Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Septiembre de 1999, G. 391. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

G. 391. XXIII.

ORIGINARIO

S Gas del Estado Sociedad del Estado c/ San Juan, Provincia de s/ cobro de australes.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 7 de septiembre de 1999.

Vistos los autos: "Gas del Estado Sociedad del Estado c/ San Juan, Provincia de s/ cobro de australes", de los que Resulta:

I) A fs. 6/13 se presenta Gas del Estado S.E. y promueve demanda de repetición contra la Provincia de San Juan por la suma de australes 167.250,08, con más la actualización monetaria y los intereses desde el 5 de noviembre de 1987.

Sostiene que el 30 de marzo de 1984 las partes celebraron un convenio para la ejecución de las obras destinadas a la provisión de gas natural a la provincia.

En el acta complementaria suscripta en la misma fecha se convino que Gas del Estado tendría a su cargo la instalación, protección anticorrosiva, protección catódica y soldaduras de cañerías y accesorios, como así también la colocación de servicios domiciliarios, mientras que la provincia se encargaría de la provisión de cañerías, del zanjeo y tapado de zanjas y de la rotura y reparación de veredas y pavimentos.

Afirma que la empresa nacional llamó a licitación pública para las obras correspondientes a las zonas VII y XII B-C, que finalmente adjudicó a la firma Mavizaq Constructora S.R.L. mediante las órdenes contrato (en adelante: O.C.) Nros.

101.446 y 101.571.

Puntualiza que la provincia no cumplió adecuadamente con las prestaciones asumidas, lo que provocó sensibles alteraciones en el ritmo y en la continuidad de los trabajos de las obras en perjuicio de la contratista M., que se vio en la necesidad de paralizar virtualmente los trabajos hasta que, finalmente, rescindió el contrato.

Aduce que, si bien la única responsable de los gastos improductivos fue la provincia, M. demandó a Gas del Estado -en virtud de la vinculación contractual que tenía con ésta- a fin de obtener la reparación del desequilibrio producido en la ecuación económico-financiera del contrato por la suma de australes 63.925,79 con más la actualización y los intereses a partir de agosto de 1986. Esta suma correspondía a

ambos contratos, por el lapso que corrió entre julio de 1985 y febrero de 1986. Su parte evaluó que el incumplimiento de la provincia en la ejecución de los trabajos de excavación y tapado de zanjas era inoponible a M. -que no tenía un vínculo contractual con el Estado provincial- y decidió celebrar un acuerdo transaccional con la reclamante. En virtud de ese acuerdo, Gas del Estado afrontó el reclamo con una quita del 10% sobre el importe que resultaba de sumar el capital actualizado -por el índice de precios mayoristas- y los intereses al 6% anual. Asimismo se pactó que las costas serían soportadas en el orden causado y la tasa de justicia, por mitades. En consecuencia, el 5 de noviembre de 1987 abonó la suma de australes 167.250,08.

Aduce que su parte, después de calcular el importe de los perjuicios sufridos por la contratista, corrió vista de la liquidación a la provincia, la que formuló objeciones sobre la base de la variedad de interpretaciones que -a su juiciose podría dar a ciertos rubros. Gas del Estado respondió que la postura esgrimida por la provincia acerca de que la excavación y el tapado de zanjas estaría incluido en la protección anticorrosiva carecía de asidero, ya que dichos trabajos -que incluyen la "media tapada"- estaban comprendidos dentro de las responsabilidades asumidas por aquélla en el convenio aludido; también respondían a esa premisa el presupuesto y los porcentajes asignados a cada una de las partes en el acta del 30 de marzo de 1984, como así también las licitaciones, en las que no estaban a cargo del contratista los trabajos referidos. Por ende, considera que es viable la acción de repetición contra la provincia incumplidora.

Detalla alguno de los documentos intercambiados entre las partes y la contratista, en los que -según afirmase manifiestan los incumplimientos de la demandada, y funda su derecho en los arts. 505, 512 y 1197 del Código Civil.

II) La Provincia de San Juan se presenta a fs. 29/35 y contesta la demanda pidiendo su rechazo.

Niega diversos hechos expuestos en el escrito ini-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación cial, entre ellos el incumplimiento contractual que se le atribuye, la existencia de alteraciones en el ritmo y continuidad de los trabajos por causas imputables a su parte y la realización del pago alegado.

Sostiene que la actora incurrió en una defectuosa defensa en el pleito con Mavizaq S.R.L. que concluyó en virtud de un acuerdo transaccional. Añade que aquélla debió citarla como tercero a ese juicio si es que pretendía iniciar posteriormente esta acción de repetición.

En tal caso, su parte podría haber señalado las deficiencias en la defensa de Gas del Estado, lo que hubiera podido determinar el rechazo de aquella demanda y hacer innecesario este proceso.

Asimismo opone la defensa de fondo de falta de acción, pues las partes habían previsto un sistema de reintegro de las inversiones (llamado "recupero") a cargo de los beneficiarios de las obras, de manera que si surgía algún imponderable a cargo de la provincia y era afrontado por Gas del Estado, ésta podría recuperar lo abonado deduciendo el importe pertinente de la parte que correspondiera a aquélla en el "recupero" (conf. art. 8° del acta del 30 de marzo de 1984).

Consecuentemente, la actora no tenía expedita la vía judicial para resarcirse de su pretendido crédito, ya que las partes habían previsto el tratamiento de casos como éste y lo que aquélla debió hacer era concretar el débito a cargo de la provincia al efectuarse las liquidaciones "por recupero de inversiones". Puntualiza que el cuestionamiento no es meramente formal, dado que el sistema contractual preveía un resarcimiento que no era total sino proporcional.

Manifiesta que su parte hizo concretas observaciones respecto de la determinación de gastos improductivos practicada por la contratista. Con posterioridad, se reunieron los representantes de la provincia y de Gas del Estado y se labró el acta del 1° de setiembre de 1987, de la que surge la viabilidad de aquellas observaciones. Agrega que su parte, en cumplimiento del compromiso asumido en dicha acta, remitió a

la actora la nota N° 101, en la que impugnó la determinación de gastos improductivos, requirió mayor información respecto de cuestiones necesarias para el control de algunos rubros y reclamó la devolución de cañería suministrada a la contratista que no había sido utilizada ni devuelta. No obstante, Gas del Estado no suministró los elementos requeridos y, en forma inconsulta, convalidó la pretensión de M. S.R.L. sin descontar el valor de las cañerías retenidas indebidamente.

Concluye en que, si la actora pagó lo que no debía, no puede reclamar a la provincia su restitución.

En otro orden de ideas, aduce que la tarea de efectuar la protección de los caños instalados con un manto de tierra especial, estaba a cargo de la contratista. Afirma que así lo entendió su parte desde un principio, con apoyo en el "pliego tipo de especificaciones técnicas generales" de Gas del Estado, del que se desprende que la capa protectora de tierra blanda forma parte del tratamiento anticorrosivo cuya realización incumbía a la contratista. Asimismo, manifiesta que la cantidad de tierra y el zanjeo fueron más que suficientes como para que el contratista pudiera trabajar holgadamente, por lo que no puede imputársele ninguna responsabilidad a la provincia. En cambio, M.S.R.L. no empleó el equipo adecuado, ni tampoco el personal que consigna en sus cálculos de gastos improductivos, lo que se hizo saber a la actora varias veces sin resultado alguno.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que antes de ingresar en el tratamiento de las cuestiones planteadas por las partes, conviene precisar los antecedentes del litigio, para lo cual resultan de suma utilidad las actuaciones administrativas que fueron ofrecidas como prueba por las partes. Al respecto, resultan irrelevantes las objeciones formuladas por ambas partes acerca de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación autenticidad de alguna de esas actuaciones, pues al hallarse sus constancias amparadas por la presunción de veracidad de su contenido, no hay obligación de aportar pruebas para sustentarlas (Fallos:

    224:488; 246:194; 262:130; 264:120; 268:318; 271:96; 275:436).

  3. ) Que la contratista envió a Gas del Estado diversas notas -fechadas el 12 de febrero, el 12 de marzo, el 18 de abril y el 30 de junio de 1986- mediante las cuales reclamó "gastos improductivos" correspondientes a las O.C.

    Nros.

    101.446 y 101.571, que atribuyó a supuestos incumplimientos por parte de la provincia o de la Municipalidad de San Juan respecto de los trabajos de excavación y tapado de zanjas. A tal efecto, formuló sucesivas liquidaciones, la última de las cuales -que revestía el carácter de definitiva- arrojaba un total de australes 65.841,95 por el lapso comprendido entre julio de 1985 y febrero de 1986. Esa suma abarcaba tanto los gastos de "equipos" como los de "mano de obra", sobre la base de 56,5 días de inactividad -34 entre julio y diciembre de 1985 y 22,5 entre enero y febrero de 1986- (confr. fs. 0/10 y 245 y siguientes del expte.

    A.P.O.

    2420 reservado en secretaría; fs.

    33/52 del expte.

    M.213/87 proveniente del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2; fs. 5/7 y 9/23 del expte. 318.104/86, también reservado).

  4. ) Que los departamentos técnicos de la empresa estatal estudiaron esas liquidaciones y observaron algunos rubros. Así, señalaron que debía tenerse en cuenta la antigüedad de algunos vehículos para evaluar los costos de amortización y seguros; que correspondía eliminar ciertos ítems ("batanes" y "capataz de primera categoría") y que el rubro "oficial especializado" debía interpretarse como "soldador".

    Asimismo, se establecieron ciertas pautas acerca del cómputo de los días y horas improductivos, y se especificó que los gastos no estaban alcanzados por el impuesto al valor agregado (confr. fs. 245.9, 245.11, 246.17 y 246.24 del expte. A.P.O.

    2420; 24 y 30 del expte. 318.104).

    En atención a esos informes, Gas del Estado efectuó un nuevo cálculo y reconoció a la contratista la suma nominal de australes 51.847,44 en concepto de gastos improductivos.

    Esa cantidad, incrementada con la actualización monetaria y los intereses al 31 de agosto de 1986, ascendía a australes 63.925,79. La contratista prestó conformidad respecto de este último importe (confr. fs. 247 del expte. A.P.O. 2420 y fs. 31 del expte. 318.104).

  5. ) Que Gas del Estado dirigió entonces al ministro de economía de la provincia el informe 0024 del 15 de diciembre de 1986, en el que manifestaba que había sido necesario reconocer a la contratista la cantidad antes indicada en concepto de gastos improductivos, debido a que la provincia no había concretado "en tiempo y forma" las tareas de apertura y tapado de zanjas que estaban a su cargo. Asimismo, expresó que esa cantidad sería descontada -debidamente actualizada- "en ocasión de facturarse a los usuarios el recupero de las inversiones correspondientes", con arreglo a lo previsto en el art. 8° del acta-acuerdo del 30 de marzo de 1984. Asimismo, manifestó que, con el acuerdo de la provincia, esa nota y su respectiva respuesta pasarían a formar parte del convenio del 30 de marzo de 1984 (confr. fs. 262 del exp. A.P.O. 2420 y fs.

    3 del expte. 318.104).

    Por su parte, Mavizaq S.R.L. intimó a Gas del Estado S.A. -mediante la nota del 19 de enero de 1987- a abonar la suma reconocida. A su vez, la empresa nacional envió a la provincia una carta-documento -fechada el 2 de febrero de 1987- por la que le hizo saber los términos de aquella intimación y le reiteró la necesidad de que la provincia notificara a la brevedad su conformidad con lo manifestado en el citado informe 0024 (confr. fs. 264 del expte. A.P.O. 2420).

    En marzo de 1987 Gas del Estado volvió a requerir una respuesta a dicho informe (confr. fs.

    2 del expte.

    318.104), que la demandada emitió el 15 de julio del mismo año, mediante la nota N° 70. Allí, el secretario de Obras

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación Públicas provincial formuló diversas objeciones al cálculo de gastos improductivos remitido por Gas del Estado y dejó "expresamente documentado" que, si la empresa nacional justificaba la suma liquidada, lo haría "bajo su total responsabilidad" (fs. 36 del expte. 318.104).

    Esta respuesta de la provincia se cruzó con un telegrama remitido el 21 de julio por Gas del Estado, en el que requería a la provincia que expresara su conformidad o sus observaciones respecto del importe reclamado por la contratista, agregando que en caso de silencio "se entenderá que ha sido aceptado el monto de la referida reclamación y se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo octavo del acta suscripta con fecha 30/03/84". La provincia contestó por medio de la carta-documento del 29 de julio de 1987, en la que rechazaba "formalmente lo peticionado por considerarlo fuera de lugar", según lo expresado en la citada nota N° 70 (confr. carpeta reservada de prueba de la demandada; absolución a la posición vigésima, fs. 200 y 224).

  6. ) Que, ínterin, Mavizaq S.R.L. demandó a Gas del Estado por cobro de la suma reconocida, lo que dio origen a la citada causa M.213/87, que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2. En ese pleito se arribó a la transacción antes referida, en virtud de la cual la empresa estatal se avino a pagar la suma de australes 167.250,08, de los cuales 166.502,08 correspondían al crédito reclamado actualizado y 748 al reintegro parcial de la tasa de justicia abonada por la demandante.

    De ese expediente surge fehacientemente que Gas del Estado pagó el importe de la transacción mediante depósito judicial, en virtud del cual se libró el correspondiente giro, que fue retirado bajo recibo por el apoderado de Mavizaq S.R.L. (confr. fs. 102 y 107/108 vta. de dichas actuaciones).

  7. ) Que la provincia opone la excepción de falta de acción, porque entiende que la vía extrajudicial pactada en el

    art. 8° del acta del 30 de marzo de 1984 sería excluyente de la vía judicial.

    La cláusula a la que alude la demandada establecía un sistema para que Gas del Estado pudiera recuperar -mediante descuentos sobre los fondos a percibir por el Estado provinciallos "recursos financieros" que hubiera adelantado para atender "inversiones a cargo de la Provincia" (confr. fs.

    255 del expte. A.P.O. 2420 y carpeta reservada de prueba de la demandada). En el caso de autos no se presenta estrictamente ese supuesto, ya que la suma cuyo reintegro se persigue no corresponde a la atención de "inversiones a cargo de la Provincia", sino al resarcimiento de daños y perjuicios que se atribuyen a supuestos incumplimientos contractuales de aquélla. Por ser ello así, no parece que el sistema referido pudiera aplicarse mecánicamente a un caso como el sub examine, en el que las partes no estaban de acuerdo acerca de los alcances de la responsabilidad de la demandada y del importe de los gastos improductivos.

    En ese orden de ideas, cabe recordar que -según lo reseñado en el considerando quinto- Gas del Estado hizo saber a la provincia su intención de recurrir al procedimiento previsto en la referida cláusula, previa conformidad de las autoridades provinciales respecto del importe reclamado por la contratista. Como también se ha indicado en el considerando quinto, la provincia rechazó formalmente ese importe y con posterioridad siguió negándose a justificar una parte de los días improductivos, postura que mantiene en este juicio.

    En consecuencia, resultó necesaria la utilización de la vía judicial para dilucidar definitivamente el conflicto, extremo que no habría podido lograrse mediante el procedimiento establecido en la cláusula contractual citada. Por ende, corresponde desestimar la excepción de falta de acción.

  8. ) Que la demandada también opone la exceptio mali processus pues alega que la actora incurrió en una defensa negligente en el proceso mencionado en el considerando sexto, toda vez que allí omitió citar a la provincia en calidad de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación tercero.

    En el juicio aludido, antes de vencer el plazo para contestar el traslado de la demanda, las partes pidieron la suspensión de los plazos procesales por hallarse en tratativas que, finalmente dieron lugar a la transacción referida (confr. fs. 97/99 vta. del expte. M.213/87). Esa transacción, sin embargo, es inoponible a la aquí demandada, por lo cual el progreso de la pretensión de Gas del Estado en el sub lite está condicionado a la demostración de los incumplimientos por los que debe responder la Provincia de San Juan. Tal extremo, que precisamente se configura como consecuencia de la falta de citación del Estado provincial en el anterior pleito, se examinará a continuación.

  9. ) Que, a tal efecto, resulta relevante la consideración del acta del 1° de setiembre de 1987 -que se menciona en la contestación de demandapues ella da cuenta del resultado de una reunión mantenida entre representantes de Gas del Estado y de la provincia "a fin de dilucidar las diferencias en el reconocimiento de los gastos improductivos generados en las O.C. n° 101.446 y 101.571..." (confr. carpeta reservada de prueba de la demandada). En esa acta se consigna que los funcionarios provinciales "han aceptado que por falta de zanjeo corresponde el reconocimiento" de los días que allí se indican. Además, la provincia expresó que los demás días "no son aceptados actualmente", y que los de enero y febrero "no se analizaron por cuanto no disponían de la documentación necesaria". Asimismo, la demandada se comprometió a remitir con posterioridad sus observaciones respecto del "personal y equipo afectado a obra".

    El reconocimiento referido elimina toda discusión acerca de la procedencia de los gastos improductivos correspondientes a los 19,5 días expresamente individualizados en dicha acta. Lo mismo ocurre respecto de los otros 14,5 días (10 del mes de enero y 4,5 de febrero de 1986) que la provincia justificó "por problemas de zanjeo" mediante la nota 101

    del 25 de setiembre de 1986 (cuya copia obra también en la carpeta reservada de prueba de la demandada).

    En cambio, el acta citada no permite llegar a ninguna conclusión acerca de la legitimidad o ilegitimidad de los reclamos referentes a los restantes días, ya que la provincia no los admitió y -contrariamente a lo argüido en la contestación de demanda- Gas del Estado no efectuó allí ninguna manifestación de la que pudiera inferirse su conformidad con las observaciones formuladas por aquélla.

    10) Que la controversia subsiste, entonces, respecto de 22,5 días improductivos, que se desglosan del siguiente modo:

    1. 14,5 días estarían motivados por "falta de tierra" entre julio y diciembre de 1985; según se desprende de los cuadernos de órdenes de servicio (en adelante: O.S.) 6 de esos días corresponderían a la O.C N° 101.446 (notas de pedido -N.P.- 62, 65, 70, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 93) y los 8,5 restantes a la O.C. N° 101.571 (N.P. 25, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 y 64 y otra cuyo número no se individualiza). b) 8 días (es decir, la diferencia entre los 22,5 días justificados por la actora respecto de los meses de enero y febrero de 1986 y los 14,5 admitidos por la demandada respecto del mismo lapso) obedecerían a problemas de zanjeo y de falta de tierra producidos en ambas obras.

    11) Que con respecto a los presuntos gastos motivados por "falta de tierra", la provincia funda su defensa en dos argumentos contradictorios entre sí. En efecto, si ella -como dice en su contestación de demanda- realmente entendió "desde un principio" que la "protección con tierra especial, de los caños instalados...era tarea a cargo de la contratista", no se entiende por qué razón habría aportado -como afirma a fs. 33- cantidades "más que suficientes" del material que supuestamente no estaba obligada a suministrar.

    La realidad es que la demandada tampoco adoptó un comportamiento coherente en la etapa anterior a este litigio.

    En efecto, a fines de junio de 1985 la contratista

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió a Gas del Estado que arbitrara los medios para que la provincia "proceda a la tapada en forma normal" y se quejó concretamente de la "falta de material de aporte (tierra sin piedra o arena)" (N.P. 22 de la O.C. 101.446). La empresa estatal le remitió una copia de esa nota a la provincia, le recordó que el "tapado de zanjas" estaba a cargo de ésta, y agregó que dicha tarea debía hacerse "con tierra libre de objetos que puedan dañar el revestimiento" de las cañerías (comunicado de inspección N° 9 de la O.C. 101.446). A su vez, el jefe del Departamento de Obras -Area Gas- de la Dirección de Arquitectura provincial respondió mediante la nota del 6 de julio de 1985, por la cual pidió a Gas del Estado que "informe a la empresa contratista que solicite a la provincia el yacimiento de material de aporte, características y volumen aproximado, etc. para que posteriormente puedan proceder a la colocación del manto de protección y posterior tapado por parte de la Provincia de la zanja" ("comunicado Secretaría Obras Públicas" N° 9 de la O.C. 101.446).

    Este comunicado reviste importancia porque allí la demandada mencionó expresamente tanto el art. 37 del "pliego tipo de especificaciones" como los preceptos pertinentes del convenio del 30 de marzo de 1984 y, frente a las dos interpretaciones extremas que podían fundarse en dichas cláusulas -es decir, que la "media tapada" formaba parte de la "protección anticorrosiva" a cargo de Gas del Estado, o bien que aquélla integraba el "tapado de zanjas" a cargo de la provincia- adoptó una posición que podría calificarse como "intermedia": la provincia aportaría la tierra, pero Mavizaq S.R.L. estaría encargada de colocar -con ese elemento- el "manto de protección". La contratista aceptó esta solución, que vinculó con supuestas "tratativas" mantenidas con la provincia (confr.

    N.P. 30 de la O.C. 101.571).

    De tal modo la demandada aceptó, ya a principios de julio de 1985, que se encontraba obligada -al menos- a entregar el material necesario para la "media tapada". Más tarde,

    frente a diversos reclamos de la contratista motivados por "falta de tierra", la provincia no discutió su obligación de proveer dicho elemento, sino que en algunos casos explicó las razones por las que no habría podido entregarlo (ver comunicados 25 de la O.C. 101.571 y 45 de la O.C. 101.446), o bien adujo haber suministrado el material (confr. los comunicados 24 -O.C. 101.446- y 14 -O.C. 101.571- del 30 de setiembre de 1985, en los que sostuvo que "a partir del 24/09/85 se normalizó la entrega de tierra libre de piedras"; ver también el acta del 1° de setiembre de 1987, donde la provincia adujo que "se realizó el necesario aporte de tierra para la ejecución de la media tapada").

    Es más, el 10 de setiembre de 1986 la demandada remitió una nota -suscripta por el director de arquitectura de la provincia y por el jefe del Departamento de Obras - Area Gas- en la que solicitaba a Gas del Estado que se contemplara "la posibilidad de asumir a través de los contratistas la ejecución de la pretapada de 20 cm sobre la parte superior de la cañería, incluyendo la provisión del material de aporte necesario" (confr. fs. 250 del expte. A.P.

    O. 2420), lo que importa admitir que dicha provisión se encontraba en ese momento a cargo de la provincia.

    Tales actos de la demandada permiten establecer -más allá de cualquier duda que pudieran suscitar los términos del acta del 30 de marzo de 1984- que la provisión de tierra apta para formar el "manto de protección" de las cañerías estaba a cargo de la provincia. En este sentido debe recordarse la regla -aplicada desde muy antiguo por este Tribunal- según la cual los hechos de los contratantes subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, sirven para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrarlo, de acuerdo a una conocida máxima de derecho: in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit (Fallos: 9:258; 24:56 y 181:257).

    La conclusión expuesta precedentemente acerca de la verdadera intención de las partes, aparece corroborada por los términos de la nota que el secretario de Obras Públicas de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación provincia envió a Gas del Estado el 25 de noviembre de 1986 (confr. expte. G.E. 314.979, agregado como prueba al expte.

    M.227.XXIV, resuelta en la fecha). En esa nota, la demandada enunció por primera vez su tesis acerca de que la "media tapada" sería una obligación del contratista, con apoyo en las previsiones del citado art.

    37 del "pliego de especificaciones" de Gas del Estado; y propuso descontar de la retribución del contratista el costo de dicho trabajo cuando "por desconocimiento de esa norma se haya ejecutado por la Provincia". La frase subrayada demuestra que, durante la ejecución de las obras, la provincia se había considerado obligada a realizar aquella tarea. Por ende, mal pudo creer "desde un principio" que esa tarea estaba a cargo de la contratista, con sustento en una norma que ni siquiera conocía.

    En conclusión, no es atendible el cambio de actitud de la demandada, al intentar desconocer la obligación que antes había admitido. Ello es así pues los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos administrativos (Fallos:

    305:1011; 314:491; 315:1299 y 316:212).

    Por ello es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro contratante (Fallos: 311:971).

    12) Que corresponde ahora verificar si la provincia cumplió con su obligación contractual de aportar la tierra necesaria para la cobertura de las cañerías.

    Según surge de las carpetas de notas de pedido, la contratista realizó numerosos reclamos y solicitudes de justificación de días por "falta de tierra" en el mes de setiembre de 1985, tanto respecto de la O.C. 101.571 (confr. N.P.

    25, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40) como de la O.C. 101.446 (N.P. 62, 65, 70, 75, 78, 79, 80, 81 y 82). Gas del Estado

    remitió a la provincia copias de algunos de esos reclamos, y dejó constancia de la "falta de tierra libre de escombros", como así también de los inconvenientes que ello ocasionaba (confr. carpetas de "comunicados de inspección" de las O.C.

    101.571 -notas 9, 12, 16 y 18- y 101.446 -notas 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38 y 39-). A su vez, la provincia manifestó que "a partir del día 24/9/85 se normalizó la entrega de tierra libre de piedras", lo que importa una clara admisión de que con anterioridad a esa fecha la provisión de ese material no era "normal" (confr. carpetas de "comunicados Secretaría de Obras Públicas" de las O.C.

    101.571 y 101.446, notas 14 y 24, respectivamente).

    Ello permite tener por justificados los reclamos contenidos en las N.P. 25, 27, 33, 34, 35, 37, 38 y 39 de la O.C. 101.571 y en las N.P. 62, 65, 70, 75, 78, 79, 80 y 81 de la O.C 101.446. No ocurre lo mismo respecto de la N.P.

    40 de la O.C. 101.571, pues ella corresponde precisamente al 24 de setiembre, fecha en la cual -según manifestación de la provincia no refutada por la Inspección de Gas del Estado en la carpeta respectiva- se normalizó la entrega de tierra en la obra a la que se refiere dicha O.C. Es igualmente inadmisible el reclamo expresado en la N.P. 82 del 25 de setiembre de 1985 -correspondiente a la O.C. 101.446- pues según surge de su lectura, en la fecha referida la contratista dispuso de tierra y realizó tareas; ello queda corroborado por la nota que el inspector S. dirigió al jefe de inspección de Gas del Estado (confr. carpeta de prueba de la demandada, agregada al expte.

    M.213/87), de la que se desprende que el 24 de setiembre ya se había normalizado la entrega de tierra en la zona VII.

    Tampoco aparece procedente el reconocimiento que hizo Gas del Estado (confr fs. 246.14 del expte. A.P.O. 2420) de medio día por "falta de tierra" que se habría producido el 3 de octubre de 1985 respecto de la O.C. 101.571. En efecto, en la fecha indicada la contratista pidió la justificación de medio día, pero por una razón totalmente distinta de la referida (confr. N.P. 43 de la O.C. 101.571). Lo mismo ocurre con

    G. 391. XXIII.

    ORIGINARIO

    S Gas del Estado Sociedad del Estado c/ San Juan, Provincia de s/ cobro de australes.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo contenido en la N.P. 88 de la O.C. 101.446, ya que no existe coherencia entre el inconveniente denunciado por la contratista (falta de zanjeo) y el alegado por Gas del Estado para efectuar la justificación (confr. fs. 246.11 del expte.

    A.P.O. 2420). En cuanto al reclamo de medio día correspondiente al 18 de octubre de 1985 (N.P. 93 de la O.C. 101.446), tampoco aparece fundado, pues la actora no probó que en esa fecha hubiera existido el inconveniente alegado (falta de tierra).

    Con respecto al mes de diciembre, la demandada había justificado oportunamente el reconocimiento de gastos improductivos de los días 4, 5, 6 y 17 (conf. acta del 1° de setiembre de 1987, referida en el considerando noveno), de manera que la controversia se reduciría al día 13 de diciembre (N.P. 64 de la O.C. 101.571). Ahora bien, este reclamo resulta igualmente legítimo, pues el jefe de inspección del Departamento de Obras -Area Gasde la provincia admitió oportunamente que en la fecha indicada "no se pudo proveer de suficiente cantidad de tierra para tapado de cañerías" por supuestos problemas mecánicos -no alegados en la contestación de demanda y tampoco probados- (confr. comunicado de la Secretaría de Obras Públicas n° 25 de la O.C. 101.571).

    13) Que Gas del Estado liquidó los gastos improductivos del mes de enero de 1986 sobre la base de 15,5 días hábiles (confr. fs. 245.9 y 245.11 del expte. A.P.O. 2420).

    Sin embargo, del cotejo de las órdenes de servicio pertinentes (Nros. 73 de la O.C. 101.446 y 64 de la O.C. 101.571) surge que la "inspección de obra" sólo había justificado 14 días hábiles (7 al 10, 13 al 17 y 20 al 24 de enero), que atribuyó a problemas de zanjeo y falta de tierra.

    De estos últimos deben deducirse los días 17 y 20 de enero. Ello es así porque en los "comunicados de inspección" Nros. 75 (O.C. 101.446) y 45 (O.C. 101.571) -mediante los cuales Gas del Estado informó a la provincia el detalle de los problemas suscitados hasta el 22 de enero- no se menciona la

    existencia de ningún inconveniente imputable al Estado provincial en aquellas dos fechas.

    Antes bien, en dichos comunicados se consigna expresamente que la contratista pudo hacer trabajos (bajada de cañería y tapado de zanjas) en ambas obras el 20 de enero. Por otra parte, Mavizaq S.R.L. pidió la justificación del 17 de enero -respecto de una de las obras- "debido al fuerte viento" (confr.

    N.P.

    132 de la O.C.

    101.446), circunstancia ciertamente ajena a la responsabilidad de la Provincia de San Juan.

    Por su parte, la demandada únicamente justificó diez días del mes de enero -sin aclarar a qué fechas correspondían- "por problemas de zanjeo" y adujo que no coincidía con los días solicitados "por falta de tierra" (conf. nota n° 101 antes citada). Sin embargo, al responder sendos comunicados de Gas del Estado -en los que esta empresa aludía a ambos tipos de inconvenientes-, la provincia sostuvo que "a partir del primer día hábil del mes de febrero se comenzarán a regularizar definitivamente los problemas por ustedes mencionados", con lo cual admitió la existencia de irregularidades, no sólo respecto de los trabajos de zanjeo, sino también respecto de la entrega de tierra (confr. "comunicados de inspección" Nros.

    48 de la O.C. 101.571 y 77 de la O.C. 101.446; "comunicados Secretaría Obras Públicas" N° 27 de la O.C. 101.571 y 47 de la O.C. 101.446). Por ello corresponde declarar admisibles los gastos improductivos correspondientes a los días 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24 de enero de 1986.

    14) Que Gas del Estado reconoció también los gastos improductivos por el lapso comprendido entre el 1° y el 11 de febrero de 1986, que contiene siete días hábiles.

    A su vez, la provincia justificó sólo cuatro días y medio de dicho mes "por problemas de zanjeo" (confr.