Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Abril de 1999, T. 139. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

T., NORMA DEL VALLE Y OTROS S/ P.SS.AA. DE CONTRABANDO.

S.C. T.139.XXXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

I De la lectura de las presentes actuaciones, aprecio que tanto las circunstancias fácticas como las cuestiones traídas a conocimiento de V.E. guardan sustancial analogía con las existentes e invocadas en la causa S. 574, XXXIII in re "S., R.M. y otros s/contrabando", en la que V.E. se pronunció, el 12 de noviembre pasado, de conformidad con lo dictaminado por esta Procuración General.

En efecto, en dicha ocasión la Corte (considerando 51) se refirió a los dos aspectos por los que se agravia la recurrente, es decir, lo atinente a las atribuciones judiciales y administrativas para entender sobre el hecho punible y la situación jurídica de las mercaderías objeto del delito (arts. 439, 876 y 1026 y concordantes del Código Aduanero -ley 22.415-) y lo vinculado con las previsiones legales sobre el destinatario de los recursos provenientes de la subasta de esos bienes (leyes 23.853 y 23.993).

En cuanto a esta última cuestión, corresponde advertir que en el sub judice, al igual que en el citado precedente (vid considerandos 60 y 71), el secuestro en la ciudad de Córdoba de la mercadería objeto de la investigación, practicado por la División Toxicomanías de la policía de dicha provincia en razón de una denuncia anónima, no encuadra en los supuestos que prescribe el artículo 15 bis, de la ley 23.993, motivo por

el cual resulta aplicable la doctrina sentada en Fallos:

316:1862, invocada por el tribunal a quo.

II Sin embargo, respecto de la eventual aplicación de las penas accesorias previstas en el artículo 876, apartado 1, incisos a, c, f y g, del Código Aduanero), opino que cabe remitirse a los fundamentos vertidos por el suscripto al dictaminar, el 29 de mayo de 1998, en la citada causa "S., R.M. y otros s/contrabando" y a lo resuelto en igual sentido por V.E. (considerandos 81, 90 y 101) que, en lo pertinente, doy por reproducidos en beneficio de la brevedad.

En esas condiciones, opino que asiste razón a la recurrente al reclamar la intervención de la Administración Nacional de Aduanas, pues al carecer el fallo, en este último aspecto, de sustento alguno en las normas federales aplicables, corresponde su descalificación como acto judicial válido.

III En consecuencia, con el alcance indicado en el apartado II que antecede, soy de la opinión que V.E. debe revocar la sentencia apelada y ordenar que se dicte, por quien corresponda, un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 22 de abril de 1999.

N.E.B.