Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Septiembre de 1999, L. 281. XXXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 281. XXXIII.

RECURSO DE HECHO

Leonforte S.C.A. c/ Sevel Argentina S.A.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 16 de septiembre de 1999.

Vistos los autos: A. de hecho deducido por la actora en la causa Leonforte S.C.A. c/ Sevel Argentina S.A.@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. D. perdido el depósito de fs. 1. N. y, oportunamente, archívese, previa devolución de los autos principales. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR (en disidencia)- C.S.F. (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- E.S.P. -A.B. (en disidencia)- GUI- LLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZ- QUEZ.

DISI

L. 281. XXXIII.

RECURSO DE HECHO

Leonforte S.C.A. c/ Sevel Argentina S.A.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O=CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT Y DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que, al admitir el recurso de casación local, dejó sin efecto la sentencia impugnada y rechazó la demanda de daños y perjuicios, la actora interpuso el recurso extraordinario federal cuya denegación motiva la presente queja.

  2. ) Que L.S.C.A. había demandado a Sevel Argentina S.A. para que se la condenase al pago de los daños resultantes del cese de la relación comercial desarrollada entre ambas empresas durante más de 17 años, consistente en la fabricación de "autopartes" que la actora entregaba a la demandada con destino a la industria automotriz.

    Tanto la juez de primera instancia -que definió la relación como un contrato de suministro- como la cámara -que calificó el vínculo como un contrato de colaboración empresaria, de "fabricación por tiempo indeterminado"-, admitieron la pretensión resarcitoria. Para arribar a tal conclusión, la alzada estimó a la "continuidad en la que se apoyan las prestaciones" como un elemento de conducta contractual a considerar a la luz de la buena fe creencia, y que la ruptura arbitraria constituía en el caso "un típico ejemplo de violación de las convenciones comerciales", y una "conducta antifuncional"..."inarmónica con el funcionalismo social y económico que importa el proceso industrial".

    Señaló, además, que la facultad resolutoria -no cuestionada en sí misma- encontraba como valla "la comunicación con la debida antelación", que habría permitido que la empresa pudiese "reacomodar su proceso productivo evitando el cese total de esa actividad empresarial", como en los hechos sucedió.

  3. ) Que el Superior Tribunal de la provincia consideró que el caso de autos "estaba comprendido dentro del con-

    cepto jurídico de la locación de obra" y que no existía razón que obstara a la aplicación del art. 1639 del Código Civil, con arreglo al cual la demandada no habría incurrido "en el incumplimiento de ninguna obligación ni ha contradicho ningún deber jurídico" (fs. 500). Agregó, en este sentido, que el transcurso del tiempo no podía impedir la aplicación de un precepto destinado al sub lite, que no podía ser reemplazado "por principios abstrusos que no surgen de la ley" (fs. 501).

  4. ) Que los agravios del recurrente suscitan cuestión federal que habilita la vía intentada, pues si bien es cierto que remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria, tal circunstancia no constituye óbice para admitir el recurso cuando -como en el casoel a quo ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y se ha apoyado en afirmaciones dogmáticas que le dan fundamento sólo aparente (confr. Fallos: 318:2299; causa S.276 XXXIII, "Sosa, T. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros", del 12 de mayo de 1998).

  5. ) Que ello es así pues, tras discurrir largamente acerca de la incidencia del tiempo en distintos órdenes de la vida, particularmente en relación al derecho de las obligaciones, el a quo concluyó dogmáticamente en la descalificación del fallo apelado con el solo fundamento de un distinto encuadramiento legal, omitiendo considerar -por esa vía- argumentos conducentes para la correcta solución del pleito (Fallos: 314:1358; 318:1422; confr. causa C.571 XXXII "C.Z.S.E.C.P.A. c/ Municipalidad de Posadas", del 21 de octubre de 1997) que habían sido oportunamente propuestos y ponderados en ambas instancias ordinarias.

  6. ) Que, en efecto, más allá de la calificación que merezca la naturaleza jurídica del contrato que ligó a las partes -aspecto de derecho común que escapa a la revisión de esta Corte- y sin que ello importe adelantar juicio respecto

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación del fondo del asunto, lo cierto es que la decisión revocada no se había fundado tan sólo en la circunstancia de que la relación entre las partes se había prolongado en el tiempo -aspecto al que el a quo limitó su examen-, ya que este dato fue ponderado en el marco de una compleja realidad interempresaria, cuya acreditación resultaba de las constancias de la causa.

  7. ) Que, así pues, en estas actuaciones se había destacado la existencia de una relación comercial e industrial -permanente y continua- desarrollada entre las partes desde el 11 de octubre de 1967 hasta 30 de agosto de 1984, valorándose además el hecho de que la actora fue orientando su producción al servicio de los requerimientos de la demandada, quien se erigió -en los hechos- en su exclusivo adquirente. Se había destacado, asimismo, la diferente capacidad decisoria existente entre las partes y la subordinación económica de la actora -resultante de la modalidad comercial empleada-, ya que "la demandada establecía, a través de los diferentes sistemas operativos, las particularidades técnicas, económicas y jurídicas de la relación" (peritaje contable, fs. 266 vta.), subordinación que, por lo demás, se traducía en el control estricto de la producción y de los instrumentos de facturación, en la fijación unilateral del precio y la determinación tanto de los plazos de entrega como de la forma de pago, a punto de que el perito pudo calificar a la actora como un "apéndice" de la empresa demandada (respuesta 5-e, fs.

    264 vta.).

  8. ) Que, por otra parte, en el único aspecto que fue objeto de tratamiento, la sentencia recurrida -que hizo fincar su argumentación en la irrelevancia del tiempo como generador de efectos jurídicos a falta de una norma expresa que se los atribuya- parece soslayar la existencia de toda una categoría de contratos (conocidos comúnmente como "de duración", de tracto sucesivo o de ejecución continuada), en los cuales la distribución de la ejecución en el tiempo constituye un

    elemento esencial para ambas partes, quienes persiguen ese efecto querido -no solamente tolerado- a fin de satisfacer una necesidad (durable o continuada) que las indujo a contratar (confr. M., F., "Doctrina General del Contrato", tomo I, págs.

    429/431, E.J.E.A., 1986), en orden al fin económico perseguido del proceso productivo (sentencia de cámara, fs. 418/419).

  9. ) Que, en el marco de esta secuencia productiva -continuada y duradera-, debían tenerse en cuenta las legítimas expectativas generadas en los contratantes y la forma y condiciones en que se ejerció el derecho unilateral de rescisión, a fin de conciliarlas con las exigencias de la buena fe y el ejercicio regular de los derechos, temperamento que lejos de implicar una atribución creativa de normas jurídicas -como el a quo expresa en términos severos-, traduce tan sólo la aplicación de principios imperativos que rigen nuestro ordenamiento privado (arts. 1198 y 1071 del Código Civil).

    10) Que, de acuerdo con lo expresado, el pronunciamiento recurrido no ostenta fundamentos serios ni constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa, por lo que no cumple con las exigencias de un adecuado servicio de justicia (confr.

    Fallos: 147:45; 236:27; 261:209; entre muchos otros), con la consiguiente afectación de la garantía prevista en el art. 18 de la Constitucion Nacional.

    11) Que, en tales condiciones, lo resuelto guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), y corresponde su descalificación sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

    Por ello, con el alcance indicado, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a

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    Leonforte S.C.A. c/ Sevel Argentina S.A.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación lo expresado. Agréguese la queja al principal. R. el depósito de fs.

    1. N. y remítase.

    EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.

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    Leonforte S.C.A. c/ Sevel Argentina S.A.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 9° del voto en disidencia de los jueces M. O=C., F. y B..

    10) Que, de lo expuesto, se sigue que no se ha demostrado que el criterio de derecho común sentado por esta Corte en Fallos: 311:1337 -que invoca la recurrida-, acerca de la rescisión contractual, resultaba aplicable en las destacadas circunstancias de este caso, que no fueron materia de adecuado análisis en el fallo apelado, cuyo examen tiene que hacerse en concreto y no en abstracto, evitando sustituirlo con meras razones a priori (Fallos: 314:1358, considerando 8° y sus citas).

    11) Que, de acuerdo con lo expresado, el pronunciamiento recurrido no ostenta fundamentos serios ni constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa, por lo que no cumple con las exigencias de un adecuado servicio de justicia (confr.

    Fallos: 147:45; 236:27; 261:209; entre muchos otros), con la consiguiente afectación de la garantía prevista en el art. 18 de la Constitucion Nacional.

    12) Que, en tales condiciones, lo resuelto guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), y corresponde su descalificación sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

    Por ello, con el alcance indicado, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. R. el

    depósito de fs. 1. N. y remítase. A.B..