Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Septiembre de 1998, B. 286. XXXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

B. 286. XXXIII.

RECURSO DE HECHO

B., C.A. s/ homicidio culposo -Causa N° 38.948-. Buenos Aires, 1° de septiembre de 1998.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por M.P. en la causa B., C.A. s/ homicidio culposo -Causa N° 38.948-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o, en caso contrario, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

H. saber y archívese, previa devolución de los autos principales. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V. (en disidencia).

DISI

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RECURSO DE HECHO

B., C.A. s/ homicidio culposo -Causa N° 38.948-.DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto declaró bien denegado el recurso extraordinario local y rechazó el de hecho, el particular damnificado interpuso recurso extraordinario federal cuya denegación motivó la presente queja.

  2. ) Que en el recurso de inaplicabilidad de ley sostuvo en lo atinente al art. 87 del Código de Procedimientos Penal -local-, respecto de la limitación para interponer ese tipo de recurso a quien actúa en calidad de particular damnificado, que resulta contraria al art. 31 de la Constitución Nacional y su reglamentación por la ley 48, en tanto impide el previo juzgamiento por los superiores tribunales de provincia. Dice que la limitación debe ser obviada al estar involucradas cuestiones de carácter federal y de esa manera, sostuvo que el fallo por el cual se absolvió al imputado es arbitrario, debido a que la cámara omitió la consideración de extremos que reputó esenciales y conducentes para la adecuada solución del litigio. En cuanto al remedio federal, sostuvo que lo que se trata no es de violentar las leyes provinciales, sino de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y que si bien "es facultad no delegada...al Gobierno Nacional la de organizar su administración de justicia...tal ejercicio es...inconstitucional si impide a los magistrados locales considerar y aplicar...la Constitución Nacional". Reclamó la plena vigencia del art. 31 de la Cons

    titución Nacional y planteó la necesidad de que las cuestiones debatidas no sean excluidas del previo juzgamiento del órgano superior de la provincia; tachando de arbitrario el fallo recurrido a fin de resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso.

  3. ) Que el a quo al resolver de la manera en que lo hizo, entendió que salvo supuestos excepcionales que no se dan en el caso, el particular damnificado carece de facultades para interponer recursos extraordinarios contra los pronunciamientos de las cámaras de apelación por la limitación del art. 87 del Código de Procedimiento Penal. Que la restricción no afecta el derecho de defensa ni de igualdad ante la ley pues tratándose de delitos que dan lugar a la acción pública cuyo ejercicio corresponde al Ministerio Público no cabe duda que el legislador provincial ha estatuido sobre materia propia de sus atribuciones al reglamentar la intervención de tal particular en el juicio penal. Que el acceso a esa instancia no puede admitirse, pues contra la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, de aplicarse tal como se propone, los tribunales superiores provinciales verían alterada la competencia que las propias constituciones y leyes locales les asignan.

  4. ) Que si bien en principio las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos locales no justifican -en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan- la apertura de la instancia extraordinaria (Fallos: 290:106; 297:227), cabe hacer excepción a dicho principio cuando el pronunciamiento impugnado conduce sin

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    B., C.A. s/ homicidio culposo -Causa N° 38.948-.fundamentos adecuados a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable, y afecta irremediablemente el derecho de defensa en juicio (Fallos:

    300:1192; 311:148 entre otros).

  5. ) Que ello ha ocurrido en el sub lite habida cuenta de que el alcance dado al art. 87 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires aparece como un producto individual de la voluntad del juez y no como una derivación razonada del derecho vigente. Todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, es amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandante o demandado; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución. No se observa, en efecto, cual puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de su derecho -así fuere el de obtener la imposición de una penay el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate (Fallos: 268:266; 297:491).

  6. ) Que cabe concluir que la decisión del legislador plasmada en la ley 48, fue que todo pleito radicado ante la justicia provincial, en el que se susciten cuestiones fe

    derales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de "fenecer" ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (Fallos: 311:2478); de modo tal que la falta de tratamiento por el a quo de las cuestiones federales planteadas por el recurrente circunscribiendo de esa manera su razonamiento, deja sin fundamento lo decidido al omitir el análisis de la verdadera sustancia de los derechos que se dicen comprometidos, por lo que el recurso local ha sido mal denegado.

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. H. saber, acumúlese al principal y devuélvase a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí expuesto (art. 16, primera parte, de la ley 48). A.R.V..