Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Noviembre de 1999, C. 640. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 640. XXXV.

A., M.F. s/ denuncia por estafa -causa n° 15.938-.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado de Garantías en lo Criminal y Correccional N° 4 del departamento judicial de San Isidro, y del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 28 de Capital, se suscitó la presente contienda negativa de competencia, con motivo de la denuncia formulada por M.F.A..

En ella refiere haber sido víctima del delito de estafa, en ocasión de acordar los servicios profesionales con un abogado de nombre D.G.L., quien en la primera entrevista, y previo pago de un abono de setenta pesos ($ 70), le solicitó la suma de seis mil quinientos pesos ($ 6.500), para evitar la subasta de un inmueble, propiedad de su madre, dispuesta en el expediente caratulado A.T.C. c/ J. de Aciar, C. s/ ejecución hipotecaria@ del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 10 del departamento judicial de San Isidro, iniciado por el incumplimiento de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, celebrado previamente por su progenitora. Aclara que posteriormente, al no conseguir en el tiempo necesario toda la suma requerida por el letrado, convino con él la entrega de un adelanto de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500), que hizo efectivo, y el saldo en diez cuotas de doscientos pesos ($ 200). Agrega que la subasta no pudo impedirse y la vivienda fue rematada. Asimismo menciona que el tribunal de la ejecución, le informó que su patrocinio letrado estaba a cargo de una abogada de apellido S., que no se encontraba matriculada en la jurisdicción (fs. 2/7).

El juez de provincia entendió que la justicia de la Capital debía continuar conociendo en las actuaciones, con fundamento en que el hecho ilícito denunciado, que calificó

como constitutivo del delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, habría tenido lugar en el estudio del letrado (fs. 15 y vta.).

El magistrado nacional rechazó esa declinatoria al considerar que no puede eliminarse la posibilidad de una connivencia entre los doctores L. y S. para defraudar a la denunciante, y que ello pudo ocurrir en ajena jurisdicción, posiblemente San Isidro, donde por otra parte podría haberse cometido una infracción al artículo 246 del Código Penal (fs.

17/19).

Con la insistencia del tribunal provincial, quedó finalmente trabada la contienda (fs. 20 y vta.).

Es doctrina de V.E., que tanto el lugar en el que se desarrolló el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial (Fallos:

286:160, 311:2607, entre otros y Competencia N° 140, L.XXXV in re ACórdoba, J.A. s/ estafa@ resuelta con fecha 27 de mayo del corriente año).

También tiene establecido ese Tribunal, que para el supuesto de entrega de dinero a un abogado, a su requerimiento, para gastos de un juicio que nunca fue promovido, es competente el juez del lugar de la oficina del profesional, donde tuvieron lugar las tratativas y los pagos consecuentes (Fallos: 314:1197).

En tal sentido y habida cuenta que de las constancias del expediente surge que tanto el pago de las sumas indicadas, como las tratativas previas, tuvieron lugar en el estudio del doctor L., en esta Capital, opino que corresponde al juez nacional conocer en la presente causa, sin que la hipotética usurpación de títulos que éste invoca, pueda constituir obstáculo para esta solución, desde que a fs. 2/7

Competencia N° 640. XXXV.

A., M.F. s/ denuncia por estafa -causa n° 15.938-.

Procuración General de la Nación sólo se menciona la falta de matriculación pero no de título, y que además, de existir, se trataría igualmente de un hecho escindible.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1999 EDUARDO E.C.