Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Abril de 1999, H. 106. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

H. 106. XXXIV.

ORIGINARIO

H.S.A. de Construcciones c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ordinario.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Huayqui S.A. de Construcciones promueve la presente demanda ordinaria contra la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de obtener que se declare la inexistencia del decreto del Gobernador de la Provincia N° 1942 del 25 de septiembre de 1998, por carecer de toda validez jurídica.

- II - La actora indica que, por Resolución de la Dirección General de Rentas de la Provincia demandada N° 115/97, se determinó de oficio la deuda que ella tendría con el Fisco provincial, por haber omitido el pago del Impuesto de Sellos nacional respecto del Contrato de Locación de Obra quecelebró, el 26 de julio de 1989, con el ex-Territorio Nacional de Tierra del Fuego, para la construcción de un edificio destinado a un hotel cinco estrellas en el camino al G.L.E.M. de la ciudad de Ushuaia, como así también, por la renegociación del referido contrato efectuada el 27 de noviembre de 1991.

Manifiesta, asimismo, que dicha resolución, que fue recurrida por la accionante, resultó confirmada, primero por la Dirección General de Rentas mediante Resolución N° 196/97 y, luego, por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia por Resolución N° 1834/97. El cuestionamiento de este último acto administrativo, trajo aparejada la sanción del decreto provincial N° 1942/98 -cuya inexistencia aquí se solicita- por medio del cual se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por H.S.A. de Construcciones (v.fs.13).

Sostiene que la provincia demandada, al intimarla a que pague el impuesto de sellos señalado, intenta ejercer el poder de recaudar impuestos nacionales fundándose en la delegación de facultades que le habría otorgado el Estado Nacional por

medio de un Convenio firmado entre la Nación -representada por el Patrimonio desafectado del ex-Territorio Nacional de Tierra del Fuego y la Provincia de Tierra del Fuego, lo cual, a su entender, resulta improcedente, puesto que viola los artículos 31, 75 (incs.2 y 3), 99 (inc. 10) y 100 (inc.7) de la Constitución Nacional, toda vez que dicha facultad sólo puede ser otorgada por ley del Congreso de la Nación.

Agrega que dicho Convenio no constituye una mera delegación de competencias administrativas, sino una ilegítima delegación de un poder nacional en una provincia, puesto que implica el ejercicio de todas las atribuciones necesarias para lograr la recaudación de los tributos nacionales, incluyendo la determinación, percepción, fiscalización, aplicación de sanciones y cobro judicial de los gravámenes. Es decir, por medio del acuerdo citado, la provincia sustituiría a la Nación, lo cual -según dice- no tiene fundamento alguno en el sistema normativo de la República.

En consecuencia, afirma que el decreto impugnado resulta inexistente, pues no es una norma jurídica sino una mera apariencia de norma jurídica, al no haber sido dictado sobre la base de las competencias estatuidas en la Constitución Nacional.

Concluye, en definitiva, que la norma en cuestión quiebra el sistema federal de reparto de facultades entre la Nación y las provincias, puesto que, por vía de convenio, se ha dispuesto en materia de impuestos nacionales co-participables, alterándose competencias y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional (arts. 31 y 75 de la Ley Fundamental).

Por último, solicita que se cite como tercero interesado al Estado Nacional (v. fs.44).

En este contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 44 vuelta.

- II -

H. 106. XXXIV.

ORIGINARIO

H.S.A. de Construcciones c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ordinario.

Procuración General de la Nación A mi modo de ver, el presente proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

En efecto, de los términos de la demanda se desprende que la pretensión fiscal de la provincia demandada suscita una cuestión de manifiesto contenido federal, toda vez que ella se sustenta en un decreto provincial cuya validez ha sido puesta en tela de juicio por la actora por ser presuntamente contrario a disposiciones contenidas en la Constitución Nacional (confr. doctrina de Fallos:

211:1162; 303:1418; 311:810 y sentencia in re C.3.L.XXXI.

Originario "C. y P., R. c/Córdoba, provincia de s/amparo@, del 24 de febrero de 1998, entre otros).

Asimismo, cabe hacer notar que este proceso se encuentra entre los especialmente regidos por la Ley Fundamental a los que alude el artículo 2°, inciso 1° de la ley 48, pues en él se debate un tema vinculado a la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el Gobierno Federal, que la Constitución confiere al Gobierno Nacional (Fallos:

308:610; 310:877; 311:919; 313:127; 314:1076; 315:1479 y 2544; entre otros).

En consecuencia, siendo demandada una provincia en una causa federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad del actor (Fallos: 1:485; 115:167; 97:177; 122:244 y recientemente 310:697; 311:810, 1812, 2104 y 2154; 313:98 y 127; 314:862; 317:742 y 746; 318:30), el juicio debe tramitar ante los estrados del Tribunal.

Por otra parte, de acceder V.E. a la citación del Estado Nacional como tercero interesado, opino que la única forma de conciliar lo preceptuado por el artículo 117 de la Constitución Nacional respecto de la provincia demandada, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación -o a una entidad nacionalal fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Fundamental, es

sustanciando la acción en esta instancia (doctrina de Fallos:

305:441; 308:2054; 311:489 y 2725; 312:389 y 1875; 313:98 y 551 y sentencia in re S.294.XXXIII. Originario "Santa Cruz, Provincia de c/Estado Nacional s/inconstitucionalidad", del 25 de noviembre de 1997).

Por lo tanto, opino que la presente demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Buenos Aires, 30 de abril de 1999.

M.G.R.