Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Noviembre de 1999, L. 294. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 294. XXXIII.

RECURSO DE HECHO

León, G.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

-I-

A fs. 2/5 de los autos principales (a los que corresponderán las siguientes citas), el doctor G.A.L. promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionó la inhabilitación para ejercer su profesión de abogado, en el ámbito de la Capital Federal, desde marzo de 1984 -fecha en que la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia demandada le otorgó el beneficio jubilatorio y, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 39 y 40 de la ley 6716, modificada por el decreto-ley 9978, le impuso cancelar sus matrículas profesionales en el resto del país- hasta 1991, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la citada norma.

Sobre la base de tales antecedentes, fundó la responsabilidad de la Provincia por su actividad legislativa, declarada inconstitucional, y reclamó la reparación de los daños y perjuicios generados.

-II-

A fs. 16/20, la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda y opuso, como defensa de fondo, la excepción de prescripción.

Sostuvo, para fundarla, que el hecho dañoso se produjo con la resolución del Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia del 16 de marzo de 1984, que dispuso la cancelación de la matrícula del actor en todas las jurisdicciones del país y que la acción recién se dedujo el 18 de noviembre de 1991, es decir, una vez vencido el plazo bienal del art.

4037 del Código Civil.

En este sentido señaló que, aunque aquél tomó conocimiento directo de

esa situación en 1984, no promovió la pertinente demanda por daños y perjuicios en sede civil, sin que obstara a ello la falta de declaración de la inconstitucionalidad de la ley, ya que, en todo caso, hasta que esa cuestión se resolviera, debió solicitar la suspensión de aquel proceso. Tampoco optó por la acumulación de la acción por daños y perjuicios a su demanda de inconstitucionalidad, pese a que podía hacerlo, según surge de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia local que recordó.

También se opuso a la pretensión resarcitoria, por entender que quien solicita el acogimiento a un sistema jubilatorio, lo hace porque objetivamente ha llegado el momento de cesar en su actividad profesional y, si el doctor León, a los setenta y tres años de edad, se consideraba poseedor de un espíritu y capacidad física y psíquica aptas para continuar ejerciendo hábilmente su profesión, por estimar que aún no había cumplido el ciclo de actividad, no resulta justo que se jubile Aparcialmente@ en una jurisdicción pero no en otras, pues, con tal postura, se desvanecerían los fundamentos que inspiraron al legislador al crear el instituto jubilatorio.

Rechazó, también, el monto reclamado en concepto de lucro cesante, pues entendió que existen circunstancias que permiten inducir que la suma pretendida es exagerada.

-III-

A fs. 205/211, la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N1 8 de la ciudad de La P. rechazó la excepción de prescripción e hizo lugar a la demanda.

Para así resolver, entendió, respecto de la primera, que la acción para reclamar los daños y perjuicios nació con la declaración de inconstitucionalidad de la norma pues, hasta

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Procuración General de la Nación ese preciso momento, la resolución de la Caja tuvo plena vigencia, de modo que el actor nada podía intentar contra preceptos formalmente constitucionales.

También consideró que se trata de un supuesto de responsabilidad sin culpa, que nace de las garantías de los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, distinta de la prevista en el art.

1113 (sic) del Código Civil y, para concretar el deber de indemnización en tales supuestos, señaló que no nace de la Aantijuridicidad@, sino que se apoya en la coexistencia de tres presupuestos fácticos: la imputabilidad material a un órgano estatal, la existencia de un daño cierto y la relación causal entre los dos presupuestos anteriores.

Sobre tales bases, entendió probado el lucro cesante que le produjo al actor la imposibilidad de ejercer su profesión, pero desestimó el reclamo por daño moral, pues consideró que, en casos de responsabilidad por actividad lícita del Estado -tal como calificó al sub examine- el mismo no procede.

No obstante ello, aclaró que la indemnización acordada debe considerarse comprensiva de todos los perjuicios sufridos por el actor.

-IV-

La Cámara Segunda de Apelación de La Plata BSala II-, a fs. 257/260, revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la demanda.

Contrariamente a lo afirmado por la jueza de grado, entendieron sus integrantes que la acción tendiente al resarcimiento de los daños nace con el hecho generador de éstos, en tanto los perjuicios se hayan producido y, en el caso de autos, el actor no sólo no estaba impedido de demandarlos, sino que estaba legitimado para acumular, a la acción

de inconstitucionalidad -con la que lograría la cesación de la causa que le impedía desarrollar su profesión- la de condena, tendiente al resarcimiento de los perjuicios que la normativa le irrogaba. En tales condiciones, por aplicación de jurisprudencia del Superior Tribunal local que citaron, y sin advertir impedimento alguno para promover la acción de daños y perjuicios, entendieron que la prescripción liberatoria se había operado y, en atención a ello, no analizaron los restantes aspectos de la sentencia recurrida.

-V-

Contra tal pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tribunal que, por mayoría y con iguales fundamentos que la Cámara, resolvió confirmar la sentencia apelada (v. fs.

301/305).

-VI-

Finalmente, a fs. 310/318, dedujo el recurso del art. 14 de la ley 48, cuya denegatoria por el a-quo dio lugar a esta presentación directa ante V.E.

En su escrito de apelación extraordinaria, sostuvo que la cuestión federal del caso consiste en la interpretación de los derechos constitucionales de propiedad, defensa y debido proceso (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional), de otros principios de igual jerarquía -en la medida que la acción se funda en la doctrina sobre la responsabilidad del Estado por acto legislativo inconstitucional-, así como en la arbitrariedad de la sentencia.

Asimismo, entendió que la cuestión es de gran trascendencia institucional, pues están en juego los alcances y efectos de la declaración de inconstitu-

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Procuración General de la Nación cionalidad de una ley, por parte de V.E.

Adujo que el pronunciamiento contradice la doctrina de Fallos: 295:169, causa en la que se señaló que Ael curso de la prescripción debe computarse desde el momento en que el actor tuvo conocimiento de que la acción indemnizatoria quedó expedita en su favor, circunstancia que se produjo con la notificación de la sentencia que puso fin a la situación de incertidumbre@. Esta doctrina, dijo, también se aplicó in re:

AVignoni, A. c/ Estado de la Nación Argentina@, sentencia del 14 de junio de 1988, publicada en Fallos: 311:1007 y, pese a que se trató de un caso de responsabilidad por error judicial, estimó que es aplicable a la responsabilidad del Estado por error legislativo que, en definitiva, es un acto legislativo inconstitucional y porque, antes de la declaración judicial de inconstitucionalidad, existía perjuicio pero no acción.

Por otra parte, señaló que la declaración de inconstitucionalidad que persiguió mediante una acción directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no tuvo una mera finalidad abstracta, sino poder seguir ejerciendo la profesión de abogado en la Capital Federal pero, como el reconocimiento de su reclamo recién lo obtuvo casi siete años después, es evidente que debe ser resarcido por todo el tiempo en que no pudo ejercerla.

La sentencia en recurso también viola Ba su juiciolos derechos de defensa y debido proceso, porque obliga a los ciudadanos a interponer acciones muy riesgosas antes de tener certeza sobre sus derechos, la que no surge de una falta de convicción subjetiva, sino de la presunción de legitimidad que goza el texto de la ley.

En cuanto a la arbitrariedad, sostuvo que el voto de la mayoría del Superior Tribunal local se sustenta en la única

afirmación dogmática de que pudo entablar demanda ante la justicia ordinaria, haciendo valer como causa de su pretensión indemnizatoria la inconstitucionalidad de la ley, pero ignora la doctrina y jurisprudencia, incluso de la Corte, sobre la inexistencia de la acción o sobre el comienzo de la prescripción cuando está pendiente un pronunciamiento judicial sobre la validez de un acto jurídico.

También afirmó que la sentencia es descalificable, por incurrir en exceso ritual manifiesto y no respetar la verdad jurídica objetiva, toda vez que efectuó una interpretación irrazonable e inequitativa del orden jurídico, que conduce a un resultado notoriamente injusto.

-VII-

Cabe recordar, en primer término, que V.E. tiene dicho, de manera reiterada, que las cuestiones de hecho y prueba, de derecho común y procesal -materia propia de los jueces de la causano son factibles de ser revisadas por la vía excepcional del artículo 14 de la ley 48 (Fallos:

317:948), máxime cuando la sentencia se sustenta en argumentos no federales que, más allá de su posible acierto o error, resultan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 308:986, entre otros). Asimismo, también ha sostenido que A. doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas de razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia, o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impiden considerar el pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido@ (Fallos:

304:279), pues su objeto no es abrir una tercera instancia para revisar decisiones judiciales.

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León, G.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación Sobre la base de tales principios, es mi parecer que el recurso intentado es formalmente inadmisible, toda vez que el apelante sólo expresa su discrepancia con la valoración del a quo respecto del momento a partir del cual comenzó el curso de la prescripción, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, la falta de fundamentación en los hechos que se consideran al efecto, o la irrazonabilidad en las conclusiones (v. doctrina de Fallos: 303:509).

En efecto, las conclusiones a las que arribó el tribunal respecto a la improcedencia del planteo de la actora, encuentran adecuado fundamento en las normas que consideró aplicables al sub lite y en la consideración de que la vía procesal elegida B. de inconstitucionalidad-, por su índole y alcances, carecía de efectos interruptivos o suspensivos de la prescripción de la acción de daños y perjuicios, la que ya se encontraba expedita desde el momento en que la Caja le impuso la exigencia legal que lo obligó a cancelar la matrícula en todas las jurisdicciones.

Es que el tratamiento de tales cuestiones y la interpretación asignada por los jueces locales a las normas rituales aplicables al caso, también de Derecho Público, impiden su revisión en esta instancia (Fallos: 275:133, entre otros), en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos:

305:112, entre otros), máxime cuando el apelante tampoco ha demostrado, en forma fehaciente, como hubiere sido menester en orden a la configuración de un supuesto de excepción, que el pronunciamiento le haya producido el menoscabo de las garantías constitucionales que invoca, puesto que el derecho a requerir la tutela jurisdiccional supone el cumplimiento, por parte del interesado, de los requisitos procesales establecidos por las normas vigentes y

no puede responsabilizarse al tribunal si la vía elegida no resulta ser la correcta para atender su pretensión.

-VIII-

Por todo lo expuesto, entiendo que, al no guardar las garantías constitucionales invocadas relación directa e inmediata con lo resuelto, el recurso extraordinario deducido es formalmente inadmisible y, por ende, corresponde rechazar la presente queja.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1999.- N.E.B.