Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de Agosto de 1998, M. 230. XXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M., M. c/ Provincia de Mendoza.

S.C.M.230, L. XXVIII.-

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

El actor, por haber desempeñado, entre otros, el cargo de diputado en la Provincia de Mendoza, accedió al beneficio jubilatorio establecido por la ley local N° 5077, el monto de cuyo haber debía ser igual al 82% móvil de la remuneración que por todo concepto perciban los legisladores en actividad, es decir, tomando en cuenta dos ítems que la integraban: dieta legislativa y gastos de representación.

La ley 5811 general de sueldos de la provincia, en su artículo 27, desdobló la remuneración de estos últimos en dos rubros de asignación de clase. Uno Dieta (70%), el restante, compensación funcional (30%), que se otorga por las mayores erogaciones que origina el efectivo desempeño de las funciones, y reviste carácter no remunerativo. Como consecuencia de que esa norma suprimió el rubro, gastos de representación, el 82% del monto que le corresponde a los jubilados se empezó a liquidar únicamente sobre el concepto Dieta (70%).

Sobre la base de que tal cambio vulneraba el derecho que había adquirido al amparo de la ley bajo la cual se jubiló, el titular, articulando la invalidez del mencionado artículo 27, de la ley 5811, interpuso acción de inconstitucionalidad, que una vez sustanciada quedó en estado de ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia local.

La vocal preopinante, a cuyo voto adhirió el restante miembro del tribunal, afirmó, en síntesis, que la

cuestión a resolver consistía en determinar si la disminución sufrida en el haber jubilatorio del accionante afectaba, de modo inconstitucional, su derecho adquirido.

Luego de reseñar las pautas sentadas por esta Corte sobre el tema, en especial las referidas a que, en algunos casos, la rebaja de los haberes no vulneraba el derecho de propiedad siempre y cuando ella no alcance una magnitud que pueda ser tachada de arbitraria o confiscatoria, señaló que el límite de la quita aceptable, que en un principio se fijó en el 30% comparado con el sueldo de actividad, se fue rebajando progresivamente a través de decisiones judiciales que sólo consienten como válidas mermas que no superen el 10%.

Atendiendo a las circunstancias del caso, continuó, la rebaja fundada en el desdoblamiento de un porcentual no remuneratorio no parecía contradecir ningún derecho adquirido, desde que no afectaba uno de los principios fundamentales de la materia, el que determina que debe existir relación entre los aportes y monto a cobrar.

Como consecuencia de las razones que, suscintamente, reseñé, la señora magistrado finalizó expresando que, al haberse invocado un régimen de privilegio por quien sólo aportó escasos años al sistema, no puede considerarse que éste fue privado de un derecho adquirido porque se implantó un sistema que disminuye el 30% de la base porcentual tenida en cuenta para liquidar su haber.

Esta decisión motivó el recurso extraordinario deducido a fs. 110/114 vta. del principal cuya denegatoria motivó la presente queja, en la que el beneficiario mantiene

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la tacha de invalidez a la que antes hice referencia, y, además, califica al fallo como arbitrario.

Opino que, respecto de esta última apreciación, el remedio federal no puede prosperar, no sólo en cuanto está expuesta de manera muy escueta, sino, también, en tanto los agravios que la integran se vinculan con la apreciación de cuestiones de hecho y con la aplicación de normas de derecho público local, temas ajenos a esta instancia, y que el sentenciador juzgue sin que haya incurrido en excesos invalidantes que permitan descalificar la sentencia como acto judicial, con prescindencia del juicio que pueda formularse acerca de su acierto o error.

El recurso, en cambio, es procedente formalmente, toda vez que la decisión definitiva del superior tribunal de la causa resulta favorable a la validez de la norma local impugnada por el recurrente bajo la pretensión de ser contraria a la Constitución Nacional, aunque con relación al fondo del asunto, estimo que el criterio de los jueces debe confirmarse.

Así lo considero, habida cuenta de que, como bien lo enfatizaron, en el caso de autos se trata de un beneficio establecido en una ley de privilegio, al que se pudo acceder a través de una similar de excepción que permitía reconocer y computar servicios por los que no se hicieran aportes oportunamente y que, además, otorgaba facilidades para cumplir con esa obligación, es decir, normas ambas generadoras de situaciones extrañas frente a la generalidad, razón por la

cual concuerdo con aquéllos en que la reducción operada en el haber de quien accedió a un beneficio en tales excepcionales circunstancias no aparece como significativa para decretar la invalidez de la norma que la motivó.

A lo dicho puede agregarse, que de la resolución en recurso surge que los jueces pusieron especial énfasis en resaltar que en causas en que se debatían hechos similares a los de autos, V.E. sentó como jurisprudencia, que si bien los jueces debían privilegiar el carácter sustitutivo del haber de pasividad, al resolver tales cuestiones debían igualmente ponderar las posibilidades financieras del sistema.

Sobre la base de tales premisas resolvieron, como dije, que en el caso concreto el beneficiario no podía alegar válidamente haber sido privado de un derecho adquirido a que no se modifique la base porcentual para liquidar su haber aun cuando tal cambio pudiese conllevar que el monto de aquél sufriese una disminución.

Es decir que el sentenciador, sin desconocer la doctrina referida al carácter sustitutivo del haber de pasividad, ante la circunstancia de que eran mínimos los aportes que el titular había efectuado en oportunidad del cobro de sus sueldos, faltando en consecuencia su contribución a los recursos destinados al pago de las prestaciones deferidas por la Caja otorgante, creyó, en definitiva, que debía privilegiar el pedido de cautela que también le encareció tener el cuenta V.E. al decidir casos de esta índole, a fin de que los organismos previsionales puedan preservar el sostenimiento del sistema.

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Tal solución es, a mi juicio, la más adecuada en pos de cumplir el mandato constitucional que establece que "El Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social", en tanto actúa otro mandato cardinal en la materia cual es, el que determina que es el aporte efectuado en la oportunidad del cobro de haberes el que hace nacer el derecho a las prestaciones que se ponen a cargo de la Caja para la época en que quien lo hizo pase a revistar en pasividad, situación esta última que nunca ha dejado de tener en cuenta el legislador, como lo demuestran, entre otros, los artículos 9°, de la ley 11.923; 26 del decreto 55.211 que la reglamentaba; 25 de la 18.037 y 16 de la 18.038, y que se vincula -como ya dije- con el equilibrio económico financiero de todo el sistema de tal tipo.

Por lo expuesto, opino que, con el alcance indicado, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso extraordinario y confirmar el fallo apelado.

Buenos Aires, 12 de junio de 1996.

Es Copia Angel Nicolás Agüero Iturbe

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RECURSO DE HECHO

M., M. c/ Provincia de Mendoza.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1998.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa M., M. c/ Provincia de Mendoza", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazó la demanda tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 5811 en razón de que el monto de la reducción del haber de jubilado no resultaba confiscatorio en relación a las concretas circunstancias de la causa, el actor interpuso el recurso extraordinario cuya denegación motivó la presente queja.

  2. ) Que el demandante obtuvo su jubilación ordinaria a partir del 1° de octubre de 1987, conforme a la ley 5077. Para determinar el haber de pasividad, la caja provincial, tuvo en cuenta el sueldo de diputado provincial, pues aquél había ejercido ese cargo durante tres años, nueve meses y siete días, con aportes. Pero como el tiempo de prestación de servicios para la provincia totalizó aproximadamente cuatro años y medio, se computaron servicios fictos por seis años, cinco meses y 23 días (art.

    11 de la ley 5077).

  3. ) Que los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas en la causa B.833 XXXI "B. de V., A. c/ Provincia de Mendoza" fallada el 13 de agosto de 1998, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad.

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el

    señor P. General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma el fallo apelado. Con costas en el orden causado en razón de la índole de la prestación reclamada. Agréguese la queja al principal, notifíquese y, oportunamente, remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO (por su voto) - G.A.F.L. (en disidencia) - G.A.B. -A.R.V..

    VO

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    RECURSO DE HECHO

    M., M. c/ Provincia de Mendoza.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas en la causa B.833 XXXI "B. de V., A. c/ Provincia de Mendoza", voto del juez B., fallada el 13 de agosto de 1998, a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor P. General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma el fallo apelado. Con costas en el orden causado en razón de la índole de la prestación reclamada. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase. A.B..

    DISI

    M. 230. XXVIII.

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    RECURSO DE HECHO

    M., M. c/ Provincia de Mendoza.

    DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

    Que los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las tratadas en la causa B.833 XXXI "B. de V., A. c/ Provincia de Mendoza", disidencia de los jueces M.O.'Connor, P. y L., fallada el 13 de agosto de 1998, a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.

    Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo de acuerdo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ.