Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de Diciembre de 1998, C. 261. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

C. 261. XXIV.

ORIGINARIO

Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1998.

Vistos los autos: "Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario", de los que Resulta:

I) A fs. 110/115 se presenta A.E.C., por medio de apoderado, e inicia demanda contra el gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Líneas Aéreas de Entre Ríos Sociedad del Estado por el cobro de la suma de U$S 24.823,57 en virtud de los servicios que dice haber prestado a su pedido. Manifiesta que es despachante de aduana, matriculado en el registro 1513-5, con una amplia experiencia en el área del comercio exterior y antecedentes en el rubro aeronáutico. Ello motivó que en el mes de noviembre de 1987 el gobernador de la Provincia de Entre Ríos lo consultara sobre la importación temporaria de una aeronave fabricada por la empresa "Saab Scania Aircraft Division", modelo F 340, cuyo valor era de U$S 7.150.000, como así también de sus repuestos y motores. Al cambiar el gobierno provincial en diciembre de 1987, la nueva administración le encomendó la realización de tales gestiones, debiendo efectuar además del trámite puramente aduanero, las presentaciones ante la Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, el Consejo de Industria Aeronáutica (Fuerza Aérea Argentina), el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía). Como resultado de su trabajo se aprobó la importación temporaria de la aeronave por un período de diez años otorgándose un plazo de noventa días para presentar el corres-

-pondiente despacho. A. mismo tiempo efectuó ante la Setaría de Hacienda un pedido de exención de la tasa de es- ística pero el organismo no se expidió, por lo que se vio la necesidad de solicitar sucesivas prórrogas ante la Adistración Nacional de Aduanas. Por entonces se produjo en país una crisis económica, que, sumada a la falta de defiión sobre la exención, tornó ruinosa la operación para la vincia, la que debió rescindir el contrato y convenir con B el reintegro del avión. Por tal motivo solicitó conjunente con el fiscal de Estado la cancelación de la importan, a la que se hizo lugar por providencia del 11 de octude 1989. Agrega que acordó verbalmente con distintos funnarios, especialmente con el ingeniero E.B., preente de L.A.E.R. S.E., un honorario equivalente al 0,25% valor de la operación de comercio exterior, cuyo pago fue lamado por medio de facturas y cartas documento sin haber enido resultado positivo alguno. Aclara que el monto que pretende comprende el 0,25% del valor de la aeronave como también los gastos operativos que asumió y los honorarios importación de repuestos del avión. Solicita, asimismo, intereses desde que los demandados incurrieron en mora. da en derecho su pretensión, ofrece prueba y pide que se a lugar a la demanda, con costas.

II) A fs. 176/179 se presenta Líneas Aéreas de En- Ríos Sociedad del Estado (L.A.E.R. S.E.), por medio de derado y opone como de previo y especial pronunciamiento excepción de falta de legitimación pasiva porque considera si alguna obligación existe respecto de lo reclamado por ral, el único legitimado es quien supuestamente con-

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Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario. trató con él los servicios que dice haber realizado, es decir, la Provincia de Entre Ríos. En efecto, según lo manifestado por el actor, las tareas le fueron encomendadas en el año 1987, fecha en la que L.A.E.R. S.E., no existía aún como persona jurídica. Tampoco B. era funcionario de la Dirección de Aviación Civil ni de repartición alguna del Estado, puesto que sólo en 1988 fue designado presidente de la empresa. Aclara que L.A.E.R. S.E. se creó por decreto 2287/ 88 del gobierno de Entre Ríos y comenzó a funcionar en el mes de diciembre de 1988. El contrato de "leasing" fue reconocido por el citado decreto y las gestiones necesarias para su ejecución, entre ellas la actividad desarrollada por el actor, fueron asumidas por el superior gobierno de la provincia por medio de sus sucesivas autoridades. La última actuación de Cebral fue gestionar junto con el gobierno de Entre Ríos la cancelación de la autorización de importación temporal de la aeronave.

Otorgada la autorización, se notificó en representación del Estado local, y luego se efectuó la devolución de la máquina. Agrega, finalmente, que con el acta n° 4 de asamblea, el fiscal del Estado provincial reconoció la deuda con el actor, razón por la cual no puede reclamar a la empresa.

III) A fs. 228/233, L.A.E.R. S.E. contesta la demanda. Niega los hechos y el derecho invocados por la actora e impugna la documentación acompañada. Manifiesta que el actor no pudo llevar a cabo las tratativas con directivos de la empresa toda vez que en la época de la supuesta contrata-

-ción aún no había sido creada. Considera que su error viene del hecho de que durante la administración del ernador J.B., el ingeniero E.B. se desemaba como Director de Aviación Civil, organismo dependiente Estado provincial, y poco tiempo después, al efectuarse inscripción como importador y exportador del gobierno de provincia, una de las personas autorizadas a suscribir la umentación relativa a esas operaciones fue precisamente ique B.. Es admisible, entonces, que el actor haya ctuado tratativas con él como representante del gobierno y de L.A.E.R. S.E. Desconoce la deuda que le reclama C. xpresa que corresponde al Estado provincial afrontar su o toda vez que fue aceptada por éste en el acta de mblea extraordinaria n° 4. Las gestiones realizadas por el or para la importación de repuestos de la aeronave fueron omendadas por la provincia, ya que ésta era la ortadora, y, además, esa adquisición formaba parte íntemente del contrato de "leasing" suscripto por ella, que ás fue cedido a L.A.E.R. La empresa operaba con el avión y su taller se realizaban las tareas de mantenimiento y aración, pero siempre por cuenta de la provincia, razón la cual debía relacionarse con Cebral sobre todo en los os de urgencia. Tales solicitudes produjeron remesas de ero entre el actor y Líneas Aéreas de Entre Ríos que se allan en la liquidación acompañada y de la cual surge un do a favor de la empresa. Ofrece prueba y pide que se hace la demanda, con costas.

IV) A fs. 236/238, el actor contesta la falta de itimación opuesta por la codemandada. Manifiesta que sus

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Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario. relaciones con L.A.E.R. S.E. se comprueban tanto con la documentación que acompañó como con la agregada por la empresa.

Ella acredita los pagos efectuados por las gestiones relativas al ingreso y egreso del avión Saab Scania, como así también que la empresa le dio mandato y que entidades privadas ajenas a las partes reconocían las relaciones entre Cebral y L.A.E.R. por cuestiones relativas al avión o sus repuestos, como, por ejemplo, la firma General Electric. Agrega que si bien la compañía de aviación fue constituida con posterioridad a haberle encomendado la provincia las gestiones, una vez creada y puesta en funciones, también fue beneficiaria de las diligencias aduaneras y de las relacionadas con el avión.

Los propios fundamentos del decreto 2287/88 que decide la formación de L.A.E.R. hacen mención a una especie de continuidad por la empresa del organismo provincial que la antecedió. Asimismo, expresa que ante los reclamos efectuados, la compañía jamás le indicó que no se consideraba obligada al pago, y que debía dirigirse al gobierno provincial.

V) A fs. 277/285 la Provincia de Entre Ríos contesta la demanda. Niega los hechos y el derecho invocados por la actora como así también la veracidad y autenticidad de la prueba documental acompañada por el actor que no conste en instrumento público, e impugna el reclamo efectuado. Reconoce como probable que el gobierno siguiente al del doctor M., con quien Cebral comenzó las tratativas hacia diciembre de 1987, haya realizado por intermedio del actor

- algunas presentaciones ante la Administración Nacional Aduanas, pero no considera acreditado que sean las de imtación del avión y su despacho a plaza. Agrega que, conme al art. 39 del Código Aduanero, para poder efectuar el pacho de la aeronave debió contar con poder general, poder ecial u otro instrumento, los que, a su vez, debió haber istrado. La Provincia de Entre Ríos efectuó la importación nombre propio y no por medio de representante. El actor ca tuvo una actuación autónoma, lo que desvirtúa la uesta relación contractual que caracteriza la intervención todo despachante de aduana. Además, la nave ingresó por la ana de Gualeguaychú por intermedio de su comandante y el pacho a plaza nunca se efectuó. Solicita que en caso de el tribunal considere que Cebral realizó algunas tiones, los honorarios se fijen prudencialmente sobre la e de los trabajos efectivamente realizados, y manifiesta las facturas reclamadas, han sido pagadas y existe, inso, un saldo a su favor. Destaca, finalmente, que a partir 31 de agosto de 1992 ha entrado en vigencia la ley 8675, la que se dispuso la consolidación de la deuda pública vincial por obligaciones vencidas o de causa o título erior al 31 de diciembre de 1991. Pide que se rechace la anda, con costas.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 la Constitución Nacional).

  2. ) Que A.E.C. reclama el pago de

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    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario. una suma de dinero que dice adeudarle la Provincia de Entre Ríos y Líneas Aéreas de Entre Ríos, Sociedad del Estado, las que, a su vez, consideran no estar obligadas.

  3. ) Que, en primer lugar, corresponde resolver la excepción opuesta por la codemandada L.A.E.R. S.E. El Tribunal ha decidido en reiteradas oportunidades que la falta de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión (Fallos: 312:2138; causa C.33.XXIV, "Cintelba S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ ordinario" pronunciamiento del 3 de diciembre de 1996.

    En el caso de autos, si bien es cierto que la aeronave en cuestión fue afectada al uso de Líneas Aéreas de Entre Ríos S.E., cabe señalar que quien celebró el contrato de "leasing" con S.S.A.B.S.A.D. -por medio de su representante P.B.´s S.A.fue el gobierno del Estado local (conf. decreto 1325 del 26 de marzo de 1987, fs. 131/135), el que dispuso que la Subsecretaría de Hacienda sería la encargada de gestionar la documentación necesaria para la importación de la aeronave, sus repuestos y todos los demás trámites relativos a la operación (ver art. 7° del citado decreto), y, asimismo, designó un representante para las diligencias relativas a su recepción (ver art. 11 cit. dec.). Fue también el gobierno provincial el que ordenó la devolución de la máquina al no poder cumplir con las obligaciones a su cargo (conf. decreto 3389 del 20 de julio de 1990, fs.

    141/142).

    - Es de destacar, por otra parte, que hacia marzo de 8, época en que se efectuó la contratación y se comenzaron diligencias relativas al ingreso del avión, L.A.E.R. S.E. funcionaba aún como un organismo autónomo toda vez que su ación se dispuso por medio del decreto 2287 del 17 de mayo 1988. El único legitimado, entonces, para encomendar las eas que el actor dice haber efectuado, era el gobierno de Provincia de Entre Ríos, por lo que se debe hacer lugar a falta de legitimación pasiva planteada.

  4. ) Que corresponde, entonces, decidir sobre el do de la cuestión y, en atención a los términos en que ha dado trabada la litis como así también a la prueba produa, corresponde tener por acreditados los trabajos efectuapor el actor para el gobierno de Entre Ríos en lo que haa la importación de la aeronave como de sus repuestos.

    En efecto, si bien cabe reconocer que C. no uó en forma autónoma en los trámites inherentes a la adsición de la máquina toda vez que, tal como se desprende los expedientes administrativos acompañados, las diligens y gestiones efectuadas ante la Administración General de anas fueron realizadas por intermedio del señor gobernador Entre Ríos, en algunos casos (ver exptes. 408.311, 411.261 17.253), y en otros por el presidente de L.A.E.R. S.E. r expte. 417.253) o el fiscal de Estado (ver expte.

    .779), C. siempre los asumió en su calidad de despante de aduana.

  5. ) Que ello se corrobora con las declaraciones tificales prestadas a fs. 322/326 y 329/330, de las que se prende que el actor realizó los trabajos correspondien

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    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario. tes a los despachos de importación (repuestos y aeronave) y a "todo lo relacionado con la operativa de aduana" (ver resp. preg. 5, testigo G., fs. 322). Las personas con las que se contactaba en Entre Ríos eran el doctor B., cree el testigo que su nombre era E., y la doctora C., quienes también concurrieron varias veces a la oficina de Cebral; fue, también, otra persona de la que no recuerda el nombre. Además, muchas eran las llamadas telefónicas y la correspondencia recibida. A su vez, el actor viajó a Entre Ríos en una o dos oportunidades (ver resp. pregs. 6, 7 y 8, testigo G., fs. 322 vta.).

    Asimismo, el testigo Lucifora, jefe de división de transporte de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, manifiesta que el actor "hacía gestiones" ante ese organismo "para el ingreso de la aeronave al país", y que tramitó también los certificados de matriculación y propiedad y los de aeronavegabilidad (ver resp. preg. 4, fs. 329).

    A su vez, el testigo S., quien comparte la oficina con el actor, declara que él personalmente tramitó en el aeropuerto de Ezeiza el retiro de repuestos. Algunos los documentó a su nombre y otros en representación de Cebral. También gestionó las exenciones y almacenajes ante L.A.D.E. Aclara que siempre realizó los retiros con autorización de aquél y agrega que le entregaron a personal de L.A.E.R. S.E. repuestos correspondientes al avión S., que en algunos casos retiraban una vez concluido el trámite aduanero. Agrega que cuando se trataba de repuestos pequeños se entregaban en

    - una oficina del centro (ver resp. pregs. 2 y 6, fs.

    /325).

  6. ) Que, asimismo, se comprueba su intervención en importación de repuestos con las notas y el fax obrantes a 31, 32, 33, 43 y 44, enviados por la empresa General ctric al actor, cuya autenticidad se acredita con las contaciones de oficios agregadas a fs. 369 y 413/418 y sus tiones originadas en el contrato de "leasing" con la fotoia del acta de asamblea n° 4 labrada en la sede central de eas Aéreas de Entre Ríos Sociedad del Estado en la que, ando presentes las autoridades de la empresa y el señor cal de estado, se trató el tema de la deuda con A. ral en su condición de despachante de aduana (ver fs.

    /169).

  7. ) Que, sin embargo, es de destacar que existieron unos trámites en los cuales Cebral no actuó como, por mplo, los relativos al expediente n° 434.883 por medio del l se solicitó el apoyo de la Administración Nacional de anas para concretar la importación temporaria del avión.

    Asimismo, le resultó infructuoso comprobar su gesn en lo que se refiere a la llegada de la máquina al país. efecto, de conformidad con lo que se desprende del informe citado organismo, Delegación Gualeguaychú, obrante a fs.

    , consta en el registro de movimientos que el día 25 de iembre de 1987 llegó al aeropuerto local un avión rícula LU AXW -la que coincide con la factura acompañada a 4 del expediente 434.883- a nombre del gobierno de la vincia de Entre Ríos, pero no aparece, en cambio,

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    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario. que el actor haya realizado algún tipo de gestión en esa oportunidad. Ello se corrobora con la declaración prestada por el ya citado testigo S., quien manifiesta que "cree que el avión fue recibido por E.B." (ver resp. preg. 1, fs. 325).

  8. ) Que, en atención a lo hasta aquí expuesto, corresponde resolver sobre la procedencia del reclamo económico efectuado. El actor sostiene que como retribución de su labor profesional había convenido con la demandada el pago del 0,25% del valor FOB de la aeronave, que ascendía a U$S 7.150.000, pero tal circunstancia no ha podido ser acreditada. En efecto, no se ha acompañado en autos documento o elemento de prueba alguno que justifique ese pedido. Por lo tanto, en mérito a los trabajos realizados a los cuales se ha hecho referencia en los considerandos precedentes y por aplicación del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se fijan en $ 10.000 los honorarios adeudados a A.E.C..

  9. ) Que no corresponde, en cambio, hacer lugar al reclamo por los gastos operativos que dice haber asumido, los que pretende acreditar con las copias de las facturas obrantes a fs. 55/106, cuyos originales se encuentran reservados.

    En efecto, en el peritaje contable obrante a fs.

    476/480, efectuado sobre la base de la documentación presentada por ambas partes en el expediente y que no ha sido im

    -pugnado, la experta informa que no resulta correcta "la ma en que la actora va imputando a cada factura las sumas dinero entregadas a cuenta", por no "considerar -para su versión en dólares- la fecha real de pago que surge de los ibos", pauta que sí ha seguido la demandada y que es la ella también utiliza para poder determinar la deuda. mpaña, asimismo, tres anexos en los que describe los cálos efectuados.

    De ellos se desprende que del total de las facturas egadas por el actor y que describe en el anexo I responde descontar los recibos indicados en el anexo II o así también los comprobantes señalados en el III, con la vedad del recibo sin número de fecha 20 de septiembre de 8 y del que se identifica con el n° 4436 del 20 de octubre 1988, toda vez que no se puede determinar si corresponden agos que tengan relación con aquéllas. Se puede concluir, onces, que no sólo no existe deuda con respecto a los tos operativos pedidos sino que hay un saldo a favor de la te demandada de U$S 1.824,29, el que no ha sido objeto de lamo de su parte.

    10) Que, en consecuencia, el monto de la condena e ascender a la suma de diez mil pesos ($ 10.000). Los ereses deberán ser calculados a partir del 9 de abril de 1 -fecha de la intimación de pago- (ver fs. 64) hasta el ctivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación entina en sus operaciones de descuento (Fallos: 317:1921 y sa F.28.XXVII, "F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos es, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", nunciamiento del 23 de diciembre de 1997).

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    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario.

    11) Que en virtud de lo dispuesto por la ley 8675 quedan excluidos de la consolidación en el Estado provincial, los créditos laborales nacidos de la actividad profesional hasta la suma de $ 10.000 (art. 2°). Por lo tanto, en atención al monto por que ha prosperado la demanda, no corresponde su aplicación.

    Por ello, se decide: 1) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación planteada a fs. 176/179, con costas.

    2) Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida contra la Provincia de Entre Ríos, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días la suma de diez mil pesos ($ 10.000) a A.E.C.. Los intereses se calcularán en la forma prevista en el considerando 10. Las costas se imponen en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora.

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 11, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios de los doctores P.G.M.G., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de mil treinta pesos ($ 1.030) y E.J.Q., letrado patrocinante de la misma parte, en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400); los de la doctora R.D.C., letrada apoderada de Líneas Aéreas de Entre Ríos S.E., en la suma de mil cien pesos ($ 1.100); los de los doctores J.M.H., letrado apoderado de la Provincia de Entre Ríos, en la suma de doscientos sesenta pesos ($ 260), A.M.S., letrada apoderada de la misma parte, en la suma de sesenta

    -pesos ($ 60), I.E., letrado apoderado de la ma parte, en la suma de doscientos sesenta pesos ($ 260) y del doctor R.M.O.Q., en las sumas de enta pesos ($ 80) y doscientos pesos ($ 200), por la resentación de L.A.E.R. S.E. y de la Provincia de Entre s, respectivamente.

    En cuanto a las tareas cumplidas en los incidentes reltos a fs. 397 y 446, se fija la retribución de los tores R.D.C. y P.G.M.G. en la a de ochenta pesos ($ 80), para cada uno de ellos (arts.

    39 y concs. de la ley citada).

    Asimismo se fijan los honorarios de la perito contadora iana Y.A., por el trabajo efectuado a fs.

    /480, en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400) (art. 3° decreto-ley 16.638/55). N. y, oportunamente, arvese. JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - EDUARDO INE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (en disidencia parcial) - USTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ONIO BOGGIANO (en disidencia parcial) - GUILLERMO A. F.

    EZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

    COPIA DISI

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    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

    Que los suscriptos coinciden con el voto de la mayoría, con exclusión del considerando 10 que expresan en los siguientes términos:

    10) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de diez mil pesos ($ 10.000). Los intereses deberán ser calculados a partir del 9 de abril de 1991 -fecha de la intimación de pago- (ver fs. 64) hasta el efectivo pago según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 317: 1921, disidencias parciales de los jueces L. (h), F., N. y B..

    Por ello, se decide: 1) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación planteada a fs. 176/179, con costas.

    2) Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida contra la Provincia de Entre Ríos, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días la suma de diez mil pesos ($ 10.000) a A.E.C.. Los intereses se calcularán en la forma prevista en el considerando 10 de este voto. Las costas se imponen en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora. N.. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT.

    DISI

    C. 261. XXIV.

    ORIGINARIO

    Cebral, A.E. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ordinario.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el suscripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión del considerando 10 que expresa en los siguientes términos:

    10) Que en consecuencia el monto total de la indemnización asciende a la suma de diez mil $ 10.000). Los intereses deberán ser calculados respecto a partir del 9 de abril de 1991 -fecha de la intimación de pago- (ver fs. 64) hasta el efectivo pago según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos:

    317:1921, disidencias parciales de los jueces L. (h), F., N. y B..

    Por ello, se decide: 1) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación planteada a fs. 176/179, con costas.

    2) Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida contra la Provincia de Entre Ríos, condenándola a pagar, dentro del plazo de treinta días la suma de diez mil pesos ($ 10.000) a A.E.C.. Los intereses se calcularán en la forma prevista en el considerando 10 de este voto. Las costas se imponen en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora.

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 11, 37 y 38 de la ley 21.839 -modificada por la ley 24.432-, se regulan los honorarios de los doctores P.G.M.G., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de mil treinta pesos ($ 1.030) y E.J.Q.

    -na, letrado patrocinante de la misma parte, en la suma de trocientos pesos ($ 400); los de la doctora R.D. ntola, letrada apoderada de Líneas Aéreas de Entre Ríos ., en la suma de mil cien pesos ($ 1.100); los de los tores J.M.H., letrado apoderado de la vincia de Entre Ríos, en la suma de doscientos sesenta os ($ 260), A.M.S., letrada apoderada de la ma parte, en la suma de sesenta pesos ($ 60), I. al, letrado apoderado de la misma parte, en la suma de cientos sesenta pesos ($ 260) y los del doctor R.M. a Q., en las sumas de ochenta pesos ($ 80) y dosntos pesos ($ 200), por la representación de L.A.E.R. S. y de la Provincia de Entre Ríos, respectivamente.

    En cuanto a las tareas cumplidas en los incidentes reltos a fs. 397 y 446, se fija la retribución de los doces R.D.C. y P.G.M.G. en la a de ochenta pesos ($ 80), para cada uno de ellos (arts.

    39 y concs. de la ley citada).

    Asimismo se fijan los honorarios de la perito contadora iana Y.A., por el trabajo efectuado a fs. 476/ , en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400) (art. 3° del reto-ley 16.638/55). N. y, oportunamente, archíe. A.B..

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