Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 6 de Agosto de 1998, C. 680. XXXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 680. XXXIII.

    RECURSO DE HECHO

    C., D.F. s/ recusación en causa n° 488.

    Buenos Aires, 6 de agosto de 1998.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el defensor de D.F.C. en la causa C., D.F. s/ recusación en causa n° 488", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).

    Por ello, se desestima la queja. Intímase a la parte recurrente a que dentro del quinto día, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. H. saber y archívese junto con las fotocopias de los autos principales conforme con lo ordenado a fs. 96. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR -CARLOS S. FAYT (en disidencia) - A.B. -G.A.F.L. -G.A.B..

    DISI

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    RECURSO DE HECHO

    C., D.F. s/ recusación en causa n° 488.

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que al declarar mal concedido el recurso de casación deducido, rechazó la recusación planteada por la defensa de D.F.C. contra el señor juez federal C.B., aquélla interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

    2. ) Que, según surge de las constancias de la causa, el señor diputado nacional J.E.B. formuló denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, señor D.F.C.. Aceptado el cargo de defensor y tras el planteo de algunos incidentes, con invocación de los arts. 55 y sgtes. del Código Procesal Penal, recusó al magistrado actuante.

    3. ) Que fundó esta última en la injustificada negativa a suministrarle copias de la causa; la sorna que trasunta el lenguaje empleado en las decisiones del tribunal que revelan la inclinación en el ánimo del juez; la imposibilidad de controlar las diligencias dispuestas considerando que el investigado constituye el único delito del Código Penal que invierte la carga de la prueba; la reiterada violación del secreto de las actuaciones como lo revelan las informaciones suministradas por distintos periódicos y lo resuelto por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que -a su juicio- frente a cir

      cunstancias similares a las del sub judice estimó configurada la causal de recusación y apartó al juez de la causa.

    4. ) Que lo expuesto -añadió- "no constituyen hechos aislados, ni se caracterizan por su singularidad". "Ellos configuran, muy por el contrario, derivaciones inequívocas de la intención política que se proyecta sobre la causa, al amparo de vuestro discrecional criterio y se inscriben, tanto en el contexto de enemistad y enfrentamiento que existe entre usted y mi defendido, como en los estrechos lazos que vinculan a usted con los más altos niveles de la conducción política. Me refiero al cargo que usted ocupó -antes, inmediatamente antes de ser designado juez- como subsecretario y hombre de confianza del doctor C.C., entonces S.L. y Técnico de la Presidencia de la Nación, y hoy Ministro del Interior. Me refiero, también, a la áspera disputa que, desde tiempo atrás, mantiene el doctor D.F.C. con vuestro antiguo 'jefe' y a las repercusiones que esa disputa, a no dudarlo, tendrá sobre usted. Y me refiero, por fin, a las reiteradas y públicas objeciones y cuestionamientos de que usted es objeto por parte de mi defendido. En tales condiciones [concluyó] no parece aventurado afirmar que usted carece de la imprescindible cuota de imparcialidad y de serenidad de espíritu que han de caracterizar -prioritariamente- la relación del juez con las partes y con el contenido del proceso" (fs. 1412 vta. y 1413).

    5. ) Que el a quo para resolver como lo hizo expresó que "las resoluciones adoptadas por el tribunal competen

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    RECURSO DE HECHO

    C., D.F. s/ recusación en causa n° 488. te en un incidente de recusación son irrecurribles" y aun cuando se considerase que lo son "a fin de resguardar la garantía de la doble instancia y la inserción institucional de esta Cámara", "la decisión que rechaza un planteo de recusación no es, obviamente, ninguna de aquellas que el art. 457 del C.P.P.N. equipara a definitiva a los fines del recurso de casación" sin que "se hubiere invocado ni se advierta una situación de gravedad institucional en la que, por estimarse que lo resuelto supera el interés de las partes y se proyecta respecto de los valores más sustanciales y profundos de la sociedad toda...esté permitido obviar el límite de la inexistencia de sentencia definitiva".

    1. ) Que si bien, en principio, las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales superiores de la causa no son revisables por la vía establecida por el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a aquél cuando, como en el caso, lo resuelto conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación suficiente, lo que importa una violación al art. 18 de la Constitución Nacional.

    2. ) Que, en efecto, la exclusión de la competencia del a quo traduce un criterio interpretativo en extremo ritualista que desvirtúa lo dispuesto en el art.

      457 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto es así pues, si bien cabe sostener -como lo viene haciendo esta Corte- que las decisiones sobre recusaciones de los jueces no son susceptibles de recurso extraordinario -en el caso, de casación- por

      no tratarse de sentencias definitivas, corresponde apartarse excepcionalmente de tal regla cuando se comprueba, por los antecedentes de la causa, que ésta es la oportunidad para la adecuada tutela del derecho de defensa en juicio cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia (Fallos: 306:1392; 314:107 y sus remisiones).

    3. ) Que los propios términos del incidente de recusación, cuya extensa transcripción el Tribunal juzgó prudente efectuar supra, revelan la gravedad de la situación planteada. Resulta claro a la luz de las tan singulares características que ha revestido aquél, que las razones invocadas debieron ser valoradas para evitar que la garantía del debido proceso, en la cual la imparcialidad del juzgador es condición necesaria, pudiera verse lesionada con el mantenimiento de circunstancias adversas para un ejercicio cabal de aquélla.

      La condición de las partes -el denunciante, diputado nacional y el denunciado, por entonces Ministro del Poder Ejecutivo y hoy, también diputado nacional-, la naturaleza del hecho investigado -enriquecimiento ilícito de un funcionario público- y los fundamentos que apoyan la recusación al magistrado interviniente, provocan una duda razonable sobre la cuestión en debate que imponían una decisión sustancial, y no meramente formal, motivo por el cual el a quo debió apartarse de un principio que, para mantener su validez constitucional, no puede ser interpretado de modo absoluto.

    4. ) Que sólo resta añadir que la cuestión que se debate en autos se vincula, íntimamente, con la vigencia

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    RECURSO DE HECHO

    C., D.F. s/ recusación en causa n° 488. material del estado de derecho, pues la facultad de ejercer de un modo eficaz los recursos que aseguran la objetividad de la jurisdicción, son hoy postulados "cuya inobservancia es juzgada por las convicciones jurídicas dominantes de un modo especialmente severo" (confr.

    B., O.U.; "Objetivitat der Rechtssprechung", Helsinski, 1949, traduc. al castellano 1961; pág. 51) y que, en el caso, aparece severamente comprometida.

    10) Que, en estas condiciones, el pronunciamiento recurrido no resulta derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, razón por la cual corresponde su descalificación a la luz de conocida doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad.

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos a fin de que, por quien corresponda, se proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí dispuesto. Agréguese la queja al principal. N. y remítase. CARLOS S.

    FAYT.