Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Abril de 1998, S. 412. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

SOTO, LORENZO S/ INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL.

S.C.S. 412. XXXIII.

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Suprema Corte:

I L.S. se encuentra sometido a proceso por el delito de administración fraudulenta, cometido en perjuicio de una administración pública en forma reiterada -43 oportunidades- (arts. 173, inc. 7° y 174, inc. 5°, del Código Penal), y por estafa, también agravada por la misma circunstancia -10 oportunidades-, habiendo sido acusado por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien requirió para el nombrado la aplicación de la pena de tres años de prisión y costas.

La defensa del imputado interpuso la excepción de prescripción de la acción penal, como de previo pronunciamiento, por entender que desde el momento de la eventual comisión de los hechos imputados -entre 1979 y agosto de 1984-, había transcurrido largamente el máximo de la pena prevista para el ilícito imputado -seis años-, o bien el término tope que se establece en el art. 62, inc. 2°, del Código Penal -doce años-, en razón de la especie punitiva que se trata.

Conjuntamente con este hilo argumental, la defensa de L.S. planteó la inconstitucionalidad de la ley 13.569 en cuanto incorporó a la legislación penal de nuestro país -art. 67 del Código Penal- la posibilidad de la interrupción de la prescripción por actos del procedimiento a través de lo que allí se denomina "secuela de juicio". B.

camente, allí se objetó que si se entiende que el instituto de la prescripción constituye un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado, y que el art. 8, 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha impuesto que dicho poder debe ejercerse dentro de un "plazo razonable", resulta, a juicio de la defensa, totalmente arbitraria que la misma autoridad estatal pueda interrumpir dicho plazo, reduciendo la garantía a letra muerta.

Se afirmó que el instituto de la interrupción del plazo de prescripción por la "secuela de juicio" lesionaría, además de la garantía recién mencionada, el derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia, el debido proceso legal y el derecho a la integridad personal.

Al momento de contestar la vista corrida de tal planteo, el querellante particular en representación del Banco Central de la República Argentina, solicitó el rechazo in límine de la pretensión, sobre la base del argumento formal de que el art. 444 del CPMC establecía que ese tipo de excepciones sólo podían oponerse dentro del plazo acordado para presentar la acusación.

El representante del Ministerio Público en esa instancia contestó a su vez, que habiéndose producido acusación con fecha 20 de septiembre de 1996, era indudable que entre ésta y el dictado de la prisión preventiva (26 de septiembre de 1990), no había transcurrido el término establecido por el art. 62 inc. 2° del Código Penal.

El Magistrado actuante no hizo lugar al planteo de la defensa y rechazó el pedido de prescripción. Argumentó en su fallo que a pesar de que muchas de las críticas de los ju

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ristas al instituto de la secuela de juicio son irrefutables, es apropiado garantizar un ámbito de interpretación jurisprudencial en determinados contextos, siempre y cuando la complejidad de las causas lo justifiquen y sin que constituya un abuso del poder penal del Estado. Por otro lado, sostuvo el magistrado que los actos que en la causa son considerados "secuela de juicio" no han sido producidos al solo efecto de interrumpir la prescripción. Por último, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 67, párrafo del Código Penal, con cita de jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, sobre la base que el juego armónico entre la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y la norma atacada, indica que el plazo de juzgamiento se tornará irrazonable cuando transcurriera el término establecido en el art. 62 inc. 2° del Código Penal, sin que se verifiquen actos con virtualidad interruptiva.

La defensa de S. interpuso recurso de apelación y en el memorial sustitutivo del informe in voce incorporó algunos argumentos adicionales para sustentar su petición.

En primer lugar, sostuvo la invalidez de la acusación del fiscal como "secuela de juicio", basándose en que no tendría sentido que un acto de un proceso penal que no ha guardado el respeto de un conjunto de garantías constitucionales, como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, tenga, de todos modos, capacidad suficiente como para interrumpir el plazo de prescripción.

Asimismo, la defensa acudió, para el caso que su planteo de inconstitucionalidad no fuera atendido, a una te

sis que impediría, según sus propias palabras, "la suspensión y/o interrupción de la prescripción de manera indefinida".

Para tal intento, se basó en la posición del jurista R.R. quien, a la hora de interpretar el art. 93 del Código Penal de 1886, sostuvo que el instituto de la interrupción de la prescripción sólo podía doblar el término originario. Opinó que el Código Penal prevé un único límite máximo, aunque sólo referido a los delitos que tienen prevista pena de prisión o reclusión perpetua, y que se encuentra en el artículo 62, inc. 2°, del Código Penal: "no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años".

A la hora de contestar la vista corrida en esa instancia, el representante del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia de la Excma. Cámara ya había otorgado capacidad interruptiva de la prescripción al llamado a prestar declaración indagatoria, su recepción, el dictado del auto de prisión preventiva, su confirmación por la alzada y la acusación fiscal.

Ante el recurso de apelación deducido por la defensa, se pronunció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, S.I., revocando el auto referido y sobreseyendo definitivamente a L.S..

La decisión de la Cámara de Apelaciones basó su argumentación en una crítica a la actividad del sumario. Sostuvo que no se advierte fundamento que logre justificar los prolongados nueve años de trámite de la causa, aun reconociendo que los hechos imputados revisten cierta complejidad

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y que son cinco los procesados respecto de los que se dictó prisión preventiva.

Señaló los pocos avances logrados en el sumario con posterioridad al dictado de la prisión preventiva de S., el día 26 de septiembre de 1990, circunstancia que se patentiza claramente, según concluye, en la enunciación de la prueba valorada en la acusación fiscal de casi seis años más tarde.

Agregó el tribunal que la morosidad en la causa, en la que se encuentran vencidos los plazos de los artículos 206 y 701 del Código adjetivo, es sólo imputable al J.I., quien la podría haber evitado dirigiendo el proceso de acuerdo a las amplias facultades que le confiere el art. 180 de la norma citada.

Por último, con cita de precedentes de esa Corte Suprema y de anteriores fallos de la Sala, fundó su decisión en el respeto al derecho del procesado a obtener un pronunciamiento que definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más breve posible, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, así como la garantía de la defensa en juicio, en cuanto a no tener que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano (fs. 81/82).

Contra dicho pronunciamiento, el señor F. de Cámara y la parte querellante dedujeron recursos extraordina

rios, que fueron concedidos a fs. 157.

-II-

El representante del Ministerio Público Fiscal basó su recurso en la doctrina de la arbitrariedad. Sostuvo que el fallo presenta una fundamentación sólo aparente que permite descalificarlo como acto jurisdiccional válido, pues, amén de las afirmaciones dogmáticas que contiene, resulta autocontradictorio y basado en la sola voluntad de los jueces.

Señala el apelante que la Alzada se alejó injustificadamente de las cuestiones que estaba llamada a resolver; el planteo original introducido por la defensa de L.S. en punto a determinar si la acción penal se encuentra prescripta, o bien si dicha excepción había sido temporáneamente introducida, tal como lo indicara el querellante a fs.

14/15 y 74/76.

En esas circunstancias, y al desprenderse del propio contenido del fallo que la acción penal se encuentra vigente, entiende que el a quo debió pronunciarse sobre las cuestiones plasmadas por las partes, máxime teniendo en cuenta la etapa que transita el proceso, pues ello, según sostiene, afecta el derecho de defensa en juicio que ampara también al Ministerio Público.

Remarcando la arbitrariedad que le adjudica al pronunciamiento y el voluntarismo con que obraron los integrantes de la Sala, puso de relieve además, que en este mismo proceso, ante un planteo formulado respecto del procesado J.A.D., fallaron de manera diametralmente opues

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ta, el 19 de marzo del corriente año, circunscribiendo allí la decisión a la eventual extinción de la acción penal por prescripción, resolviendo rechazar la excepción articulada.

Se agravia también el apelante por el inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista para el caso; ello, al haberse materializado un sobreseimiento que califica de anómalo, dado el estadio procesal en que recayó, y la imposibilidad de tratamiento de la cuestión planteada por la defensa con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva.

III Tiene dicho reiteradamente V.E. que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y no resulta apta para corregir sentencias equivocadas o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento primario de la solución prevista en la ley (Fallos 308:1041, entre otros).

Tal situación, sin embargo es la que se presenta en autos, donde el a quo ha decidido poner fin a un proceso en el marco de una decisión desconectada en forma absoluta de las cuestiones centrales que las partes habían planteado en esa instancia.

Demás está decir, entonces, que he de mantener el recurso extraordinario interpuesto por el señor F. de Cámara, al que me remito en honor a la brevedad, y que, básicamente, haré míos los fundamentos de la apelación federal deducida por la querella en lo que resulta concordante con el

criterio sostenido en este dictamen, a lo que añadiré sólo unas breves consideraciones.

Es cierto que los magistrados no están obligados a tratar y dar respuesta en sus sentencias a todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, mas ello no los habilita a omitir aquellas que constituyen los thema decidendi, ni alejarse de las disposiciones que rigen el proceso y a las que no sólo las partes se encuentran sometidas.

Tal exigencia del debido proceso es mucho más notoria en el ámbito del espacio reducido que brinda la intervención de magistrados pertenecientes a una instancia de revisión, quienes son convocados en forma exclusiva a resolver sobre lo que constituye las posiciones debatidas por las partes. Cualquier abuso del ámbito concedido por el recurso se convierte en una lesión al debido proceso.

Por esta razón, al haber el a quo delimitado el objeto de su decisión al análisis de la razonabilidad del tiempo que lleva de trámite este proceso y a un análisis crítico de la actividad instructoria, sin emitir juicio alguno sobre las centrales cuestiones que estaban siendo debatidas (prescripción de la acción, constitucionalidad de la interrupción de la misma por "secuela de juicio"), estimo que ha incurrido en arbitrariedad, lesionando la garantía del debido proceso (Fallos: 268:266, "O.W.").

Adviértase que la Cámara no se pronunció sobre el cumplimiento de los plazos de prescripción de la acción penal que establece el Código de fondo, ni sobre la capacidad interruptiva de aquélla que pudiera merecer la acusación fiscal -tal cual era el planteo de la defensa de L.S.-,

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sino que se embarcó en una crítica de la actividad procesal del Juez de primera instancia, y lo injustificado del plazo que demandó la instrucción, para concluir que el tiempo que S. ha quedado sometido a proceso resulta irrazonable y que por lo tanto debe desvinculárselo del mismo.

El juicio fundado en la ley que la Constitución prevé, necesariamente requiere la observancia de formas sustanciales; ellas son las que dan contenido al debido procesal legal (due process of law, según se la grafica en el mundo anglosajón). En este sentido, el juicio no es un procedimiento libre, sino una secuencia formalizada por su vinculación a la ley y destinada a la averiguación de la verdad bajo límites constitucionales intangibles. Es por ello que, si bien cada proceso presenta sus particularidades, el análisis de un pedido de extinción de la acción penal debe hacerse respetando las normas que lo rigen y las constancias de la causa, dando así seguridad a las partes de que la decisión final estará ajustada al derecho y no a la mera voluntad de los magistrados.

En tales condiciones, de acuerdo a la jurisprudencia elaborada por V.E. según la cual todo pronunciamiento judicial debe resultar del razonamiento cumplido en el acto de juzgar, de tal modo que la decisión aparezca como derivación razonada del derecho vigente y no como producto individual de la voluntad del juez (Fallos:

234:82; 236:27 y 156; 244:523, entre muchos otros), cabe concluir que el fallo recurrido carece de la fundamentación exigible en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional y de un análi

sis razonado de problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Fallos: 308:980).

Párrafo aparte merece la calificación normativa que le ha dado la Cámara de Apelaciones a la decisión aquí objetada como sobreseimiento definitivo. Cabe tener presente que el art. 434 del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372) establece tres causales muy claramente especificadas para el dictado de esa resolución absolutoria anticipada: "cuando resulte con evidencia que el delito no ha sido perpetrado" -inc. 1-, "cuando el hecho probado no constituye delito" -inc. 2- y "cuando aparecieren de un modo indudable exentos de responsabilidad criminal los procesados" -inciso 3-. Para decirlo con palabras de Rubianes (Manual de Derecho Procesal Penal, III, El procedimiento penal, D., Buenos Aires, 1982, pág. 193): "para llegar al sobreseimiento definitivo el juez ha de tener la certeza de que no se da conducta delictuosa, es decir, estar en un estado espiritual en que no haya ninguna duda, en que esté plenamente convencido de que el proceso no ha de seguir adelante, por la sencilla razón de que ningún hecho punible ha sido cometido, ningún hecho que merezca pena justifica la continuación del juicio.

Esta certeza se manifiesta en palabras de la ley: "resulte con evidencia", "aparecieren de un modo indudable".

Independientemente de que las palabras del principal comentarista anterior código procesal inquisitivo puedan generar alguna duda en relación con la vigencia del in dubio pro reo durante el proceso mismo, lo cierto es que transmitían con claridad digna de elogio que el instituto del sobre

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seimiento definitivo se estructura procesalmente sobre un sistema numerus clausus de presupuesto. Solamente ante este tipo de situaciones el magistrado interviniente se encuentra habilitado para absolver anticipadamente. La razón para tal limitación es imaginable: el lugar para decisiones de tamaña importancia es, regularmente, el juicio o plenario -en el sistema escrito-.

La Cámara de Apelaciones ha fundado la decisión de sobreseer definitivamente a L.S. en el art. 434 inciso 3° del C.P.M.P. Ahora bien, la carencia de responsabilidad criminal mencionada en ese inciso se refiere a un juicio sobre la imposibilidad fáctica o normativa de imputarle un hecho antijurídico determinado al imputado que se trate. Ello exige que se argumente sobre la situación de inimputabilidad, o de error de prohibición, o de presencia de una excusa absolutoria, etc., que inhabilita la formulación estatal de la decisión de punibilidad. Ninguna de las cuales han sido mencionadas en la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Es absolutamente seguro que no existe ninguna relación jurídicamente admisible entre las falencias investigativas y demora temporal de la actividad de instrucción y una decisión de mérito sobre el caso como el sobreseimiento definitivo. Tal combinación de extremos es procesalmente arbitraria y normativamente inadmisible.

Eficiencia de la actividad de instrucción y responsabilidad del imputado se encuentran en planos distintos y no pueden condicionarse la una a la otra.

Por otra parte, la jurisprudencia de esa Corte Suprema citada por el a quo en apoyo de su criterio, no da por sí sola fundamento válido a la decisión, ya que si bien los

derechos del procesado enunciados a fs. 82 -obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve posible, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y la garantía de la defensa en juicio de no tener que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo-, deben ser respetados en todo proceso judicial, su real afectación debe ser analizada a la luz de las circunstancias del caso concreto y mediante una interpretación razonable de los institutos procesales que han sido creados para la manifestación de esas garantías en el marco del sistema de enjuiciamiento penal.

Y viene al caso destacar aquí, la diferencia que guarda el presente con el caso "Cortegozo" citado por el a quo, donde lo que estaba en discusión era el carácter definitivo de un pronunciamiento que había rechazado un pedido de prescripción de la acción penal, y en su caso, la procedencia contra esa decisión de recursos locales ante el superior tribunal de la provincia. Allí, lo que V.E. resolvió, fue que después de 15 años de trámite de la causa, no podía al máximo órgano judicial local negarse a conocer el tema de fondo planteado -justamente la prescripción de la acción-, sobre la base de la existencia de óbices procesales (conf. Fallos:

316:1328).

Tampoco los casos "M." y "A. S.A." (Fallos: 272:188 y 298:50) se ajustan a la realidad procesal de la causa seguida a L.S., ya que en aquéllos, si bien lo que se resguardó fue el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable res

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tricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, lo que se planteaba era si substanciado un proceso en la forma que indica la ley, el tribunal a quo podía invalidar todo lo actuado, en contra de los principios de progresividad y preclusión, retrotrayéndolo a etapas superadas, cuando no había existido omisión o vicio de formas esenciales del juicio.

Por las razones expuestas, opino que V.E. debe declarar procedentes los recursos extraordinarios deducidos por el señor F. de Cámara y por la parte querellante, revocar el fallo apelado y ordenar el dictado de uno nuevo conforme a derecho.

Buenos Aires, 30 de abril de 1998.

N.E.B.