Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Noviembre de 1999, C. 527. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 527. XXXV.

    ORIGINARIO

    Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 1° de noviembre de 1999.

    Cítase a las partes a la audiencia del día 11 de noviembre de 1999, a las 11 horas; y como medida para mejor proveer, invítase a concurrir a los gobernadores de las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe.

    Notifíquese.JULIO S.

    NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

    DISI

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    Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P.A. y Vistos; Considerando:

    1. ) Que el fiscal de Estado de la Provincia de Córdoba, en representación del Estado provincial, deduce la demanda origen de estos autos, con fundamento en los arts. 41, 121 y 124 de la Constitución Nacional, 8, 11, 38, 65, 66 y 68 de la Constitución provincial, en tratados internacionales sobre medio ambiente y en leyes especiales. La dirige contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los procesos licitatorios convocados por el Poder Ejecutivo Nacional para contratar la construcción de dos acueductos, una estación de bombeo y una presa de embalse.

    Según sostiene, las obras públicas a realizarse provocarían una modificación del caudal del río Dulce, ocasionando una importante alteración del ecosistema de la laguna de Mar Chiquita, los bañados, humedales, y la flora y fauna de toda esa región situada en el territorio provincial.

    Inicia la presente acción pues considera que los procesos licitatorios 4/98, 5/98 y 6/98 resultan violatorios de indiscutibles derechos de la provincia, como asimismo que se encuentran en pugna con la legislación nacional y provincial, y con diversos acuerdos internacionales que deben aplicarse en la materia. Expone que dichos procedimientos licitatorios también desconocen el trámite adecuado para lograr la construcción de un ACanal Federal@, el que ha sido previsto y acordado entre la actora, el demandado, y los estados provinciales que pueden verse afectados por la realización de la obra. Entre tales trámites señala la afectación al Convenio Sistema Interprovincial Federal -llamado convenio SIF-, al acuerdo suscripto en la localidad de Frías el 14 de abril de 1992, al AConvenio Canal Federal@ del 2 de agosto de 1993, al

    Acta-Acuerdo del 14 de diciembre de 1994, y al convenio de la misma fecha suscripto entre la actora, el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio del Interior. Todos ellos preveían la realización de estudios y la elaboración de proyectos para una serie de obras hídricas, en los que las partes se comprometieron, entre otras cosas, a preservar el cauce y valle de inundación del río Dulce entre el dique Los Quiroga y la laguna de Mar Chiquita.

    Pone de resalto que el actual proceso licitatorio contraría esos acuerdos de voluntades al desconocer aspectos sustanciales en ellos contemplados; entre los que cabría resaltar la necesaria participación de todos los estados interesados en la aprobación del anteproyecto definitivo, en tanto partes insustituibles en el proceso previo a su ejecución, y la modificación de presupuestos ineludibles para la realización de la obra, tal como el uso de excedentes hídricos y no de recursos hídricos para su derivación a las provincias de La Rioja y Catamarca. En este aspecto subraya que la afirmación que al respecto efectúa el Estado Nacional de que se hará uso de los excedentes es absolutamente dogmática, pues en la actualidad se desconoce si aquéllos existen en una medida compatible con la necesaria preservación del medio ambiente, y, concretamente, con la conservación del humedal laguna de Mar Chiquita.

    Finalmente, impugna como inválido al decreto de necesidad y urgencia 21/99 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se autoriza al jefe de gabinete de ministros a comprometer créditos presupuestarios de ejercicios futuros por la suma de 415 millones de pesos para la realización de obras a construirse mediante el Asistema llave en mano@, en el que se ha soslayado la necesaria participación así lo expresa- del Congreso de la Nación.

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    Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 2°) Que la cuestión planteada en tanto se suscita entre una provincia y la Nación misma es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

    1. ) Que la actora solicita el dictado de una medida precautoria consistente en que se ordene Ala suspensión del proceso licitatorio Nros. 4/98, 5/98 y 6/98 del Estado Nacional, actualmente en curso de ejecución conforme surge de las actuaciones administrativas Nros. 1390/98, 1391/98 y 1392/98, todas de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, de la Presidencia de la Nación, toda vez que esa actividad en ciernes del Estado Nacional, constituye una amenaza a la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica o un derecho de base constitucional en trance de verse lesionado, que pueden producirle un perjuicio o lesión actual de difícil cuantificación e imposible reparación ulterior, dado el perjuicio inmediato y concreto que su aplicación podría provocar para los ecosistemas mencionados@ (ver fs. 22).

    2. ) Que este Tribunal ha establecido que si bien por vía de principio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702 y 314:695).

    3. ) Que, asimismo, se ha expresado en Fallos:

    306:2060 A. como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo

    hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad@.

    En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incs. 1° y 2° del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acceder a la medida pedida.

    Así surge del art. 41 de la Constitución Nacional, las leyes 22.344, 22.421, arts. 2 y 3, 23.918, art. 2, 23.879, arts.

    1 y 2, 24.354, art.

    2, 24.375, art.

    14, tratados firmados por la Nación y las provincias beneficiarias y eventualmente afectadas por la obra proyectada y convenciones internacionales suscriptas por la Nación Argentina destinadas a la protección del medio ambiente y la preservación de humedales como es la laguna Mar Chiquita, entre ellas la AConvención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas@, firmada en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, modificada según Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de R. del 28 de mayo de 1987, y aprobada por nuestro país por la ley 23.919; normas legales y convencionales todas ellas de las que surgiría la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental antes de la ejecución de una obra como la que da lugar a esta acción judicial, lo que conduce, prima facie, a considerar verosímil el derecho invocado.

    Respecto de los acuerdos firmados por la Nación y las provincias a que se hace referencia, a título de ejemplo cabe recordar lo establecido en el AConvenio Canal Federal@. La Provincia de Córdoba, el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio del Interior suscribieron dicho convenio el 14 de diciembre de 1994 y por él se comprometieron a Aejecutar estudios complementarios al Proyecto Canal Federal, de acuerdo con las recomendaciones emanadas de la Dirección Superior del

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación Convenio Sistema Interprovincial Federal -SIF- en su reunión del 7 de diciembre de 1994". En esa oportunidad reconocieron (conforme surge del anexo correspondiente al convenio referido) que A. zona de Mar Chiquita constituye una de las áreas naturales a ser protegida...Esto lleva a la necesidad de ejercer severos controles en el mantenimiento del ecosistema allí constituido. El área involucra al sistema cerrado con la laguna más grande del país, e incluye las cuencas de aporte de los ríos Dulce, Primero y Segundo con una superficie total cercana a los 75.000 km2, definiendo uno de los humedales más importantes del país@. Asimismo señalaron que A...El sistema de Mar Chiquita se encuentra actualmente incluido dentro de la Red Hemisférica de Reservas para aves playeras...y constituye uno de los 23 sitios de América donde se tiene este tipo de desarrollo@. También resaltaron que A. laguna de Mar Chiquita está saliendo de un ciclo húmedo durante el cual el cuerpo de agua puede disminuir, lo que se verá notablemente agravado si se extraen volúmenes importantes del río Dulce@. En su mérito convinieron que se realizaría la Avaloración del impacto ambiental de la región...(y) se evaluarán las consecuencias y significación que tiene el trasvase de cuencas que se realizará con motivo de las obras que se ejecutarán@.

    Con ese acuerdo de voluntades no queda ninguna duda de que el Estado Nacional ha reconocido la ineludible necesidad de realizar estudios concluyentes y previos, que debían ser supervisados y aprobados por el Comité Técnico que el mismo convenio crea.

    1. ) Que el peligro de la demora en conceder la medida de no innovar se advierte en forma objetiva si se consideran los diversos efectos que podría provocar la concreción del proceso en vías de ejecución; entre ellos, su gravitación ambiental de imposible reparación ulterior. Para ilustrar so-

    bre el aludido peligro en la demora, prima facie analizado, y sólo desde la perspectiva de la cautelar solicitada, debe destacarse que el Estado provincial actor agregó a autos un estudio de AValoración del Impacto Ambiental en la Región de Mar Chiquita y la Cuenca Afectada por el Canal Federal@, elaborado en la Universidad Nacional de Córdoba, de 633 fojas, del que surge que: a) el menor impacto ambiental se produciría si se extrajeran 5m3/s (en las condiciones estrictas que se indican a fs. 519 del informe); en cambio si, como lo indica la Ainformación oficial disponible@, se extrajeran 10m3/s el proyecto no sería Aambientalmente factible@ (fs.

    520 del informe referido); b) si la extracción alcanzara a 60 m3/s A. impactos ambientales son extremadamente severos, porque destruyen el ecosistema de la laguna de Mar Chiquita y los Bañados del río Dulce@ (fs. 520); c) A...aún ante la situación más benigna...hay un factor importante que es siempre impactado:

    los compromisos internacionales asumidos por el país que consideramos se lesionan con el proyecto. De este hecho el país podría tener que dar razones ante los foros internacionales...@ (fs. 519, segundo párrafo).

    Todas esas reflexiones hacen aconsejable que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se mantenga el estado anterior al llamado a licitación cuya constitucionalidad se pone en duda (arg. Fallos: 250:154 y 314:547).

    Por ello, se resuelve: I. Correr traslado de la demanda interpuesta, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, al Estado Nacional por el plazo de 60 días (art.

    338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II. Decretar la prohibición de innovar descripta, a cuyo efecto corresponde hacer saber al Poder Ejecutivo Nacional que deberá suspender los procesos licitatorios nros.

    4/98, 5/98 y 6/98. N. en la persona del Presidente de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación la Nación.ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.