Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Agosto de 1999, B. 111. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 111. XXXIV.

    RECURSO DE HECHO

    B., J. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 10 de agosto de 1999.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por J.B. en la causa B., J. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, al revocar el fallo de primera instancia, rechazó la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la desposesión de ciertos bienes vendidos por la demandada, la actora dedujo el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

    2. ) Que los agravios del apelante suscitan una cuestión federal que justifica la intervención del Tribunal en la instancia del art. 14 de la ley 48, pues no obstante que remiten al examen de cuestiones de prueba y de derecho común, ello no es óbice para invalidar lo resuelto cuando la cámara sustentó su decisión en argumentos contradictorios y se apartó de la solución normativa inequívocamente aplicable al caso (Fallos:

      308:721, 1873, 2523 y 2664; 310:1703; 312:1953), afectando las garantías de la propiedad y de defensa en juicio que asisten al recurrente (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional).

    3. ) Que, en efecto, para fundar su conclusión de que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debía ser eximida de toda responsabilidad, el tribunal a quo afirmó -por un lado- que ninguna omisión podía imputarse a la deman

      dada, en la medida en que de los antecedentes administrativos que precedieron al remate surge que sobre los bienes adquiridos por la actora no pesaba ninguna orden judicial de secuestro.

      Además, la alzada consideró que la actora había actuado con inobservancia e imprevisión, ya que la mera actividad de revisar el legajo administrativo no demostraba su diligencia en razón de la habitualidad con la cual realizaba adquisiciones como la que dio lugar a este proceso y de la capacitación que requería tal actividad.

    4. ) Que el razonar de ese modo entraña una irreductible contradicción lógica que priva de apoyo racional a lo decidido, pues admitida la ausencia -en el expediente administrativo- de toda constancia que informara sobre la existencia de circunstancias que imposibilitaran la venta del material de rezago adquirido por la actora, carece de todo fundamento el desigual tratamiento efectuado por la alzada en el examen de la conducta de las partes, máxime cuando la habitualidad y la capacitación que únicamente se atribuyen a la compradora configura una nítida afirmación apodíctica que no sostiene la conclusión obtenida, al omitir la sentencia todo desarrollo sobre las razones por las cuales tales condiciones no son exigibles con igual alcance al ente comunal en su condición de vendedora, que viene llevando a cabo enajenaciones de esta naturaleza -por lo menos- desde 1973 en que sancionó la ordenanza 27.562 y cuenta entre sus dependencias con una dirección general -de material rodante (fs. 24)para dar toda la asistencia técnica que requieren enajenaciones como las reguladas por la mencionada ordenanza.

  2. 111. XXXIV.

    RECURSO DE HECHO

    B., J. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación5°) Que, por otro lado, la cámara soslayó que la procedencia del resarcimiento reclamado en el sub lite debía ser juzgada -como lo había invocado la actora en su escrito de demanda (fs. 51 vta.)- sobre la base de las normas que regulan la responsabilidad del vendedor por la turbación de derecho sufrida por el comprador a raíz de una resolución judicial que lo privó de la posesión de algunos de los bienes adquiridos, las cuales establecen un régimen específico que -aun en el caso de presentarse una actuación de buena fe por parte del enajenante- atribuyen inequívocamente en cabeza de éste una responsabilidad frente al comprador que, más allá de lo que resuelva el nuevo pronunciamiento sobre su extensión, no excluye la obligación de reintegrar el precio pagado (arts.

    793 y 2100 del Código Civil).

    1. ) Que, en las condiciones expresadas, el pronunciamiento afecta de modo directo e inmediato las garantías invocadas por el recurrente, por lo que corresponde privarlo de efectos como acto judicial -con arreglo a la doctrina del Tribunal en materia de arbitrariedad- a fin de que el caso sea nuevamente juzgado mediante una sentencia que respete la exigencia constitucional de fundamentación suficiente.

    Por ello y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. A.

    guese la queja al principal. Reintégrese el depósito. N. y remítase.

    JULIO S.

    NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.