Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Octubre de 1998, L. 385. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L.F.J. C/ FURBIA S.A.

S.C. L.385.XXXIII.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

- I - La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala II) confirmó, en lo principal, la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido injustificado, modificándola en cuanto al monto de la indemnización por antigüedad. Acogió, así, lo impetrado en el escrito de inicio, declarando la inconstitucionalidad, en el caso, del tope que fija el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por el artículo 153 de la ley 24.013. Remitió -a mayor abundamiento- a lo expresado en un precedente de la Sala, cuya copia adjuntó.

Consideró, a ese respecto, que en la especie, como en el precitado, la proyección del tope determinado por la norma objetada, configuró la supresión efectiva de la protección legal al quedar desnaturalizado el alcance del resarcimiento y arribarse a un resultado -adujototalmente ajeno a la finalidad perseguida por el artículo 14 bis de la C. Nacional de tutelar socialmente el trabajo, garantizando su protección contra el despido arbitrario (cfse. fs. 776/785 del expediente principal).

Ante ello, la parte demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 789/97 del expediente principal), el que contestado a fs. 806/9 y denegado a fs. 811 -con base en que los argumentos no permiten considerar configurados los supuestos previstos en los artículos 14 y 15 de la L.

48- dió origen a la presente queja.

En ella, tras reproducir en lo substantivo, el

recurso principal, rechaza que no se configure la hipótesis del artículo 14 inc. 1 de la L. 48, deteniéndose en evidenciar, además, la trascendencia que -a su ver- reviste la cuestión (v. fs. 61/68 del cuaderno respectivo).

- II - En el principal, tras encuadrar la hipótesis de marras en los términos del artículo 14, inciso 11, de la L.

48, la recurrente transcribe los párrafos segundo y tercero de la norma declarada inconstitucional y dice que el eje del argumento de la mayoría del a quo gira en considerar que el tope indemnizatorio configura la supresión efectiva de la protección legal, al quedar desnaturalizado el alcance del resarcimiento. Discrepa con dicho criterio, que califica de desacertado, puntualizando -con cita de un precedente de V.E.- que la invalidación constitucional de una norma debe ser "ultima ratio", por tratarse de un acto de suma gravedad institucional.

G. luego el voto del vocal en minoría, haciendo especial hincapié en el argumento de la existencia de un régimen resarcitorio contenido en los artículos 111 a 127 de la ley 24.013, idóneo para mitigar ciertos aspectos del daño producido por la extinción injustificada del vínculo laboral; y en el relativo a que el sistema implementado revela la adopción de un sistema de franjas variables, pero necesariamente limitado en el mínimo y el máximo para facilitar la previsibilidad de la erogación en los supuestos de cese sin causa legal; argumento -dice- que resulta esencial por su inmediato correlato con la seguridad jurídica, que se ve vulnerada -refiere- si en un caso en que el reclamo es muy superior a dicho límite, éste es declarado inconstitucional.

S.C. L.385.XXXIII.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Rechaza que el precedente de V.E citado por los sentenciadores ("Vega, H.A. c/ Consorcio de Propietarios Edificio Loma Verde y otro", del 16.12.93) sea aplicable al caso en análisis, toda vez que la suma por la que progresa la demanda en la sentencia de grado no es insignificante, por lo que no puede decirse que no proteje al trabajador contra el despido arbitrario. Al respecto, transcribe parcialmente el fallo de la Corte en la causa "G., B. c/ San Sebastián", del 04.09.90, cuyos fundamentos, sostiene, deben aplicarse al sub lite, máxime cuando ya no rige el salario mínimo vital y móvil como parámetro, sino que el tope está formado por el promedio de los salarios de convenio, lo que mejoró la situación del trabajador. Cita asimismo el precedente de V.E. en autos "V., J.G. c/ Mediconex S.A.", del 23.11.95, considerándolo igual al del sub examine. Puntualiza que el reclamante, aun antes del distracto, contaba con otro empleo, lo que minimizó -afirma- su perjuicio. Cita jurisprudencia favorable de otras Salas de la Cámara del Trabajo.

Subraya, por último, que según doctrina del Alto Cuerpo, si bien sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen la obligación de conformar sus decisiones a ellos, siendo que la situación planteada con el recurrido -contrario a la jurisprudencia de V.E.- introduce inseguridad ya que concluye- contradice los dictados del Máximo _rgano Judicial.

- III - En mi opinión, las cuestiones materia de recurso en esta causa, guardan substancial analogía con las examina

das por V.E. en "Villarreal, A. c/ Roemmers s./ cobro de salarios"; S.C. V 202, L. XXXIII; del 10 de diciembre de 1997, a cuyos términos y consideraciones cabe remitir para evitar reiteraciones innecesarias.

Por ello, estimo que corresponde admitir la queja, declarar procedente la apelación federal y confirmar o revocar el fallo, con arreglo al criterio expuesto por este Ministerio Público en el último ítem de la causa "B., H.J. c/ Camea S.A. s./ accidente", S.C. B 1.799, L.

XXXII, dictaminada con fecha 26.08.98.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1998.

N.E.B.