Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Septiembre de 1999, E. 108. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 108. XXXIV.

    R.O.

    Estrada, M.A. c/ ANSeS s/ pensiones.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 7 de setiembre de 1999.

    Vistos los autos: "Estrada, M.A. c/ ANSeS s/ pensiones".

    Considerando:

    1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó el de la instancia anterior que había rechazado la demanda de nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron el pedido de pensión y el recurso de reconsideración deducido con posterioridad, la actora interpuso apelación ordinaria que, concedida, fue fundada, sustanciada y es formalmente admisible (art. 19 de la ley 24.463).

    2. ) Que el 22 de marzo de 1982 el causante solicitó que se reconociera su derecho a la jubilación por invalidez, prestación que le fue denegada sobre la base de dos dictámenes médicos que habían dado cuenta de que el peticionario no reunía el grado de incapacidad exigido por la ley 18.037, decisión que fue mantenida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya sentencia quedó firme (fs. 1/2, 13, 14, 65, 75, 83/85, 87, 89/91 y 94 de las actuaciones agregadas 736-0015585-4-1-1).

    3. ) Que el 2 de julio de 1986 el de cujus dedujo una nueva solicitud de jubilación por invalidez y, comprobada su incapacidad total -70% de la total obrera- al 18 de junio de 1987, el organismo previsional requirió al interesado que acreditara su continuidad laboral. El peticionario solicitó una prórroga de 30 días para cumplir con la prueba exigida y el 18 de julio de 1989, frente a la inactividad del actor en producirla, la demandada denegó la prestación jubilatoria, decisión que fue objeto de un recurso de aclaratoria en el que se requirió que se fijara el grado de invalidez a la fecha de la solicitud. La asesoría médica estableció que el interesado se encontraba incapacitado en un 70% de la total obrera al 2 de julio de 1986 (fs. 99, 112, 115, 116, 119/122, 124, 126 y 127 de las actuaciones administrativas 736-0015585-4-1-1).

      °) Que el causante falleció el 21 de noviembre de 1989 y el 7 de diciembre de ese año la viuda pidió que se reconociera su derecho a la pensión. El 28 de junio de 1990 se le rechazó el pedido en virtud de que aquél no tenía derecho a prestación alguna de la cual derivara la requerida pensión.

      Dicho acto fue notificado el 25 de julio de 1990 y el 18 de agosto de ese año se ordenó el archivo de la causa (fs.

      1/2, 5, 8/8 vta. y 9 del expediente anexo 736-0061156-6-1-3).

    4. ) Que el 13 de julio de 1994, casi 4 años después de haber tomado conocimiento de la resolución administrativa que había denegado la pensión, la parte solicitó vista de las actuaciones y en noviembre de ese año presentó un escrito planteando la nulidad de lo actuado y recursos de reconsideración y aclaratoria y una denuncia de ilegitimidad. Con fecha 12 de junio de 1995 la ANSeS desestimó la presentación referida por improcedente en razón de que a la fecha en que aquéllos se dedujeron se encontraba vigente la ley 23.473, que no preveía esos remedios administrativos contra dichas decisiones (fs. 15/16 y 20 de las actuaciones administrativas 736-0061156-6-1-3).

    5. ) Que el 2 de noviembre de 1995 la parte dedujo la demanda de la ley 24.463 que, rechazada, dio origen al recurso de apelación cuya desestimación motivó la apelación en examen.

      Para confirmar la sentencia de la instancia anterior la alzada consideró que el escrito de la recurrente carecía de una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que consideraba agraviantes, por lo que no se había demostrado que dicho pronunciamiento fuera arbitrario, irrazonable o hubiera sumido a la actora en indefensión alguna, a la vez que ponderó la inactividad y los errores procesales administrativos en que habían incurrido el de cujus y la interesada, como también la existencia de actos administrativos consentidos que no podían ser objeto de reconsideración (fs. 4/9, 66/70, 83/87 y 91).

    6. ) Que la demandante se agravia de que el a quo haya omitido decidir cuestiones oportunamente planteadas; en

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    R.O.

    Estrada, M.A. c/ ANSeS s/ pensiones.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación particular, las referentes a la denuncia de ilegitimidad y a la afirmación de que su parte había permanecido sin actividad en la instancia administrativa, pues sostiene que el fallo carece de fundamentación adecuada y fue fundado a la luz de un criterio procesal rigorista con mengua de la verdad jurídica objetiva (fs. 101/105).

    1. ) Que no se advierte que lo resuelto por el a quo contenga los vicios alegados por la recurrente. El tribunal se ha limitado a confirmar la sentencia de grado en razón de las deficiencias del remedio que la actora había deducido respecto de aquel pronunciamiento, pero en momento alguno ha efectuado consideraciones sobre el fondo del asunto debatido y se ha limitado a rechazar la demanda en virtud de la improcedencia del recurso administrativo planteado por la interesada 4 años después de notificada la resolución denegatoria de la pensión y en vigencia de la ley 23.473, que le daba la posibilidad de articular, dentro del término establecido por ese estatuto, una apelación directa ante la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social.

    2. ) Que no es posible aceptar que el recurso administrativo deducido el 18 de noviembre de 1994 importara una denuncia de ilegitimidad, como tituló y sostiene la recurrente, pues tal remedio presupone su articulación dentro de un término razonable so riesgo de considerar que media abandono voluntario del derecho. En el caso, el transcurso de 4 años desde la notificación de la resolución denegatoria que se ataca no reúne ese carácter de razonabilidad. Tampoco se puede prescindir del nomen iuris y estimar que aquel remedio es equiparable a una solicitud de reapertura de instancia -ley 20.606-, desde que este instituto procesal debe reunir determinadas características probatorias que el aludido por la parte no contiene.

    Por ello, se declara admisible el recurso ordinario de apelación y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO

    MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

  3. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.