ello no basta para habilitar la instancia extraordinaria en tanto no se involucre la inconstitucionalidad de las normas impeditivas de la excarcelación o concurran graves defectos en el pronunciamiento denegatorio (Fallos:

314:791 y la jurisprudencia allí citada), lo cierto es que en el sub lite se ha configurado una cuestión federal simple, en la medida que se cuestiona la interpretación efectuada por el a quo del artículo 1 de la ley 24.390, reglamentaria del derecho reconocido en el artículo 7, inciso 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22° de la Constitución Nacional), y la resolución es contraria al derecho invocado.

Por otra parte, como surge de la doctrina sentada por V.E. en los casos "R." (Fallos: 320:2118, considerando 5°) y "Bramajo" (Fallos: 319:1840), la vía federal elegida resulta admisible por emanar la resolución atacada del superior tribunal de la causa.

III Ahora bien, sin perjuicio de las razones y argumentos que tuvo en miras el señor F. General recurrente, considero, de adverso a su postura y luego de un minucioso análisis del caso, que no concurren en autos especiales circunstancias que provoquen una actividad recurrente de este Ministerio Público con fundamento en la defensa de la legali-

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Procuración General de la Nación dad de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 de la Constitución Nacional).

Por tal motivo, y porque no encuentro agravio suficiente en la resolución del a quo, he de desistir formalmente de la queja planteada, no sin antes desarrollar mi posición favorable a la tesitura de la Cámara. Y, dada la índole del tema en estudio y la circunstancia de que está en juego la libertad de un detenido, abordaré la cuestión principal aun cuando estemos ante una presentación defectuosa, pues no se han acompañado copias de las piezas pertinentes -notificaciones, resoluciones de la Cámara- para verificar el cumplimiento de los requisitos de plazo, forma y oportunidad.

IV La primer cuestión federal introducida nominalmente por el apelante, esto es la interpretación contraria al Tratado invocado y a su ley reglamentaria efectuada por el a quo, no puede prosperar, como ya se había observado en el dictamen de la Procuración Fiscal ante la Corte Suprema del 21 de noviembre de 1997, in re "S.R., L.A. s/ incidente de excarcelación en la causa N° 12.334", pues no se ha demostrado que el sentido otorgado por la Cámara a las disposiciones citadas, difiera de lo que V.E. sostuviera en Fallos:

310:1476 (caso "F.") y en Fallos:

319:1840 (caso "Bramajo"), por lo que carece, en mi opinión, del debido fundamento que exige el artículo 15 de la ley 48.

V En cuanto a la tacha de arbitrariedad, cuatro son los puntos que desarrolla el señor F. General, y que paso a considerar en el orden dado:

  1. Se arguye que se violó el plazo razonable en prisión preventiva, pues L.S.R. lleva cumplido

    un encarcelamiento, al día de interposición de la queja, 6 de agosto de 1999, de tres años, siete meses y nueve días. Ahora bien, esta consideración contiene un matiz que, a poco de ser debidamente iluminado por otras consideraciones, cobra vida como un nuevo color y que es el siguiente:

    Resulta que en este cómputo se adiciona el tiempo que el nombrado estuvo detenido en los sucesivos juicios de extradición que, a pedido de nuestro país, tramitaron en Suiza, Estados Unidos y España, y que suman, si se tienen en cuenta los lapsos informados por el recurrente, pues no se aportaron constancias causídicas al respecto, dos años, siete meses y veintiséis días (incluido el que estuvo arrestado en Holanda).

    Por consiguiente, si se efectúa la resta del caso, obtenemos que como prisión preventiva en este proceso y al día indicado, llevaba cumplidos once (11) meses y trece (13) días.

    Y esta discriminación es relevante para un análisis meticuloso del caso, teniendo en cuenta que el concepto de plazo razonable, previsto en el artículo 7, inciso 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 9, inciso 3°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional), tiene como fundamento la injusticia esencial que significa la morosidad en un proceso donde una persona encarcelada espera su veredicto.

    Tan es así que si se cotejan ambos dispositivos normativos, observamos que los dos tratados tienden a acelerar el proceso penal, evitar razonablemente la prisión preventiva, y dar cauce a la excarcelación durante su trámite, con subordinación a garantías que hacen a la eficacia del mismo proceso (confr. Tratado Elemental de Derecho Constitucional

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    Procuración General de la Nación Argentino de Bidart Campos, tomo III, página 525, Ediar, 1995).

    Pero esta morosidad se refiere al trámite del proceso, no a las demoras que sufre por complejos y delicados trámites de extradición, en los que no se puede avanzar en el juicio del imputado, pues en nuestro sistema procesal penal está prohibido celebrarlo in absentia (artículo 290 del Código Procesal Penal y 151 del Código de Procedimientos en Materia Penal).

    Pero existen otras circunstancias que me persuaden que, en principio, el lapso de detención cumplido en un juicio regular de extradición, puede considerarse como razonable, aun cuando se prolongare más allá del admitido para una causa ordinaria, teniendo en cuenta la complejidad de esos procesos internacionales y la voluntad elusiva que se presume en el requerido.

    En este sentido, el inciso 5° del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos postula que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Como puede observarse, el plazo razonable de juzgamiento está en íntima relación con el momento en que la persona es llevada ante la autoridad judicial competente para ser juzgada.

    Por lo tanto, en casos como el presente, y siempre y cuando el lapso de la detención en el extranjero haya sido razonable, según ya se dijo dos párrafos más arriba, cabe tomar como dies a quo de la garantía sólo el tiempo de prisión preventiva como medida cautelar en el proceso penal propiamente dicho, que es cuando se la puso a disposición del

    magistrado competente para procesarla y, eventualmente, juzgarla. Y sin que ello signifique desconocer aquella privación de libertad como prisión preventiva en la forma que prescribe el artículo 24 del Código Penal y tal como lo dispone el artículo 66 de la ley 24.767.

    Por otro lado, cuando el artículo 1 de la ley 24.390 establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, prorrogable por un año más cuando la cuantidad o complejidad de los delitos lo indiquen, debe apreciarse que también en la creación de la norma se tuvo especialmente en cuenta -entre otros argumentos de política criminal como la superpoblación de las cárceles y la circunstancia de que la mayoría de los internos son presos preventivos, así como los obsoletos sistemas procesales (ver los fundamentos del dictamen presentado por las comisiones pertinentes de la Cámara de Senadores, con motivo de esta ley)- la morosidad en la tramitación de la causa y no sólo su mera duración. Y tan es así que en la aprobación del texto definitivo de la ley, se hizo especial hincapié en la inconveniencia de que la soltura fuera automática, para lo cual se dejó esta hipótesis indisolublemente unida a los supuestos de libertad caucionada (artículos 4, primer párrafo, 5 y 6 de la ley citada). En este sentido, puede consultarse la exposición del miembro informante en la Cámara Baja, D.G., y la de los diputados P. y A., así como la de los Senadores Alasino, V. y De la Rúa, en la Cámara Alta (Antecedentes Parlamentarios, editorial La Ley, tomo 1995, páginas 930 a 981).

    Así lo entendió también V.E. cuando consideró que la "validez del artículo 1 de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de

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    Procuración General de la Nación los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los artículos 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable" (Fallos: 319:1840).

    Y terminaré la exposición de este punto con una pregunta que resulta a mi parecer ilustrativa: )qué circunstancias concurrieron para que en una causa que lleva más de veinte años de inicio, el imputado sólo lleve de efectiva prisión preventiva en el país poco más de un año? )Sólo morosidad en la administración de justicia?.

  2. En el segundo punto de su agravio, el señor F. General se refiere a la inusitada demora en dictar sentencia que no es atribuible al imputado ni al juez, aunque cuando fundamenta su idea, se refiere más que nada a la irrelevancia de las medidas de prueba ofrecida por la parte querellante y al tiempo excesivo que demandará su producción.

    Ahora bien, teniendo en cuenta que ésta no es la vía para revisar cuestiones de hecho y prueba que, por otro lado y según nos ilustra el mismo recurrente, ya han sido criticadas y debidamente tratadas por la Cámara en resolución firme, sólo diré al respecto que resultaría contradictorio que esta Procuración postulara la complejidad del proceso y, como solución, la soltura del acusado, cuando justamente el legislador ha dicho y V.E. lo ha dejado claramente establecido, en la jurisprudencia citada en el acápite 1, que esta complejidad, que tornaría razonable la prolongación de los plazos, indica que la soltura debe ser posible y no automática.

    En este sentido, tenemos que el artículo 701 del Código de Procedimientos en Materia Penal, establece que toda causa debe terminarse completamente en el término de dos años,

    no computándose las demoras causadas por articulaciones de las partes, diligenciamiento de oficios o de exhortos, realización de peritaciones u otros trámites necesarios, cuya duración no dependa de la actividad del juzgado. Y esta norma, que prevé expresamente la mora que ocasiona este tipo de diligencias, ha sido la génesis del artículo 1 de la ley 24.390, según lo destacaron expresamente los legisladores en el debate parlamentario (ver en este sentido la exposición del miembro informante, Senador Alasino, y las intervenciones del Senador De la Rúa, cuando se debatió el proyecto en la Cámara de Senadores, así como la del Diputado P. de la Cámara de Diputados).

    Por otro lado, el mismo F. General recurrente efectúa una cita del juez de sentencia en donde si bien pronostica que la etapa probatoria será prolongada, asegura que el tribunal le prestará toda la dedicación al asunto. Asimismo refiere que el acusado aportó -precisamente por intermedio de este magistradouna de las documentales de más difícil adquisición probatoria. Esta colaboración, de las partes con el juez para urgir el procedimiento, dará seguramente un resultado procesal óptimo, tal como se lo merece la sociedad y el imputado luego de tan arduos trámites en el extranjero, con el consiguiente compromiso internacional de la Argentina de una buena administración de justicia en el caso concreto.

  3. También el F. General hace referencia a que S.R. ha demostrado que, desde que fue liberado en 1997, no intentó eludir la acción de la justicia, y está colaborando con ella en la medida de sus posibilidades, hasta tal punto que aportó las copias de su declaración en el Senado estadounidense ante la Comisión "Oliver North", por lo que no es posible aplicar la restricción a la libertad prevista en el artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal,

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    Procuración General de la Nación como lo hace la Cámara.

    Aun cuando se tenga por acreditado -no se aportaron las constancias pertinentes- que el acusado compareció ante el juez de sentencia, al haber V.E. confirmado el fallo que revocó su excarcelación, esta comparecencia, debo confesarlo, no me convence que, de quedar firme el auto que le concede la excarcelación bajo caución real, S.R. no intentará eludir la acción de la justicia, al menos teniendo en cuenta su comportamiento procesal anterior en esta misma causa, que llevó al erario a sufragar los gastos necesarios para tramitar, por tres veces y ante otros tantos países extranjeros, juicios de extradición, donde precisamente, no se contó con el consentimiento originario de S.R. para facilitar su juzgamiento.

    En efecto, como ya se dijo en el dictamen de esta Procuración General del 21 de noviembre de 1997, S.R. "fue condenado en Suiza por ›tentativa de chantaje=, de donde se fugó en 1985 sin agotar el cumplimiento de la pena que se le impusiera -pese al régimen de semi-libertad al que estaba sujeto, según la misma defensa indica-, cuando iba a ser extraditado a la República Argentina; que debió luego tramitarse su extradición al haber sido detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, y que luego de recuperar la libertad en nuestro país fue declarado rebelde, siendo detenido nuevamente en España de donde fue extraditado".

    Respecto de este último incidente, el señor F. General deja entrever que fue declarado rebelde por error, pues no obstante que el imputado envió dos cartas al juez de instrucción haciéndole conocer su nueva residencia en la ciudad de Nueva York, el magistrado lo citó a su antiguo domicilio porteño, con el obvio resultado negativo. Pero lo cierto es que, según la misma versión del recurrente, se habría au-

    sentado del país sin autorización alguna o, tan siquiera, aviso previo, sustrayéndose voluntariamente, de esa forma, a estar a derecho en una causa donde continuaba en su rol de legitimado pasivo. No se olvide que los efectos de la libertad por falta de mérito, de naturaleza cautelar, siguen siendo coercitivos, ya que implica el deber de sujeción al proceso, pues no se ha dado fin al procesamiento previo y el imputado sólo goza de un estado de libertad provisoria (La Excarcelación de G.R.N., página 13 a 16, Pensamiento Jurídica Editora, año 1984). Por otro lado, el recurrente nada dice si el juez, previo a la declaración de rebeldía de S.R., no le cursó citación al domicilio constituido en cumplimiento de lo que manda el artículo 148, inciso 1° del Código de Procedimientos en Materia Penal, cuando dice que será declarado rebelde, entre otros supuestos, el procesado que, notificado en legal forma, no compareciere a la citación o llamamiento judicial.

    Pero, en definitiva, )cómo se puede pretender que el acusado fue declarado rebelde por error, contra su voluntad de estar a derecho, toda vez que para lograr su sujeción al proceso debió tramitarse en el Reino de España, según nos informa el F. General, una extradición que demandó más de seis meses?.

    No cabe, entonces, adjudicar una vocación de comparecencia a S.R., emanada de las misivas que envió desde el extranjero, según nos lo cuenta el recurrente.

  4. El señor F. General tacha de arbitraria la resolución del a quo y con cita de la jurisprudencia sentada por V.E. en los precedentes R.L. (Fallos:

    314:791) y E. (Fallos:

    320:2105), dice que la Cámara repitió una fórmula genérica y puramente abstracta, que se remite a un fallo anterior de hace más de dos años y medio, para presumir la intención del procesado de eludir la acción

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    Procuración General de la Nación de la justicia y, por consiguiente, denegar la excarcelación de S.R. por aplicación del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal.

    También en este punto el F. General expresa su creencia en que la voluntad del acusado es la de estar a derecho, teniendo en cuenta la actitud demostrada hasta ahora y lejos de la que presume "dogmáticamente" la Cámara.

    Por último, efectúa una diferencia entre este caso y el de Bramajo (Fallos: 319:1840), basado en la diferente penalidad de los delitos imputados a uno y a otro, la antigüedad de los hechos y sus consecuencias y la inminencia del dictado de la sentencia.

    Ahora bien, sin perjuicio de lo genérica que haya sido la alegación de la Cámara, respecto a que puede presumirse que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, lo cierto es que estoy de acuerdo con tal presunción, como ya expliqué en el acápite tercero, para lo cual, repito, valoro especialmente la recordada fuga del país helvecio y el prolongado lapso en que S.R. permaneció en el extranjero sin estar a derecho en la causa, circunstancia ésta que surge del mismo escrito del recurso, lo cual demuestra una voluntad elusiva que las meritorias presentaciones posteriores no logran, a mi juicio, cohonestar.

    También tengo en cuenta el para nada abstracto pedido fiscal de doce años de reclusión por el delito de secuestro extorsivo -dato que nos suministra el recurrente- y las circunstancias públicas que rodearon el caso C., con lo que concurren suficientemente los supuestos de gravedad de la infracción y de interés público que V.E. ha privilegiado para evaluar el plazo razonable de la detención (Fallos:

    318:1881, considerando 8° y 319:1840, considerandos 10 y 12).

    En cuanto a la diferencia fáctica y criminológica entre este caso y el de Bramajo, no encuentro que la misma tenga relevancia para resolver esta cuestión, pues en ese fallo se estableció una doctrina que resulta de aplicación en autos, que fuera propiciada oportunamente por esta Procuración General y que concuerda con los antecedentes legislativos, a saber: la validez del artículo 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los artículos 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y del Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.

    Por otro lado, el Tribunal revocó en el caso "Bramajo" la resolución que concedía la excarcelación con base, precisamente, en las circunstancias restrictivas del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal; por lo tanto, ni siquiera resulta válido aquí el argumento de igualdad que, en una situación contraria -y entonces sí con la razón de parte del Fiscal recurrente- se podría haber formulado así: a S.R. no se le puede denegar un beneficio que a Bramajo, en una situación causídica más grave, se le acordó. Pero tal no es el caso de esos autos, donde V.E. privó a Bramajo del beneficio.

    En cuanto al agravio del recurrente referido a la consideración por parte del a quo de la "gravedad y perversidad" del delito imputado S.R., el mismo es una reiteración del explicitado por la defensa en la oportunidad anterior y ya tuvo respuesta en el anterior dictamen de la Procuración Fiscal ante la Corte Suprema, cuyos fundamentos y conclusiones tuvo en cuenta V.E. para declarar improcedente el

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    Procuración General de la Nación recurso extraordinario concedido en esa oportunidad (Fallos:

    321:1328). En tal ocasión se sostuvo que esta alegación no implica una interpretación que lesione el derecho federal sobre el que se sustenta la pretensión de excarcelación, pues si bien es cierto que el legislador sólo excluyó de los alcances de la ley 24.390 a los encausados que cometan los delitos previstos en los artículos 7 y 11 de la ley 23.737 y desestimó excluir expresamente a quienes estuvieran imputados de otros delitos graves, ello no impide al tribunal que decide sobre la libertad anticipada, tener en cuenta las características del hecho, en orden a Juzgar si es razonable el tiempo de detención sin juzgamiento.

    Por último, resta señalar que en el dictamen señalado, también se dijo que las circunstancias que dieron lugar a complicados trámites de extradición activa, que no le fueron ajenas a S.R., han incidido directamente en la demorada tramitación de este proceso, por lo que atribuir los retardos sufridos exclusivamente a la actividad de los tribunales -como hizo la defensa en aquella oportunidad- y la querella, resulta injustificado a la luz de tales antecedentes.

    En consecuencia, y por las razones expuestas, vengo por el presente a desistir de la queja interpuesta, solicitando a V.E. que así lo tenga presente.

    Buenos Aires, 27 de diciembre de 1999.

    L.S.G.W.