Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de Marzo de 1999, C. 532. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 532. XXXIV.

    C., L.E. s/ querella por defraudación.

    Buenos Aires, 9 de marzo de 1999.

    Vistos los autos: "C., L.E. s/ querella por defraudación".

    Considerando:

    1. ) Que contra el pronunciamiento del Tribunal de Superintendencia del Notariado que mantuvo la suspensión preventiva impuesta a la escribana A.M.F. de U., la referida notaria interpuso el recurso extraordinario federal que fue concedido (fs. 104). En este sentido, el a quo expresó que la medida precautoria decretada, de prolongarse excesivamente, podría constituir un agravio federal suficiente, por guardar relación directa e inmediata con derechos y garantías amparados en los arts.

      14 bis y 18 de la Constitución Nacional, resultando equiparable a una sentencia definitiva al impedir a la sumariada el ejercicio de su profesión (fs. 104).

      La medida precautoria se había fundado en el art.

    2. , inc. c, de la ley 12.990, en cuanto dispone que "No pueden ejercer funciones notariales...c) los encausados por cualquier delito, desde que se hubiera decretado la prisión preventiva y mientras ésta dure, siempre que no fuera motivada por hechos involuntarios o culposos;...".

    3. ) Que la apelante no cuestionó la constitucionalidad del precepto citado sino la excesiva duración de la medida, que se traducía en un sustancial desconocimiento de su derecho a trabajar, garantizado en el art. 14 de la Constitución Nacional. Expresó que, al quedar firme la prisión pre-

      ventiva que le fue decretada en sede criminal, el Colegio de Escribanos dispuso su suspensión preventiva con fecha 6 de marzo de 1996, medida que se ha transformado -por la prolongación de la causa penal- en una verdadera condena, por causarle un perjuicio económico irreparable al impedirle el ejercicio de su profesión como titular de un registro notarial, y encontrársele vedado -por la incompatibilidad a que se encuentra sujeta- toda otra actividad profesional o comercial.

    4. ) Que los agravios del apelante resultan eficaces para la apertura del recurso en los términos de su concesión, toda vez que el pronunciamiento cautelar resulta equiparable a sentencia definitiva, al tener como efecto el impedir a la apelante el ejercicio de su profesión (confr. doctrina sentada en Fallos: 316:942, considerando 6° del voto de la mayoría; 319:183).

    5. ) Que esta Corte ha establecido que no resulta irrazonable, como principio general, la facultad otorgada por la ley 12.990 al organismo de control de la actividad de los escribanos para suspender preventivamente a éstos en tanto se sustancie el proceso penal, siempre que no se advierta, por su excesiva duración, el desconocimiento sustancial de un derecho constitucional (Fallos: 318:259).

    6. ) Que esta Corte, en oportunidad de examinar un caso análogo en el ámbito de sus facultades de superintendencia, expresó que "...si, como en el caso, en virtud de la instrucción de un proceso penal que lleva cuatro años de duración y no se advierte la posibilidad de pronta resolución,

  2. 532. XXXIV.

    C., L.E. s/ querella por defraudación. se ha impuesto una suspensión como medida precautoria, existe una restricción al derecho de trabajar" (Fallos:

    314: 187). Además, es doctrina de este Tribunal que la existencia de una dilación indefinida ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa y produce una privación de justicia (Fallos: 287:248, y sus citas; 314:187; y 318:259, ya citado).

    1. ) Que, más específicamente, con relación a la suspensión preventiva de escribanos públicos, el Tribunal descalificó la medida al observar que la causa penal llevaba "más de tres años de trámite desde que quedó firme la prisión preventiva y que la sentencia definitiva sólo será dictada una vez transcurrido un lapso de considerable duración, como el que demandará el cumplimiento de las etapas pendientes (conf. Fallos: 319:183), destacándose en otra oportunidad que la restricción al derecho de trabajar por más de tres años carece de proporcionalidad y excede la función de salvaguardar los valores que tiende a proteger (confr. causa J.33.XXXIII, "Juzgado en lo Criminal de Instrucción n° 24, S.. 131 s/ comunica en causa N° 55.734 por el delito de defraudación contra los escribanos J.R.G. y E.M.G.", sentencia del 23 de febrero de 1999).

    2. ) Que idéntica conclusión se impone en la presente causa, donde la suspensión fue decretada el 6 de marzo de 1996 y la causa penal en trámite dista de tener una pronta definición, habida cuenta de que, al 27 de mayo de 1998 aún no se había llamado autos para sentencia (fs.

      82), circuns

      tancia que hace previsible la prolongación de esas actuaciones en términos incompatibles con el mantenimiento de la medida precautoria.

    3. ) Que, en las condiciones reseñadas, la prolongada duración de la causa penal sin que se haya resuelto definitivamente la situación de la recurrente genera un agravio directo e inmediato a las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, por lo cual la inhabilitación preventiva de la escribana es actualmente irrazonable y, en consecuencia, debe ser dejada sin efecto (confr. Fallos: 319:

      183, antes citado).

      Por ello, se declara formalmente admisible el recurso interpuesto, se revoca el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia, se deja sin efecto la inhabilitación preventiva dictada respecto de la escribana A.M.F. de U.. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - A.B. -G.A.F.L. -A.R.V..

      DISI

  3. 532. XXXIV.

    C., L.E. s/ querella por defraudación.

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

    Que el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (Fallos: 318:

    259; 319:183, disidencias del juez B..

    Por ello, se declara mal concedido el recurso extraordinario. H. saber y devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.