Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Febrero de 1999, L. 656. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 656. XXXI.

ORIGINARIO

L., A.M. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ daños y per juicios.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1999.

Vistos los autos: "L., A.M. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 41/78 se presenta el abogado A.M.L. e inicia demanda contra la Provincia de Tucumán y/o el Estado Nacional por daños y perjuicios.

Dice que a comienzos del mes de mayo de 1991, a pedido de su mandante la firma "Agroindustrias Esmeralda S.

A.", se trasladó a la ciudad de Tucumán para asumir en la condición de apoderado legal y como asesor profesional la participación de esa empresa en "una suerte de concurso judicial" llevado a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Común y Minería de la primera nominación, en el cual se proponía el arriendo por un período como mínimo de tres años del ingenio y destilería La Florida en el marco de la causa "Cía. Azucarera y A.S.S.A. s/ concurso preventivo (hoy quiebra)". Para ejercer esa representación y llevar adelante el ejercicio de su profesión -agrega- se inscribió en el Colegio Público de Abogados de la provincia.

Explica los diversos pasos cumplidos hasta que su mandante resultó adjudicatario del arriendo y las tareas que en el carácter de apoderado realizó en representación de Agroindustrias Esmeralda que abarcaban trabajos judiciales y extrajudiciales. Dice que por esos trabajos percibía un abono de tres mil pesos independientemente de las regulaciones

-judiciales a que tuviera derecho, y aclara que todo ello resultaba una propuesta profesional suficientemente atraca, habida cuenta de las responsabilidades que asumió, el arraigo de su lugar de origen y los gastos que suponían. honorarios que se determinasen en los juicios en que invenía les serían abonados como corresponde a una locación obra de un profesional del derecho.

Expone que con el tiempo advirtió que el propósito su mandante consistía en la detestable intención de abanar el arriendo antes de su finalización sin abonar canon uno y producir el "vaciamiento" del ingenio. Ante ello, ifestó sus disidencias cada vez más profundas y finalmente fue revocado el mandato.

En defensa de sus derechos -añade- se presentó en expediente y solicitó regulación de sus honorarios. Hace entarios sobre la situación imperante en la justicia local regresando a la cuestión que nos ocupa" dice que recibió sorpresa y desagrado la decisión del juez interviniente, tor M., de no regular honorarios y correr un traslado a contraria. Ello en violación de lo dispuesto por la ley 0, el art. 1193 del Código Civil y los arts. 207, 208 y del Código de Comercio. El a quo -dice- invertía el "onus bandi" causándole un grave perjuicio porque la contraria opuso a la regulación. Expone sus reservas sobre el cedimiento seguido por el juez, que no encontraba damento legal, y que "advertido de la situación irregular caso" solicitó un embargo preventivo que fue rechazado gándose que no existía verosimilitud en el derecho. Ante circunstancia cuestionó la medida exponiendo la osimilitud de su pretensión y el peligro en la demora

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L., A.M. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ daños y per juicios. habida cuenta de la intención clara y concreta de su ex mandante de abandonar el ingenio. Según expresa, el a quo volvió a insistir en su negativa por lo que apeló la decisión, que "por sí sola configura una parte del daño causado". Entre tanto ocurrió lo que denomina un hecho nuevo, consistente en la resolución dictada en un juicio laboral en el cual había intervenido en defensa de Agroindustrias donde se le regularon honorarios sin objeciones. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento del doctor M., quien solo proveyó tener presente lo expresado para su oportunidad. Expone otros antecedentes demostrativos de la indiferencia de las autoridades provinciales y nacionales ante estos hechos y expresa que recusó con causa al doctor M., recusación que este desestimó para luego excusarse.

En cuanto a la medida cautelar apelada, expone que la cámara revocó en parte la decisión del juez pero, al exigir como caución real un monto equivalente al valor de los bienes a embargar, la convirtió en un recaudo desmesurado. Este hecho -manifiesta- "es un estadio del daño reclamado que se prolonga con la actuación del juzgado de primera instancia actuante". La medida resultó así de cumplimiento imposible.

Cuestiona el comportamiento del juez al autorizar la inscripción de la sociedad deudora en el Registro de Comercio de la provincia, publicada en el Boletín Oficial del 17 de marzo de 1993, y retoma sus argumentos sobre la medida

- cautelar y sus alcances negativos porque en el mes de ro de 1993 la arrendataria abandonó el ingenio. La acción la cámara le "causó un perjuicio irreparable pues los deues se llevaron el azúcar lo que constituía su único capiy lo vendieron como es lógico".

Hace otras consideraciones entre las cuales menciosu pedido de juicio político a los integrantes de la cámaalude a la demora incurrida por los diversos tribunales y ala otras irregularidades.

Fundamenta su derecho, hace referencia a la doctriy la jurisprudencia existentes en torno al error judicial stima el daño sufrido.

II) A fs. 91 la actora desiste de su demanda contra Estado Nacional.

III) A fs. 195/211 contesta la Provincia de Tucu- . Efectúa una negativa general de los hechos invocados en demanda. Destaca que el actor consintió expresamente las oluciones de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo il y Comercial Común de Tucumán que hicieron lugar al peo de embargo preventivo por el monto solicitado fijando ción real y monto para su traba (sentencia del 19 de dimbre de 1992 y aclaratoria del 17 de ese mismo mes y año). haber estado en desacuerdo con esas decisiones debió tar las vías procesales previstas en la ley formal local. ello, y sin perjuicio de las otras defensas planteadas, ne la prescripción prevista en el art. 4037 del Código Ci- . La decisión de aquel tribunal "es el hecho pleno" -ae- "único y concluido que resulta la causa del pretendido o sufrido por el actor".

En definitiva, los agravios del actor sólo trasun

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L., A.M. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ daños y per juicios. tan divergencias de criterio con el juzgador, lo que no evidencia la existencia de error inexcusable o dolo de los componentes del órgano jurisdiccional.

Por último, destaca lo que califica de falsedad del actor al pretender "englobar actos concluidos, definitivos y firmes (expresamente por él consentidos), tales como la resolución de cámara que hace lugar a su pedido de medida cautelar bajo caución real, considerándolos como simples 'estadios' del hecho pretendidamente causal del daño, que sería una acción única y continuada hasta el presente, cuando resulta indubitable que los supuestos daños cuyo resarcimiento se pretende estarían causados, precisamente, en tales actos plenos y autónomos (concluidos a principio de 1993) los que por sí mismos podrían o no haber producido dichos supuestos daños". El tardío planteo del actor -concluye sobre el particular- ha provocado la prescripción del art. 4037 del Código Civil.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que del contenido del confuso escrito de demanda resulta que el actor atribuye responsabilidad a la demandada como consecuencia de las decisiones recaídas en los procedimientos judiciales en que intervino. Más específicamente, atribuye error judicial a las resoluciones del juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer

    -cial Común y Minería de la 1a. Nominación, doctor J. ar M., que se negó -a juicio del actor infundadamena regular honorarios, y a la dictada por la Cámara de laciones, S.I., que al revocar la resolución denegatode una medida cautelar por parte del a quo la admitió, que fijando una caución real que hacía imposible su efiia. Atribuye a este último pronunciamiento "un perjuicio eparable" porque "en el mes de enero de 1993 la arrendataabandonó de hecho el ingenio" y de tal manera "los deues se llevaron la totalidad del azúcar lo que constituía único capital" (fs. 56).

  3. ) Que corresponde adelantar que esas intervenciojudiciales que constituirían el aparente nexo causal con supuestos perjuicios que denuncia el actor, recayeron en causas respectivas con anterioridad al plazo previsto en art. 4037 del Código Civil respecto de la iniciación de la anda. Así, la resolución del doctor M. que -a juicio actor- demoró irregularmente la regulación de honorarios de fecha 29 de abril de 1992 y su notificación data del 30 ese mes (ver fs. 3/4 incidente de regulación de orarios). En cuanto a la decisión de la cámara a la que se ibuye la ineficacia de la medida cautelar solicitada, es 19 de noviembre de aquel año (ver fs. 29/31 del incidente medidas cautelares).

    Es a partir de entonces que los daños por los que reclama "asumieron un carácter cierto y susceptible de aciación y por consiguiente esas fechas constituyen el punde partida de la prescripción". Ello es así por cuanto no óbice la circunstancia de que los perjuicios pudieran pre

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    L., A.M. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ daños y per juicios. sentar un proceso de duración prolongada o indefinida pues el curso de la prescripción comienza cuando se torna cierto el daño futuro (Fallos: 307:771).

    Por otra parte, parece que el único perjuicio concreto que se aduce consistiría en la privación de la garantía de su crédito constituido por las partidas de azúcar existentes en el ingenio La Florida hacia enero de 1993 y de las que en esa fecha se habrían desprendido los deudores. En efecto, a ese resultado dañoso de los intereses del actor habrían concurrido la demora que importa al pronunciamiento del juez M. -por otro lado consentido por el reclamante a tenor de las contingencias ulteriores de la causa- y los alcances del fallo de cámara respecto de la modalidad de la contracautela fijada.

    Si se toma en cuenta que la presente demanda fue iniciada el 25 de octubre de 1995, resulta evidente el vencimiento del plazo de dos años del art. 4037 del Código Civil.

    Por ello, se decide: Rechazar la demanda. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Teniendo en cuenta que la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, 37, 38 y concs. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, se regulan los honorarios del doctor F.G.D., por la dirección letrada del actor en la suma de ciento veinte mil cuatrocientos pesos ($ 120.400) y los del doctor A.D.O., por la dirección letrada y representación de la demandada en

    - la de doscientos sesenta y cinco mil pesos ($ 265.000). ifíquese, devuélvanse los expedientes agregados y, oportuente, archívese.EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - USTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO QUEZ.

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