Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Octubre de 1999, G. 406. XXXIV

Actor:Galli de Mazzucchi Luisa Virginia
Demandado:Correa Miguel Angel y Otro
Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

G. 406. XXXIV.

RECURSO DE HECHO

Galli de Mazzucchi, Luisa Virginia c/ Correa, Miguel Angel y otro.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I La Sala "D" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó la sentencia de grado, y rechazó la demanda interpuesta contra la empresa de transportes, el chofer, y/o quien resultara civilmente responsable, por los daños y perjuicios que la actora dijo haber sufrido al ser atropellada por el colectivo en que había viajado, una vez que descendió del mismo. En sus fundamentos sostuvo que, por aplicación del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la prueba de la relación causal le incumbe al pretensor, y, por lo tanto, la actora debió aportar todos los elementos para que se tuviera por vinculada la conducta al resultado, requisito que -a criterio del juzgador- no se observó en la especie.

Ello así -prosiguió-, debido a que de las declaraciones testimoniales surge que ningún testigo presenció el accidente; y que, asimismo, no existen elementos que puedan reforzar la confesión ficta de la demandada en los términos del artículo 417 del Código citado, pues, si bien ésta constituye un indicio de la veracidad de los hechos, no produce los mismos efectos que la confesión expresa, sino que necesita de otras pruebas que lo avalen. Agregó que, a fin de tener por acreditada la relación causal entre el hecho y el daño, las pericias e informes médicos allegados al proceso, no resultan idóneos para ser conjugados con los demás elementos aportados por las partes, a los que calificó de pobres en su contenido.

II Contra este pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria motiva la presente queja.

Alega arbitrariedad de la sentencia, pues -afirmacarece de fundamentos que la sustenten, tratándose, a su ver,

de un decisorio irrazonable, por las omisiones, errores y desaciertos que contiene. En este sentido, destaca el reconocimiento del boleto por la empresa demandada, la confesión ficta del representante legal de la misma, y los detalles del croquis y tomas fotográficas agregadas al sumario penal, advirtiendo, además, que la parte contraria se limitó a negar el hecho y a impugnar los medios probatorios de la actora, pero no suministró ninguna prueba acerca del suceso controvertido.

Señala que estos reconocimientos y pruebas, no fueron mencionados por la sentencia impugnada.

Aduce que, conforme al artículo 417 del Código Procesal, la confesión ficta sólo es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario producida por el absolvente, y reitera que tanto éste, como sus litisconsortes no aportaron ningún elemento fehaciente que disminuyera los efectos procesales de tal confesión. Añade que la misma constituye una presunción iuris tantum, que resulta eficaz por encontrarse corroborada por otros medios probatorios.

Argumenta que un nuevo criterio interpretativo postula una percepción más flexible de las clásicas reglas de distribución de la carga probatoria, y enfatiza el deber de colaboración que incumbe a cada parte. También afirma que, en los juicios en los que se intenta la reparación de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, no siempre se cuenta con abundantes medios de prueba, lo que ha llevado a la jurisprudencia a elaborar criterios de apreciación menos estrictos que los que se emplean en otras acciones. En este orden, sostiene que la Cámara se negó a considerar como ciertos, los hechos que tienen suficiente grado de certeza, y manifiesta que la regla que emana del artículo 377 del Código Procesal, no es un principio absoluto, sino que debe interpretarse teniendo en consideración la conducta que las propias

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Procuración General de la Nación partes han desplegado en el proceso.

Procura demostrar que la demandada se sustrajo deliberadamente al deber de colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido, y que el sentenciador no ha seguido la pauta de justicia antes referida.

Reprocha que la Cámara haya afirmado que no se acreditó la relación de causalidad, cuando, con la interposición de la defensa de prescripción, los propios demandados habrían admitido que mediaba un contrato de transporte, lo que conducía a tener la presunción cierta de hallarse ante la coincidencia de datos objetivos de tiempo, lugar, e identidad de partícipes (chofer y pasajera); máxime -reiterasi se tiene en consideración el reconocimiento expreso del boleto y la confesión ficta del representante legal de la empresa transportista.

Tacha de irrazonable y equívoca la valoración realizada por el a quo de las declaraciones testimoniales con el único argumento de que los testigos no vieron el accidente, señalando que en las declaraciones vertidas, tanto en sede penal, como en la civil, no existe indicio alguno que pueda desvirtuar la razonabilidad y concordancia de sus dichos, lo que es demostrativo de la verdad que expresaron. También critica que se haya desestimado de plano el peritaje médico, que -según la recurrente- confirmó que las lesiones y secuelas físicas y psíquicas de la actora fueron consecuencias del accidente.

Concluye que, si bien estas probanzas no son medios directos que acrediten el hecho, constituyen indicios precisos y concordantes de lo que realmente aconteció, no pudiendo dudarse de su valor probatorio, toda vez que no existe elemento alguno que los contradiga, y, con mayor razón, cuando los accionados pretendieron, mediante la excepción de pres-

cripción, dar una razón que los exculparía de las consecuencias de su conducta, ya que ello -sostiene-, pone en vigencia el principio contenido en el artículo 377 del Código Procesal.

III No obstante que los agravios precedentemente rese- ñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando se ha omitido la consideración de elementos conducentes para decidir la controversia relativa a la responsabilidad, que, en el caso, la actora atribuye -entre otros-, a la empresa de transportes.

En este orden el Tribunal tiene dicho que existe cuestión federal, si el juzgador ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del asunto de acuerdo a las pruebas producidas; y ha establecido, además, que, si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos: 311:1656, 2547, entre otros), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

En efecto, para concluir que la actora no cumplió con la carga de acreditar la relación causal que le impone el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el tribunal a quo consideró que los testigos no presenciaron el accidente, y que no existen en autos, elementos que puedan reforzar la confesión ficta de la demandada en los términos del artículo 417 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, la Alzada omitió considerar las declaraciones del testigo Salazzarri, quien expuso que, si bien no presenció la mecánica del hecho, al escuchar un fuerte grito acudió de inmediato en

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Procuración General de la Nación auxilio de la actora, y que había un colectivo estacionado y una señora tirada en el piso; describió además, las características físicas del conductor del colectivo, y declaró que el mismo se había comportado displicentemente, excusándose desde el asiento por no haber visto a la damnificada (v. fs. 9 vta. y 47 de la causa penal, y fs. 156 vta./157 de los presentes autos). Al respecto, reitero, la sentencia impugnada omitió conciliar tales antecedentes, de modo adecuado, con los demás elementos allegados a la causa, en particular, con el boleto del transporte, de cuya referencia y valoración se prescinde. Máxime cuando este boleto, fue reconocido por la empresa demandada como perteneciente a la unidad que se denunció como protagonista del accidente"...por tenerlo registrado en la planilla de horario y recaudación", habiéndose admitido, además, que dicho colectivo, era conducido por el codemandado Correa (v. fs. 14 de la causa penal). Tal proceder del juzgador, comporta un exceso de rigor formal, toda vez que conduce a desconocerles a estos elementos, al menos, el valor de pruebas indiciarias, que, integradas con las demás, pueden ser decisivas para el resultado del pleito.

En relación con lo expresado, vale señalar que el aquo tampoco se ocupó de considerar -como sí lo hizo el juez de grado- que la demandada se abstuvo de acreditar, no sólo la forma en que afirmó que la actora pudo tener el boleto en su poder (v. fs. 54 del expediente principal) para eximirse de su responsabilidad en el marco del artículo 1113, segundo párrafo, in-fine, del Código Civil, sino que, pese a los referidos indicios que la sindicaban como responsable del accidente, no aportó versión alguna acerca del origen de las lesiones que invocó la accionante, limitándose a negar los hechos, y a interponer la defensa de prescripción para el caso de que aquélla probara su relato. Es decir que la Cámara tam-

bién omitió valorar la conducta asumida por las partes en el proceso, circunstancia que -en marco de otros presupuestos fácticos- ha sido considerada por V.E. como coadyuvante para dejar sin efecto el pronunciamiento (v. doctrina de Fallos:

311:73).

Por otra parte, en cuanto a la inasistencia del representate de la empresa de transportes a la audiencia de absolución de posiciones, si bien V.E. ha establecido que la apreciación de la prueba confesional es materia ajena, en principio, a la vía extraordinaria, no puede soslayarse el efecto que el artículo 417 de la ley ritual otorga a la confesión ficta, cuando, como en el sub lite, su debida integración y armonización con los diversos elementos de convicción obrantes en la causa, llevan a conferirle la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los medios probatorios.

En virtud de lo expuesto, estimo que un adecuado enlace de las diversas pruebas e indicios que concurren en la especie, debe conducir a una conclusión menos estricta acerca del cumplimiento por la actora de la carga que le impone el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que V.E. tiene dicho que las reglas atinentes a la carga de la prueba, deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (v. doctrina de Fallos: 308:1881; 319:1577, entre otros).

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen

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Procuración General de la Nación para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1999.

NICOLAS EDUARDO BECERRA