Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Agosto de 1998, C. 359. XXXII

Actor:Corach Carlos Wladimiro
Demandado:Verbitsky Horacio
Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1998.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Carlos Wladimiro Corach (querellante) en la causa Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que declaró prescripta la acción penal en la querella promovida por Carlos Vladimiro Corach contra Horacio Verbitsky por el delito de injurias (art. 110 del Código Penal) y contra Julio Roberto Pérez por el de reproducción (art. 113 del Código Penal), el querellante interpuso recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

2°) Que los agravios del recurrente, fundados en la doctrina de la arbitrariedad por violación de la garantía de la defensa en juicio, remiten al examen de temas fácticos y de derecho común, pues se refieren a la determinación de los actos que constituyen secuela de juicio, ajenos por principio, a la vía del recurso extraordinario. Sin embargo, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio con base en la mencionada doctrina, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 314:312).

- 3°) Que el sub examine es uno de esos casos,pues el uo, no obstante que expresó que en los delitos de acción vada los actos interruptivos de la prescripción deben venir del ejercicio de la acción penal por parte de la rella, no confirió entidad interruptora de aquélla a las sentaciones del acusador privado de fs. 69, 77, 85, 88, 104 y 112, sobre la base de que "aun sin perder de vista mérito dentro del intrincado trámite dado a las acciones, no han significado el avance cualitativo en el coimiento de los hechos exigido para que se configure la sal interruptiva en cuestión". Bajo esos supuestos consi- ó que la acción penal se hallaba prescripta, debido a que de la interposición de la querella hasta la audiencia de ciliación había transcurrido el plazo de dos años estableo por el art. 62, inc. 2°, del Código Penal.

Por lo demás estimó que la primera divulgación del ro debía ser considerada como fecha del hecho, debido a las diversas ediciones de aquél no configurarían una conuidad delictiva.

4°) Que el acusador privado a través de diversas sentaciones, procuró hacer avanzar la causa hasta su teración definitiva y en ese contexto dedujo recursos de nuad y apelación (fs. 95), presentó la memoria por la que uce agravios respecto del sobreseimiento dictado en primeinstancia en el que reitera que habiéndose ejercido la acn por injurias, se debió haber dado a las actuaciones el mite correspondiente, con la pertinente fijación de auncia de conciliación (fs. 104), contestó una vista en la reitera que se adecue el procedimiento a lo prescripto a los delitos de acción privada y se designe audiencia de

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. conciliación (fs. 112).

5°) Que lo expuesto revela, inequívocamente, la sostenida voluntad persecutoria del querellante, procurando hacer avanzar la causa hacia su destino natural que es la sentencia, superando las distintas alternativas por las que debió atravesar -declaraciones de nulidad, declinación de competencia, derogación del delito de desacato, etc.- pero manifestando de manera indeclinable, en todas las instancias, su pretensión punitiva. En este contexto, la falta de un "avance cualitativo en el conocimiento de los hechos" que invocó la cámara no constituye sino una afirmación dogmática que priva del debido sustento a la sentencia apelada.

6°) Que por lo demás, el gravamen de la querella referente a que las diversas ediciones del libro en cuestión interrumpirían la prescripción, fue rechazado por cuanto "las pretendidas injurias por las que se acciona, han sido proferidas de una vez con la publicación del libro...por lo que constituyen una única acción...". Tal afirmación resulta carente de sustento, y constituye otra causal de arbitrariedad, dado que omite considerar por qué si las sucesivas ediciones de la publicación deben contar con la conformidad del autor, la presunta voluntad injuriante habría sido vertida únicamente en la primera edición del libro.

O sea que si bien la acción se consumó en un primer momento, el a quo desconoce la incidencia que respecto de la prescripción de la acción penal pudieron haber tenido las sucesivas ediciones en un lapso -no consideradodurante el cual el delito se siguió consumando.

- 7°) Que la exigencia de que los fallos judiciales gan fundamentos serios, señalada por la jurisprudencia y doctrina unánimes sobre la materia, reconoce raíz constiional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de la decisión se conforme a la ley y a los principios pros de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la ecie a decidir (Fallos: 318:652).

8°) Que en consecuencia, la tesis con arreglo a la l son revisables en la instancia extraordinaria las sencias sin otro fundamento que la voluntad de los jueces, oriza el conocimiento del Tribunal en los supuestos en que razones aducidas por el fallo en recurso se impugnan, con os de verdad, por carentes de los atributos mencionados arriba, todo lo cual pone de manifiesto la relación ecta e inmediata entre lo resuelto y la garantía stitucional que se dice vulnerada (B.645.XXXI "Baiadera, tor Florindo s/ homicidio culposo", del 20 de agosto de 6).

9°) Que en estas condiciones corresponde revocar la isión del a quo, a fin de que -con arreglo a lo aquí uesto- examine la incidencia de la actividad procesal del rellante, a los fines del cómputo de la prescripción penal la acción, teniéndose especialmente en cuenta lo expresado el considerando sexto.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Vuelvan autos a la instancia de origen a fin de que, por quien responda, se dicte un nuevo pronunciamiento con a

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. rreglo a lo aquí dispuesto. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y oportunamente, remítase. JULIO S.

NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO (su voto) - GUILLERMO A. F. LOPEZ (su voto) - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia) - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

VO

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio.

TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

Que los suscriptos coinciden con los considerandos 1° a 7° del voto de la mayoría.

8°) Que el pronunciamiento impugnado no satisface aquellas exigencias. No sólo se basa en afirmaciones dogmáticas que no consultan las particularidades del caso (Fallos: 311:1007), sino que también omite valorar circunstancias de ineludible consideración (Fallos:

300:412, causa S.216.XXXII "Sosín, Guillermo y otros s/ art. 189 del C.P." -disidencia de los jueces Belluscio, Petracchi y Bossert-, pronunciamiento del 15 de julio de 1997). Todo ello, pone de manifiesto la relación directa e inmediata entre lo resuelto y la garantía constitucional que se dice vulnerada (causa B.645. XXXI "Baiadera, Víctor Florindo s/ homicidio culposo", sentencia del 20 de agosto de 1996).

9°) Que en estas condiciones corresponde revocar la decisión del a quo, a fin de que -con arreglo a lo aquí expuesto- examine la incidencia de la actividad procesal del querellante, a los fines del cómputo de la prescripción penal de la acción, teniéndose especialmente en cuenta lo expresado en el considerando sexto.

Habida cuenta del resultado a que se arriba, se impone concluir que esta Corte no se encuentra en condiciones de expedirse acerca de si la acción se halla prescripta, tal como lo hizo en otras ocasiones atendiendo a la conveniencia de evitar la continuación de un juicio innecesario

- (Fallos: 186:396; 318:2481). Ello es así, por cuanto la itrariedad del pronunciamiento impugnado impide evaluar -a erencia de lo acaecido en los precedentes citados- la currencia de uno de los requisitos para que opere la scripción, esto es que el plazo no se encuentre interrumo por la comisión de otro delito o por la secuela del cio (art. 67 del Código Penal).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Vuelvan autos a la instancia de origen a fin de que, por quien responda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a aquí dispuesto. Agréguese la queja al principal. ifíquese y oportunamente, remítase.

ANTONIO BOGGIANO - LLERMO A. F. LOPEZ.

COPIA DISI

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio.

DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se la desestima. Intímase a los presentantes (fs. 39 vta.) a que dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese, previa devolución de los autos principales. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - GUSTAVO A. BOSSERT.

DISI

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio.

DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

1°) Que contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que declaró extinguida por prescripción la acción penal en la causa seguida contra el periodista Horacio Verbitsky por injurias (art. 110, Código Penal), la querella interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja.

2°) Que mediante la invocación de la doctrina de la arbitrariedad la recurrente pretende que esta Corte examine la cuestión relativa a cuáles son los actos del proceso que constituyen secuela de juicio en los términos del art. 67, párrafo cuarto, segunda alternativa, del Código Penal. Se trata, por tanto, y con toda claridad, de la vinculación entre el significado de ciertos actos procesales y sus efectos sobre una disposición de derecho común, materias ambas que resultan ajenas a la vía del recurso extraordinario.

Tampoco corresponde ingresar al examen de tales cuestiones con base en la doctrina de la arbitrariedad, pues ella reviste carácter excepcional y su finalidad no consiste en convertir al Tribunal en una tercera instancia ordinaria ni en corregir fallos equivocados, o que se estimen tales (confr. Fallos: 310:676; 311:786; 312:246).

Su ámbito de aplicación, en lo que al caso pudiere concernir, queda restringido a aquellos supuestos en que existe un apartamiento

- inequívoco de la solución normativa prevista por el islador o groseras deficiencias lógicas de razonamiento impidan considerar a la decisión "sentencia fundada en ", según lo exigido por el art. 18 de la Constitución ional (confr. Fallos: 312:888; 311:2375 y mi voto concunte con el juez Belluscio en Fallos: 314:458, entre muchos os precedentes).

Sobre el particular cabe poner de manifiesto que pecto de los actos constitutivos de "secuela de juicio", modo alguno podría predicarse de la sentencia en estudio no constituya derivación razonada del derecho vigente. Lo idido se fundamenta en una firme jurisprudencia del a quo ativa a los actos que interrumpen la prescripción en los itos de acción privada -según la cual no habría otros ibles entre la interposición de la querella y el llamado a iencia de conciliación-. Más allá del acierto o error que ha jurisprudencia pudiera revestir en el ámbito del echo común, ha sido regularmente aplicada al caso sin que tribunal se haya apartado de la doctrina invocada por él.

En este contexto jurisprudencial resulta absolutate claro a qué se hace referencia cuando se señala la neidad de asignar calidad interruptiva únicamente a actos cesales que impliquen un avance cualitativo del procedinto. Tal formulación de derecho común -cuya interpretan, como ya se dijo, es, en principio, ajena a la jurisdicn extraordinaria- hace referencia a actos que, como se prende del fallo cuestionado, nunca podrían depender de la a voluntad persecutoria del querellante, a riesgo de iparar al instituto de la prescripción penal, íntimamente

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. vinculado al derecho penal material y a los fines que se persiguen con la aplicación de una pena, con una suerte de mera "perención de instancia". Tal confusión sería incorrecta aun en acciones privadas como la que aquí se encuentra en juego, pues la reacción frente al delito es siempre de carácter público, y por lo tanto, la influencia del paso del tiempo sobre su necesidad mal podría regirse sólo porla manifestación de voluntad del querellante.

El argumento del apelante consistente en tachar de contradictoria la afirmación del a quo respecto de que en los procesos de acción privada "es a la querella a quien le corresponde el ejercicio de la acción, es decir, que el acto que se repute interruptor ha de emanar en el subcaso, de quien detenta su ejercicio" (fs. 16 del incidente de queja) con relación a la de conferirle "tal naturaleza a la interposición de la querella, así como al llamado a audiencia conciliatoria..." (ídem) no es acertado, porque el requisito de que emane del titular de la acción está referido allí al párrafo anterior de la resolución, en que se dice que el acto interruptivo debe demostrar "de manera inequívoca la voluntad persecutoria estatal" (ídem). De manera tal que sólo se pretendió adecuar una doctrina general -recordada en la sentencia por remisión a los fallos del tribunal en los que fue sentada, en procedimientos de acción pública- a las particularidades del proceso de acción privada, con cita de los propios precedentes de la cámara en los que ya se había resuelto tal adecuación. En modo alguno se pretendió decir con ello que no pueda haber ningún acto procesal emanado

- del Estado -en particular, de un tribunal- al que quepa gnarle efectos interruptivos, sino tan sólo que aquellos pudieran tener tal efecto en manos del Ministerio Públien delitos de acción pública, tienen que entenderse natumente trasladados al querellante en delitos de acción pria. Asimismo, no se puede inferir de lo expuesto que la ición del querellante de que se dicte un acto interruptivo ga también ese efecto, ni que lo deba tener la petición en en lugar del acto mismo -según parece afirmarse en la ja- (fs. 37).

No merece una conclusión contraria el argumento reivo a que la conversión del procedimiento de que se trata proceso por delito de injuria una vez derogado el delito desacato (ley 24.198) tendría que conducir a que no fuese interposición de la querella en sí lo que tuviera efecto erruptivo, sino el auto del juez que dio "curso a la quela con fecha 5 de noviembre de 1993" (fs. 36 vta. de este idente). En efecto, dicho argumento no está acompañado de razonamiento del apelante que explicite por qué razón, onces, no se habría operado la prescripción desde el moto de la comisión del hecho (noviembre de 1991) hasta el ento de dicha resolución -que era justamente el lapso en declaró prescripta la acción el juez de primera instancia r fs. 3/3 vta. de la queja)- y, además, configura un mplo característico de la discusión acerca de la naturaley alcances de un acto procesal que remite a una disposin de derecho común, ajena a la vía extraordinaria del art. de la ley 48.

3°) Que de otra categoría son las razones que

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. determinan la improcedencia de los agravios relativos a la reiteración de hechos por parte del autor de las injurias al momento de ser reeditado el libro que contiene las afirmaciones consideradas desacreditantes.

En efecto, lo decidido por el a quo, en el sentido de que las injurias habrían sido proferidas "de una sola vez con la publicación del libro 'Robo para la Corona'... sin que de ningún modo pueda sostenerse que el número de ejemplares que en definitiva se publiquen en las distintas ediciones determinen la cantidad de hechos típicos cometidos en que incurre el autor" (fs. 15 vta.) es correcto en una parte, pero, arbitrario en otra. Es correcto en la medida en que se refiere al número de ejemplares de una edición, cantidad que, ciertamente no le atribuye pluralidad de significados al hecho de una autoría única, sino una mayor extensión de sus efectos a un mismo hecho. Pero, es arbitrario en tanto trata también de típicamente incoloras para el reproche penal a las distintas reediciones de un mismo libro hipotéticamente injurioso. Pues ello implicaría afirmar que la reiteración de cualquier hecho típico es en sí mismo atípica, lo cual configura una conclusión inadmisible. En tal orden de ideas, resulta absolutamente indiferente que los hechos ulteriores sean considerados trayectos típicos de una unidad de acción, en el sentido de la doctrina del "delito continuado", o hechos independientes "en concurso real"; pues en ambos casos se trataría de situaciones fácticas que inciden en el cómputo de la prescripción de la acción penal, sea por determinar un momento posterior en el "cesar de cometerse"

- el mismo delito (art. 63 in fine, Código Penal),sea por interrupción de la acción penal de aquel delito, ocurrida la comisión de otro (art. 67, cuarto párrafo, primera ernativa, Código Penal).

Pero, a tal respecto, en la presentación directa el lante no manifiesta -ni lo hizo en el recurso extraorario-, haber ampliado el objeto procesal de la querella ginaria mediante sucesivos escritos referidos a cada una las ediciones de la obra que considera injuriosa, respecto la que hubiera habido aquiescencia de su autor. La liación de la querella por escrito particular tendría la ción de garantizarle al querellado la fijación del objeto el cual es concretamente acusado, cuya relevancia para el echo de defensa en juicio y debido proceso huelga destacar t. 18 de la Constitución Nacional). Y, por cierto, cada liación de la querella habría tenido el mismo efecto erruptor, en su respectiva medida, que el que tuvo la rella originaria respecto del primer hecho. Por consiente, esta Corte Suprema no puede revocar una declaración prescripción sobre la base del efecto que ciertos hechos rían tenido sobre la acción penal, si el presupuesto proal para que tales hechos sean considerados no parece siera insinuado por el apelante en su propio recurso.

4°) Que lo dicho en los considerandos anteriores es olutamente independiente de la posible prescripción que iera podido operarse en esta misma Corte Suprema desde la icación de la queja ante este Tribunal, ocurrida el 6 de io de 1996 (conf. cargo de fs. 40), hasta el dictado de a sentencia, en el caso de que la mayoría del Tribunal

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. resolviera revocar la resolución recurrida.

Con relación a este punto, y en especial, con respecto a la posible necesidad de declarar la extinción de la acción en esta instancia, corresponde recordar que, a partir de Fallos: 186:289 (en el año 1940) esta Corte elaboró la doctrina según la cual "la prescripción en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio por el Tribunal...".

Esta fórmula, con la aclaración de que la prescripción opera "de pleno derecho por el solo transcurso del plazo pertinente" (Fallos: 207:86; 275:241; 304:1395) aparece reiterada en numerosos fallos posteriores. A ella se le agregan algunas ampliaciones adicionales para algunos casos particulares, tales como la irrelevancia de que la cuestión haya sido introducida sólo en el recurso extraordinario (Fallos: 300:716; 304:1395), su carácter previo a cualquier otra decisión sobre el fondo (Fallos:

186:396; voto de la mayoría en Fallos: 311:2205, con mi disidencia parcial junto al juez Bacqué; pero, por otras razones; voto de la mayoría en 318:2481, en que disentí junto con el juez Fayt por considerar que la prescripción no se había producido), la conveniencia de su declaración, a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (Fallos: 186:396; ídem 318:2481). Esta interpretación es llevada al extremo, cuando se afirma la corrección del proceder de los tribunales que la declaran de oficio sin traslado a las partes, por cuanto "la ausencia de traslado a las partes no configura agravio al art. 18, Constitución Nacional" (Fallos: 275:241; 305:1648).

- En el fallo, cuyo sumario obra en Fallos: 303:164, ece relativizarse en alguna medida el tratamiento de la stión: "Debe desestimarse el agravio formulado por haber a quo pronunciado condena luego de operada la prescripción la acción, sin haberse hecho mérito de esa circunstancia, que si bien la prescripción puede y debe declararse de cio, la omisión de ese tratamiento oficioso no configura stión federal bastante para ser examinada en la instancia raordinaria". Del mismo modo, en Fallos: 305: 1236, se itió la arbitrariedad de la sentencia por haberse omitido ella el tratamiento del agravio relativo a la scripción, pero no se la declaró de oficio, sino que se la itió para que se dicte nuevo pronunciamiento, a pesar de citas de Fallos: 275:241; 300:716 y 301:339, de los les se desprendería que "debe" ser declarada de oficio.

A pesar de las escasas modificaciones con que rece expuesta la doctrina citada, ella no siempre ha sido icada a casos que puedan ser considerados completamente ivalentes. Así, aun cuando los precedentes no permiten en siones reconstruir con precisión cómo era el planteo de scripción, y cuáles los hechos, es posible reconocer erentes situaciones. Se la utilizó, por ejemplo, para validar declaraciones "de oficio" realizadas por jueces de tancias inferiores (Fallos: 275:241; 297:215, en este caso prescripción había sido declarada por la cámara; 207:86); o, también para invalidar el argumento de extemporaneidad ndo ella se planteaba en el recurso extraordinario llos: 304:1395).

Asimismo, se ha señalado que la prescripción debe

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. ser declarada en cualquier instancia del juicio (Fallos: 225:179, en un caso de extradición; 313:1224) y por cualquier tribunal (voto de la mayoría en Fallos: 311:2205 cit.).

En muchos de los fallos mencionados, como se ve, la Corte no se limitó a confirmar un fallo que declaraba extinguida la acción, sino que ella misma resolvió declararla prescripta, sobre la base de que, por tratarse de una cuestión de orden público, el Tribunal "debe" proceder de ese modo, y aparentemente, en algunos casos, incluso con prescindencia de los planteos de las partes. De allí la irrelevancia de la vista declarada en Fallos:

275:241 y 305:1648. De todas formas, no queda demasiado claro el alcance exacto de ese "deber", cuando lo asume la propia Corte. En principio, pareciera que el Tribunal se considera alcanzado por la obligación de declarar lo que ha operado de "pleno derecho". Sin embargo, otra circunstancia que casi nunca es posible reconocer a partir de la lectura de los fallos citados es cuál era la situación en cada causa en cuanto a la acreditación de la ausencia de "secuela de juicio". Pues si bien es verdad que la prescripción opera de pleno derecho por el solo "transcurso del plazo pertinente", esta es sólo una verdad a medias, en tanto no es éste el único requisito legal para que la acción prescriba. Ello sólo sucederá efectivamente cuando el "plazo pertinente" no esté suspendido o interrumpido por la comisión de un nuevo delito o por secuela de juicio (art. 67, Código Penal). La determinación de este requisito, bajo ciertas condiciones, puede

- resultar por demás compleja y lenta, y requerir un tráe que, en principio, resultaría dispendioso llevar a cabo un tribunal con competencia extraordinaria. La regla, por tanto, debería ser la siguiente: si en el expediente ya se uentran acreditados los requisitos positivos y negativos la prescripción, esto es, que ha transcurrido el plazo del . 62, Código Penal, y que no ha habido causales de pensión o interrupción, entonces sí, la Corte debe declaextinguida la acción, "a fin de evitar la continuación de cios innecesarios". Empero, si ello no ocurre, por ejemplo que no constan los antecedentes del imputado, su tificación en esta instancia sólo se justificaría en casos extrema urgencia. Tal sería, si de la declaración de scripción dependiera la absolución de un imputado deido, es decir, la excepción valdría en supuestos de hecho no toleraran la dilación que significaría volver la causa a instancia anterior para el trámite respectivo.

En lo que al sub lite se refiere, si se acepta este terio interpretativo, no corresponde que sea este Tribunal que asuma la tarea de acreditar el punto, por no haberse bado la falta de comisión de otro delito o la inexistencia secuela de juicio respecto del imputado en lo que atañe al íodo en el que el expediente permaneció en la Corte (fines mayo de 1996 hasta la fecha), -dado que, como es obvio, no ése el período que se discute en la resolución apelada, pecto del cual sí el tema de la interrupción fue minado-. En lo que hace al transcurso del tiempo con anteridad al arribo de la causa a la Corte, debe destacarse

C. 359. XXXII.

RECURSO DE HECHO

Corach, Carlos Wladimiro c/ Verbitsky, Horacio. que, de acuerdo con la jurisprudencia indicada, la cuestión de la prescripción no puede ser soslayada sin más ni más sólo porque la sentencia que declaró extinguida la acción con este fundamento sea considerada arbitraria. Si han transcurrido dos años, y se encuentra probado que no hubo interrupción alguna, aun cuando la sentencia fuera defectuosa, si de todos modos la acción se encontrara prescripta, así debería declararse. Pero, probablemente, la aplicación estricta de esta pauta, tropezaría casi con seguridad en la práctica -al menos, en muchos casos- con un lapso, entre la sentencia apelada y el momento de la decisión del recurso extraordinario, lo suficientemente importante como para justificar una nueva certificación de antecedentes y el descenso de los autos a la instancia anterior con esa finalidad, tal como ha ocurrido en estos actuados.

Por ello, se desestima la queja interpuesta. Intímese a los presentantes a que, dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.