Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31 de Mayo de 1999, R. 298. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

R.

298.

XXIII.

R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 31 de mayo de 1999.

Vista la causa: "Rocca, J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario", por los señores jueces del Tribunal reunidos en el acuerdo del día de la fecha, decidieron dividir la votación según las siguientes cuestiones:

Primera cuestión:

si deben aceptarse los allanamientos realizados en las presentaciones de fs. 2019, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2057, 2067/68, 2099 y 2155.

Segunda cuestión: en caso negativo, qué pronunciamiento corresponde adoptar con relación a las regulaciones de honorarios impugnadas.

I - SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE S.

PETRACCHI, DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUSTAVO A.

BOSSERT, DIJERON:

  1. ) Que contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en el juicio arbitral, la parte demandada interpuso el recurso ordinario de apelación, que fue concedido (fs. 1914/15 y 1916). El memorial consta a fs. 1942/1948, y sus contestaciones a fs. 1960/66, 1967/69, 1970/74 y 1977/78.

  2. ) Que el recurso es formalmente procedente pues se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte indirecta y el valor disputado en último término excede el límite establecido por el art. 24, inciso 6°, apartado a), del decreto-ley 1285/58, según fue decidido por esta Corte a fs. 1950.

  3. ) Que el juez reguló los honorarios al árbitro, a sus colaboradores y a los demás profesionales intervinientes y tomó como pauta normativa la ley 21.839, que entendió aplicable en la especie según la norma genérica contenida en el art.

    18 de ese cuerpo legal.

    Apelada la decisión, el tribunal a quo consideró que no eran materia de controversia la base regulatoria ni la metodología seguida por el juez, consistente en la determinación de porcentajes. En cuanto a éstos, elevó los correspondientes al árbitro y a los secretarios y confirmó los restantes. Asimismo, reguló los honorarios de los letrados por su actuación en la segunda instancia.

  4. ) Que la demandada se agravia esencialmente por el monto de las retribuciones fijadas en las instancias anteriores, que equivalen a un 64% del monto del juicio que, a su vez, estima en alrededor de veinticinco millones de dólares (U$S 25.000.000).

    Sobre tal premisa, afirma que aquéllas constituyen un "abuso del derecho", con transgresión de los principios de equidad, equivalencia, congruencia y justa retribución. Argumenta que la regulación provoca el enriquecimiento ilícito de los profesionales intervinientes y que afecta -por su carácter confiscatorio- el derecho de propiedad del obligado al pago.

    Solicita que se fije una nueva regulación que tenga en cuenta una proporción razonable entre las tareas desarrolladas y la retribución, sin someti-

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Naciónmiento estricto a los límites legales, cuya aplicación al caso provoca una injusticia manifiesta; por último, pide que los emolumentos de todos los intervinientes se reduzcan en un 37% (fs. 1948 vta., ap. 1).

  5. ) Que, con posterioridad, los beneficiarios de las regulaciones se allanaron a la reducción que propuso la demandada en su memorial, según las presentaciones de fs.

    2019, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2057, 2067/68, 2099 y 2155, de las que se le corrió traslado a ésta según auto de fs. 2111, que fue respondido a fs. 2167/2169.

  6. ) Que en esta última presentación, el Estado Nacional no ratificó expresamente la reducción peticionada a fs.

    1948 vta. por el entonces liquidador de la demandada (conf. art. 8° del decreto 411/80 -T.O. 1987-, reglamentario de la ley 17.516 de representación judicial del Estado; art.

    15 del decreto 34.952/47, reglamentario de la ley 12.954 del Cuerpo de Abogados del Estado y art. 32 del decreto 2140/91, reglamentario de la ley 23.982 de consolidación de deudas del Estado). En tales condiciones, los allanamientos realizados por los beneficiarios de las regulaciones carecen de validez y no cabe otorgarles ningún efecto jurídico.

    Por lo expuesto, corresponde responder por la negativa a la primera cuestión.

    EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON G.A.F.L.Y.D.A.R.V., DIJERON:

  7. ) Que contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra

    tivo Federal por la que se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes en el juicio arbitral, la parte demandada interpuso el recurso ordinario de apelación (fs.

    1914/1915), que fue concedido.

  8. ) Que el recurso es formalmente procedente toda vez que se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte indirecta, y el valor disputado en último término excede el límite establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a) del decreto-ley 1285/58, según fue ya decidido por esta Corte a fs. 1950.

  9. ) Que la recurrente solicitó en su memorial que "se reduzcan los honorarios de todos los intervinientes en autos en un porcentaje de treinta y siete por ciento (37%), con el objeto de que el 64% oportunamente regulado, se reduzca en un 40%"; monto que consideró "adecuado a los principios generales del derecho" (fs. 1948 vta.).

  10. ) Que, con posterioridad a la contestación del memorial, los abogados J.S. (fs. 2019), J.M.O. (fs. 2051) y P.A. (h) (fs. 2057), el perito contador A.F.O. (fs. 2049), el árbitro H.L.S. (fs. 2050) y los secretarios del árbitro M.M. de Tezanos Pinto (fs. 2047), P.G.L.V. (fs.

    2052) y los herederos del perito ingeniero J.L.F. (fs. 2057, 2067, 2079, 2099, 2101, 2108, 2155), se allanaron a la solicitud de la apelante, aceptando la reducción de sus honorarios en un porcentaje del treinta y siete por ciento.

  11. ) Que con motivo del traslado ordenado a fs. 2111, que fue contestado a fs. 2167/2169, los argumen-

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Nacióntos esbozados por el recurrente no pueden ser considerados formalmente.

    Ello es así, pues importan contradecir los términos del recurso ordinario, lo que excede el ámbito cognoscitivo del Tribunal, toda vez que no corresponde el examen de los agravios no mantenidos expresamente en el memorial, dado que su competencia ha quedado limitada a todo aquello que no fue consentido por la recurrente y que -en el caso- además constituye el fruto de una reflexión tardía (Fallos: 310:909; 311:1989; 312:696; 312:1419; 312:2319; 315: 1185, entre muchos otros).

  12. ) Que, habida cuenta de que la recurrente limitó su pretensión a que se reduzca en un 37% lo fijado por el tribunal a quo, corresponde pronunciarse sobre los allanamientos efectuados, los que constituyen una renuncia incondicionada y explícita del derecho a percibir el mayor porcentaje de honorarios cuyo reconocimiento por la sentencia recurrida se impugnó mediante el recurso ordinario.

    En consecuencia, al no existir impedimentos para la eficacia jurídica de aquel sometimiento relativo a la única cuestión puesta a consideración del Tribunal, corresponde hacer lugar al recurso articulado, modificándose las respectivas regulaciones de honorarios con el alcance que resulta de lo expresado en el párrafo anterior.

    Por lo expuesto, se responde afirmativamente a la primera cuestión.

    EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DIJO:

    Que los términos de la presentación de fs.

    2167/2169 resultan ambiguos pues, por una parte, el Estado Nacional, que adujo desconocimiento del presente litigio, criticó los argumentos de los señores magistrados, pero no rechazó ni ratificó expresamente la postura asumida oportunamente por el entonces liquidador de la demandada, y, por otra parte, solicitó la aplicación del criterio seguido en Fallos: 320:2379. En tales condiciones, no es válida la limitación propuesta por los apoderados de la demandada que equivale a una renuncia de derechos que afecta los recursos fiscales. No obstante lo expuesto, las presentaciones efectuadas ante este Tribunal por los beneficiarios de las regulaciones tienen eficacia como manifestación válida de las respectivas voluntades y, en tal sentido, toda vez que se trata de la disposición de intereses patrimoniales en los que no se halla comprometido el orden público -honorarios ya devengados-, la aceptación a percibir una reducción de un 37% respecto de los emolumentos fijados en la instancia anterior tienen la virtualidad de establecer un tope a las respectivas pretensiones, siempre que la estricta aplicación de las pautas arancelarias o de otros criterios jurídicos de regulación pudiera conducir a montos más elevados.

    Por lo expuesto, corresponde responder por la negativa a la primera cuestión.

    II - SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT, DIJERON:

  13. ) Que acierta el a quo cuando sostiene que han

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Naciónsido consentidas por las partes las "bases regulatorias" si por ellas se comprenden aspectos tales como el monto del litigio o las etapas cumplidas por los profesionales. Cuestión diferente es el tema de la aplicación de la ley 21.839 al proceso arbitral, pues de acuerdo con la regla iura novit curia el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de decidir los conflictos litigiosos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, con prescindencia inclusive de los fundamentos de aquella índole que invoquen las partes (Fallos: 310:1537 y 2739, entre otros).

  14. ) Que el criterio seguido por los jueces de la causa al regular los honorarios del árbitro y sus colaboradores con sustento en la ley de aranceles de abogados y procuradores es inadmisible, como ha sido establecido por el Tribunal en diferentes oportunidades (Fallos: 265:227; 283:404; 301:1078 y 310:631) y más recientemente en el precedente de Fallos: 320:2379 -disidencia parcial de los jueces N. y F.-.

  15. ) Que, de conformidad con este último pronunciamiento -a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad-, a falta de previsión legal expresa las pautas a tener en cuenta en la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes como árbitros deben guardar íntima relación con la remuneración de los magistrados a que ellos circunstancialmente sustituyen pues la función desempe- ñada por los profesionales designados a tal efecto es "asimilable a la de un magistrado de la Nación, criterio que debe tenerse en cuenta al momento de fijarse la remuneración a fin de evitar regulaciones excesivas que podrían resultar de

    aplicarse el arancel de abogados" (Fallos: 301:1078, considerandos 6° y 8°, y 310:631, considerandos 9° y 10° del voto de la mayoría y minoría respectivamente). Tal exceso, por lo demás, constituye una situación de hecho que especialmente se presenta en autos a poco que se repare en el porcentaje del 64% -no cuestionado por las partesque los honorarios regulados representan del cuantioso monto discutido en el litigio.

  16. ) Que como fue establecido en el voto de la mayoría de Fallos: 310:631, considerando 9°, 2° párrafo, al "declararse inaplicables en el caso las disposiciones del arancel, las pautas que adquieren relevancia a los fines del cálculo remuneratorio no son únicamente las que resultan de la aplicación mecánica de los valores percibidos en concepto de sueldo por un magistrado de primera instancia sino, fundamentalmente, la corrección que imponen a dichas bases factores tales como la complejidad de la causa, la importancia del trabajo realizado, el tiempo empleado y las 'demás circunstancias atendibles de cada caso'. Según cómo graviten estos factores, el honorario podrá o no superar la base remuneratoria común que la analogía de las funciones desempeñadas en los dos casos en principio sugiere, toda vez que una regulación justa y válida no puede prescindir del intrínseco valor de la labor cumplida en la causa, de la responsabilidad comprometida en ella y de las modalidades todas del juicio (Fallos: 258:64; 261:398, entre otros)". Cabe, asimismo, en tal tarea atender a la valoración efectuada por los órganos jurisdiccionales que ya han intervenido, pues, en los

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Nacióntérminos de Fallos 301:1078, ellos "están en mejores condiciones que cualquier otro órgano para apreciar el tiempo empleado ..., la atención que [se] prestó al asunto, la complejidad de la causa y demás circunstancias atendibles en cada caso" (cons. 8°). Sobre esas bases se fijan los honorarios del árbitro H.L.S. en la suma de doscientos mil pesos ($200.000), y los de cada uno de los secretarios del tribunal, M.M. de T.P. y P.L.V., en ochenta mil pesos (80.000).

  17. ) Que respecto de la retribución correspondiente a los letrados y peritos, cabe admitir el pedido de reducción formulado por la demandada. En efecto, al compatibilizarse la remuneración a las tareas concretamente realizadas se adecua lo decidido al criterio tradicional dejado de lado por la mayoría a partir del caso de Fallos: 306:1265, que esta Corte Suprema -en su actual integración- estima conveniente retomar para utilizarlo en el sub examine. Con arreglo a esa doctrina no aparecen como razonables los honorarios reclamados sobre la base de aplicar el monto del juicio, toda vez que de ese modo resultarían emolumentos desproporcionados con la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa.

  18. ) Que es del caso recordar que la Corte vino haciendo uso de tal criterio desde 1879, cuando devolvió una causa al juez de grado para que redujera los honorarios de un tasador, toda vez que "el honorario del perito que según la ley de arancel fija el juez de sección, debe regularse con arreglo al trabajo del perito y no al valor de la cosa evaluada" (Fallos: 21:521, tomo duodécimo de la segunda se

    rie). Tan sencillo y razonable argumento permite que en este caso se arribe a una solución justa, que no afecta garantías constitucionales. Ello es así, porque establecer los honorarios conforme al enorme valor de los montos involucrados en el juicio retribuiría desmesuradamente la labor, con menoscabo del derecho de propiedad de los obligados al pago, convencimiento que se encuentra aquilatado en pronunciamientos que alcanzan un extenso lapso (Fallos:

    239:123; 251:516 253:456; 256:232, 302:1452, sus citas y otros).

  19. ) Que, en consecuencia, el Tribunal estima de pertinente aplicación la doctrina que surge de las consideraciones vertidas en los precedentes aludidos, toda vez que frente a sumas de la magnitud del monto del juicio, también debe ponderarse la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa para así acordar una solución justa y mesurada, que concilie tales principios y que además tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto -o, en su caso, de las escalas pertinentes-, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que puedan ser evaluadas por los jueces -en situaciones extremas como la presente- con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (Fallos: 257142; 296:124; 302:534, y sus citas). Por lo demás, la doctrina aplicada encuentra sustento, en la especie, en lo dispuesto en los arts. 8 y 10 del decreto 2284/91, y en el art. 1° del decreto 1813/92.

  20. ) Que con arreglo a lo expuesto, cabe reducir las retribuciones establecidas por el a quo y se determinan los honorarios del Dr. J.S. en cuatrocientos mil

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Naciónpesos ($400.000), del Dr. J.M.O. en trescientos mil pesos ($300.000), del Dr. P.A. (h) en veinticinco mil pesos ($25.000), del perito contador A.F.O. en ochenta y cinco mil pesos ($85.000) y del perito ingeniero J.L.F. en cien mil pesos ($100.000).

    Por ello, se hace lugar al recurso ordinario interpuesto y se reducen los honorarios apelados a las sumas fijadas en el presente. Con costas por su orden, en atención a los argumentos por los que prospera el recurso. N. y, oportunamente, remítase.

    EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DIJO:

  21. ) Que es errada la afirmación contenida en el primer párrafo del apartado I de la sentencia apelada en cuanto el a-quo consideró que se hallaba fuera de controversia la metodología utilizada por el juez de primera instancia para regular los honorarios del árbitro y demás profesionales. Ello es así pues, de acuerdo con la regla iura curia novit, el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de decidir los conflictos litigiosos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiendo el caso en el marco jurídico pertinente, con prescindencia inclusive de los fundamentos invocados por las partes (Fallos: 310:1537, entre otros).

  22. ) Que el criterio seguido por los jueces de la causa al regular los honorarios del árbitro y de sus colaboradores sobre la base de la ley 21.839 -arancel de abogados

    y procuradores- es, en principio, inadmisible. En efecto, aun cuando el arbitraje sea un procedimiento de solución de controversias de origen contractual, es jurisdiccional por su función y por la especial eficacia que el derecho otorga a sus efectos, por lo que las tareas que realizan los árbitros no guardan relación con las ejercidas por abogados y procuradores que defienden los intereses individuales de las partes. Los árbitros realizan funciones materialmente jurisdiccionales de modo tal que, de perseguirse una asimilación con otra figura prevista en el ordenamiento jurídico, correspondería hacerlo, en principio, con la del juez o, a los fines remuneratorios, con la del conjuez, habida cuenta del carácter transitorio con que tanto éste como aquéllos ejercen la función materialmente jurisdiccional. En el caso, el criterio seguido por la cámara conduce a la aplicación de una ley extraña a la índole de las funciones desempeñadas, en desmedro de los intereses patrimoniales de la recurrente y de los objetivos perseguidos por el legislador al reglar el proceso arbitral en nuestro ordenamiento jurídico.

  23. ) Que no resulta óbice para ello lo dispuesto en el art.

    18 de la ley de honorarios al señalar que "en los procesos arbitrales..., se aplicarán los artículos precedentes y los siguientes, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de dichos procesos". Es evidente que esta directiva debe ser interpretada sin olvidar el ámbito de aplicación que se establece en el art. 1° de la ley 21.839, de modo tal que aunque ella pueda ser considerada aplicable a los honorarios profesionales de quienes intervienen en tales procesos en calidad de abogados o procuradores de las partes, resulta extraña respecto de quienes -más allá del título profesional

    R. 298. XXIII. R., J.C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario Corte Suprema de Justicia de la Naciónque ostenten- se desempeñan en la función de árbitro (Fallos: 320:2379, disidencia parcial del juez B., considerando 18°).

  24. ) Que la asimilación con la figura del conjuez es la regla general, en tanto las partes no hayan pactado los criterios para determinar la remuneración del árbitro y siempre que en el caso concreto no existan circunstancias excepcionales relativas a la particular misión encomendada que obliguen a seguir un razonamiento diferente. Considérese que se trata de un arbitraje que las partes han sometido a las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cláusula de solución de controversias, fs. 124 v. y fs. 135), el cual, por lo demás, ha omitido la regulación del punto.

  25. ) Que el sub judice presenta, sin embargo, características excepcionales.

    En efecto, fue designado como árbitro único un profesional que, indudablemente, puso sus cualidades técnicas al servicio del cumplimiento del mandato recibido de las partes. En efecto, el sub lite versaba sobre la determinación del crédito de la actora en concepto de honorarios profesionales por tareas de consultoría (estudio de la factibilidad técnico-económica de la construcción de un puerto fluvial, realización de la ingeniería de detalle y dirección de obra en ciertas etapas), lo cual exigía un calificado profesional en ingeniería. Por lo demás, el árbitro puso sus oficinas e infraestructura al servicio de la mayor eficiencia en la solución del conflicto y apreció críticamente los dictámenes periciales producidos, según su específica formación profesional. En este supuesto la tarea enco-

    mendada agrega a la naturaleza jurisdiccional de la misión del árbitro, los aportes de una ciencia en la cual el sujeto elegido es especialmente versado.