Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de Octubre de 1998, M. 307. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 307. XXXII.

M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S..

Buenos Aires, 20 octubre de 1998.

Vistos los autos: "M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.".

Considerando:

  1. ) Que Ediciones de la Urraca S.A. publicó en el mes de julio de 1991 el ejemplar n° 294 de la revista "Humor", en cuyas páginas 43 a 58 se incluyó un artículo titulado: "Informe Especial - 2 años de corrupción". La nota en cuestión comenzaba con una aclaración general dirigida al lector que advertía acerca de cual era su contenido. En tal sentido, en la página 43 se señalaba que en el informe estaba condensada "...casi toda la corrupción detectada entre julio de 1989 y julio de 1991. Gobernantes, funcionarios y políticos implicados. También empresarios, artistas y periodistas. Todos los casos han sido denunciados ya y son conocidos. Los 100 acumulados en este informe constituyen un documento contundente y desolador...".

    Uno de esos "acumulados", el n° 32, se refería al entonces senador de la Nación, doctor E.M., en los siguientes términos:

    "...El semanario uruguayo Brecha publicó en marzo de 1990 el recibo de un depósito bancario que habrían realizado E.M., su esposa S.V. y A.G., amigo de los Menem, dueño de la fábrica de camisas Rigard's y director de la Casa de Moneda. Sus nombres aparecen como presuntos titulares de un contrato de depósito bancario a plazo fijo sobre una entidad financiera de Punta del Este: el Banco Pan de Azúcar...Importe del depósito: 214.558

    dólares. Fecha del depósito: 12 de febrero de 1990 coincidente con una de las tantas corridas del dólar (que entonces se cotizaba a 3.100 australes)...E.M. negó toda relación con el hecho: "Ese documento es apócrifo"...El periodista uruguayo S.B. que investigó para Brecha, especificó: 'La cuenta a plazo fijo en la sucursal de Punta del Este asciende a 1.700.000 dólares, contabilizando el depósito del 12 de febrero'...A pesar de la publicación del documento todo quedó en una nebulosa. No fue investigado..." (lo transcripto en negrita corresponde al original).

    El texto precedentemente transcripto fue acompañado por la reproducción de una fotografía del citado legislador nacional con la siguiente frase puesta al pie: "...E.M. Con el 'depósito' lleno...". Ese retrato y frase era uno de tantos reproducidos en las páginas 50 y 51, en las cuales, asimismo, fue incluido un recuadro que, bajo el título general "CARISIMAS", contenía por su parte el siguiente pasaje: "Algunos fueron encarcelados. Otros acusados, apresados o liberados. Unos resultaron separados de sus cargos públicos. A otros se los procesó y aún hay fallos pendientes. Sobre un puñado planea la sospecha. Algunos no son responsables. Pero los dueños de estas caras han tenido relación (directa o indirecta) con hechos de corrupción. Estas caras no son necesariamente culpables. Pero en todos los casos más que caras son carísimas".

  2. ) Que el doctor E.M. querelló al director de la revista "Humor", Sr. T.M.S., y a los periodistas firmantes del artículo "Informe Especial - 2 años de corrupción", P.A., F.G., Rosalía

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S..

    I., S.N., R.P. y F.S., en orden al delito de calumnias y/o injurias y/o reproducción de injurias vertidas por otro (arts. 109 y/o 110 y 113 del Código Penal). A fin de abonar la procedencia de la acción penal, se sostuvo en el escrito inicial, entre otros conceptos, que la especie referida a E.M. había sido vertida o reproducida con conciencia de la falsedad de la imputación, desde que el episodio se describió incompleto, sin referencia alguna a los desmentidos institucionales que oportunamente tuvieron lugar, y con una intencionalidad evidenciada en las características del contenido y composición del libelo, que excluyen la posibilidad de calificar la nota como un aséptico trabajo de investigación periodística (fs. 5 vta).

    En este sentido, se afirmó que resultaba decisivo para tener por configurado el dolo, la circunstancia de haberse propalado la especie injuriante meses después que, tras haber sido difundida por otros medios, había sido objeto de las aclaraciones pertinentes y demostrada la falsedad de la versión, incluso a través de certificaciones, y no simplemente mediante negativas dogmáticas o voluntaristas (fs. 7).

  3. ) Que, en lo que aquí interesa recordar, el se- ñor juez federal de primera instancia condenó a T.M.S. como penalmente responsable del delito de calumnias (arts. 109 y 113 del Código Penal), a la pena de un año de prisión en suspenso por considerarlo autor del mismo en su carácter de director/editor, con costas (fs.

    249/253).

  4. ) Que ese fallo fue apelado por la parte querellante, que requirió la elevación del monto de la condena y

    su publicación a costa del condenado (fs. 279/289), y también por este último, a fin de obtener un pronunciamiento absolutorio (fs. 290/300).

    Conoció en ambos recursos la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Este tribunal, mediante los votos concurrentes de los jueces que lo integran, decidió confirmar parcialmente la sentencia de la instancia anterior, sustituyendo la calificación legal asignada por el juez, por la de infracción al art.

    113, en función del art. 110, ambos del Código Penal, reduciendo en consecuencia el monto de la condena a un mes de prisión en suspenso, con costas (fs. 303/314).

  5. ) Que los defensores de T.M.S. interpusieron el recurso extraordinario federal que obra a fs.

    331/345, el que fue concedido por el tribunal a quo a fs.

    368, previo traslado a la querella (fs. 351/363) y vista al fiscal ante la cámara (fs. 365/366). La concesión alcanzó tanto a los agravios fundados en la cuestión federal alegada, como en la arbitrariedad de sentencia invocada por su carácter inescindible con lo anterior.

  6. ) Que con las excepciones que se señalarán en los considerandos 20 y 21, los restantes agravios vertidos en la apelación federal son formalmente admisibles, pues mediante ellos se controvierte el alcance otorgado por el tribunal a quo a la garantía constitucional de la libertad de prensa, habiendo sido la decisión apelada contraria al derecho fundado en aquélla (art. 14, inc. 3, de la ley 48).

  7. ) Que, ante todo, corresponde advertir que la tarea de esta Corte no se encuentra limitada a la elabora

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. ción de principios constitucionales, pues debe además, en los casos que corresponda, revisar la prueba para confirmar que esos principios han sido constitucionalmente aplicados.

    Ello es particularmente procedente a los fines de verificar si la sentencia constituye o no una intrusión indebida en el campo de la libre expresión.

  8. ) Que las características especiales del caso, en tanto vinculadas a una actividad periodística que se encaminó a poner de relieve presuntos hechos de corrupción, obligan a destacar, una vez más, el principalísimo papel que cumplen los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, a fin de desbaratar un flagelo que evidentemente se mueve en las sombras y a espaldas del ciudadano común, el que sólo soporta sus nefastas consecuencias.

    En muchos casos, en efecto, es la prensa la que descubre la existencia de prácticas corruptas tanto en el ámbito de la actividad gubernamental, como en el ámbito de lo privado. Inclusive la actividad jurisdiccional actúa bajo el estímulo de la denuncia periodística sobre la existencia de hechos de esa naturaleza; la persistencia y reiteración de la noticia por los medios impide que tal denuncia caiga en el olvido, y sirve de acicate para aquellos que tienen una responsabilidad en orden a la buena marcha de los procesos administrativos o judiciales que se inicien en consecuencia; a la vez, la prensa, cuando es seria y responsable, controla el desenvolvimiento de los procedimientos, explica, en forma llana y simple, sin los tecnicismos propios de jueces y abogados, los pasos cumplidos en las causas, etc., todo lo cual

    brinda la necesaria transparencia que cuestión tan seria impone.

    Al respecto, en estos tiempos en los cuales el fenómeno de la corrupción no es ya propio de los países periféricos sino que abraza también a los países centrales, la prensa tiene una responsabilidad "histórica" que cumplir, que de ningún modo puede ser coartada y, antes bien, debe ser facilitada por el Estado y especialmente por el Poder Judicial en el ámbito de su incumbencia (causa G.88.XXXI "G., D.M. c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros", sentencia del 17 de diciembre de 1996, considerando 8° del voto del juez V..

  9. ) Que, empero, ni aun la alegación del cumplimiento de tan alta responsabilidad, exime a los periodistas, editores o directivos de los medios informativos de ser sujetos de las sanciones penales o civiles que el ordenamiento jurídico prevé para los casos de trasgresión ilegítima a otros bienes jurídicos, tales como el honor, el prestigio, la fama, etc., no menos tutelados por la Constitución Nacional que la propia libertad de prensa.

    Dicho con otras palabras, el hecho de que la actividad del medio periodístico se relacione con la denuncia o la investigación de presuntos hechos de corrupción, no hace que sus responsables gocen de un ámbito protectorio infranqueable o inmune a las acciones penales o civiles.

    En este sentido, la necesidad de que la sociedad cuente con una prensa libre, capaz de denunciar eficazmente la corrupción estatal o privada, no sirve por sí mismo, aisladamente considerado, como argumento para negar la debida

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. protección a cualquier individuo que pueda ser sujeto de una denuncia falsa, distorsionada, tendenciosa o inclusive mordaz en grado tal que cause una verdadera lesión a valores tan preciados como la integridad moral y el honor.

    Por el contrario, la gravedad del material que la prensa maneja en tales casos, con indudable potencialidad para menoscabar los referidos valores, tanto más si se trata de medios de amplia difusión social que de suyo otorgan a la noticia un notorio efecto "multiplicador", justifica un actuar especialmente profesional de los periodistas, editores, etc. Ello significa que, en estos casos como, tal vez, en ningún otro, resulte posible exigir a los nombrados una conducta claramente responsable en medida tal que no existan vacilaciones acerca de que han obrado acorde a las circunstancias, y no con actitudes facilistas o teñidas de despreocupación por las consecuencias que, a la postre, pretendan encontrar justificativo en el falso velo del cumplimiento de una misión superior.

    10) Que, en suma, aun cuando la actividad periodística se encamine a la denuncia de hechos de corrupción, ello no garantiza el irresponsable ejercicio del derecho de libertad de prensa pues, conforme lo ha señalado esta Corte, no existen en nuestra Constitución derechos absolutos en mengua de otros también reconocidos y de igual jerarquía, sin que quepa aislar unos de otros so riesgo de perder la armonía que asegure la convivencia en sociedad. En este sentido, la verdadera esencia de la libertad de prensa radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas sin censura previa, es

    to es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal (Fallos: 269:195, considerando 5°).

    En consecuencia, como lo ha destacado el Tribunal Constitucional español, a la hora de aplicar los tipos penales que suponen un límite al ejercicio de las libertades de expresión e información, el órgano jurisdiccional deberá, no estimar preponderantemente en todo caso uno de los derechos en cuestión (protegiendo siempre la buena fama afectada, o el derecho a informar o a expresarse libremente), sino, habida cuenta de las circunstancias, ponderar si la actuación del informador se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente, o, por el contrario, si se ha trasgredido ese ámbito. Pues, en tanto la labor del informador se atenga a los fines y objetivos constitucionalmente previstos, no podrá considerarse que han afectado ilegítimamente la buena fama o el honor de una persona, o el prestigio de una institución de modo que quepa una sanción penal al respecto (confr. Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia n° 105/1990, del 6 de junio de 1990, punto 3 de los fundamentos jurídicos, reg. en Puyol Montero y G.H., "Manual Práctico de doctrina constitucional en materia de derecho al honor, a la intimidad y derecho de rectificación", pág. 871 y sgtes., Madrid, 1991).

    11) Que, aclarados los anteriores conceptos, cabe precisar que el querellado plantea, como primer agravio que le provoca la sentencia del a quo, el siguiente: sostiene

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. que en el pronunciamiento condenatorio no se ponderó debidamente que la nota publicada en el n° 294 de la revista "Humor" puso en juego el ejercicio de la libertad de opinión y no el ejercicio de la libertad de información que, como se sabe, son expresiones distintas de la prensa; y al haber obrado así, discurrió el tribunal indebidamente sobre si la noticia era falsa o verdadera, extremo este último cuya dilucidación sería sólo admisible tratándose de la generación de información o reproducción de ella, pero no cuando se trata de meras opiniones, que por ser tales no son susceptibles de juicio ponderativo alguno sobre su verdad o falsedad.

    Que, así expuesto, el agravio mueve a examinar las siguientes cuestiones:

    1. si lo publicado constituyó, como se pretende, una nota de opinión y no de información. b) si el a quo estaba o no habilitado para internarse, como lo hizo, en el ámbito de la veracidad o falsedad de la noticia a los efectos de juzgar la conducta del querellado.

    12) Que, con relación al primer punto indicado, debe ser señalado que aun cuando por hipótesis pudiera ser admitido que el "Informe Especial - 2 años de corrupción" fue redactado con la finalidad de formular una opinión crítica del gobierno por una supuesta falta de respuesta frente a diversos episodios considerados configurativos de hechos de corrupción (así lo afirma la defensa del querellado a fs. 337 vta.), lo cierto es que el "acumulado" n° 32 referente al doctor E.M., no mostró una mera opinión sino que, por el contrario, describió un hecho fáctico concreto

    consistente en la colocación por aquél, su esposa y otro funcionario, de una cantidad considerable de divisas en el exterior con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de las variaciones cambiarias experimentadas por la economía nacional en los primeros meses de 1990.

    En tales condiciones, tratándose de la descripción de hechos puntuales, nada hay de opinión en el caso de que aquí se trata. Las opiniones, por definición, no contienen afirmaciones fácticas como las aquí enjuiciadas, ni son verdaderas ni falsas. Son, precisamente, eso: opiniones, que podrán o no ser compartidas, pero que en todo caso siempre deberán ser respetadas a la luz de la necesaria aceptación de la diversidad ideológica propia de las sociedades democráticas. Sin embargo, no es este el caso en el que, como se dijo, sólo medió una descripción de hechos que presuntamente concernían al querellante.

    13) Que, definido lo anterior, cabe indagar ahora el otro aspecto ya adelantado, o sea, el de si estaba habilitada la cámara para internarse en la consideración de la veracidad o falsedad de la información publicada para juzgar acerca de la responsabilidad penal del querellado. En este sentido, cabe recordar que los votos concurrentes de los tres jueces del tribunal a quo coincidieron en reprocharle a T.M.S. el haber consentido la publicación del episodio que involucraba al doctor E.M. con total desinterés o despreocupación por la veracidad de lo relatado, más aún cuando la existencia de dicho evento había sido desmentida públicamente.

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    14) Que en el orden de ideas indicado, y con ánimo de clarificar la exposición, cabe remarcar que el caso sub examine tiene relación con una publicación que, en principio, reprodujo lo dado a conocer por otro medio o fuente. Por otra parte, ya ha quedado expuesto que lo publicado no se trató en un comentario de opinión, sino de una información que refería hechos fácticos concretos.

    Para supuestos que observan las características indicadas (reproducción de informes de terceros que describen hechos fácticos y no opiniones), esta Corte ha señalado que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas impone, cuando la noticia reitera lo expresado por otro, propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de modo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito (in re "C., J.C. c/ La Razón, Crónica y Diario Popular", Fallos: 308:789, considerando 7°).

    Tal doctrina fue reafirmada en los autos "Granada, J.H. c/ Diarios y Noticias S.A." (Fallos: 316:2394), aclarándose allí -en lo que aquí interesa- que la atribución de la noticia a una fuente debe ser sincera (considerando 6°).

    Por su parte, los alcances con que debe cumplirse esa atribución "sincera" de la noticia a una fuente, fueron debidamente precisados en el caso "Triacca, A.J. c/ Diario La Razón y otros" (Fallos: 316:2416), y más tarde

    en el precedente "P.F.E. c/ E.H. de Noble y otros" (Fallos: 317:1448). En estos últimos fallos, el Tribunal señaló que para obtener la exención de responsabilidad del informador, es menester que éste hubiera atribuido directamente la noticia a una fuente identificable y que se trate de una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por aquélla.

    15) Que del criterio que acaba de ser reseñado resulta que quien reproduce la noticia expresada por otro con indicación de la fuente, transcripción sustancial y fiel de ella, o utilizando un tiempo de verbo potencial, no puede ser responsabilizado por la inexactitud o falsedad de lo que publica, bastándole -para obtener una liberación de responsabilidad civil o penal- acreditar la veracidad del hecho de las declaraciones del tercero, pero no la veracidad del contenido de ellas. Por la falsedad del contenido de la noticia será responsable el tercero que la generó, pero no quien se limitó a reproducirla con sujeción estricta a los recaudos indicados. La veracidad que debe acreditar quien reproduce la noticia dada por otro, se refiere únicamente al hecho de la declaración -no a lo declarado- y ha de ser, en esa medida, sinónima de la verdad objetiva.

    Esta es la conclusión que se desprende por necesaria inferencia del criterio desarrollado por esta Corte a partir del citado caso "C.", siendo además el especialmente adoptado por el Tribunal Constitucional español (confr. sentencia 232/1993, de 12 de julio de 1993, punto 3 de los fundamentos jurídicos, registrada en "Jurisprudencia Constitucional - Boletín Oficial del Estado", pág. 950 y

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. sgtes., Madrid, 1994).

    16) Que, sin embargo, lo precedentemente referido no puede ser objeto de generalizaciones o simplificaciones interpretativas.

    Ello es así, en primer lugar, porque en muchos casos, la reproducción de lo publicado por otro, va acompañada de apostillas colocadas por el propio medio que repite la noticia. En tal caso, es evidente que el informador que formula esas apostillas -que no son reproducción- se hace responsable de su contenido, quedando el supuesto lógicamente marginado de la doctrina esbozada a partir del caso "C.".

    Y, en segundo lugar, porque la protección del denominado "reportaje neutral" es decir, aquél en que el informador meramente transcribe o reproduce lo expresado por otro con sustancial fidelidad, sólo se da frente a "...la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de los datos transmitidos, para evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente de cobertura para meras suposiciones o rumores absolutamente injustificados para cualquier sujeto mínimamente atento..." (conf. Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia n° 41/1994, del 15 de febrero de 1994, punto 5 de los fundamentos jurídicos, registrada en "Jurisprudencia Constitucional - Boletín Oficial del Estado", t. 38, págs. 458/466, Madrid, 1995).

    Dicho con otras palabras, si quien se dispone a reproducir la información dada por otro cuenta con indicios racionales de que lo que va a difundir es falso, la mera

    cita de la fuente de información o la utilización del modo potencial de los verbos no alcanzan para descartar una conducta antijurídica. Por el contrario, la divulgación de noticias que conciernen a episodios sobre los cuales pesa un indicio vehemente de inexactitud o falsedad, obligan al informador a actuar equilibradamente, lo que en los hechos significa, ni más ni menos, que asumir el deber de reproducir la noticia con las aclaraciones necesarias relativas a la sospecha de inexactitud que pesa sobre ella, o bien abstenerse de difundir lo que, en las condiciones expuestas, no serían más que rumores o suposiciones.

    Por cierto, no se trata de exigir que se difundan todas las posibles repercusiones o desmentidas que pudieran existir sobre la materia informada, pues no es tal un deber que quepa ser inferido de la doctrina fijada en el caso "C.", conforme lo destacó esta Corte en Fallos: 316:2416, considerando 12. Pero sí se trata propiamente de responsabilizar al informador que, contando con indicios sobre la falsedad de lo que se dispone a reproducir, obra con abstracción de ello, no indaga por sí mismo la veracidad de la información o se despreocupa de si es cierta o no, manifestando de tal manera su obrar doloso.

    Valga aclararlo, lo anterior es así se trate o no la persona ofendida de un funcionario público, pues frente a la falsedad no cabe hacer distingos por razón del cargo, la función o la responsabilidad. Frente a la falsedad, en efecto, no es pertinente hablar de una mayor o menor

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. protección de la libertad de prensa, desde que simplemente lo único que corresponde son responsabilidades civiles o penales. Desde tal perspectiva, y puesto que es obvio que la difusión de una falsedad conocida o sospechada de ser tal, no puede ser equiparada a la crítica política publicada, no corresponde establecer a su respecto un diferente tratamiento de la responsabilidad que incumbe a su emisor a la luz de doctrinas tales como la de la real malicia. En efecto, el estándar acuñado por la Corte Suprema estadounidense en el caso "New York Times v.

    Sullivan" (376 US 254, 1964), y aceptado por este Tribunal en diversos precedentes (Fallos: 310:508; in re M.442.XXXI "M.S., J.M. s/ injurias -causa n° 9648-", sentencia del 12 de noviembre de 1996; in re R.134.XXXI "Ramos, J.J. c/ LR3 Radio Belgrano y otros", sentencia del 27 de diciembre de 1996), juega para brindar una mayor protección a la crítica política, como forma de asegurar el debate libre en una sociedad democrática, pero ninguna operatividad tiene frente a la noticia publicada con conocimiento o mediando indicios de su falsedad.

    Declaraciones deliberadamente falsas o maliciosas no tienen valor concebible como palabra libre.

    17) Que en el caso sub examine ha ocurrido con notoria claridad esto último.

    En efecto, los responsables del artículo enjuiciado tenían conocimiento de que el doctor E.M. había desmentido públicamente el episodio difundido por el semanario uruguayo "Brecha". Prueba de ello es que refirieron las propias declaraciones de aquél en los siguientes términos: "...E.M. negó toda relación con el hecho: Ese docu

    mento es apócrifo...". Fue todo lo que dijeron dichos responsables, pero es bastante para advertir que, conociendo la existencia de la desmentida, no les pudo pasar por alto que la especie publicada por "Brecha" podía encontrarse teñida de falsedad. Frente a ello, y particularmente frente al carácter "apócrifo" que el querellante había adjudicado al contrato de depósito bancario a plazo fijo denunciado por "Brecha", los responsables de la revista "Humor" debieron, como señaló la cámara, actuar con la diligencia propia del caso.

    Por otra parte, no parece creíble que siendo conocedores de la existencia de la desmentida, los responsables del artículo cuestionado ignoraran los términos que aquélla había adoptado. En este sentido, el doctor E.M. no formuló una desmentida meramente declamativa, sino que la documentó mediante un certificado emitido por el gerente general del Banco Pan de Azúcar del que se desprendía la inexistencia del depósito denunciado, constancia instrumental esa, cuya existencia fue destacada por otros medios de prensa al menos desde marzo de 1990 (fs. 106/111).

    Con lo que va dicho, entonces, que más allá del valor que en juicio pudiera tener el documento indicado, en lo que aquí interesa destacar resulta claro que al tiempo de publicarse la revista "Humor" n° 294 en julio de 1991, no podían sus responsables desconocer la existencia de un fuerte indicio de falsedad de la información que más de un año antes había dado a luz el semanario "Brecha".

    En las condiciones que anteceden, la reproduc

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. ción por la revista "Humor" de la versión que había inicialmente divulgado el semanario "Brecha", no podía ser realizada sin el previo cumplimiento de las diligencias encaminadas a corroborar la exactitud de los datos en juego, tal como lo señaló el tribunal a quo. Desde tal perspectiva, no se advierte arbitrariedad en lo decidido por el fallo recurrido ni, en las especiales circunstancias del caso, puede ser admitido el argumento de fs. 336 vta. referido al cumplimiento de los estándares fijados en el caso "C.".

    18) Que, más allá de lo anteriormente expuesto, debe ser observado que el artículo publicado por la revista "Humor", en lo que concierne al doctor E.M., no fue sólo mera reproducción de lo difundido por el semanario "Brecha" con quebrantamiento del principio de la neutralidad informativa, sino que también incorporó elementos dados por los propios responsables de la publicación, que confirman la existencia de la intención injuriante que los animaba.

    Para comprender eficazmente lo que se acaba de señalar, adquiere particular relevancia la lectura de los términos empleados en la publicación, que lejos de mostrar una genuina preocupación por la verdad de lo informado, evidencian dentro del contexto general del artículo una intencionalidad de la naturaleza indicada.

    Es que la inclusión del querellante dentro de una nota titulada "2 años de corrupción", luciendo al pie la aclaración de que el lector "...en este informe encontrará casi toda la corrupción detectada entre julio de l989 y julio de 1991...", con la calificación de que "...los 100

    acumulados...constituyen un documento contundente y desolador...", y con el agregado de una foto de archivo a cuyo pie se lee "...E.M. Con el 'depósito' lleno...", bajo la aseveración generalizada de que "...los dueños de estas caras han tenido relación (directa o indirecta) con hechos de corrupción..." y que "...más que caras son carísimas...", no abriga dudas sobre el tenor injurioso del texto, claramente ajeno a la simple reproducción de lo informado por un tercero.

    En el contexto indicado, la cita -como fuente- que formalmente se hizo del semanario uruguayo "Brecha", cuya información, según se ha visto, podía fundadamente abrigar dudas sobre su seriedad, sirvió en realidad a los responsables del artículo enjuiciado de mero trampolín o excusa para el agravio injurioso, pues ni la circunstancia de que se haya mencionado que el doctor M. "...negó toda relación con el hecho...", revela un elemento valorativo distinto que autorice a presumir lo contrario cuando, por otro lado, la nota culmina diciendo "...a pesar de la publicación del documento todo quedó en una nebulosa. No fue investigado...".

    19) Que, en las condiciones que anteceden, no luce arbitraria la decisión del a quo en cuanto basó la condena en la deliberada intención del artículo periodístico de tergiversar hechos y valores.

    En este sentido, no cabe sino compartir las reflexiones de la cámara en cuanto a que "...en el marco de la presente causa y en el llamado 'informe especial', en lo que hace específicamente al querellante, ha existido una inten

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    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. ción que sobrepasa el derecho de informar libremente, y cuya finalidad última consistió en inducir maliciosamente al público lector de la revista, a formar el convencimiento que, los supuestos dineros depositados por el querellante... en un Banco de la República Oriental del Uruguay, eran producto de procederes ilegales. La intención dañosa se destaca claramente cuando en torno a un relato objetivo, de un hecho perfectamente lícito, se esbozó un marco adecuado, que sirvió para crear el convencimiento en el lector, que el suceso tenía probado origen ilícito...".

    En este sentido, en efecto, si bien -tal como lo destacó el a quo a fs. 304- ninguna conducta antijurídica podía ser deducida del eventual hecho de depositar divisas en el extranjero, el episodio relatado por la revista "Humor" fue mostrado al lector como un hecho de corrupción que "no fue investigado", "que quedó en la nebulosa", cuando lo real era que por no constituir ilícito no merecía, precisamente, investigación alguna.

    20) Que en lo vinculado a la violación del principio de culpabilidad fundado en la omisión de acreditar la responsabilidad subjetiva, el recurso extraordinario no logra desvirtuar la razonabilidad de la sentencia apelada que se asienta en presunciones o indicios que satisfacen los requisitos establecidos por el art. 358 del Código de Procedimientos en Materia Penal.

    A todo evento, no resulta ocioso señalar que esa responsabilidad subjetiva resulta comprobada por el hecho de que en el mismo "Informe especial" que ha dado origen a la querella, el señor T.M.S. participó escribiendo un artículo titulado "Poder y Deporte: M. en bajada",

    que aparece en la página 57. Esta participación es por sí misma demostrativa de que al querellado bajo ningún punto de vista le pudo ser ajeno el contenido del "Informe especial".

    Su propio artículo estaba inmerso en ese informe, formaba parte de él, y no estaba fuera de su contexto, ni se refería a otra cosa que a supuestos hechos de corrupción. Es de toda ingenuidad argumentar que el querellado, como editor y autor de una sección que se incluiría dentro del "Informe especial", no conociera su contenido. Cierto es que lo escrito por S. refería hechos distintos del episodio que involucraba al doctor E.M.. Pero no menos cierto es que, aun así, no es lógico razonar que esa participación en la redacción de una parte del informe, lo era con desconocimiento de las demás, mucho menos teniendo en cuenta su condición de editor.

    Abundando en la cuestión, todavía puede ser señalado que la decisión del tribunal a quo no fue en modo alguno atributiva de responsabilidad objetiva como sostiene la defensa. El empleo de frases como que lo publicado "no pudo escapar al seguro control" de S., muestra que se valoró su conducta desde el punto de vista subjetivo, teniéndose en cuenta asimismo "...que la publicación de marras es una revista quincenal, de menor complejidad en cuanto al control que sobre lo publicado debe ejercer su director..." (fs.

    307). Y es que, efectivamente, el control que tiene el director de una revista humorística -donde pocos son los artículos que se apartan de lo jocoso- y que necesariamente reclaman un conocimiento cierto de la nota, con suficiente

    M. 307. XXXII.

    M., E. s/ querella por calumnias e injurias. Imputado: T.S.. tiempo para su análisis, es lógicamente bien distinto del control que tienen los responsables de publicaciones vinculadas a la "crónica diaria", donde la noticia es instantánea. Por lo tanto, la condena efectuada por el a quo se ha sustentado en una serie de presunciones o indicios anteriores al hecho y concomitantes con el mismo (art. 358, inc. 2°, código citado), los que no han sido desvirtuados por prueba alguna del imputado, quien pudo haber arrimado al proceso los descargos y el material probatorio necesario para acreditar los extremos que lo eximieran de reproche penal.

    En síntesis, no se ha desconocido en autos la doctrina que emana de Fallos: 303:267 en cuanto a que es requisito ineludible de la atribución de responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita puede ser enrostrada al procesado tanto objetiva como subjetivamente.

    21) Que los restantes planteos basados en la arbitrariedad de la sentencia, remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba y de interpretación de derecho común, acerca de los cuales el apelante sólo muestra su discrepancia sin que, a juicio de esta Corte, se advierta un caso que justifique su intervención en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.

    Por ello, se declara formalmente procedente el recurso

    extraordinario interpuesto y se confirma el fallo apelado, con costas.