Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31 de Marzo de 1999, A. 113. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

A. 113. XXXIV.

R.O.

Autolatina Arg. S.A. (TF 14348-I) c/ D.G.I.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1999.

Vistos los autos: "Autolatina Arg. S.A. (TF 14348-I) c/ D.G.I.".

Considerando:

  1. ) Que el organismo recaudador, en virtud de la doctrina establecida por esta Corte en los pronunciamientos dictados el 27 de diciembre de 1996 en las causas:

    "Autolatina S.A." (Fallos: 319:3208), S.251.XXXII "Scania" y S.252. XXXII "S.", desistió de la pretensión fiscal y se allanó al recurso que la actora había planteado ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Solicitó que las costas fuesen distribuidas en el orden causado (confr. fs.

    1774/1775 y 1804/ 1805), petición que no fue aceptada por su contraparte. El mencionado organismo jurisdiccional admitió aquel sometimiento, pero condenó a la Dirección General Impositiva al pago de las costas. Si bien el voto mayoritario consideró que existían razones que conducirían a distribuir esa carga del modo solicitado por el ente recaudador, decidió como lo hizo ante la imposibilidad de obviar lo dispuesto por el art. 166 in fine de la ley 11.683 (t.o. en 1978),que, según la modificación introducida por el decreto 1684/93, "no admite excepciones a la imposición de costas a la parte vencida" (fs. 1817 vta.).

  2. ) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la condena en costas y, a su vez, impuso también al Fisco Nacional las irrogadas en esa instancia. Tuvo en cuenta para ello precedentes de esa alzada en los que se destacó que no cabía apartarse de lo establecido en la mencionada disposición que

    el decreto 1684/93 introdujo en la ley 11.683; que los fallos de esta Corte que motivaron el allanamiento no configuraron un cambio de jurisprudencia ya que fueron los primeros pronunciamientos del Tribunal sobre la cuestión debatida, y que en ellos las costas no fueron impuestas por su orden sino que se aplicó el principio objetivo de la derrota.

  3. ) Que contra lo así resuelto la Dirección General Impositiva planteó el recurso ordinario de apelación, que fue concedido, y que resulta formalmente procedente puesto que la Nación es parte en el pleito, y el cálculo estimativo oportunamente efectuado al deducir la apelación (confr. fs.

    1875/1875 vta.), en términos circunstanciados y concretos, permite inferir que el valor económico en disputa supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 1892/1897 vta. y su contestación a fs. 1903/1905 vta.

  4. ) Que la apelante no cuestiona la validez de la modificación que el decreto 1684/93 introdujo en el art. 166 de la ley 11.683 (t.o. en 1978). Sin embargo, aduce que a esa norma debe asignársele un sentido que resulte coherente con el sistema jurídico en su conjunto. Desde tal enfoque, sostiene que la cuestión de fondo revestía una indudable complejidad, que sólo resultó despejada cuando esta Corte resolvió los precedentes que motivaron el desistimiento de la pretensión fiscal y que su parte actuó con lealtad procesal al allanarse oportuna e incondicionalmente al recurso de la actora. Por ello entiende que concurren razones que hacen aplicables las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que autorizan a eximir el pago de las costas (arts.

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    Autolatina Arg. S.A. (TF 14348-I) c/ D.G.I.

    68, 70 y 73).

  5. ) Que cabe poner de relieve en primer lugar que los precedentes que invoca el apelante para desistir de la pretensión fiscal no constituyen un cambio de jurisprudencia ya que, como acertadamente lo señaló el a quo, son los primeros casos que resolvió la Corte respecto de la materia debatida. En orden a ello debe advertirse que el Fisco Nacional no mencionó ningún pronunciamiento anterior del Tribunal que ante una situación análoga hubiera establecido un criterio distinto del sentado en los fallos aludidos, tal como es exigible para que proceda eximir de costas a la parte que desiste, en los términos del art. 73, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (confr. Fallos: 312: 314).

  6. ) Que, por otra parte, esta Corte ha establecido reiteradamente que la exención de costas fundada en desistimientos formulados con el propósito de acatar jurisprudencia requiere que el fallo invocado haya sido resuelto sin costas (Fallos: 216:543; 229:573; 247:26; 253:49, entre otros). Este requisito no se cumple en la especie ya que en los pronunciamientos del 27 de diciembre de 1996 el Fisco Nacional fue condenado a satisfacerlas.

  7. ) Que tampoco puede dejar de considerarse la circunstancia de que el organismo recaudador, al emitir el acto administrativo que determinó la obligación tributaria de la empresa y le aplicó una multa, colocó a ésta en la necesidad de iniciar la presente causa a fin de hacer valer

    sus derechos.

  8. ) Que surge de lo expresado que en el sub lite no concurre ninguna de las razones que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para eximir de costas a la parte que desiste o se allana. En tales condiciones resulta inoficiosa la consideración de la incidencia que pudiera tener en el sub lite la modificación que el decreto 1684/93 introdujo en el art. 166 de la ley 11.683 (t.o. en 1978) ya que es evidente que esa norma no podría mejorar el derecho sostenido por el ente fiscal.

    Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas de esta instancia también a la parte vencida. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) - G.A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..

    DISI

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    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 4° inclusive, del voto de la mayoría.

  9. ) Que si bien en las causas: "Autolatina S.A." (Fallos: 319:3208), S.251.XXXII "Scania Argentina S.A. (TF 12438-I) s/ res. apel. de la D.G.I." y S.252.XXXII "Sevel Argentina S.A. (TF 12399-I) s/ resolución apelación de la D.G.I.", falladas el 27 de diciembre de 1996, las costas fueron impuestas al Fisco Nacional en su carácter de vencido, no cabe extraer de tal circunstancia la conclusión de que la interpretación de las normas en juego no ofreciese dificultad ni que el organismo recaudador no hubiese podido razonablemente entender que le asistía derecho a determinar las obligaciones tributarias de las empresas automotrices del modo como lo hizo en los actos administrativos cuya impugnación dio origen a los mencionados pleitos. En efecto, por una parte, debe tenerse presente que en esas causas la condena en costas que dispuso la Corte sólo comprendió a las irrogadas en la tercera instancia, tal como se señaló expresamente en los dos juicios citados en último término, en los pronunciamientos emitidos el 1° de abril de 1997 a raíz de los pedidos de aclaratoria formulados. Respecto de las originadas en las instancias inferiores no se modificó lo establecido por las salas intervinientes, cuyas decisiones sobre el punto no fueron uniformes. Por otro lado, corresponde poner de relieve según resulta de la sentencia dictada en el precedente "Autolatina", a la que se hizo remisión en los otros

    dos casos- que en el memorial presentado en esa tercera instancia el representante del Fisco Nacional, además de defender la posición que ese organismo venía sosteniendo en la causa respecto de los alcances del art. 6° de la ley 20.631, incluyó extensos argumentos manifiestamente inatendibles ya que importaban la introducción, a esa altura del proceso, de cuestiones que no habían sido planteadas ante el Tribunal Fiscal ni ante la cámara y que, por lo demás, contradecían elementos de juicio que habían sido tenidos en cuenta en el acto de determinación del tributo, a la par que planteó objeciones sobre cuestiones de hecho en oposición a las conclusiones que surgían claramente del material probatorio obrante en el expediente (confr. considerandos 5° -dos primeros párrafos-, 6°, 7° y 8°). Obviamente, tales planteos originaron tareas profesionales de la contraparte que debió responderlos. Esa circunstancia no podía ser ignorada por el Tribunal al pronunciarse sobre las costas, máxime habida cuenta de que -como se señaló- sólo le correspondía expedirse acerca de las originadas en esa última instancia.

  10. ) Que, sentado lo que antecede, cabe afirmar que la cuestión jurídica suscitada entre el organismo recaudador y las empresas del sector automotriz respecto de la determinación del impuesto al valor agregado por períodos anteriores a la ley 23.765 -así como la controversia planteada en torno de la liquidación de impuestos internos, rubro "vehículos, automotores y motores", que remite a un problema interpretativo de similar naturaleza-, reviste una indudable complejidad, que justifica la actuación que le cupo al organismo recaudador ya que éste pudo creer razonablemente que le

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    Autolatina Arg. S.A. (TF 14348-I) c/ D.G.I. asistía mejor derecho como para llevar adelante los procedimientos de determinación de oficio del modo como lo hizo. En orden a ello, debe ponderarse que la Dirección General Impositiva obtuvo decisiones favorables a su criterio en el Tribunal Fiscal de la Nación, y que inclusive los precedentes de esta Corte antes mencionados contaron con votos en disidencia de los jueces F. y P., coincidentes con la tesis sostenida por el organismo estatal.

  11. ) Que si bien es verdad que la exención de costas por desistimientos oportunamente formulados con el propósito de acatar jurisprudencia del Tribunal es procedente cuando el fallo invocado fue a su vez resuelto sin imposición de costas (Fallos: 241:374; 253:49), y que en cambio tal dispensa es inadmisible cuando el precedente las impuso al vencido (Fallos: 230:175; 241:380), las circunstancias mencionadas en los anteriores considerandos llevan en el sub examine a hacer excepción al indicado criterio ya que -como ha sido expuesto- el problema jurídico suscitado, si es examinado con abstracción de las particularidades procesales del precedente "Autolatina", es de aquellos que, por su compleja naturaleza, autorizan a que las costas sean distribuidas por su orden de acuerdo con lo establecido por el art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  12. ) Que la facultad que esa norma otorga a los jueces es aplicable en casos como el de autos ya que, de otro modo, la plausible intención de la parte litigante que quisiera someterse a la pretensión de su contraria, aceptando

    la jurisprudencia fijada por la Corte en una causa análoga con posterioridad a la iniciación del pleito -con lo que se evita el inútil dispendio jurisdiccional que supone su prolongación en esas circunstancias, y la innecesaria postergación del reconocimiento del derecho de la contraparte- podría resultar frustrada en la práctica por cavilaciones en torno de si concurren estrictamente los requisitos establecidos en los arts. 70 ó 73 del código de rito.

  13. ) Que la norma que el decreto 1684/93 introdujo en el art. 166 de la ley 11.683 (t.o. en 1978) al sustituir su último párrafo -modificación cuya validez, se reitera, no ha sido puesta en tela de juicio- no obsta a que las costas sean distribuidas por su orden en la presente causa. En efecto, el artículo en el que fue insertada esa reforma regula lo atinente a las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación. Surge inequívocamente de su texto que se refiere a la sentencia que se pronuncia sobre el aspecto sustancial de las pretensiones y defensas esgrimidas por las partes litigantes y que constituye el modo normal de terminación del proceso.

    La conclusión de los procesos por un modo anormal, a raíz de allanamientos o desistimientos, está contemplada por el art. 146 del citado cuerpo legal (t.o. en 1978) y al respecto nada se establece acerca de las costas. Al ser ello así, tales supuestos se encuentran regidos por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuya aplicación supletoria en los procesos sustanciados ante el Tribunal Fiscal prevé el art. 179 de la ley 11.683 (t.o. en 1978).

    10) Que sin perjuicio de lo expresado es pertinente señalar que inclusive durante la vigencia de un ordena

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    Autolatina Arg. S.A. (TF 14348-I) c/ D.G.I. miento de la ley 11.683 anterior a la creación del Tribunal Fiscal que disponía -al referirse a los procedimientos judiciales- que las costas serían impuestas a la parte vencida, sin contemplar excepción alguna (art.

    48), esta Corte en los casos en que entendió que correspondía eximir su pago, así lo dispuso, señalando que esa norma no era óbice para ello (Fallos: 209:129; 210:562 y 232:246).

    Por ello, se revoca la sentencia apelada y se imponen por su orden las costas de todas las instancias.

    N. y devuélvase. A.B..