Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de Julio de 1999, A. 380. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 380. XXXV.

    ORIGINARIO

    Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina c/ Estado Nacional y otras (provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 14 de julio de 1999.

    Autos y Vistos; Considerando:

    1. ) Que a fs. 1/44 la señora S.G., invocando el carácter de presidente de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), inicia ante el fuero en lo contencioso administrativo federal de esta Capital Federal la presente acción de amparo contra el Estado Nacional y contra las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz a fin de que se "suspenda provisoriamente la venta del paquete accionario Clase A/B de la que son titulares los demandados, hasta tanto se celebre la audiencia pública solicitada". Requiere "como medida cautelar se ordene celebrar una Audiencia Pública con el objeto de determinar la conveniencia de la enajenación accionaria en poder del sector público, ante la evidente falta de competencia en el mercado de hidrocarburos, situación que lesiona los derechos constitucionales de los usuarios, la protección de sus intereses económicos, una información adecuada y veraz, y la calidad y eficiencia de los servicios públicos (art. 42 CN)" (fs. 1). A. efecto relata que los demandados "en su carácter de tenedores del paquete accionario Clase A/B de la empresa YPF SA han decidido la venta del remanente a la Empresa REPSOL, luego de la transferencia realizada a la misma empresa, todo lo cual producirá un agravamiento de la situación del mercado actual por cuanto el proceso de transformación del sector petrolero desregulación y privatización de Y. ha inducido la creación de condiciones de competencia

      -protección natural de los usuarios en mercados desregulados- sino que se ha reemplazado la posición dominante de la empresa estatal por posiciones dominantes de oligopolios privados...". Entiende que la situación que denuncia afecta los derechos de los consumidores garantizados por el art. 42 de la Constitución Nacional, como así también las previsiones contenidas en la ley 22.262 que tiene como "objetivo central evitar que la sociedad se perjudique mediante la comisión de actos o maniobras anticompetitivas efectuadas por empresas o particulares..." (fs. 19).

    2. ) Que a fs. 52 la señora juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 7, previo dictamen del señor F., se declaró incompetente para entender en estas actuaciones en virtud de lo dispuesto por los arts.

      116 y 117 de la Constitución Nacional.

      Una vez recibido el expediente por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue remitido a la Procuración General a fin de que dictaminase sobre la competencia del Tribunal para conocer en la causa por vía de su instancia originaria. De tal manera se dio cumplimiento a las previsiones contenidas en los arts. 1, 2, 25 inciso j y 33 inciso a, apartados 2 y 3 de la ley 24.946.

    3. ) Que de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General en el dictamen que antecede, a cuyos fundamentos y conclusiones en lo pertinente el Tribunal se remite para evitar repeticiones innecesarias, corresponde admitir la radicación de estas actuaciones en la instancia originaria de esta Corte en virtud de que se configura la situación prevista en el art. 117 ya citado.

  2. 380. XXXV.

    ORIGINARIO

    Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina c/ Estado Nacional y otras (provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación4°) Que las distintas alternativas suscitadas en torno a la competencia del juez que debía conocer en este proceso, inevitables frente a la conducta asumida por la propia Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina que interpuso la acción de amparo ante un Tribunal claramente incompetente, ha traído aparejado que a la fecha de este pronunciamiento ya se haya concretado la venta de las acciones de Y.P.F. S.A., que pertenecían al Estado Nacional y a los estados provinciales. Tal situación, y sin que esto importe ni siquiera implícitamente abrir juicio sobre la legitimación de la actora para interponer esta acción de amparo, ni sobre la verosimilitud en el derecho invocado, impide que el Tribunal se pronuncie sobre la cuestión sometida a su consideración; ya que resulta materialmente imposible convocar a "una audiencia pública con el objeto de determinar la conveniencia de la enajenación accionaria en poder del sector público", o suspender "provisoriamente la venta del paquete accionario Clase A/B de la que son titulares los demandados..." (ver fs.

    1 donde se determina el objeto procesal de esta pretensión).

    La exigencia de atender a las circunstancias sobrevinientes impide soslayar la consideración de que a la fecha se ha tornado abstracta la cuestión debatida. Este proceso de amparo carece de objeto actual, y ello obsta cualquier consideración de la Corte en la medida en que le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos (Fallos: 216:147; 231:288; 243:146; 244:298; 253:346; 259:76; 267:499; 307:2061; 308:1087; 310:670; 312:995;

    313:701; arg. 313:1497; arg. 315:46, 1185, 2074, 2092; 316:664; 318:550; 320:2603, entre muchos otros).

    Por ello se resuelve:

    Rechazar la acción de amparo interpuesta. N.. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

    FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -A.R.V..