Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 2 de Julio de 1998, C. 219. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

A.V., S. delC. y otros c/ Expofrut S.A. s/ reclamo.

S.C. Comp.219.XXXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

La Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de General Roca, Provincia de Río Negro y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, discrepan en torno a la radicación del presente juicio.

A raíz del pedido de inhibitoria del juez bonaerense el tribunal de la Provincia de Río Negro (fs.

214/22) se declaró incompetente en la causa promovida contra Expofrut S.A. y la fallida H.S.A., en virtud del fuero de atracción ejercido por la quiebra, por aplicación de la ley 24.522. Ante ello, la actora desistió de su pretensión de continuar la acción contra la fallida en estos autos, para enderezar su reclamo contra H.S.A. ante el juez de la quiebra (fs. 225). La codemandada Expofrut S.A. objetó esa escisión de la pretensión originaria con base en que mediaba un litisconsorcio necesario, y la Cámara del Trabajo rechazó el planteo precisando que no se configuraba dicha situación y que la transferencia de la empresa a Expofrut S.A. en virtud de una licitación judicial en la quiebra de H.S.A. sería analizada en la sentencia con base en lo términos del pliego licitatorio (fs. 258/60 y 265/66).

En las condiciones descriptas, fue recibido un oficio reiteratorio del titular del juzgado civil y comercial de Bahía Blanca, quien insiste en hacer saber que se había

declarado competente para conocer en estas actuaciones por vía de inhibitoria (fs. 289). Como respuesta, el tribunal previniente reiteró su decisión de considerarse competente para conocer en la demanda contra el adjudicatario y elevó estos autos a la Corte ante la ausencia de un superior común que dirima el conflicto.

De ese modo, quedó configurada una contienda positiva, que debe resolver V.E., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708.

-II-

Es del caso advertir, previo al tratamiento del conflicto de competencia, que de las constancias de la causa surge que éste, en rigor, se inicia a partir de la inhibitoria planteada por el señor juez del concurso (ver fs. 201), quien se había declarado competente para entender en las cuestiones que pretendían ventilarse.

Dicha inhibitoria, debe ponerse de resalto, fue aceptada por el señor juez laboral, quien se declaró incompetente, decisión que quedó firme al desestimar el recurso de revocatoria interpuesto por la actora y confirmar el anterior decisorio (fs. 204/205 y 214/221).

Posteriormente, a raíz del desistimiento de la acción contra la fallida, el señor juez laboral reasumió su competencia y, con posterioridad, resolvió distintos planteos de la co-demandada y de la sindicatura en relación a la competencia y el alcance de la traba de la litis, tales como la desestimación de la existencia de un litisconsorcio necesario, o la citación como tercero obligado a la concursada,

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en los términos del artículo 94 del Código Procesal a la concursada, hasta que, ahora, un oficio reiteratorio del juez concursal, viene a renovar la contienda, que recién se eleva.

No puedo dejar de señalar, por tanto, que el señor juez laboral por mandato de las previsiones del artículo 10 y 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en la especie, debió oportunamente remitir las actuaciones al juez concursal, en virtud de haberse declarado incompetente y, en todo caso, al haber reasumido su competencia, debió comunicárselo a los fines pertinentes y suspender todo trámite que no fuere de los autorizados por la ley procesal.

-III-

Expresado lo anterior, y al no haber mediado ningún cuestionamiento a tales providencias, paso a dictaminar acerca de la contienda suscitada. En tal sentido, conviene recordar que la Corte ha dicho reiteradamente que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Fallos: 308:229; 310:116; 311:172; 313:971).

Desde esa perspectiva, advierto que la acción promovida en autos (fs. 88/110) versa acerca de un reclamo resarcitorio deducido por noventa y siete trabajadores de la empresa Hasindal S.A., con motivo de haber sido despedidos por el síndico de su quiebra. La extinción de la relación laboral ocurrió luego de haberse dispuesto la continuación

de la explotación de la empresa en quiebra y poco antes de hacerse efectiva su transferencia al adjudicatario por licitación -Expofrut S.A.- a quien demandaron conjuntamente por considerarlo responsable solidario, ya sea por aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 225), o de la ley concursal entonces vigente (art. 188, ley 18.551).

La cuestión de competencia a dirimir por V.E. se limita a la demanda interpuesta contra el adquirente de la empresa, ya que el tribunal originario se declaró incompetente para conocer en el reclamo contra la fallida y los actores desistieron de esa acción.

Estimo que la materia de la controversia concierne a la responsabilidad del adjudicatario por licitación respecto del pasivo laboral de la empresa enajenada por el juez de la quiebra, lo cual constituye un tema específicamente concursal que debe ser resuelto por el juez de comercio.

Es indispensable distinguir que la norma del art.

225 de la Ley de Contrato de Trabajo -invocada por los accionantes- está referida a la transferencia del establecimiento "por cualquier título", en tanto que la ley 19.551, en su art. 189, regulaba especialmente los alcances de las obligaciones asumidas por el adquirente de la empresa quebrada, reiterando de manera expresa la solución de la ley laboral para ese caso, al disponer que "es considerado sucesor del fallido y del concurso respecto de todos los contratos laborales existentes a la fecha de la transferencia a su favor". Luego, la reforma a la ley de concursos (ley 24.522, art. 199) modificó de modo sustancial el vigente art. 189, estableciendo la solución contraria a la de éste, al decir

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"no es considerado sucesor del fallido".

S. esta dicotomía del régimen actual -sobre cuya aplicabilidad no me he pronunciado- sólo al efecto de destacar que la responsabilidad del adquirente de la empresa quebrada, concierne a la ley especial, que es la concursal, y ello es lo que determina la competencia del juez de la quiebra para expedirse sobre una cuestión que excede el marco de la relación laboral y el interés particular de las partes, ya que está en juego un problema económico-social causado por la insolvencia, la seguridad jurídica que debería presidir las enajenaciones judiciales e incluso el interés de los restantes acreedores involucrados en la liquidación falencial.

Es más, también puede agregarse un fundamento de índole procesal y es que, según lo admite la propia Cámara del Trabajo en fs. 266, la sentencia que se dicte debería hacer mérito de las condiciones de venta contenidas en el pliego licitatorio e interpretarlas conforme a derecho. Dicha tarea incumbe al juez que ordenó la venta, porque el conflicto que se ha planteado respecto del adjudicatario constituye una derivación del procedimiento de licitación, pues se está reclamando el cumplimiento de obligaciones supuestamente asumidas en virtud de esa adquisición.

Por ello, opino que el conflicto debe dirimirse, declarando que las actuaciones han de continuar su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 2 de julio de 1998.

F.D.O.