Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 de Noviembre de 1998, D. 294. XXXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 294. XXXIII.

    D., J. s/ solicita inscripción.

    Buenos Aires, 24 de noviembre de 1998.

    Vistos los autos: "D., J. s/ solicita inscripción".

    Considerando:

    1. ) Que el señor J.D. solicitó la inscripción en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Córdoba en la matrícula de corredor público y acompañó entre otras constancias- un certificado expedido por la Cámara de Apelaciones de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, en el que constaba que había aprobado el examen de idoneidad que prescribe la ley 23.282 (fs. 8).

    2. ) Que a fs. 23 el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de C. se opuso a dicha solicitud, invocando que el peticionario no había acreditado dar cumplimiento a la exigencia impuesta en los arts. 2, última parte, y 12 inc. b, de la ley 7191 (modificada por las leyes 7524 y 7720). El citado art. 2° establece: "Para ser martillero y/o corredor público, se requiere: Reunir las condiciones habilitantes establecidas por la legislación nacional específica, y cumplimentar con lo dispuesto por el art. 12, inc. b de la presente ley...".

      El art. 12 dispone que para la inscripción en el Colegio Profesional -necesaria, según el art. 11, si se quiere ejercer la actividad en el ámbito provincial- se deberá:

      "...b) Poseer título oficial de martillero y/o corredor público, o título de grado universitario en la rama del Derecho y/o de las Ciencias Económicas". Esta última exigencia rige a partir de la ley 7524 (B.O. 28/11/86).

      Ante la presentación del colegio, el señor D.

      planteó la inconstitucionalidad de las citadas normas provinciales "por violación a los arts. 31 y 67, inc. 11 de la C.N." (fs. 24).

    3. ) Que la juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, última parte y 12, inc. b, de la mencionada ley provincial "en relación a las disposiciones de la ley 23.282, respecto de las condiciones habilitantes del corredor" y ordenó la inscripción en la matrícula que se solicitaba (fs. 34), lo que fue confirmado en segunda instancia (fs. 60/65). El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos interpuso diversos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, órgano que hizo lugar al recurso de apelación, sostuvo la constitucionalidad de la ley local y rechazó el pedido de inscripción en la matrícula de corredor (fs. 90/100).

    4. ) Que contra esa decisión el peticionario interpuso recurso extraordinario (fs. 101/108), que fue bien concedido pues aquél había planteado la inconstitucionalidad de una ley provincial y la decisión fue a favor de la validez de la norma impugnada (art. 14, inc. 2°, de la ley 48).

    5. ) Que el fallo del a quo se funda en que:

  2. La ley provincial es constitucional de acuerdo a la doctrina que surge de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 283:386; 288:240 y 304: 462).

  3. La ley provincial es fruto de las potestades de reglamentación y polícía locales que C. no ha delegado y que la habilitan para regular la actividad profesional.

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    D., J. s/ solicita inscripción.

  5. La normativa local no colisiona con las leyes nacionales que reglamentan las profesiones de martilleros y corredores, pues éstas "sólo lo hacen dentro de la esfera de sus atribuciones, es decir, que no se trata de normas de contenido sustancial, reservadas al Congreso de la Nación, sino de reglamentación para la esfera de actuación del poder de polícía de la Nación" (fs. 94 vta. y 99).

  6. Las exigencias de la ley cordobesa no son arbitrarias y "representa un avance frente a la ley Nacional al contemplar una carrera de nivel terciario" (fs. 95 y 100).

    1. ) Que en su recurso extraordinario el apelante sostiene:

  7. El poder reglamentario provincial -cuya existencia se admite- no puede transgredir los límites fijados por la legislación de la Nación en los códigos de fondo.

  8. El Código de Comercio tiene validez nacional y no puede limitarse su vigencia a la Capital Federal.

  9. Puede ser que el exigir estudios terciarios sea un "avance", pero el "único autorizado para valorar la conveniencia de modificar una legislación vigente o actualizarla es el propio legislador" (fs. 105 vta.).

    1. ) Que el actual texto del art. 88 del Código de Comercio fue establecido por la ley nacional 23.282 (B.O.

      5//11/85) y establece las condiciones habilitantes para ser corredor (mayoría de edad, título de enseñanza secundaria y aprobación de un examen de idoneidad "que se rendirá ante cualquier tribunal de alzada de la República con competencia en materia comercial, ya sea federal, nacional o provincial, el que expedirá el certificado habilitante en todo el terri

      torio del país"). La ley 23.282, que también incorporó al código el art. 88 bis (inhabilitaciones para ser martillero), dispuso que su texto "queda incorporado al Código de Comercio" (art. 4°).

    2. ) Que por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (ex art. 67, inc. 11), las provincias han atribuido al Congreso de la Nación la facultad exclusiva de dictar, entre otros, el Código de Comercio. A su vez, el art. 31 de aquélla, al dar carácter de ley suprema de la Nación a las leyes que se dicten por el Congreso de acuerdo con la Constitución haciéndolas obligatorias para las provincias, no obstante cualquier disposición en contrario que sus leyes o constituciones contengan, encierra el medio de hacer efectivo en todo el territorio de la República el principio de la unidad de legislación común, consagrado por el art. 75, inc.

      12 (Fallos: 156:20, 35).

    3. ) Que el Congreso de la Nación, en ejercicio de la aludida facultad exclusiva, ha regulado el corretaje en el Código de Comercio. Lo considera siempre mercantil (art. 8, inc. 3°) y define a los corredores como agentes auxiliares del comercio (art. 87). Con relación a ellos establece -como quedó dicho supra- las condiciones habilitantes que deben reunir (art. 88); quiénes están inhabilitados para serlo (art. 88 bis); cuáles son los derechos y obligaciones que tienen, las prohibiciones que los afectan y las eventuales responsabilidades civiles y penales en que pueden incurrir (arts. 89 a 112).

      10) Que esa pormenorizada regulación integra -como

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    D., J. s/ solicita inscripción. es obvio- el derecho común, que el Congreso Nacional dicta en virtud del precitado art. 75, inc. 12 de la Ley Fundamental. Ello vale también para el art. 88 (condiciones habilitantes), tanto más cuanto que dicha norma establece un examen de idoneidad a rendir ante cualquier tribunal de alzada de la República (con competencia comercial) y consagra los efectos del certificado habilitante para todo el territorio del país.

    11) Que es lógico y coherente que así sea, pues si el Congreso Nacional tiene, a través del derecho común, la facultad exclusiva de reglar la actividad de los corredores, estableciendo su competencia, deberes y derechos, prohibiciones, responsabilidades y sanciones, debe tener también la prerrogativa de determinar las condiciones que los habilitan a ejercer la mentada actividad. Esto último es un aspecto del corretaje que está inescindiblemente relacionado con el resto de la regulación. Justamente, el art. 88 del Código de Comercio (texto según la ley 23.282) es el que determina dichas condiciones habilitantes.

    12) Que el legislador nacional de 1985 (ley 23.282 y art. 88, inc. b, del Código de Comercio) estimó con relación al grado de estudios que debían tener los aspirantes a corredores- que era suficiente que poseyeran título de enseñanza secundaria. En cambio, el legislador cordobés estableció poco después (ley 7524, del año 1986) que era preciso que tuvieran título oficial de martillero y/o corredor público o título de grado universitario en la rama del Derecho y/o de las Ciencias Económicas. El a quo ha reconocido que la ley 7524 exige una carrera de nivel terciario (conf. fs.

    93 vta. y 100).

    13) Que las mencionadas regulaciones no son meramente distintas: son plenamente antitéticas. La oposición entre ambas sólo puede resolverse a la luz del art. 31 de la Constitución Nacional, que impone la superior jerarquía de la legislación nacional, a la que están obligadas a conformarse las autoridades locales "no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales".

    14) Que a ello no obsta el invocado poder de policía del Estado provincial que atañe a los oficios y profesiones desarrollados en el ámbito local. El apelante no lo ha negado y esta Corte tampoco podría hacerlo. Se trata, sin embargo, de recordar que ese poder de polícía -sea cual fuere su amplitud- no puede entorpecer el ejercicio de las facultades exclusivamente delegadas al gobierno federal. Como dijo el Tribunal en el ya citado precedente de Fallos:

    156:20, la atribución conferida a la Nación de dictar los códigos comunes es de naturaleza exclusiva y, por consiguiente, el Congreso, al ejercitarla, no sólo puede dictar disposiciones de carácter policial relativas a las materias contenidas en el derecho privado, sino también impedir que las provincias usen de las propias para alterar o modificar el contenido de las leyes sustantivas (pág. 40). Caso contrario, como dijo la Corte en esa oportunidad, la delegación hecha al gobierno de la Nación para dictar los códigos comunes habría quedado reducida a una mera fórmula, pues la mayor parte de las instituciones comprendidas en aquéllos, son sus

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    D., J. s/ solicita inscripción. ceptibles de considerables restricciones motivadas en razones de polícía. Señaló también que no era concebible que el Código Civil o el de Comercio, al organizar las instituciones privadas para toda la república, lo haya hecho subordinando su contenido al examen y revisión de los gobiernos de provincia, para declarar si tal como se encuentran legisladas comprometen o no sus poderes de policía (loc. cit.).

    15) Que, en consecuencia, establecido que el art.

    88 del Código de Comercio es consecuencia del ejercicio de las facultades que el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional confiere al Congreso Nacional, debe declararse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas de la ley provincial 7191 (texto según las leyes 7524 y 7720) -tal como lo ha solicitado el peticionario- por violación al art. 31 de la Constitución Nacional.

    16) Que el Tribunal, por las razones indicadas, se aparta de la doctrina de Fallos 283:386 y 304:462, y reinstala la de Fallos: 273:147.

    Por ello, y habiendo dictaminado el señor P.F., se hace lugar al recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad de los arts. 2, primer párrafo in fine y 12, inc. b, de la ley 7191 (texto según las leyes 7524 y 7720), debiéndose proceder a la inscripción en la matrícula, conforme lo ordenado a

    fs. 34. Costas por su orden. N. y, oportunamente, devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (por su voto) - E.S.P. -A.B. (por su voto) - G.A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..

    VO

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    D., J. s/ solicita inscripción.

    TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el recurso extraordinario interpuesto fue bien concedido pues se planteó la inconstitucionalidad de una ley provincial y la decisión ha sido favorable a su validez.

    Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor P.F., a los cuales se remite por razones de brevedad.

    Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Costas por su orden en mérito de las variaciones habidas en el criterio del Tribunal sobre el tema en cuestión. N. y, oportunamente, devuélvase. A.C.B. -A.B..