Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de Agosto de 1998, G. 615. XXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

G. 615. XXII.

ORIGINARIO

G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1998 Vistos los autos: "G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 28/34 se presenta la firma G.Z.V. S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires por reparación de daños y perjuicios derivados de las inexactitudes registrales que habría cometido el Registro de la Propiedad Inmueble provincial.

Dice que el 30 de agosto de 1978 dio a la firma Confitería del M.C.B. Limitada S.A. en calidad de mutuo la suma de pesos ley 18.188 165.000.000, que ésta se comprometió a devolver -con más sus interesesen un plazo de doce meses, con garantía hipotecaria sobre una fracción de terreno de quinta ubicada en el Partido de Quilmes. En la escritura respectiva se hizo constar que el inmueble le correspondía a aquella firma por compra hecha a los cónyuges M.C.N. y E.F., según el testimonio de la escritura pasada ante el escribano U. el 5 de julio de 1978, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. Asimismo se requirieron los pertinentes certificados, expedidos el 24 de agosto de 1978, de los que surgía la titularidad de dominio de la hipotecante. Agrega que oportunamente se realizó, por medio del escribano C.M.D.'Alessio, el correspondiente estudio de título, que no arrojó ninguna anomalía o incoherencia evidente conforme al cotejo de las

- constancias registrales.

Sigue diciendo que ante el incumplimiento de la dora, su parte inició una ejecución hipotecaria en la que uvo sentencia favorable el 6 de febrero de 1979. Con posioridad aquélla cayó en quiebra, por lo que debió verifisu crédito en el proceso universal. Puntualiza que el dico aconsejó suspender la calificación del crédito a las ultas de un juicio que entablaron los herederos del matriio N. en procura de la anulación de la escritura de vendel inmueble en favor de Confitería del M. y de la siguiente nulidad del mutuo hipotecario. Agrega que en el de diciembre de 1987 la Cámara Nacional de Apelaciones en Comercial hizo lugar a esa demanda. De ese modo quedó initivamente sellada la suerte de su crédito, ya que retó totalmente imposible su cobro ante la insolvencia de la dora y la desaparición de la garantía hipotecaria.

Aduce que queda comprometida la responsabilidad del ado provincial pues, como resultado del error cometido por Dirección Provincial del Registro de la Propiedad que icó como titular de dominio a quien no lo era, se produjo frustración de la garantía y, por ende, de la posibilidad percibir el crédito reclamado. Añade que el erróneo orme la indujo a efectuar un préstamo que no hubiera hecho no haberse constatado la titularidad del inmueble en eza de la deudora.

Reclama un resarcimiento equivalente al monto del stamo hipotecario que, actualizado al mes de julio de 1989 nf. aclaración de fs. 37), asciende a la suma de australes 300.640, con más la actualización hasta el efecti

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G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. vo pago e intereses. Funda su derecho en los arts. 43, 506, 511, 625, 630, 1078, 1109, 1112, 1113 y 3147 del Código Civil, 22 y 23 del decreto-ley 17.801, 73 y 114 del decreto 2080/80, y 20 y 40 del decreto-ley provincial 11.643/63. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su pretensión.

II) La Provincia de Buenos Aires se presenta a fs. 65/77 vta. y opone la excepción de prescripción como defensa de fondo, pues entiende que el día 21 de agosto de 1981 la actora fue notificada de la demanda de nulidad deducida por J.C.N., de la que surgía que los titulares de dominio del inmueble hipotecado eran los herederos de M.C.N.. En consecuencia, a partir de ese día la actora tuvo expedita la acción contra la Provincia de Buenos Aires por el supuesto error registral y, por ello, a la fecha de promoción de la demanda ya había transcurrido con holgura el plazo de prescripción previsto en el art. 4037 del Código Civil.

En subsidio, contesta la demanda y niega los hechos allí invocados.

Afirma que M.C.N. adquirió el inmueble en cuestión en el año 1937 y falleció el 27 de noviembre de 1957. Veinte años después del deceso, aquél aparecía como otorgante de un poder especial irrevocable a L.C. para vender e hipotecar la finca. Con posterioridad -sigue diciendo- el supuesto apoderado compareció ante el escribano U. y vendió el inmueble a la Confitería del Molino S.A. Luego, ésta constituyó una hipoteca en favor de la acto

- ra mediante escritura autorizada por el escribano C.D.'Alessio, quien omitió las diligencias mínimas exigibles n notario.

Dice que la actora es una sociedad cuyo objeto sol es la compraventa de inmuebles, la constitución de hipoas y la actividad financiera; luego, estaba obligada a remar los cuidados en la concertación de las operaciones respondientes al giro habitual de sus negocios.

Aduce que de la escritura de venta labrada por el ribano U. surgía que éste no tuvo a la vista el título propiedad de Nava, por lo que el notario actuó en vioión de lo dispuesto en el art. 23 de la ley 17.801 y sin buena fe y prudencia que le imponía su función. Además, en matrícula estaba anotada una declaratoria de herederos y podía inducirlo a equivocación la palabra "errose" sin licación de ningún tipo. Lo expuesto, sumado a la circunscia de que N. tendría 87 años de edad al momento de la ritura, demuestra que la actuación negligente del escriba- U. posibilitó el otorgamiento de la escritura nula.

Sostiene que G.Z.V.S.A., al tea la vista la escritura de venta, debió advertir que ella ía sido otorgada en infracción a lo dispuesto en el erido art. 23 de la ley 17.801. A su vez, el escribano lessio debió notar esa falencia e indagar acerca de la vicia de la inscripción de declaratoria de herederos hacienun exhaustivo estudio de títulos. Asimismo, resulta neglite la actitud de la actora, que no averiguó sobre la capa

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G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. cidad económica de su deudor, que no tenía posibilidad jurídica ni económica para realizar la operación de compra -efectuada después de la cesación de pagos-; luego, debió prever que el negocio que pretendía hacer con C. delM. podía ser atacado por el síndico de ésta.

Concluye entonces en que la actora no obró de buena fe.

Transcribe fragmentos de las sentencias dictadas en los juicios deducidos por los herederos de Nava, de las que surgiría la existencia de cosa juzgada acerca de la falta de buena fe por parte de G.Z.V.S.A.

Puntualiza que el certificado emitido por el Registro de la Propiedad no podría ser la causa eficiente del supuesto perjuicio invocado por la actora, ya que aun en la hipótesis de que Confitería del Molino hubiese sido la verdadera propietaria del inmueble, el privilegio -y quizás el carácter de acreedor quirografario- habrían caído de todas formas, por haberse efectuado el contrato en el período de sospecha. Añade que la conducta de la actora y la de los escribanos intervinientes fue la causa de los supuestos perjuicios.

Finalmente, pide la citación como terceros de los notarios involucrados -R.F.U., Eduardo A.

Ricaldoni y C.M.D.'Alessio- pues en el caso de que prosperara la demanda su parte tendría una acción de regreso contra ellos. Puntualiza que de los fallos recaídos en los juicios de nulidad surge evidente la responsabilidad de los notarios.

III) Después de dar traslado del pedido de intervención de terceros a la actora -que se opone por los fundamentos expuestos a fs. 85- el Tribunal admite la solicitud

- (fs. 103/104).

IV) El escribano C.M.D.'Alessio contesta la ación a fs. 116/119.

Niega los hechos invocados por la demandada, como también la responsabilidad que ésta le atribuye. Afirma la escritura de hipoteca fue otorgada con ajuste a todas disposiciones legales y reglamentarias vinculadas con el o y tras practicarse un exhaustivo estudio de títulos, del no surgió ninguna observación, ya que la transferencia de inio viciada se logró mediante la inserción de firmas sas en el poder otorgado ante el escribano R., lo no podía ser detectado en la revisión efectuada.

Añade que en todos los requerimientos de certificaefectuados antes de autorizar la escritura se consignó o propietaria a la sociedad hipotecante, sin que ello meiera observaciones por parte de las reparticiones respecas, de manera que la eventual aparición de un comprobante erente al impuesto inmobiliario que alude a la sucesión de a no tiene ni siquiera un valor indiciario en su contra.

Rechaza toda responsabilidad en el hecho y pide que impongan las costas a la demandada.

V) A fs. 129/132 se presenta el escribano E.R. y solicita que se declare inoficiosa su citan, ya que la actora no lo demandó, no existe ninguna norma tancial que lo obligue a asumir la defensa de la demana, y además resulta imposible que colabore en el rechazo

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G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. de la pretensión.

Asimismo sostiene que no existe cosa juzgada sobre su responsabilidad; y que, si la demandada pretende atribuirle alguna, deberá ocurrir ante la instancia que corresponda en calidad de actora, pues la vía del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no es idónea para articular pretensiones contra el tercero.

A todo evento, niega los hechos expuestos por la demandada y afirma que ante su registro notarial se otorgó el día 21 de abril de 1978 un poder a favor de L.C.; puntualiza que en ese acto los mandantes justificaron su identidad con los documentos que menciona.

Finalmente, solicita que se indique a la demandada la imposibilidad jurídica de plantear pretensiones contra él en este pleito.

VI) A fs. 203/207 comparece el escribano R.F.U. y contesta la citación.

Niega los hechos expuestos por la demandada.

Afirma que dio cumplimiento a las exigencias formales y sustanciales pertinentes antes de la autorización de la escritura traslativa de dominio y que tuvo a la vista el título de propiedad de los vendedores.

Sostiene que, contrariamente a lo afirmado por la demandada, el estudio de los títulos o antecedentes de dominio consiste en el examen de las escrituras respectivas y no en la investigación de los antecedentes dominiales.

Añade que la publicidad registral se opera mediante certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad, que constituyen instrumentos públicos. En consecuencia, no puede tachar

-se de negligente a su accionar por no haber investigado razón del "errose" a que alude la demandada, pues ello ivaldría a pretender que los notarios desarrollen una fisización de los asientos registrales.

Asimismo, dice que examinó el original de la escria de poder invocada por C. y de ello extrajo que el trumento reunía todos los requisitos de forma y de fondo a su validez. Puntualiza que en ese momento no había motialguno para sospechar que las firmas allí estampadas no tenecían a los supuestos comparecientes.

Se explaya acerca de los estudios realizados y conye en que la causa de la nulidad de la venta no le es utable por no haber sido el agente de la falsedad del po- .

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución ional).

  2. ) Que, en primer lugar, corresponde resolver la epción de prescripción opuesta por la demandada sobre la e de que habría transcurrido el plazo de dos años previsto el art. 4037 del Código Civil.

    La defensa se funda en el conocimiento que habría ado la actora el día 21 de agosto de 1981 acerca de la stencia de una demanda de nulidad deducida por J.C.N.. Por ende, conviene reseñar brevemente lo ocurrido en proceso y en el otro, iniciado con el mismo objeto

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. por varios herederos del antiguo propietario.

  3. ) Que, en efecto, J.C.M.N. heredero de M.A.E.N., quien a su vez era uno de los sucesores de M.C.N.- promovió una demanda por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 20, en la que pidió la declaración de nulidad de la escritura traslativa de dominio de la finca en cuestión (ver fs. 39/44 y 96 del expediente "Nava, J.C.M. c/ Confitería del Molino s/ nulidad de escrituración", reservado en secretaría).

    A su vez, M.E.F. y algunos de sus hijos -todos ellos sucesores, también, de Miguel C.

    Nava- dedujeron otra demanda, que tramitó originariamente por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de La Plata, en la que solicitaron que se declarara la nulidad de diversos actos jurídicos -el supuesto otorgamiento de poder en favor de Céspedes, la presunta venta del inmueble y la constitución de hipoteca- y de las escrituras respectivas (confr. fs. 78/86 del expediente "F. de Nava, M.E. y otros c/ Confitería del Molino S.A. s/ nulidad de escrituración", también reservada).

    En ambas causas se demandó -entre otros- a G.Z.V.S.A., la que resistió ambas pretensiones negando los hechos invocados por los actores y alegando que las eventuales nulidades del poder o de la escritura traslativa de dominio no podrían afectar su derecho real constituido de buena fe y a título oneroso, en los términos del art. 1051 del Código Civil (confr. fs.

    119/125 de la causa "F. de Nava"; 417 y 433/438 del expediente "Nava").

    - Las causas referidas fueron atraídas al juzgado en que tramitó la quiebra de Confitería del Molino S.A. y í el juez dispuso la acumulación de los juicios de nuli- , pero decidió que cada uno de ellos se sustanciaría por arado. Finalmente, dictó una sentencia única e hizo lugar as demandas (fs. 455 y 747/754 del expediente "Nava").

    G.Z.V.S.A. apeló este fallo intiendo en que las demandas no podían prosperar contra a, pues había adquirido su derecho real a título oneroso y buena fe. No obstante, la Cámara Nacional de Apelaciones lo Comercial rechazó sus agravios y confirmó el fallo en principal (fs. 806/809 y 864/873 de la causa "Nava"). La lante -que fue notificada del fallo el 11 de diciembre de 7- consintió esta decisión, que adquirió así el carácter cosa juzgada.

  4. ) Que las circunstancias expuestas en el considedo anterior demuestran que G.Z.V.S.A. tuvo una actitud coherente en defensa de los derechos que, u juicio, le asistían. Ello es así pues oportunamente ocó la validez de la garantía hipotecaria, luego mantuvo defensa al recurrir el pronunciamiento de primera inscia y, finalmente, al resolverse en forma definitiva la ficacia de la hipoteca, demandó a la provincia en procura la reparación de los daños que atribuye a las inexactituregistrales invocadas.

    Cabe señalar que el crédito pretendido en esta caudependía de lo que se resolviera en los juicios de nuli

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. dad, pues con anterioridad no se lo podía considerar cierto y susceptible de apreciación, sino sólo conjetural.

    De haberse interpuesto la pretensión antes de resolverse aquellos procesos, el resultado necesariamente hubiese sido negativo para la actora; y, por otra parte, ello habría importado asumir una conducta contraria a otra anterior, toda vez que implicaría considerar nula la garantía cuya validez venía sosteniendo en los juicios referidos (doctrina de la causa T.261.XXII "Terrabón S.A.C.I.F.I.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 11 de febrero de 1992, considerando 6°).

    Según la jurisprudencia de este Tribunal, el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita (Fallos:

    312:2352; C.67. XXXI "Constructora Barcalá S.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario", sentencia del 15 de julio de 1997; P.223.XXVII "Pronar Sociedad Anónima Mineral, Industrial y Comercial c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 25 de noviembre de 1997) y es evidente que, en la especie, ello ocurrió cuando la actora tomó conocimiento de la sentencia de segunda instancia mencionada, el día 11 de diciembre de 1987. Consecuentemente, a la fecha de promoción de la demanda -el 1° de septiembre de 1989- no había vencido el plazo bienal del citado art. 4037.

    Por ello corresponde desestimar la excepción de prescripción opuesta.

    - 5°) Que cabe entonces examinar si en el sub lite la andada ha incurrido en negligencia o cumplimiento irrear de su función, así como los demás requisitos ineludis para que proceda la pretensión, esto es, la existencia daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta la provincia y el perjuicio, y la posibilidad de imputar ídicamente esos daños a la demandada (Fallos: 315:2865 y tencia del 15 de julio de 1997 en la causa T.261.XXII, cia en el considerando anterior).

    Para ello es conveniente precisar, en lo pertinenlos antecedentes del dominio del inmueble en cuestión.

  5. ) Que, al respecto, merece señalarse que en el 1937 don M.C.N. adquirió el predio, que fue cripto a su nombre en el registro inmobiliario del Partido Quilmes bajo el número 976/37. A su muerte, producida en año 1957, se abrió el pertinente juicio sucesorio en el se reconoció como herederos del causante a sus hijos y a cónyuge, M.E.F.. En enero de 1960 se cribió el testimonio de esa resolución en el folio 801/60 registro de declaratoria de herederos y se dejó constande ello en el título de propiedad y en la mencionada inspción de dominio 976/37 (conf. copias certificadas del timonio y del título citados, de la partida de defunción y los folios 801/60 y 976/37; fs. 1/7, 568, 572/576 de la sa "Nava"; 67/70 del expediente "F. de Nava"; 6, /171, 322/323 de la causa penal "Céspedes", también resera; 434/435 y 437/438 de estas actuaciones).

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    El 21 de abril de 1978 -es decir, veintiún años después del fallecimiento del antiguo propietario- el escribano E.R. autorizó una escritura mediante la cual el difunto y su esposa aparecían otorgando un poder a L.C. para la venta del inmueble citado. En el mismo instrumento se hizo mención a unas cédulas de identidad expedidas por la Policía Federal que habrían sido exhibidas por los poderdantes; sin embargo, luego se comprobó que los respectivos números de los supuestos documentos no pertenecían a los esposos N. (confr. fs.

    756/757 de estas actuaciones; 25/26 y 149 vta. de la causa "Céspedes"; 428 del expediente "F. de Nava").

    Aunque parecía extremadamente obvio que Miguel C.

    Nava no había podido firmar la escritura de poder otorgada a más de dos décadas de su fallecimiento, el juez que intervino en la causa "Nava" consideró conducente la producción de un peritaje técnico para corroborar la falsedad de la rúbrica que se le atribuía. Ese informe y el emitido en el expediente acumulado demostraron que igualmente era apócrifa la firma adjudicada a su viuda (confr. fs. 598/605 vta. de la causa "Nava" y 897/901 de la causa "F. de Nava").

    En suma, el poder fue otorgado mediante sustitución de personas y aparente falsificación de documentos.

  6. ) Que el escribano R. dio fe de que los impostores eran personas de su conocimiento. Sin embargo, al prestar declaración testifical en dos causas penales, el propio notario manifestó que "el matrimonio N." le fue presentado al concurrir para el otorgamiento del poder (confr. fs. 25/26 y 89 del expediente "Céspedes"; y fotocopia del folio

    - 84 de los autos "Ministerio de Economía - Registro de la piedad s/ denuncia", que obra a fs. 418 de la causa "F. de Nava"). Cabe agregar que la presentación habría sihecha por una persona -el señor A.- que aparentemente poco era muy conocida por el notario (confr. fs. 418 de la sa "F. de Nava"). Para colmo, R. ni siquiera ía con certeza si el intermediario conocía a los parecientes ni "el grado de amistad o relación que puedan er"; mientras que A. dijo no recordar quién había hela presentación (fs. 25/25 vta. y 67 del expediente "Céses"). Por otra parte, las particulares circunstancias que earon al acto hacen dudar acerca de si R. realmente o a la vista los documentos falsos sin advertir el engaño i se limitó a confiar en los datos que le proporcionó guet (confr. fs. 418 de la causa "F. de Nava").

  7. ) Que con ese supuesto mandato y un documento de ntidad que resultó ser falso, la persona que dijo llamarse nardo C. vendió la propiedad a Confitería del Molino . (confr. fs. 760/764 del expediente principal, 149 vta. la causa "Céspedes" y 428 de los autos "F. de a").

    Si bien en la escritura de venta -autorizada, esta , por el escribano R.F.U.- se hace referencia a ella mediante la cual M.C.N. había adquirido inmueble y a la inscripción del testimonio respectivo, no dejó constancia expresa de que el notario hubiera tenido ctivamente a la vista -como lo exige el art. 23 de la

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. ley 17.801- "el título inscripto en el registro", del que tampoco conservó copia (confr. fs. 79 vta./87 de la causa "Céspedes").

    Al respecto, es llamativa la fluctuante actitud del escribano U., ya que a fines de 1978 manifestó que había tenido a la vista el título de propiedad y que "una vez otorgada la escritura [la documentación] fue devuelta a los interesados con debida nota". Posteriormente, a mediados de 1979, dijo -al declarar en sede policial- que no tuvo a la vista el título original, "sino que la gente del M. le facilitó una fotocopia del mismo la que utilizó para realizar los trámites previos y lo que no precisa [es] si Céspedes, en el momento de la escrituración lo exhibió". En cambio, al contestar la citación en este juicio en el año 1982, sí pudo precisar -retomando su versión inicial- que había tenido a la vista el título, que consignó en él la respectiva nota de venta y que se lo entregó posteriormente a los interesados como era de estilo (confr. fs. 190/198 de la causa "Nava"; 31/42 de los autos "F. de Nava"; 203/207 y 474 del expediente principal y 63/63 vta. de la causa "Céspedes").

    Pero esta última versión no encuentra apoyo en las declaraciones del presidente de Confitería del Molino S.A. -el doctor F.O.- quien dijo haber visto "el título original" en la sede de la firma y que al escribano se le habría entregado "una copia certificada" para realizar el correspondiente estudio. Según este testigo, ese "título original" estaría al momento de su declaración -es decir, un año después de la fecha de la escritura- en la empresa o

    - "agregado en algún juicio" (confr. fs. 74 vta. y 100 . de la causa "Céspedes").

    Por otra parte, el escribano difícilmente pudo hatenido a la vista el título, ya que éste se encontraba en er de los Nava, quienes -con posterioridad a la fecha de escritura- lo exhibieron ante la autoridad policial nfr. fs. 1/5 de la causa "Céspedes") y ante los escribanos certificaron las copias acompañadas en las causas "Nava" . 1/4) y "F. de Nava s/ embargo preventivo" (fs.

    ).

    Por lo demás, en el hipotético caso de que U. iera tenido a la vista el testimonio de la escritura de ta a favor de M.C.N., habría debido advertir en ella existía una anotación marginal que daba cuenta de inscripción del testimonio en el registro de declaratorias herederos, como surge de las referidas copias certiadas.

  8. ) Que las circunstancias expuestas precedentemenno eximen de responsabilidad a la demandada -que se ampara la negligencia que atribuye a los escribanos- pues es udable que la transferencia fraudulenta del inmueble no ría podido concretarse si el Registro hubiera cumplido rearmente sus funciones.

    Pero ello no ocurrió así pues, en el certificado el escribano U. tuvo a la vista al autorizar la estura de venta, el Registro informó erróneamente que el doio constaba a nombre de M.C.N., omitiendo se

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    ñalar la existencia de la declaratoria de herederos mencionada en el considerando sexto. Esa omisión era, a su vez, el fruto de una seria deficiencia registral, ya que la constancia de la declaratoria -obrante al margen de la inscripción de dominio en el folio 976/37- había sido testada "irregularmente" y se encontraba "cruzada con la palabra 'errose' sin firma ni sello", como informó luego el propio Registro (confr. fs. 324 del expediente "Céspedes"; 365 de la causa "F. de Nava" y 443 y 759/763 de estas actuaciones).

    Esa adulteración permitió también que el Registro inscribiera sin reparos el testimonio de la escritura de compraventa y que luego expidiera -ante la solicitud formulada por el escribano que autorizó la escritura de constitución de hipoteca- un certificado donde constaba que la supuesta titular del dominio era la firma Confitería del Molino S.A. (confr. fs. 324 de la causa "Céspedes"; 624 vta. y 721/723 del expediente "Nava" y 426/427 y 707/709 de estas actuaciones).

    10) Que ante la denuncia formulada por algunos de los herederos de M.C.N., el propio Registro advirtió la deficiencia apuntada en el considerando anterior -aunque de modo tardío, pues el inmueble ya había sido vendido e hipotecado- y anuló el "errose" que cruzaba la constancia referida, a la que dio nueva vigencia (confr. expediente 2307-11.967/78 de la Dirección del Registro de la Propiedad, fotocopiado a fs. 418/650 de estas actuaciones; fs. 572/574 de los autos "Nava").

    Asimismo cabe puntualizar que en la sentencia de

    - primera instancia dictada en las causas "Nava" y "F. de Nava" -confirmada luego por la cámara- la juez coneró demostrada la falsedad del supuesto apoderamiento sola base de las circunstancias referidas en el consideransexto -es decir, que los poderdantes habrían obrado mente falsificación de documentos y sustitución de personasconsiguientemente, declaró la ineficacia del mandato, de compraventa y de la hipoteca y, la nulidad de las rituras respectivas.

    11) Que, en otro orden de ideas, conviene aclarar la demandada no negó en el responde la existencia del stamo que motivó la constitución de la hipoteca, por lo cabe tener por reconocido ese hecho (art. 356 del Código cesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por lo demás, en la escritura respectiva se dejó stancia de que la suma referida en la demanda fue recibida la deudora en presencia del escribano. Toda vez que este trumento no ha sido argüido de falso, hace plena fe de la stencia material del pago (arts. 993 y 994 del Código il).

    En tales condiciones, los argumentos que plantea la andada en el alegato para controvertir la efectiva reaación del préstamo, resultan notoriamente inatendibles.

    12) Que el relato que antecede permite apreciar que han reunido los requisitos que suscitan la responsabilidad la provincia demandada, pues la grosera adulteración antecedente dominial del inmueble permitió, primero, su

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. venta fraudulenta y, posteriormente, hizo posible que la actora contratara con el aparente titular del bien sobre la base de certificados expedidos por el registro inmobiliario, frustrándose finalmente su derecho de garantía al tener que soportar la falta de pago de su crédito sin contar con la posibilidad de ejecutar la hipoteca.

    Al respecto, este Tribunal ha resuelto reiteradamente que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular (conf. Fallos:

    315:2865 y sus citas; 316:2136 y sentencia del 15 de julio de 1997 en la causa T.261.XXII, citada en el considerando cuarto).

    13) Que, como ya se anticipó, la defensa de la demandada fundada en la negligencia que atribuye a los escribanos resulta inadmisible, pues, conforme a una consolidada doctrina de este Tribunal, la eventual responsabilidad de los notarios no excusa total ni parcialmente la de la provincia, sin perjuicio de las acciones que ulteriormente pudiere ejercer ésta contra aquéllos para obtener -si procediere- su contribución en la deuda solventada (Fallos: 307:1507; 308: 966; 310:2027; 318:470 -considerando 6° de los votos de la mayoría y del juez B.-; 318:1800).

    14) Que las restantes defensas expuestas en la contestación de la demanda tampoco resultan atendibles.

    En primer lugar, es preciso destacar que, contrariamente a lo sostenido por la provincia, no existe "cosa juzgada en relación a la inexistencia de buena fe por parte

    - de la actora". Al respecto, cabe señalar que el fallo de unda instancia dictado en la causa "Nava" no hizo tanto capié en esa cuestión (la supuesta ausencia de buena fe) o en la inaplicabilidad del art. 1051 del Código Civil al o en examen (confr. fs. 864/873 del expediente mennado). De todos modos, las conclusiones de aquel tribunal pecto de dicho tema no resultan irrevisables pues, según jurisprudencia de esta Corte, la parte dispositiva de una tencia y no sus considerandos, es lo que reviste el carácde cosa juzgada (Fallos: 125:119).

    15) Que las consideraciones de la cámara acerca de la conducta de G.Z.V.S.A. debía juzse de acuerdo a los principios del art. 902 del Código il, se ajustan a la doctrina de esta Corte que, con arrea esos mismos principios, ha señalado reiteradamente la esidad de efectuar un estudio de títulos para que se conure en el adquirente del derecho real la buena fe, presusto indispensable para obtener la protección de la ley llos: 306:2029; 308:2461).

    Ahora bien, en el sub examine se ha cumplido este uisito. En efecto, según surge del peritaje notarial de 301/305, el escribano que autorizó la escritura de stitución de hipoteca encomendó la realización de un estude títulos a una profesional especializada en la materia, en -a criterio de la perito- "lo efectuó de acuerdo con reglas de uso y costumbre con relación al tema, habiendo ado constancia...de haber tenido a la vista las es

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. crituras antecedentes, poderes, y demás documentos habilitantes, y realizado el estudio por el período legal, en el caso, más de 30 años". A igual conclusión llegó el perito designado en la causa "Nava" (confr. fs. 736/736 vta. de dicho expediente).

    16) Que resulta irrelevante que en algunos comprobantes de pago del impuesto inmobiliario se identificara como propietario a la "sucesión de M.N.". En efecto, dichos comprobantes estaban en poder de los herederos de Nava o habían sido agregados a otro expediente (confr. fs. 97, 113, 301, 860/861, 883 vta. de la causa "F. de Nava"), de manera que ni la actora ni el escribano que ésta designó para autorizar la escritura podían haber tenido conocimiento de su existencia. A ello cabe agregar que en los pedidos de certificación de deuda en concepto de impuesto inmobiliario realizados en el año 1978 se identificó como propietario a "M.C.N." sin que ello mereciera observación alguna por parte de la Dirección de Rentas provincial (confr. fs. 751/752 de estas actuaciones y 1091/1092 de la causa "Nava").

    17) Que, en otro orden de ideas, la mera circunstancia de que la hipoteca haya sido constituida por la deudora en el "período de sospecha" no obsta al progreso de la pretensión resarcitoria, pues en el caso no se verifica ninguno de los supuestos que permitirían considerar al acto como ineficaz "de pleno derecho" (art. 122 de la ley 19.551, entonces vigente) y de la compulsa de la causa "Confitería del Molino S.A. s/ quiebra" -reservada en secretaría- no surge que se haya reclamado concretamente su declaración de ine

    -ficacia (art. 123 de la citada ley 19.551; confr., en ecial, los informes del síndico de fs. 1328/1343 y 2855/ 5 de dicha causa). Por lo demás, no existen razones para sumir que la actora hubiera tenido conocimiento del estado cesación de pagos de Confitería del Molino S.A.

    18) Que la demandada también cuestiona la buena fe la actora sobre la base de que las escrituras de poder y venta carecerían de dos requisitos: los "datos de filian" y el domicilio de los comparecientes, omisiones que a juicio constituirían "fuertes presunciones de maniobras gales".

    Estas objeciones son igualmente insostenibles. En cto, la provincia no explica por qué razón debería haberse signado el primero de esos recaudos, que no está previsto el art. 1001 del Código Civil. En cuanto al segundo uisito -la indicación del "domicilio o vecindad"- ha sido plido en ambas escrituras (confr. fotocopias certificadas fs. 756/757 y 760/764), más allá de que su eventual inobvancia no sería motivo de anulación (arts. 1001 y 1004 del mo código).

    19) Que, por último, el razonamiento de la provinacerca de que la inexistencia de la hipoteca impediría ocar esa garantía "como generadora de derecho alguno", stituye un evidente sofisma.

    En efecto, es precisamente la ineficacia de la hieca -que se deriva del cumplimiento irregular de sus funnes por parte del registro inmobiliario provincial- la

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. que ha generado el daño resarcible y la consiguiente obligación de repararlo que pesa sobre quien ha organizado el servicio público registral, con arreglo a la doctrina expuesta en el considerando duodécimo.

    20) Que sólo resta fijar la indemnización adeudada. A ese efecto, el capital originariamente debido -pesos ley 18.188 165.000.000 ($ 0,00165)- será reajustado para compensar la pérdida de valor del signo monetario, a cuyo efecto se aplicarán los índices de precios propuestos en la demanda, a partir del 30 de agosto de 1978 hasta el 1° de abril de 1991 (art. 8, ley 23.928). Ello arroja como resultado la suma de pesos 308.530,20.

    En cuanto a los intereses, si bien en principio deberían calcularse como se convinieron en el contrato de mutuo (Fallos: 307:1507), en el caso el Tribunal considera, sobre la base de lo dispuesto en el art. 953 del Código Civil, que la tasa pactada -entre el 96% y el 105% anual en concepto de intereses compensatorios, más el 102% anual por intereses punitorios (confr. fs. 7 y 11/18 de la ejecución hipotecaria)- debe ser morigerada por tratarse de valores actualizados (confr. doctrina de O.105.XXV "O.C.A. S.A. c/ Ente Provincial de Turismo de la Provincia de Río Negro s/ sumario", sentencia del 20 de agosto de 1996, considerando 7° del voto de la mayoría y 3° de la disidencia parcial de los jueces N. y M. O'Connor). Por ello y en atención a lo sugerido por la propia actora a fs. 33 vta., los intereses se liquidarán, durante el lapso indicado, a la tasa del 6% anual. A partir del 1° de abril de 1991 se aplicarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable

    - (Fallos: 316:165).

    Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida G.Z.V.S.A. contra la Provincia de nos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de treindías, la suma de pesos 308.530,20, con más sus intereses que deberán ser calculados de conformidad con las pautas adas en el considerando vigésimo. Con costas a la demandaincluso respecto de las causadas por la actuación de los ceros citados a su solicitud (art. 68 del Código Procesal il y Comercial de la Nación y doctrina de E.17.XIX "E., O.I. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ario", sentencia del 17 de octubre de 1985).

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6° incs. a, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios del doctor C.A.V. en la suma de nce mil ochocientos pesos ($ 15.800); los del doctor J. los V. en la de quinientos pesos ($ 500); los de la tora G.V.G. en la de quinientos pesos ($ ); los de la doctora L.M.C. en la de cisiete mil doscientos pesos ($ 17.200); los de los tores J.H.B. y J.P.R., en junto, en la de quinientos pesos ($ 500); los del doctor tor G.S. en la de once mil seiscientos pesos 11.600); los del doctor E.R. en la de diecisiete trescientos pesos ($ 17.300) y los de los doctores L. haine y J.C.P., en conjunto, en la de diecite mil trescientos pesos ($ 17.300).

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    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

    Por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs.

    103/104, se fija la retribución de las doctoras L.M.P. y J.C., en conjunto, en la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) (arts. 33, 39 y concs. de la ley citada).

    Asimismo, se regulan los honorarios de los peritos:

    contador A.G.H. en la suma de doce mil cuatrocientos pesos ($ 12.400) (art. 3° del decreto-ley 16.638/ 57); los de la escribana M.A.L. de Militelli en la de doce mil cuatrocientos pesos ($ 12.400) y los del arquitecto R.B.G. en la de doce mil cuatrocientos pesos ($ 12.400).

    También debe ser fijada, con carácter definitiva, la retribución que le corresponde a los doctores V.H.S. y J.B.S. quienes resultaron beneficiarios de la regulación provisoria practicada por este Tribunal el 31 de marzo de 1992. En el caso de que dichos honorarios hayan sido percibidos por los interesados deberán ser deducidos de la siguiente regulación que se establece en la suma de quince mil ochocientos pesos ($ 15.800). N., devuélvanse los expedientes acompañados y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia parcial) - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

    DISI

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    ORIGINARIO

    G.Z.V.S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.B. Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por G.Z.V.S.A. contra la Provincia de Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de pesos 308.530,20, con más sus intereses los que deberán ser calculados de conformidad con las pautas fijadas en el considerando vigésimo. Con costas a la demandada, incluso respecto de las causadas por la actuación de los terceros citados a su solicitud (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de E.17.XIX "E., O.I. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario", sentencia del 17 de octubre de 1985).

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6° incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, se regulan los honorarios del doctor C.A.V. en la suma de ocho mil pesos ($ 8.000); los del doctor J.C.V. en la de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los de la doctora G.V.G. en la de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los de la doctora L.M.C. en la de ocho mil setecientos pesos ($ 8.700); los de los doctores J.H.B. y J.P.R., en conjunto, en la de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los del doctor N.G.S. en la de cinco mil ochocientos pesos ($ 5.800); los del doctor E.R. en la de ocho mil ochocientos pesos ($

    - 8.800) y los de los doctores L.T. y J.C. tesi, en conjunto, en la de ocho mil ochocientos pesos ($ 00).

    Por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs.

    /104, se fija la retribución de las doctoras L.M.P. y J.C., en conjunto, en la suma de doscientos veinte pesos ($ 1.220) (arts. 33, 39 y concs. la ley citada).

    Asimismo, se regulan los honorarios de los peritos: conor A.G.H. en la suma de seis mil trescienpesos ($ 6.300) (art. 3° del decreto-ley 16.638/57); los la escribana M.A.L. de Militelli en la de seis mil scientos pesos ($ 6.300) y los del arquitecto R. tasar G. en la de seis mil trescientos pesos ($ 00).

    También debe ser fijada, con carácter definitiva, la rebución que le corresponde a los doctores V.H.S.J.B.S. quienes resultaron beneficiarios la regulación provisoria practicada por este Tribunal el de marzo de 1992. En el caso de que dichos honorarios hasido percibidos por los interesados deberán ser deducidos la siguiente regulación que se establece en la suma de o mil pesos ($ 8.000). N.. A.B..

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