Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de Octubre de 1999, V. 179. XXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

V. 179. XXII.

RECURSO DE HECHO

V., M.T. s/ pensión reajuste.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 14 de octubre de 1999.

Vistos los autos: A. de hecho deducido por V., M.T. en la causa V., M.T. s/ pensión reajuste@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta presentación directa, no justifica la apertura de la instancia del art.

    14 de la ley 48 y, por ende, es inadmisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  2. ) Que obiter dicta corresponde puntualizar que el agravio que, como de naturaleza federal, plantea la recurrente encuentra suficiente respuesta en el precedente de Fallos:

    312:1153 (considerando 3°), en el cual esta Corte destacó que, por haberse obtenido el beneficio por el sistema de coeficientes de la ley 18.037, no es admisible la objeción fundada en la evolución de los sueldos de los activos para determinar la movilidad de las prestaciones.

  3. ) Que, con igual alcance, cabe subrayar que no obstan a la conclusión alcanzada en el considerando 1° los planteos introducidos por la ANSeS con apoyo en las disposiciones de la ley 24.463 que invoca, pues por haber sido sancionados dicho texto y la ley 23.928 con posterioridad al fallo recurrido y a la interposición del recurso extraordinario por parte de la beneficiaria, lo concerniente a la vigencia de lo resuelto por el tribunal a quo con respecto al procedimiento para llevar a cabo la movilidad del haber con posterioridad al 1° de abril de 1991 es susceptible de ser articulado por el organismo previsional ante el juez en que se debe ejecutar el pronunciamiento.

    Por ello, oído el señor P.F., se declara

    inadmisible el recurso de hecho. N. y, previa devolución de los autos principales, archívese.JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S.

    FAYT (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- E.S.P. (en disidencia)- A.B. (según su voto)- G.A.F.L. -G.A.B. (en disidencia)- A.R.V.(según su voto).

    VO

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

  4. ) Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta presentación directa, no justifica la apertura de la instancia del art.

    14 de la ley 48 y, por ende, es inadmisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  5. ) Que corresponde puntualizar que el agravio que, como de naturaleza federal, plantea la recurrente encuentra suficiente respuesta en el precedente de Fallos:

    312:1153 (considerando 3°), en el cual esta Corte destacó que, por haberse obtenido el beneficio por el sistema de coeficientes de la ley 18.037, no es admisible la objeción fundada en la evolución de los sueldos de los activos para determinar la movilidad de las prestaciones.

  6. ) Que, con similar alcance, cabe afirmar que no obstan a la inadmisibilidad del recurso señalada en el considerando 1° los planteos introducidos por la ANSeS con apoyo en las disposiciones de la ley 24.463 que invoca, pues lo resuelto por el tribunal a quo ha sido consentido por el organismo previsional y no puede ser modificado en perjuicio del recurrente, cuya situación se encuentra amparada por los efectos de la cosa juzgada y configura un derecho adquirido para la pensionada que no es susceptible de alteración ni aun por leyes de orden público, lo que ha de tenerse presente en la etapa procesal pertinente al cumplimiento de este fallo.

  7. ) Que, concordemente, tampoco empece a la conclusión alcanzada las objeciones relativas al sistema de movilidad de los haberes posteriores a la entrada en vigencia de la ley 24.463, de acuerdo al criterio sentado en los votos concurrentes de Fallos: 319:3241, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir -en lo pertinente- por razones de brevedad.

    Por ello, oído el señor P.F., se declara inadmisible el recurso de hecho. N. y, previa devo-

    lución de los autos principales, archívese.ANTONIO BOGGIANO.

    VO

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

  8. ) Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta presentación directa, no justifica la apertura de la instancia del art.

    14 de la ley 48 y, por ende, es inadmisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  9. ) Que corresponde puntualizar que el agravio que, como de naturaleza federal, plantea la recurrente encuentra suficiente respuesta en el precedente de Fallos:

    312:1153 (considerando 3°), en el cual esta Corte destacó que, por haberse obtenido el beneficio por el sistema de coeficientes de la ley 18.037, no es admisible la objeción fundada en la evolución de los sueldos de los activos para determinar la movilidad de las prestaciones.

  10. ) Que, con igual alcance, cabe subrayar que no obstan a la conclusión alcanzada en el considerando 1° los planteos introducidos por la ANSeS con apoyo en las disposiciones de la ley 24.463 que invoca, pues por haber sido sancionados dicho texto y la ley 23.928 con posterioridad al fallo recurrido y a la interposición del recurso extraordinario por la parte beneficiaria, lo concerniente a la vigencia de lo resuelto por el tribunal a quo con respecto al procedimiento para llevar a cabo la movilidad del haber después del 1° de abril de 1991 es susceptible de ser articulado por el organismo previsional ante el juez en que se debe ejecutar el pronunciamiento, de conformidad con lo decidido por el Tribunal en Fallos: 319:3241, considerandos 29 del voto de la mayoría y 23 del voto concurrente del juez V..

    Que esto es así habida cuenta de lo establecido por los arts. 8 y 13 de la ley 23.928 y sin que quepa entender que por ello se provoque afectación alguna de la cosa juzgada cuya estabilidad no puede ser desconocida ni siquiera por normas de orden público, Fallos: 311:495-, pues en el caso no se trata de suprimir el derecho reconocido en la sentencia del

    a quo, sino de mantener su significación económica en términos acordes a un régimen jurídico que prohíbe la utilización de mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos dispuestos en sentencias judiciales.

    Por ello, oído el señor P.F., se declara inadmisible el recurso de hecho. N. y, previa devolución de los autos principales, archívese.ADOLFO R.V..

    DISI

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

  11. ) Que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18.037 en lo relativo al régimen de actualización de las remuneraciones computables para fijar el haber inicial y el reajuste de la pensión, a cuyo efecto dispuso una redeterminación del correspondiente al comienzo del beneficio de acuerdo a las variaciones registradas por los índices del salario del peón industrial de la Capital Federal elaborados por el INDEC, índice que también aplicó para fijar la movilidad desde los dos años anteriores al reclamo administrativo y para los períodos posteriores al fallo, siempre que los haberes reajustados según el procedimiento de la sentencia arrojaran una diferencia superior al 10% con relación al utilizado por el organismo previsional (fs. 95/95 vta. del expediente principal).

  12. ) Que el recurso extraordinario deducido por la actora -cuya desestimación dio origen a la presente queja- es procedente pues la cámara ha declarado la invalidez de los arts. 49 y 53 de la ley 18.037 por considerarlos contrarios a la Constitución Nacional y la decisión ha sido adversa al derecho que el apelante ha sustentado en los arts. 14 bis y 17 de la norma superior, dado que para establecer el nuevo haber inicial y la movilidad jubilatoria el tribunal adoptó una pauta ajena al régimen legal que, por otra parte, no es idónea para reparar el agravio invocado y ha conducido a un resultado que desatiende la realidad económica y el carácter sustitutivo del salario que tiene la prestación previsional.

  13. ) Que la cuestión referente a la procedencia de tratar en la instancia del art. 14 de la ley 48 los agravios relativos al método de ajuste fijado por el a quo y a la incidencia de las disposiciones contenidas en la ley 24.463

    sobre el tema de movilidad, es sustancialmente similar a la examinada y resuelta por el Tribunal en la causa AChocobar@ (Fallos: 319:3241) votos de los jueces B., P. y B., a cuyas consideraciones cabe remitir, en lo pertinente, por razón de brevedad.

  14. ) Que esta Corte ha señalado en dicho antecedente, además, los principios básicos a que se encuentra sometido el régimen de los haberes previsionales y su movilidad, destacando particularmente el de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, habida cuenta de la naturaleza "sustitutiva" que cabe reconocer al primero respecto del segundo y los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico respectivo, de modo tal que el conveniente nivel de la prestación jubilatoria se considera alcanzado cuando el pasivo conserve una situación patrimonial equivalente a la que hubiera tenido de continuar trabajando (Fallos: 255:306; 263:400; 265:256; 267:196; 279:

    389; 300:84; 304:1796; 305:2126; 306:1694; 307:1729; 308:

    1217; 311:530).

  15. ) Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a obtener los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable y garantiza la movilidad de las jubilaciones y pensiones dejando abierta a una razonable reglamentación la forma de hacerla efectiva, motivo por el cual el Tribunal ha rechazado enfáticamente las disposiciones que establecían un congelamiento absoluto de las prestaciones por un término incierto (Fallos:

    293:551; 295:674; 297:146) y las que pudieran alterar, modificar o herir de modo sustancial su contenido económico, aunque ha admitido paralelamente la validez de las leyes que introducían para el futuro quitas en los haberes por razones de interés general, siempre que dichas normas no fueran confiscatorias o arbitrariamente desproporcionadas (Fallos: 266:279; 306:1694; 308:885, 915, 1788 y 1848; 310:991 y 1955 y 2274; 311:515 y 1474; 312:1061 y 1987; 313:636).

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 6°) Que, precisamente, por estar en juego una disposición de carácter constitucional y con referencia concreta al deterioro de los haberes regidos por las normas aplicables al caso, la jurisprudencia ha aceptado -para supuestos concretos- que la aplicación del sistema de coeficientes previstos por los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, llevaba a una solución contraria a dicho derecho y que el mecanismo subsidiario ideado por la cámara respectiva, consistente en la utilización del índice de peón industrial en reemplazo de coeficientes desconocidos, insuficientes o tardíos, saneaba el deterioro derivado de una falencia en la ejecución de la norma cuya validez había sido reconocida en su origen y había devenido inconstitucional por su ineficacia posterior para hacer efectiva la aludida garantía de movilidad (Fallos:

    308:1848; 310:2212; causa P.507.XXI "Podetti, M.D. s/ jubilación" fallada el 10 de septiembre de 1991).

  16. ) Que las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas existentes, particularmente a raíz de la sanción de la ley de convertibilidad -que veda expresamente la aplicación de mecanismos indexatorios desde su entrada en vigor (arts. 7, 8 y concs., ley 23.928)- y la publicación oficial de los índices a que se refieren los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, hacen necesario verificar si el sistema ideado en la sentencia satisface el derecho reconocido por la norma superior durante el período en que se mantuvo vigente la ley 18.037 (art. 160, ley 24.241), habida cuenta de que la declaración de inconstitucionalidad formulada en el fallo y la sustitución de la pauta legal por el método establecido por el a quo, sólo pueden producir efectos en relación con el régimen jurídico que lo motivó.

  17. ) Que ello lleva a señalar que la ley 18.037, bajo la cual se otorgó la pensión, no garantizaba el contenido económico de la prestación según una relación de proporcionalidad directa e individual con la remuneración percibida por el beneficiario o el causante al cesar en la actividad, de

    modo que resulta improcedente el agravio derivado de que el fallo no dispusiera el reajuste de haberes de acuerdo a los términos de esa comparación (Fallos:

    312:1153), pero sus disposiciones no ofrecían dudas acerca de que la determinación inicial del monto del beneficio se hallaba vinculada con un promedio de salarios devengados durante un período determinado, cuyos valores debían ser actualizados de acuerdo a un sistema destinado a reflejar en el haber las variaciones producidas en las remuneraciones de la generalidad de los activos (art. 49), pauta que también fue adoptada por la ley para hacer efectiva la movilidad (art. 53).

  18. ) Que, en efecto, el art. 49 de ese texto legal establecía que los salarios del trabajador considerados a los fines previsionales serían actualizados por los "coeficientes" que, al 31 de diciembre de cada año, fijara la Secretaría de Seguridad Social "en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones"; dicha actualización respondía a la finalidad de impedir que la pérdida del valor adquisitivo del signo monetario se viera reflejada en el monto inicial de la prestación, objetivo que en este caso cobra relevancia desde que el beneficio fue determinado al año 1977 sobre la base de un promedio de sueldos devengados por el causante desde 1972 hasta 1976 (fs. 49/62 y 120).

    10) Que el sistema de determinación del haber inicial pretendía "otorgar al trabajador algo más que una simple pensión a la vejez relacionando el haber de jubilación o pensión con las remuneraciones percibidas durante un determinado período de su vida activa" y garantizar el mantenimiento de un nivel "acorde con el que disfrutaba durante los últimos años de la relación laboral". Ese mecanismo se completaba con un "índice de corrección" previsto por la ley 21.451 para subsanar ciertas distorsiones que había puesto de manifiesto la aplicación del régimen legal (conf. mensajes enviados al Poder Ejecutivo acompañando los proyectos de los años 1968 y 1976, respectivamente).

    11) Que, por otro lado, el sistema del art. 53 de la

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación ley 18.037 -t.o. 1976- buscaba resguardar el derecho a la movilidad en forma "permanente", mediante reajustes periódicos del beneficio que debía disponer la autoridad administrativa en un porcentaje "equivalente" a las variaciones del nivel general de las remuneraciones, dentro de los sesenta días de producida una modificación mínima del 10% o de establecido un incremento general de las retribuciones, cualquiera fuere su porcentaje.

    12) Que de ello se desprende que la información relativa a las modificaciones operadas en el nivel general de las remuneraciones constituía un requisito indispensable para practicar la determinación y movilidad de los haberes y, a ese fin, la ley 18.037 ordenaba realizar una "encuesta permanente" a cargo de la secretaría "ponderando las variaciones producidas en cada una de las actividades significativas, en relación al número de afiliados comprendidos en ellas" (art.

    53), a la vez que disponía la publicación en el Boletín Oficial de los coeficientes e índices de corrección que se dictaran de acuerdo al procedimiento de los arts. 49 y 53.

    13) Que, sin embargo, el mecanismo aplicado concretamente para determinar el haber inicial se apartó de la pauta fijada por la ley, pues los coeficientes e índices de corrección utilizados por la autoridad administrativa no reflejaron las oscilaciones producidas en el nivel general de las remuneraciones; y esta falta de adecuación a la norma vigente también se produjo al tiempo de practicarse los ajustes por movilidad, ya que los incrementos dispuestos en los haberes no resultaron equivalentes a aquellas variaciones.

    14) Que esas circunstancias han quedado puestas en evidencia tanto por la sanción de diversas resoluciones administrativas que importaron una rectificación de oficio de coeficientes anteriores que habían sido dictados sin ajustarse a la variación del nivel general de las remuneraciones (resoluciones 4/91 D.E. S.U.S.S, 28/92 S.S.S. especialmente arts. 2, 4, 8 y anexo; 37/92 S.S.S. y 33/92 M.T.S.S, entre otras), como por el conocimiento de los índices resultantes de

    la encuesta a que hace referencia el art. 53 de la ley 18.037 (véanse res. 249/91 M.T.S.S. y "Previsión Social", revista del Sistema Único de la Seguridad Social, números 8 y 9, octubre-diciembre de 1992 y enero-marzo de 1993).

    15) Que la insuficiencia de los instrumentos utilizados por el organismo previsional para calcular los haberes, cuyas consecuencias en este caso no fueron posteriormente corregidas por aplicación de las resoluciones mencionadas en el considerando que antecede (fs. 120/129, 133 y 147/154), y la falta de publicación de los resultados de la encuesta de remuneraciones al tiempo de decidir las causas, han conducido a los tribunales a sustituir los instrumentos previstos en los arts. 49 y 53 de la ley 18.037 por otros parámetros destinados a hacer efectivas las disposiciones legales y la garantía del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

    16) Que en la causa "Chocobar" ya mencionada, el tribunal señaló que la solución pretoriana arbitrada en las condiciones a que se ha hecho referencia, debía ser abandonada al presente desde que se contaba con los datos necesarios para resolver la cuestión dentro del marco legal aplicable (art.

    53, ley 18.037), cuya vigencia no había quedado afectada por la ley de convertibilidad 23.928.

    Sin embargo, las particularidades procesales de ese caso imponían atenerse -con limitacionesal índice utilizado por la cámara (véanse especialmente considerandos 16 a 26 y 38 a 40 del fallo citado).

    17) Que las circunstancias del sub examine hacen aplicables aquellos fundamentos para prescindir del método de reajuste propuesto por el a quo, conclusión que cabe hacer extensiva al utilizado en el fallo para determinar el haber inicial del beneficio, pues resulta de toda necesidad que la evaluación de este tema se haga a la luz de las reglas legales vigentes al cese, actualizando los salarios tomados como base en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones (art.

    49, ley 18.037 -t.o.

    1976-), máxime cuando los coeficientes que había dictado la Secretaría de

    V. 179. XXII.

    RECURSO DE HECHO

    V., M.T. s/ pensión reajuste.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Seguridad Social fueron rectificados por resultar inadecuados respecto de aquel índice (véase considerando 14) y la solución concuerda con el principio de ley aplicable para la determinación del haber, mantenido por el art. 3°, inc. 1, del decreto 525/95, que reglamenta la ley de solidaridad previsional.

    18) Que, además, este Tribunal ha verificado que el uso de un sistema distinto del que prescribía el régimen legal aplicable posibilitó resultados notoriamente apartados de la realidad que se debía ponderar, pues el monto de la prestación así obtenida no saneaba en todos los casos el deterioro producido en el haber por aplicación de coeficientes administrativos defectuosos, supuesto que se ha comprobado también en esta causa (fs. 146/154), a la vez que, en otros, excedía en determinados períodos la remuneración que habría percibido el beneficiario de haber continuado en actividad, situación que ha debido ser atendida por la Corte dejando de lado o limitando la fórmula abstracta propuesta en el fallo (causas V.30.X. "Villanustre, R.F."; M.373.XXI "M., D.N."; L.3 y L.85.XXI "Llanos, C.", falladas 17 de diciembre de 1991, 25 de febrero de 1992 y 3 de marzo de 1992, respectivamente).

    19) Que el procedimiento que establecía la ley 18.037 para ajustar las prestaciones previsionales presuponía una verificación permanente de la realidad salarial en una amplísima gama de trabajadores en todo el país, cuyos resultados debía reflejar la encuesta que servía de base para elaborar el índice del nivel general de las remuneraciones, circunstancia que pone de manifiesto la razonabilidad del sistema legal que, después de establecer un haber inicial actualizado de la jubilación o pensión, tenía en cuenta prácticamente la evolución de los ingresos en todo el país y prescindía de la evolución en concreto que hubiera podido tener cada rama de la actividad en particular.