Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 26 de Octubre de 1999, P. 139. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

P. 139. XXIV.

ORIGINARIO

P., C.M. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 26 de octubre de 1999.

Vistos los autos: "P., C.M. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", de los que, Resulta:

I) A fs. 12/32 se presenta C.M.P. por medio de apoderado e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Entre Ríos, R.A.S. y/o quien resulte responsable.

Dice que el 20 de febrero de 1991, aproximadamente a las 19 horas y en circunstancias en que era transportada en una motocicleta conducida a escasa velocidad por A.G.F. por la avenida C. en dirección al cruce de F.V., al trasponer la intersección de esa arteria con la calle T. fue embestida por un colectivo marca M.B. patente E 110.997 de propiedad de la provincia demandada, el cual circulaba conducido por el codemandado S. en dirección contraria e invadió la mano opuesta a su sentido de marcha.

Como consecuencia del impacto, la actora cayó al pavimento sufriendo severas lesiones que obligaron a su inmediata internación en el Hospital Zonal General de Agudos de Quilmes, donde se constató que padecía politraumatismos, traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y otras lesiones, según indica el certificado médico agregado a fs. 6 de la causa penal que obra por cuerda.

Entiende que de los elementos de prueba reunidos en ese expediente resulta clara la responsabilidad del chofer del colectivo, quien, en una maniobra a todas luces imprudente, invadió la mano contraria -violando así las disposiciones de la ley 5800- y allí embistió a la motocicleta. Tal comportamiento es contrario a las obligaciones de un conductor profesional, al que cabe exigirle mayor prudencia en el ejercicio

de sus funciones.

En cuanto a los daños, señala entre los materiales los gastos terapéuticos que demandó el tratamiento de las fracturas de hombro, del desplazamiento de la pelvis, del traumatismo de cráneo, de la fractura de la rodilla izquierda, y de los politraumatismos varios que describe. Esas lesiones la obligaron a someterse a una operación en la rodilla, toda vez que presentaba la rótula hundida y graves problemas de ligamentos, y a tratamiento kinesiológico desde el 24 de abril de 1991 hasta el día de iniciación de la demanda. Por las lesiones sufridas en la pelvis -agrega- tuvo que permanecer en cama alrededor de tres meses, sin poder levantarse para atender al menos sus necesidades fisiológicas.

Pide la indemnización de la vestimenta dañada, el reintegro de los gastos de movilidad, y los derivados de atenciones de enfermeras y mucamas, que estima en 1.800 pesos.

Asimismo reclama por las lesiones estéticas y la incapacidad producida por el accidente, que se manifiesta en las dificultades de movilidad de su brazo y en los efectos del desplazamiento de la pelvis que en el futuro le impedirán el alumbramiento de hijos en forma natural y le requerirán someterse a cesáreas. Todo ello se complementa con las secuelas psíquicas que originó el accidente y el daño moral. Estima los montos del daño estético y de la incapacidad sobreviniente -sin perjuicio de los que por razones de equidad y justicia correspondanen 25.000 y 30.000 pesos cada uno respectivamente. Y considera aplicable al daño moral una cifra igual a la última indicada.

Funda su derecho en los arts. 512, 901, 902, 1068, 1069, 1079, 1083, 1094, 1096, 1109, 1113 y concordantes del Código Civil.

II) A fs. 46/53 contesta la demanda Remigio Agustín

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Servín.

Opone, con carácter previo, la excepción de falta de personería fundada en que el doctor N.A.G. -que se presenta como apoderado de la actora sin invocar matrícula alguna ni colocar al pie de su firma el sello aclaratorio- carece, en tales circunstancias, de representación suficiente.

En cuanto al fondo del reclamo, el codemandado S. efectúa una negativa general de los hechos invocados en la demanda; y sostiene que el único responsable del accidente es el conductor de la motocicleta -A.G.F. circulaba a gran velocidad sobre la línea divisoria de las dos manos de la Avenida Calchaquí. Las circunstancias del tránsito -añade S.- hicieron que él debiera frenar su vehículo, ante la brusca detención de otro que lo precedía, perteneciente a la línea "Río de la Plata". Fue en ese momento que resultó embestido, "virtualmente rozado en la parte izquierda" por la motocicleta, cuyo conductor perdió el control de su manejo en razón de la velocidad a la que se desplazaba. Agrega que ni la actora ni Feo tomaron contacto físico con el vehículo de la provincia, el que no sufrió daño alguno.

Recuerda, por último, que la jurisprudencia ha destacado que los conductores de motocicletas deben adoptar precauciones particulares ya que constituyen un medio de transporte que genera posibilidades de riesgos mayores.

III) A fs. 71/77 se presenta la provincia. Niega los hechos descriptos en la demanda aunque admite las circunstancias de día, hora, localidad y arteria denunciadas.

Dice que el caso no difiere de otros en los cuales la imprudencia de los motociclistas ha contribuido a la producción de accidentes. La excesiva velocidad con que conducía, le impidió

a Feo ver que delante de él el colectivo de la provincia asomó ligeramente su parte delantera sobre la línea amarilla divisoria, obligado a tal maniobra por la brusca frenada de un vehículo que lo precedía.

Sostiene que el conductor de su rodado fue sobreseído en sede penal, y destaca que ni el de la motocicleta ni su acompañante llevaban cascos. Recuerda que ambos vehículos son cosas riesgosas y reitera la falta de responsabilidad penal del codemandado.

Por otra parte, denuncia que el microómnibus conducido por S. se encuentra asegurado en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, por lo que pide su citación en garantía en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

IV) A fs. 80/81 vta. el doctor N.A.G. acompaña el poder general judicial otorgado a su favor, y declara que, como profesional con título habilitante, se encuentra inscripto -al tomo y folio que indica- en el Colegio Público de Abogados de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, por transferencia de su antigua matrícula del colegio respectivo de La Plata; inscripción que considera suficiente para el ejercicio profesional, no obstante la falta de inscripción en el de la Capital Federal, en virtud de las disposiciones de los decretos 2284/91 y 2293/92.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que, en primer lugar, corresponde destacar que la cuestión atinente a la representación invocada por el doctor Néstor A.

    Galeazzi quedó consentida por el desistimiento, formulado a fs. 70, de la excepción de falta de personería

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación oportunamente opuesta. Sin perjuicio de ello, el problema ha sido subsanado con la ratificación formulada por la actora, a fs. 81 vta., reiterada a fs. 363/363 vta., de todas las actuaciones cumplidas por el profesional.

  3. ) Que, en lo que respecta al fondo del asunto, los demandados no han podido demostrar, sino de manera parcial, la razón exculpatoria principal en que basaron su defensa consistente en atribuir a la gran velocidad con que se desplazaba la motocicleta en que era transportada la actora la causa del accidente. En efecto, ninguna actividad probatoria realizaron para acreditar tal extremo, y por otro lado, la secuencia del semáforo existente parece desechar tal posibilidad (ver fs. 167, 324 vta., 326, 328 vta.). Empero los antecedentes reunidos indican que el hecho obedeció a la concurrencia de las responsabilidades del conductor del vehículo propiedad de la provincia demandada y del conductor de la motocicleta.

  4. ) Que no obstante las contradicciones que evidencian las declaraciones de los testigos ofrecidos por las partes, puede concluirse, en atención sustancialmente a las constancias de la causa penal que se tiene a la vista, que el codemandado S., conductor del vehículo perteneciente a la Provincia de Entre Ríos, debió efectuar una brusca maniobra para evitar la colisión con otro, cuya propiedad se atribuye a la empresa Río de la Plata, el que avanzó desde el carril derecho de los dos que presenta cada dirección de la Avenida Calchaquí y superó su marcha para frenar después de manera imprevista. Así lo afirma el citado S. en su declaración indagatoria de fs. 93/94, donde amplía su anterior versión de los hechos obrante a fs. 60/61. En aquella oportunidad afirmó "que no pudo guardar la distancia reglamentaria suficiente para evitar la colisión con el otro vehículo, es decir el

    micro de Río de la Plata, ya que éste apareció en escena sorpresivamente, cerrando el paso al ómnibus del dicente y clavando prácticamente sus frenos, lo que obligó al declarante a efectuar una brusca maniobra hacia el único lugar que podía realizarla, es decir hacia la izquierda, siendo inevitable rozar a la moto que venía en sentido contrario. Que desea dejar aclarado que fue la moto la que chocó al micro".

    Esta declaración ratifica lo expuesto en la versión anterior y se complementa con la manifestación de que los tripulantes de la motocicleta viajaban sin casco (fs. 61).

    Coinciden con esta descripción las declaraciones de las personas que viajaban en el micro, quienes son unánimes en destacar la frenada imprevista ocasionada por la presencia de otro vehículo (ver fs. 14, 15, 16 y 17 de la causa penal, y 325, 326, 327, 328 y 330 de esta causa).

    También parece suficientemente comprobado que la maniobra llevó al rodado del Estado provincial sobre la línea divisoria de ambas manos de la Avenida Calchaquí, ubicación que reconocen los testigos -ver fs. 167/168- y lo admite la propia provincia en su contestación, en la cual expresa que asomó ligeramente su parte delantera sobre la línea amarilla.

    Por otro lado, resulta igualmente demostrado que la motocicleta conducida por Feo se desplazaba por la izquierda de su mano, es decir, por el carril reservado al tránsito rápido (ver fs. 1 del expte. penal) y cerca de la línea amarilla de advertencia (ver fs. 14, 60/61). Esa conducta revela una imprudencia incompatible con la previsión que exige la conducción de un rodado de las características del utilizado -que lo expone a sufrir mayores riesgos de tránsito- y en la que, al parecer, solía incurrir A.F. (ver declaración de su hermano a fs. 175).

    Cabe señalar que las declaraciones de quienes via-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación jaban en el microómnibus de la demandada, aunque resultan idóneas para comprobar su brusca frenada a causa de la aparición de aquel cuya propiedad se atribuye a la empresa Río de la Plata, no lo son para determinar las condiciones del accidente sufrido por la actora, por cuanto los testigos reconocieron en esta causa no haberlo presenciado (ver. fs. 327 vta., 329 vta., 331 vta.).

  5. ) Que los antecedentes reseñados no alcanzan para exonerar de culpa a los demandados, en particular si se consideran las declaraciones de M.S., hijo y colaborador del conductor del vehículo, y las de los testigos B. y P. (ver fs. 12, 13 y 16 del proceso penal, y 323/325 y 328/329 del presente).

    Así, dice M.S. que alertó a su padre sobre el accionar del micro de la línea Río de la Plata y que fue entonces que aquél intentó la maniobra efectuada. Por su parte, tanto B. como P. destacan que fue el acompañante "el que le grita" al conductor sobre el desplazamiento del rodado que los precedía. Ello evidencia que S. no observó en el caso la previsión que le exigía su carácter de profesional. En efecto, no midió adecuadamente las posibilidades de riesgo que generaba el desplazamiento del otro vehículo, al punto que su respuesta ante las circunstancias dadas sólo se originó en la advertencia de un tercero, lo que resulta incompatible con la necesaria atención que se debe prestar frente a las condiciones del tránsito, especialmente si se tiene en cuenta que el colectivo avanzaba por una avenida a una hora en la que hay gran circulación de vehículos (ver informe de fs. 1 del expte. penal). Ello revela la concurrencia de su responsabilidad en la producción del accidente.

  6. ) Que sobre tales presupuestos deben considerarse los distintos reclamos de indemnización.

    Según el informe del doctor C.A.R. que corre de fs. 203 a 210, la actora, que cuenta en la actualidad con 30 años de edad, no ha trabajado nunca y tiene una hija de 6 años, sufrió como consecuencia del accidente una incapacidad del 44% de la total obrera (ver fs. 210) y las lesiones que allí se describen. Así en la rodilla izquierda se advierte una cicatriz medial, vertical, de características quirúrgicas de 13cm. de longitud y asimismo una marcada hipotrofia del muslo y pierna izquierdos.

    La hemipelvis izquierda, a su vez, se observa más sobresalida que la derecha, hallándose más elevada la región glútea de ese lado (fs. 203 vta.). Todo ello como consecuencia de las fracturas sufridas, que produjeron la limitación de la movilidad de la rodilla, hipotrofia en todo el miembro inferior y la consolidación viciosa de la rotura de pelvis que reduce el anillo pelviano con el consecuente trastorno para el canal del parto y el desnivel de las caderas. Dichas secuelas le impiden caminar largas distancias, saltar, correr, ponerse en cuclillas o de rodillas, subir y bajar escaleras, todo lo cual la afecta para su vida civil como para un eventual ingreso al mercado laboral y le produce alteraciones estéticas (fs. 206 vta./ 207). Presenta asimismo un estado depresivo en el cual las consecuencias del accidente se proyectan sobre una personalidad de por sí propicia.

    Destaca el experto que la operación de rótula y la fractura de la pelvis demandaron una internación de un mes y después reposo en hamaca ortopédica por tres meses. Por otro lado, debió practicársele una cesárea para el parto de su hija. Estima justificados los gastos reclamados en la demanda y señala que su estado hace conveniente un tratamiento psicoterapéutico durante dos años con una frecuencia de dos sesiones semanales en el primero y de una en el segundo (fs. 207

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación vta./208). Los demandados han impugnado las conclusiones del informe con las razones que exponen en sus escritos de fs.

    221/222 y 223/228.

  7. ) Que en lo atinente a la determinación de la incapacidad, el Tribunal reitera su criterio en el sentido de que no cabe atenerse estrictamente a criterios matemáticos ni a los porcentajes estimados por los peritos médicos (Fallos:

    308:1109; 312:2412; 318:1715, entre otros).

    A su vez, si bien la actora no desarrollaba ni ha probado desarrollar en la actualidad función laboral alguna, debe recordarse que el Tribunal ha señalado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 310:1826 y causas citadas).

    A tenor de ello corresponde considerar la significación de las lesiones sufridas por la actora y fijar, habida cuenta de sus circunstancias personales ya descriptas, el monto de la indemnización. En tal sentido se establece la suma de 10.000 pesos en concepto de daño material y estético (art.

    165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En cuanto al daño moral, aunque no resulta admisible el reclamo de tal índole en los términos que ilustra el acápite B) de fs.

    24, debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, el que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos:

    311:1018). Se fija su monto en 4.000 pesos. Por último, deben reconocerse los gastos efectuados, en atención a lo que surge

    del informe médico, que ascienden a 450 pesos (fs. 208 vta., punto 5), y los que demande el tratamiento psicoterapéutico aconsejado por el que se reconoce la suma de 2.000 pesos (art.

    165 ya citado).

    La condena podrá hacerse efectiva respecto de la citada en garantía (art. 118 de la ley 17.418).

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1109, 1113 y concordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por C.M.P. contra la Provincia de Entre Ríos y R.A.S., condenándolos a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de 16.450 pesos con más los intereses que se liquidarán a partir del 20 de febrero de 1991 hasta el 1° de abril de ese año a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165). La condena podrá hacerse efectiva respecto de la citada en garantía. Con costas (art.

    68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR (por su voto - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (por su voto)- A.R.V..

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación VO

    TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O=CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

    Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° y 2° del voto de la mayoría.

  8. ) Que, en lo que respecta al fondo del asunto, los demandados no han podido demostrar el planteo exculpatorio en que basaron su defensa, consistente en atribuir a la gran velocidad de la motocicleta en que era transportada la actora la causa del accidente.

    En efecto, ninguna actividad probatoria realizaron para acreditar tal extremo, y por otro lado, la secuencia del semáforo existente parece desechar tal posibilidad (ver fs. 167, 324 vta., 326, 328 vta.).

    Por lo demás, cabe concluir que el impacto tuvo lugar en circunstancias en que el demandado había sobrepasado -por una contingencia del tránsito- la línea divisoria e invadido el carril -de sentido contrario- por donde circulaba la motocicleta, interponiéndose de ese modo en su trayectoria (conf. declaración testifical de S. de Rojas, fs. 52 de la causa penal; fs. 167, -a la 3a.- de estas actuaciones), situación verosímil a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) en tanto la colisión no podría haberse producido si el vehículo de la demandada se hubiese detenido sobre la doble línea amarilla sin avanzar sobre el carril opuesto.

  9. ) Que la causa alegada que habría motivado la maniobra efectuada por el codemandado S. -la brusca frenada de otro vehículo que lo precedía- no es relevante para exonerar de culpa a los demandados, en particular si se consideran las declaraciones de M.S., hijo y colaborador del conductor del vehículo provincial, y las de los testigos B. y P. (ver fs. 12, 13 y 16 de la causa penal, y

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    P., C.M. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 323/325 y 328/329 del presente). Así, dice M.S. que alertó a su padre sobre el accionar del micro de la línea Río de la Plata y que fue entonces que aquél intentó la maniobra efectuada para evitar el impacto frontal. Por su parte, tanto B. como P. destacan que fue el acompañante Ael que grita@ al conductor sobre el desplazamiento del rodado que los precedía.

  10. ) Que ello revela que R.S. no observó en el caso la previsión que le exigía su condición de profesional, particularmente obligado a guiar con el máximo de atención y prudencia, y mantener el pleno dominio del rodado (art. 902 del Código Civil, arts. 64, 85 y 86 del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires), a fin de poder afrontar las contingencias normales en el tránsito, entre las que se encuentra la abrupta detención de otro automotor. Las declaraciones testificales citadas evidencian pues que el codemandado no guiaba el vehículo con la debida atención al punto que su respuesta ante las circunstancias dadas sólo se originó en la advertencia de un tercero; a la vez que no guardaba una prudente distancia con el vehículo que lo precedía, recaudo elemental para prevenir maniobras sorpresivas de terceros.

  11. ) Que sentada la responsabilidad exclusiva del demandado, deben considerarse los distintos reclamos de indemnización.

    Según el informe del doctor C.A.R. que corre de fs. 203 a 210, la actora, que cuenta en la actualidad con 30 años de edad, no ha trabajado nunca y tiene una hija de 6 años, sufrió como consecuencia del accidente una incapacidad del 44% de la total obrera (ver fs. 210) y las lesiones que allí se describen. Así en la rodilla izquierda se advierte una cicatriz medial, vertical, de características

    quirúrgicas de 13cm. de longitud y asimismo una marcada hipotrofia del muslo y pierna izquierdos.

    La hemipelvis izquierda, a su vez, se observa más sobresalida que la derecha, hallándose más elevada la región glútea de ese lado (fs. 203 vta.). Todo ello como consecuencia de las fracturas sufridas, que produjeron la limitación de la movilidad de la rodilla, hipotrofia en todo el miembro inferior y la consolidación viciosa de la rotura de pelvis que reduce el anillo pelviano con el consecuente trastorno para el canal del parto y el desnivel de las caderas. Dichas secuelas le impiden caminar largas distancias, saltar, correr, ponerse en cuclillas o de rodillas, subir y bajar escaleras, todo lo cual la afecta para su vida civil como para un eventual ingreso al mercado laboral y le produce alteraciones estéticas (fs. 206 vta./ 207). Presenta asimismo un estado depresivo en el cual las consecuencias del accidente se proyectan sobre una personalidad de por sí propicia.

    Destaca el experto que la operación de rótula y la fractura de la pelvis demandaron una internación de un mes y después reposo en hamaca ortopédica por tres meses. Por otro lado, debió practicársele una cesárea para el parto de su hija. Estima justificados los gastos reclamados en la demanda y señala que su estado hace conveniente un tratamiento psicoterapéutico durante dos años con una frecuencia de dos sesiones semanales en el primero y de una en el segundo (fs. 207 vta./208). Los demandados han impugnado las conclusiones del informe con las razones que exponen en sus escritos de fs.

    221/222 y 223/228.

  12. ) Que en lo atinente a la determinación de la incapacidad, el Tribunal reitera su criterio en el sentido de que no cabe atenerse estrictamente a criterios matemáticos ni a los porcentajes estimados por los peritos médicos (Fallos:

    P. 139. XXIV.

    ORIGINARIO

    P., C.M. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 308:1109; 312:2412; 318:1715, entre otros).

    A su vez, si bien la actora no desarrollaba ni ha probado desarrollar en la actualidad función laboral alguna, debe recordarse que el Tribunal ha señalado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 310:1826 y causas citadas).

    A tenor de ello corresponde considerar la significación de las lesiones sufridas por la actora y fijar, habida cuenta de sus circunstancias personales ya descriptas, el monto de la indemnización. En tal sentido se establece la suma de 10.000 pesos en concepto de daño material y estético (art.

    165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En cuanto al daño moral, aunque no resulta admisible el reclamo de tal índole en los términos que ilustra el acápite B) de fs.

    24, debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, el que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos:

    311:1018). Se fija su monto en 4.000 pesos. Por último, deben reconocerse los gastos efectuados, en atención a lo que surge del informe médico, que ascienden a 450 pesos (fs. 208 vta., punto 5), y los que demande el tratamiento psicoterapéutico aconsejado por el que se reconoce la suma de 2.000 pesos (art.

    165 ya citado).

    La condena podrá hacerse efectiva respecto de la citada en garantía (art. 118 de la ley 17.418).

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1109, 1113 y con-

    cordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por C.M.P. contra la Provincia de Entre Ríos y R.A.S., condenándolos a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de 16.450 pesos con más los intereses que se liquidarán a partir del 20 de febrero de 1991 hasta el 1° de abril de ese año a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165). La condena podrá hacerse efectiva respecto de la citada en garantía. Con costas (art.

    68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.EDUARDO MOLINE O=CONNOR - GUSTAVO A. BOSSERT.