Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Septiembre de 1998, L. 595. XXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 595. XXIX.

RECURSO DE HECHO

L., Lucía Jacoba c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos.

Buenos Aires, 1° de septiembre de 1998.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa L., Lucía Jacoba c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social que -al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 23.278- confirmó la resolución administrativa que había denegado el reconocimiento de los servicios fictos por el lapso comprendido entre el 15 de abril de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, el actor dedujo el recurso extraordi- nario cuya denegación origina la presente queja.

  2. ) Que los agravios propuestos suscitan cuestión federal para su tratamiento en la vía intentada pues en ellos se ha cuestionado la validez de la ley nacional 23.278 bajo la pretensión de ser contraria a lo establecido en los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional y la decisión de la alzada ha sido adversa a la pretensión que el apelante fundó en dichas normas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

  3. ) Que en reiteradas oportunidades esta Corte se ha pronunciado a favor de la validez de las condiciones que se imponen a la obtención de beneficios previsionales a los que no se tenía derecho en el momento del cese (Fallos:

    294:119; 307:582; 315:482), tales como la prevista en el referido art. 2°, que estableció el plazo de un año a partir

    de su vigencia para solicitar el reconocimiento del período de inactividad -derivada del cese en los servicios por causas políticas o gremiales- toda vez que es incuestionable la potestad legislativa para fijar un límite temporal a la petición de los interesados.

  4. ) Que ello es así pues el cómputo de servicios inactivos efectuado en virtud de una autorización legal reviste características excepcionales que responden a circunstancias ponderadas por el legislador, mas no cabe soslayar en el tratamiento de las impugnaciones propuestas que el principio general del sistema previsional excluye el reconocimiento de aquéllos cuando la interrupción del vínculo laboral no se haya remunerado de manera alguna y no se hayan ingresado -por lo tanto- aportes y contribuciones en forma contemporánea como resultado del ejercicio de la función.

  5. ) Que, en el caso, a raíz de que el actor no ejerció el derecho reconocido durante el plazo establecido por la ley especial ni probó la existencia de razones concretas que le hubieran impedido eventualmente formular la petición en tiempo hábil -la que sólo fue presentada transcurridos más de cinco años desde la fecha de entrada en vigencia de la norma- no puede aducir válidamente que con la aplicación literal del art. 2° se desconocieron derechos que contaban con la protección constitucional, pues la exclusión del beneficio previsional pretendido fue el fruto de su propia conducta discrecional (confr. causa: S.931.XXIX "Sandrigo, E.A. c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", fallada el 6 de febrero de 1996).

    L. 595. XXIX.

    RECURSO DE HECHO

    L., Lucía Jacoba c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos.

  6. ) Que, no obstante lo expresado, no corresponde eludir que el restablecimiento y modificación de la ley 23.278 dispuestos por la ley 24.736, varió, a partir de la vigencia de ésta, la situación de la recurrente, pues el art. 2° sustituido autoriza el cómputo de los períodos de inactividad al solo efecto jubilatorio, sin plazo de prescripción, de las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, desde el momento en que cesaron en sus tareas a partir de la fecha de vigencia de la ley 16.001 -24 de noviembre de 1961- y hasta el 9 de diciembre de 1983 (conf. arts. 1° y 2°).

  7. ) Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso intentado y confirmar la sentencia apelada, sin perjuicio del derecho de la actora a obtener el reconocimiento de servicios solicitado y eventualmente la jubilación ordinaria desde que se reimplantó la vigencia de la ley 23.278 con las modificaciones de la ley 24.736 (B.O. del 11 de diciembre de 1996).

    Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el se- ñor Procurador General, y con la salvedad que surge de lo expresado en el considerando 6°, se declara admisible el

    recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

    FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..