Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Febrero de 1999, R. 108. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

RENIN, MIGUELINA DEL CARMEN C/ ANSES.

S.C. R.108.XXXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

La titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N1 2 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, hizo lugar a la acción de amparo por mora de la Administración iniciada por la actora contra la Delegación de la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.Se.S.), sito en esa ciudad, en los términos del art. 28 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos, y ordenó que en el plazo de diez días hábiles se le otorgue la vista del expediente administrativo que contiene las diligencias del trámite de pensión que iniciara oportunamente, y que se hallaba archivado en una dependencia de ese organismo en la Capital Federal (v. fs. 28 de los autos principales).

Apelado el decisorio por la demandada, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió declarar la incompetencia del Juzgado interviniente, con fundamento en que, por un lado, era de aplicación al caso el artículo 26, inciso e) de la ley 24.463, modificatorio del artículo 39 bis del decreto-ley 1285/58, que dispone la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social en los pedidos de pronto despacho y, por otro, que el artículo 27 de la primera de las normas citadas, excluye la posibilidad de presentarse ante el juez federal del domicilio del interesado en las hipótesis de dicho inciso e), razones por las cuales resolvieron remitir las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social (v. fs. 40/42).

-II-

Contra este pronunciamiento, la actora planteó recurso extraordinario (fs. 44/55 vta.), el que al ser denegado (fs. 61/61 vta.) motivó la presente queja.

Sostiene, en lo substancial, que la sentencia apelada resulta arbitraria, violatoria del principio de defensa en juicio, de la inalterabilidad de los derechos adquiridos (arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19 28, 31 y 86, inc. 2 de la Constitución Nacional), e incurre en exceso ritual manifiesto, contrariando la doctrina establecida por la Corte Suprema en numerosos casos a partir de la causa "Colalillo" (Fallos: 238:550). Asimismo, se agravia de que el tribunal a quo se haya pronunciado sobre la competencia habiendo precluido las oportunidades procesales para su alegación por el litigante o para su declaración de oficio por el juez.

Además, aduce que, si bien los pronunciamientos que versan sobre conocimiento y distribución de causas son cuestiones de índole procesal, en el caso de autos se transforma en un supuesto de privación de justicia, teniendo en cuenta que lo único que pretende es obtener la vista del expediente previsional. Esta privación -a su entenderafectaría en forma directa el derecho de defensa en juicio y constituiría un verdadero agravio, atendiendo a las particulares circunstancias del caso y al tiempo transcurrido, por lo cual la Corte Suprema deberá decidir sobre el juez competente, conforme al artículo 24, inciso 71 del decreto-ley 1285/58.

También tacha de arbitraria la resolución denegatoria del recurso extraordinario en cuanto los jueces hacen hincapié en que no constituye un pronunciamiento definitivo.

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En tal sentido, sostiene que existe en autos cuestión federal que lo sustenta fundada en la violación de la garantía de defensa en juicio, puesto que al haber transcurrido seis años sin obtener una sentencia definitiva, tal situación se convierte en una privación de justicia, que -a su modo de ver- merece incluirse dentro de las excepciones a la regla de la definitividad.

Tras destacar que en materia previsional no corresponde tratar con rigorismo extremo los requisitos del artículo 14 de la ley 48 dado su sentido social y asistencial, aduce que en la interpretación que efectuó la Cámara de los artículos 26 y 27 de la ley 24.463 se omitió contemplar la modificación que sufrió dicha norma con la sanción de la ley 24.655, violando el principio de juez natural establecido por el art. 16 de la Constitución Nacional. Al respecto, indica que esta ley -que crea la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social y le otorga competencia para entender en las causas de amparo por mora del artículo 28 de la ley 19.549- si bien no atribuye competencia de la misma índole a los juzgados federales del interior del país, una interpretación armónica e integrativa de las normas en juego conduce a sostener que el legislador no ha tenido intención de sustraer de dicho conocimiento a estos últimos, en desmedro de principios de celeridad e inmediación que informan al derecho procesal.

-III-

Si bien no dejo de advertir, más allá de los inconvenientes que señala, que la pretensión última tenida en cuenta por la titular al incoar esta acción quedó satisfe

cha, pues como lo señala, pudo examinar, en definitiva, las constancias que conforman el expediente donde tramita su solicitud del beneficio (v. fs. 28 vta.), pienso que el recurso no puede prosperar.

Ello es así, pues es condición para la admisión de la apelación prevista en el artículo 14 de la ley 48, que ella se articule contra una sentencia definitiva, naturaleza sólo atribuible a aquellas decisiones que ponen fin de los pleitos, impiden su prosecución o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos:

303:802; 306:172, entre muchos otros).

Cierto es que esta última doctrina reconoce excepción cuando lo resuelto importa denegatoria del fuero federal, supuesto éste que no se configura en la especie.

En otro orden de ideas, tampoco cabe aceptar la afirmación del interesado referida a que el a quo desconoce su derecho de acceso a la vía judicial. En efecto, y en contra de lo que sostiene, debe observarse que los jueces resolvieron que era la Cámara Federal de la Seguridad Social la competente para conocer en autos, razón para la cual no cabe, entonces, tener por configurada en el sub lite la denegación de justicia alegada, desde que no se impide al interesado en forma alguna acudir a otro juez en demanda que se le restablezcan los derechos que sostiene desconocidos o menoscabados. A ello no obsta, a tenor de la doctrina de Fallos: 305:1597, Considerandos 31 y 51; 310:1061), su queja referida a las supuestas condiciones menos favorables para ejercer sus derechos en que se encontrarían los ciudadanos residentes en el interior del país por el hecho que el tribunal en el que deben litigar tenga su sede en la Capi

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tal.

Cabe, finalmente, señalar respecto de la tacha de arbitrariedad deducida, que ella no suple -según antigua y uniforme doctrina del Tribunal- la ausencia del antes mencionado requisito acerca de los alcances del pronunciamiento apelado.

Por lo expuesto, opino que corresponde desestimar la queja.

Buenos Aires, 26 de febrero de 1999.

N.E.B.