Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Marzo de 1999, P. 417. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

P. 417. XXIII.

ORIGINARIO

P., M.E. y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1999.

Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que a fs. 409/410 la Provincia de S.L. solicita la "efectiva aplicación de la ley provincial n° 5071..." en virtud de la cual ha dispuesto "suspender expresamente todos los juicios de ejecución de sentencia contra el Estado provincial y por otra parte en el artículo 4° declara inembargables todos los bienes, créditos y recursos de la Provincia". Expone asimismo que, de conformidad con lo previsto en el art. 2° de esa legislación, los acreedores deben observar el mecanismo concreto previsto en la ley a fin de lograr la percepción de sus créditos, cual es "presentar una liquidación, con la respectiva resolución judicial que la aprueba y notificarla al Gobernador de la Provincia, al Ministerio de Hacienda y a esta Fiscalía de Estado, a fin de que se presupueste en el período contable inmediatamente posterior" (ver fs.

    409/409 vta.).

    Sostiene que la ley invocada "tiene su correlato con lo dispuesto por el Capítulo VII de la ley (nacional) 23.696 -de la situación de emergencia en las obligaciones exigibles, art. 50 al 56-, en donde se suspende por dos años las ejecuciones de sentencias y laudos arbitrales". Al efecto alega que la ley local "también suspende las ejecuciones de sentencia, pero no por un plazo de dos años, sino al solo efecto de que siguiendo el mecanismo establecido por la misma, permita presupuestarse para el período contable siguien-

    - te y que de ese modo no se alteren las finanzas públi- , previsionando para evitar situaciones de emergencia" . 409 vta., párrafo cuarto).

    Por su parte a fs. 411/414 la contraria solicita se rechace el incidente por los diversos fundamentos que í expresa.

  2. ) Que la pretensión sometida a consideración de a Corte ha sido resuelta en reiteradas oportunidades y ha enido un resultado adverso. Así ha elaborado una serie de clusiones que se encuentran adecuadamente sintetizadas en los: 188:383. Allí sostuvo: "a) que las provincias en su ácter de personas jurídicas pueden ser demandadas y ejecuas en sus bienes por las obligaciones que contraigan, de erdo al artículo 42 del Código Civil; b) que siendo persode existencia necesaria no pueden por vía de embargo ser vadas de las rentas o recursos indispensables a su vida y arrollo normal; c) que no existiendo un precepto legal que tinga las rentas o recursos necesarios de los que no lo a tal fin, corresponde a los jueces hacer esa distinción cada caso que se presente, a los efectos de que las denaciones de la justicia en que hubieran caído las idades provinciales, tengan el efecto compulsivo que stra legislación positiva les da; d) que cualesquiera que n las disposiciones que contengan las leyes locales dientes a substraer de la acción de los acreedores los nes, recursos y rentas del Estado contrariando los deres y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser idamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y

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    P., M.E. y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional" (confr., asimismo, Fallos: 61:19; 113:158; 119:117; 121:250; 133:161; 171:431; 172:11; 176:230; 182:498; 198:458; 275:254; 284:458; causa F.578.XIX "Frutícola Búfalo S.A.A.C. I.F.I. c/ Río Negro, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 29 de septiembre de 1987; 311:1795; 318: 2660; y causa N.127.XXII "Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ cobro de pesos -regalíasdecretos 631-451", 15 de diciembre de 1998; entre muchos otros).

    Como lo ha sostenido este Tribunal en el precedente de Fallos: 171:431 citado, en épocas en que examinó la constitucionalidad de una ley dictada por la Provincia de Buenos Aires el 17 de noviembre de 1908, una solución distinta traería aparejado que el derecho del acreedor particular no tuviese "más eficacia que la que voluntaria y espontáneamente quiera acordarle el Gobierno deudor, si se considera que todas las rentas efectivas y posibles, presentes y futuras, pueden tener su afectación en la ley de presupuesto y en las leyes especiales que a menudo se dictan...Así, en la práctica, comportaría la anulación del derecho que acuerda el art. 42" (Fallos:

    137:169; 171:9, 431).

  3. ) Que igualmente inconducente es la pretensión de que el acreedor deba someterse al nuevo procedimiento local para lograr la previsión legislativa correspondiente.

    Debe destacarse que admitir esa posición, esgrimida por el Estado provincial, importaría asentir que por medio de disposi

    - ciones provinciales se afectase la distribución de comencias establecidas en la Constitución Nacional, lo que ulta inaceptable (conf. causa F.578.XIX ya citada; Fallos:

    :1795, considerando 5°). En efecto, el ejercicio de esta isdicción constitucional, exclusiva y excluyente, no puede limitada ni restringida por normas provinciales sin sgo de verse seriamente afectada y son las razones suiores que inspiran su existencia como la necesidad de prevar el equilibrio del sistema federal las que impiden la icación de normas como la invocada. La fijación de un líe, aun temporal, que afecte la ejecución, queda abarcada el principio más general ya tantas veces referido de que medio de la legislación ordinaria no puede obstaculizarse a jurisdicción constitucional establecida al amparo de lquier sospecha o parcialidad.

    Los estados federales no sufren menoscabo alguno de autonomía al comparecer ante este Tribunal, por cuanto no hay en la práctica de la Constitución y las leyes que así disponen en salvaguardia del sistema armónico de las tituciones. La igualdad de las personas del derecho detera que los estados provinciales se encuentren sujetos a la ural coerción que emana de los fallos judiciales y que dehacerse efectiva por la fuerza que ampara las decisiones la justicia (Fallos: 121:250).

  4. ) Que, por lo demás, en el caso la Provincia de L. no ha demostrado que la atribución de los fondos de que debería disponer para dar cumplimiento a la sentencia tada a fs. 382/396 le resulten indispensables para su

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    P., M.E. y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. vida y normal desarrollo, pues, a ese fin, no es suficiente efectuar afirmaciones genéricas (Fallos: 311:1795; 318:2660). Por otro lado, no se advierte justificación alguna para convalidar la exigencia de que el acreedor se ajuste a un procedimiento local y especial distinto al previsto para la ejecución de las sentencias en las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación aplicable ante esta Corte.

    Tampoco concurren en el sub lite las excepcionales circunstancias que en determinados precedentes han justificado que este Tribunal adoptase una solución diversa (Fallos: 176:230; 182:498; 198:458).

  5. ) Que es preciso señalar que no resultan de aplicación en el caso, ni el precedente al que se hace referencia a fs. 409 vta. último párrafo, ni el publicado en Fallos: 313:1638.

    En cuanto al primero, baste resaltar que se trataba de un caso que se subsumía en las específicas previsiones contenidas en la ley nacional de consolidación de deuda pública 23.982, a la que la Provincia de Buenos Aires se adhirió por medio de la ley 11.192 de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la primera ley citada.

    Su invocación en el sub examine es inconducente a poco que se repare que la interesada no ha fundado su postura en ley de consolidación alguna.

    En cuanto al segundo, si bien por su dictado el

    - Tribunal rechazó un planteo de inconstitucionalidad reivo a una ley de la Provincia de La Rioja que suspendía la cución de las sentencias, ello fue así sobre la base de lo puesto por la ley nacional 23.696, a la que el Estado vincial se había adherido de conformidad con la previsión tenida en sus arts. 50 y 68, mas ese régimen legal no de ser aplicado en el sub examine sin exceder los límites porales allí previstos.

    En efecto, tal como expresamente lo dispone el art. referido, la suspensión de la ejecución de las sentencias rcaba sólo un plazo de dos años, el que nacía a partir de vigencia de esa ley. Mal puede la Provincia de San Luis tender justificar la aplicación en el sub lite de la ley 1, a nueve años de dictada la norma nacional en la que tende sustentarse. Se encuentra ampliamente vencido el zo que le hubiese permitido actuar como lo intenta.

  6. ) Que, por lo demás, es preciso señalar que la vincia ya ha ejercido en su momento la facultad legal que confería la norma nacional, y por tiempo limitado; extremo le impide ejercerla actualmente, en la instancia oriaria de esta Corte, con sustento en la ley 23.696. En eto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1° de la provincial 4847 -promulgada el 3 de noviembre de 1989 y licada en el Boletín Oficial del Estado local el 10 de nombre del mismo año-, la condenada dispuso adherir y adop- "la Ley Nacional N° 23.696 de Emergencia Administrativa y Ley N° 23.697 de Emergencia Económica en todo lo que

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    P., M.E. y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. fuera de su competencia y aplicación en el territorio de la Provincia...", y determinó que "...Este estado de emergencia no podrá exceder un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Provincial podrá prorrogarlo por una sola vez y por igual término" (su art. 1°).

    Por ello y oído el señor Procurador General se resuelve: I.- Desestimar el planteo formulado a fs. 409/410. Con costas (arts. 68 y 69, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); II.- Aprobar, en cuanto hubiere lugar por derecho, la liquidación de fs. 403. N.. JULIO S.

    NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A.

    BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.