Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Febrero de 1999, C. 353. XXXIV

Actor:Cuomo Jeremias
Demandado:Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires
Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

CUOMO JEREMIAS C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO. SUMARI- SIMO.

S.C. C. 353. XXXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

A fs. 27/30, los actores, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, interpusieron acción de amparo contra el decreto N° 1433/97, dictado por el Jefe de Gobierno, por el cual se autorizó al Instituto de Educación Física N° 2 "Profesor Federico W. Dickens", dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno local, a utilizar y refuncionalizar predios e instalaciones que integran el Polideportivo Parque Chacabuco.

Sustentaron su posición en lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en el art. 43 de la Constitución Nacional, por cuanto habilitan la vía del amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la misma Constitución, un tratado o una ley.

Ello, en cuanto a través del decreto cuestionado, se autoriza una utilización especial del Polideportivo municipal, por lo que, a su entender, la comunidad verá seriamente restringido su derecho al uso libre y sin horarios del predio, de tal forma que, con esta medida, se beneficiará a un grupo limitado de usuarios, en perjuicio de la sociedad en general.

En este sentido, sostuvieron que el decreto mencionado contraría lo dispuesto por los arts. 32, 33, 63, 103 y

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto se establece la promoción de la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades (art. 33), se impone la obligación de contar con el acuerdo de la Legislatura en las concesiones y permisos por un plazo mayor de cinco (5) años (art. 104), y se prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 103). Asimismo, su artículo 63 exige la participación ciudadana para disponer la modificación del uso o dominio de bienes públicos.

Pusieron de manifiesto que, a su entender, no existe otro medio judicial más idóneo contra este acto, ya que la normativa constitucional suprimió la exigencia del agotamiento de la reclamación administrativa previa.

Solicitaron, por los argumentos expuestos, la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1433 y la prohibición de innovar tendiente a impedir su efectivización.

-II-

La señora jueza de primera instancia rechazó in limine -a fs. 31/32- la acción intentada, al entender que no surge la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto impugnado que habilite su procedencia, por lo cual la legitimidad del decreto, la viabilidad de su aplicación y su instrumentación, sólo pueden ser controvertidos en un proceso de conocimiento.

Respecto de la prohibición de innovar solicitada, consideró que en el caso no se acredita prima facie la verosimilitud del derecho invocado, ya que debería realizarse un análisis exhaustivo ajeno a la etapa cautelar, y, sobre tal base, la desestimó.

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-III-

Apelada que fue la decisión por la actora, a fs.

39/40, el fiscal actuante dictaminó que la vía judicial intentada era pertinente, toda vez que el rechazo del amparo, sin sustanciación, debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad.

-IV-

A fs. 42/44, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de la instancia anterior.

Consideraron sus integrantes, a tal efecto, que los amparistas pretenden, mediante el procedimiento establecido por la ley 16.986, discutir y discernir las potestades de la comuna o la legitimidad del acto administrativo impugnado y que, en este sentido, no se advierte en aquél vicios de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, de manera que no corresponde en esta vía, de carácter excepcional, la discusión de la validez de las leyes, ordenanzas o reglamentos.

Pusieron de resalto, asimismo, la subsidiariedad del instituto del amparo y destacaron su excepcionalidad al sostener que este remedio debe intentarse en la medida en que no existan otras vías legales aptas a fin de dar una respuesta eficaz a lo solicitado.

Por último, entendieron que la acción intentada es improcedente, ya que la cuestión requiere una mayor amplitud en el debate y la prueba, situación que se da en autos a tenor de la documentación aportada y los hechos narrados en la demanda.

-V-

Contra tal pronunciamiento, los amparistas interpusieron la apelación extraordinaria obrante a fs. 61/64 vta., que fue concedida a fs. 80.

Adujeron, en lo sustancial, que el fallo recurrido viola normas de la Constitución Nacional que garantizan el rápido acceso a un tribunal imparcial en defensa de derechos que la misma Ley Fundamental ampara: el art. 43, que autoriza una acción expedita y rápida y el art. 75, inciso 22, apartado 2°, que remite a tratados internacionales de rango constitucional que contienen similares garantías.

Señalaron que el decreto cuestionado es arbitrario, por violar la garantía de igualdad, e ilegal, por haberse dictado sin el Acuerdo de la Legislatura y que, en caso de no haber quedado así demostrado, nada obsta que se le dé a la acción intentada el trámite previsto por el art. 8 de la ley 16.986, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva sobre el fondo del problema.

-VI-

Como quedó expuesto a través del relato precedente, al confirmar el fallo del inferior el a quo rechazó "in limine" el presente amparo sobre la base de considerar que el acto impugnado -decreto N1 1433 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesno adolece de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" En tales condiciones, pienso que la decisión no se aparta de los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y, por ende, que la eventual determinación de su acierto o error conduciría, en definitiva, al análisis de cuestiones de hecho y prueba y de normas de derecho público local, propias de los jueces de la causa, que no suscitan, por princi

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pio, la apertura de la instancia excepcional del art. 14 de la ley 48 (conf. Fallos: 303:501, 779, 801 y 871, entre muchos otros).

A mi modo de ver, por aplicación de esta doctrina debe desestimarse el agravio dirigido contra el argumento de la sentencia relacionado con la necesidad de una mayor amplitud en el debate y prueba que se daría en autos "a tenor de la documentación aportada por el accionante y los hechos narrados en la demanda", que intenta controvertir la recurrente al sostener que esa necesidad "bien puede llevarse a cabo en el ámbito del art. 8 de la ley 16.986, en tanto lo que la citada ley llama <informe> se trata en los hechos de una verdadera contestación de la demanda (descargos y ofrecimientos de pruebas) y de <un informe relevante para resolver la litis>".

En efecto, pienso que el agravio en cuestión, además de traducir el reconocimiento de quien lo formula en cuanto a que subsiste la vigencia, en este aspecto, de la mencionada ley de amparo, pese a la reforma constitucional, sólo trasunta una mera discrepancia con lo decidido por los jueces de la causa con apoyo en elementos de hecho y prueba que, más allá de su acierto o error, confieren a la sentencia fundamento suficiente del mismo carácter para ponerla a resguardo de la tacha de arbitrariedad.

Pese a lo aducido por los recurrentes, entiendo que tampoco comporta cuestión federal bastante para ser tratada en la instancia excepcional la aducida inconstitucionalidad del acto impugnado por carecer del acuerdo de la legis

latura y de la participación ciudadana que exige la Carta Magna local.

Ello es así, a mi juicio, toda vez que, si bien el fallo posee fundamentos mínimos al respecto, los recurrentes no han logrado demostrar que medie un apartamiento de la solución normativa, como así tampoco una carencia de fundamentación que permita calificarlo de arbitrario (con Fallos:

303:2013), a cuyo efecto basta señalar que la mera cita del art. 103, inc. 23 de dicha Constitución, según el cual la prestación de servicios públicos, a través "de concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura", es insuficiente para evidenciar que debió seguirse dicho trámite para otorgarse, en el caso, una mera "autorización de uso y refuncionalización" de las instalaciones de un espacio de uso público.

-VII-

En virtud de lo expuesto, opino que corresponde declarar improcedente el remedio federal intentado.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1999.

NICOLAS EDUARDO BECERRA.