Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de Abril de 1998, Z. 15. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

Z. 15. XXIII.

ORIGINARIO

Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

Buenos Aires, 28 de abril de 1998.

Vistos los autos: "Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario", de los que Resulta:

I) A fs. 7/23 se presenta por medio de apoderado C.H.Z. e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Córdoba, el Club Instituto Atlético Central Córdoba y la Asociación del Fútbol Argentino. Expresa que el caso atañe al infortunio padecido por el actor el día 8 de mayo de 1988 en los momentos previos al encuentro de fútbol que debían sostener los equipos del Club Atlético San Lorenzo de Almagro -del que formaba parte- y del Club Instituto Atlético Central Córdoba en el estadio de este último ubicado en la ciudad de Córdoba.

Ese día la delegación del Club San Lorenzo de Almagro arribó al estadio alrededor de las 14.10 y se dirigió al vestuario asignado a los visitantes. En ese lugar explica- existen ventanas en su parte alta, las que lindan con un sector de boleterías no habilitadas desde hace mucho tiempo. Ese sector, a su vez, da a la calle J. a la altura de la calle Q. y cuenta con ventanillas que comunican a la vía pública, por las cuales antes se expedían las entradas.

A las 15.25, en los momentos previos al ingreso de los jugadores a la cancha se produjo una tremenda explosión en ese sector provocada por una bomba de estruendo colocada por integrantes de la "barra brava" de Instituto, cuya mecha había sido encendida desde el exterior del estadio por una

-de las ventanillas de las boleterías inhabilitadas.

La explosión aparejó la rotura de los vidrios de ventana del vestuario, uno de los cuales, a su vez, carede protección metálica y presentaba deficientes condiciode seguridad. La rotura despidió un trozo de vidrio que actó de manera violenta en la zona axilar izquierda del or provocándole gravísimas lesiones. Explica que como secuencia del hecho Z. debió ser trasladado en un il policial con una importantísima pérdida de sangre al pital de Urgencias de Córdoba. Ese vehículo era totalmente decuado y debió recurrirse a él ante la falta de ulancias. Ello indica -a su juicio- la negligencia del b Instituto y de la Asociación del Fútbol lo que contraba las reglamentaciones de esta última.

En ese hospital -continúa- y con la finalidad de edir su muerte, recibió atención médica, la que se contien el Hospital Español, donde se le practicaron complejas raciones tendientes a evitar la pérdida de las funciones brazo afectado. Varios días después, fue trasladado a nos Aires y se le realizó una tercera operación quirúra.

Las secuelas físicas y psíquicas provocadas por el sodio fueron y son de máxima importancia con gran repercun en la actividad deportiva del actor.

Dice que a consecuencia del hecho se tramitó una sa penal ante la justicia provincial en la que, con fecha de julio de 1988, se dispuso el procesamiento y la prisión ventiva de dos imputados, de apellidos M. y S., os integrantes de la "barra brava" del Club Institu

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Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. to. En la resolución respectiva se hizo mérito de que los dirigentes de la hinchada guardan sus banderas y bombos en un sitio que les provee el club y que tenían libre acceso a sus instalaciones. También se acreditó que la puerta de ingreso a las boleterías viejas -donde se colocó el explosivo- carecía de seguridad, al punto que "cualquier persona que tuviera un elemento similar a un picaporte podía abrir esa puerta, porque estaba sin llave" y que había acontecido un episodio similar en otro partido.

Pasa luego a fundar la legitimación pasiva de los demandados. Sostiene así que la responsabilidad de la provincia demandada deriva del mal ejercicio del poder de policía de seguridad que es facultad indelegable y cita jurisprudencia que responde a tales principios en el ámbito de las actividades deportivas y la opinión de juristas.

En cuanto al Club Instituto, funda su responsabilidad en su condición de organizador del espectáculo, la que se ve potenciada por la complaciente actitud de sus dirigentes hacia los simpatizantes. Fue entre ellos que se encontraban los individuos que colocaron y detonaron el explosivo en cuestión. De tal manera, su conducta quedaría subsumida en el tipo penal que reprime al "que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo" (art. 5°, ley 23.184).

Por su parte, la Asociación del Fútbol ha incurrido en un defectuoso ejercicio del control de seguridad del estadio que le impone su propio reglamento.

Entre las pres

-cripciones atinentes cita la de verificar si los vestuas de los jugadores están provistos de aberturas al exter protegidas por rejas y vidrios armados (art. 74, inc. 2, 9) y si el club cumplía con la obligación de mantener una a de primeros auxilios y una ambulancia (art. cit. inc. 2, 11). En el caso, esa función de superintendencia no fue plida.

De tal manera se ha generado la responsabilidad currente de los demandados y el daño debe serle atribuido odos los intervinientes puesto que en el terreno de la salidad el obrar de cada uno ha sido apto por sí solo para ducir el resultado, o bien, en su defecto, todos han perado en la producción del daño. Resulta, pues, aplicable art. 1109 del Código Civil en cuanto a la solidaridad stente entre los accionados, y en cuanto al Club Instituto ulta también válido lo prescripto en el art. 1113 de ese to dado su carácter de principal respecto de los egrantes de la "barra brava". A ese fin cita conceptos rca de la noción de dependencia.

En cuanto a los perjuicios reclama el daño emergenque resulta de la incapacidad física sufrida, el daño moy las consecuencias patrimoniales que el infortunio proo a Z. en cuanto a la frustración de probabilidades éxito deportivo. En este sentido destaca sus méritos como ador y las posibilidades económicas que éstos le habrían arado de no mediar el accidente.

II) A fs. 38/47 contesta demanda la Provincia de doba. En primer lugar realiza consideraciones acerca de

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Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. la legitimación pasiva a su respecto. Dice que con fundamento en que el poder de policía se encuentra organizado por la provincia y con apoyo en el art. 144, incs. 15 y 16 de la Constitución provincial se la trae a juicio en este caso.

Cita los términos de la demanda y sostiene que de ellos surge una manifiesta ausencia de legitimación toda vez que no existe norma alguna de carácter constitucional, legal o reglamentaria que imponga al Estado provincial obligación semejante a la pretendida.

Para sustentar tal opinión cuestiona la interpretación de la actora acerca del ejercicio del poder de policía de seguridad que pone a su cargo y de las normas constitucionales en las que cree encontrar apoyo a su pretensión, para afirmar que todo lo atinente a la policía de seguridad del espectáculo público se ubica en el ámbito municipal. Cita para justificar tal opinión los arts. 185, 186, 187 y 192 de la Constitución provincial y, más específicamente, el 2° párrafo del primero de ellos, que delega en los municipios el ejercicio del poder de policía en materias de su competencia.

Cita la opinión de tratadistas y destaca que de ellas se extrae que debe diferenciarse la organización del servicio de vigilancia que dice corresponder al municipio, del auxilio eventual que presta la autoridad policial para asegurar ese servicio. Considera por lo expuesto que el sujeto pasivo de las acciones resarcitorias pretendidas sería la Municipalidad de la Ciudad de C.. Por otro lado, sostiene que no se invoca en la demanda la negativa de la pres

-tación del auxilio de la fuerza policial armada, ni de la icipalidad o los organizadores del espectáculo, a la vez no se reprocha la ausencia de personal policial toda vez se destaca que el actor fue trasladado al hospital en un il de esa repartición. En todo caso -continúa- los hechos unciados constituirían infracciones a la seguridad licia y de las instalaciones existentes, lo cual encuadra el ámbito específico municipal.

En otro orden de ideas, niega lo expresado en la anda en cuanto a los hechos narrados y a los perjuicios se invocan y, finalmente, plantea de manera eventual la ensa de prescripción basada en el vencimiento del plazo de años, opone las excepciones de defecto legal y arraigo, y tiene que la defensa expuesta en lo principal de su rito la autoriza a plantear como excepción previa la falta legitimación pasiva.

III) A fs. 73/90 se presenta el Club Instituto ético Central Córdoba.

Opone en primer término las excepciones previas de aigo y defecto legal y las defensas de fondo relacionadas la falta de acción del actor y de legitimación sustancial el demandado. Contesta demanda.

Niega los hechos y el derecho invocados y sostiene el actor ha omitido consignar hechos graves que son de su ocimiento. Señala, por ejemplo, que el plantel profesional Club San Lorenzo mantenía un conflicto económico con esa titución y que, en conocimiento de que ello podía derivar la no presentación del equipo, un grupo de simpa

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Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. tizantes fue al hotel en donde se alojaban los jugadores para presionarlos. Afirma que el propio actor reconoce que ese grupo hizo estallar bombas de estruendo, una de las cuales pudo causar el accidente. Niega que los vidrios de las ventanas del vestuario carecieran de protección y que el Club Instituto tenga una "barra brava" con libre acceso a sus instalaciones, las que, por otra parte, reúnen las condiciones de seguridad necesarias. El lamentable accidente sufrido por Z. fue -a su juicioun hecho en el que se conjugaron circunstancias puramente casuales. En cuanto a los daños reclamados los cuestiona, en particular el invocado respecto de las posibilidades deportivas futuras del actor. Aduce, asimismo, la prejudicialidad de la causa penal sobre la base de lo que disponen los arts. 1101 y sgtes. del Código Civil.

IV) A fs. 222/230 se presenta la Asociación del Fútbol Argentino. Opone la excepción previa de arraigo y la falta de legitimación para obrar, y afirma que Z. era un dependiente del Club San Lorenzo de Almagro y, como tal, sufrió un infortunio laboral. La Asociación del Fútbol es ajena a esas consecuencias.

En cuanto al fondo de la cuestión, hace referencias a las funciones y actividades que estatutariamente y reglamentariamente están a su cargo. Entre ellas no cabe considerar las atinentes al control de la seguridad del espectador o la de los trabajadores en relación de dependencia con los clubes afiliados. Entiende que ha cumplido con las obligaciones que le son propias y señala que el propio actor ha

-reconocido que las ventanas del vestuario no dan al exior, por lo que no son exigibles los requisitos del art. inc. 2, ap. 9, del reglamento.

Destaca las características especiales del hecho ictuoso, indica que de su parte no ha mediado omisión o ligencia y cita doctrina y jurisprudencia que apoyarían su tura. Si los daños los provocaron integrantes de las rras bravas" del club local, no es la Asociación la llamaa responder. Cuestiona los montos reclamados, niega las ibilidades de éxito que se atribuye el actor y, a la vez, no pueda desempeñar su profesión de futbolista. Plantea inconstitucionalidad del art. 33 de la ley 23.184 para el uesto de que se lo considere aplicable, eventualidad que carta habida cuenta de que sus prescripciones sólo contemn el caso del espectador. Pide la citación como tercero Club San Lorenzo.

V) A fs. 257/259 el Tribunal admitió la excepción defecto legal opuesta por la Provincia de C. y por el b Instituto Atlético Central Córdoba, la que fue subsanada s. 264 y cuyos pertinentes traslados fueron contestados a 278/279, 280/280 vta. y 282/284.

En dicha resolución, también, se rechazaron la exción de falta de legitimación activa opuesta por la Asoción del Fútbol Argentino y el pedido de esta última para se cite como tercero al Club San Lorenzo de Almagro; y se olvió diferir para el momento de dictar sentencia el tamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva nteada por la Provincia de Córdoba.

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Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

En cuanto a la excepción de arraigo, opuesta por las tres codemandadas, su carencia de virtualidad fue declarada a fs. 277.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que no es materia de discusión en el sublite que C.H.Z. sufrió serias lesionescuando se encontraba en el vestuario correspondiente al equipo visitante en el estadio del Club Atlético Instituto Central Córdoba. Tampoco se cuestiona que el elemento agresor consistió en una bomba de estruendo colocada por simpatizantes del club local en una dependencia en desuso destinada antiguamente a las boleterías de venta de billetes de ingreso. A consecuencia del hecho, fueron procesados en la causa penal abierta ante la justicia local, cuyas constancias obran fotocopiadas en la secretaría interviniente, H.F.M. y J.A.S..

  3. ) Que la forma en que se cometió el atentado se encuentra reseñada en la resolución por la cual el magistrado interviniente en la causa penal ordenó el procesamiento y dictó la prisión preventiva de los imputados. Allí se expresa que el 8 de mayo de 1988, M. y S., "los cuales tenían libre acceso a las instalaciones del club los días de partido, ingresaron por la puerta interna en desuso que comunica el sector de las boleterías no habilitadas..., portando

    -uno de ellos una bomba de estruendo...la cual colocaron el propósito de intimidar, por lo imprevisto y ruidoso de explosión, a los jugadores del equipo visitante antes de enzar el partido- en la mesa de las boleterías que dan to frente a los ventanales de vidrio fijo del vestuario respondiente a la visita, haciendo pasar la mecha de la ba por la ventanilla tercera de la primera sección de la etería hacia la calle, sobresaliendo la misma unos diez tímetros". Minutos antes del comienzo del partido "el utado S., desde el exterior (calle) del estadio encenla mecha de la bomba que horas antes había colocado con án" la que detonó provocando los efectos nocivos conocidos . 386/386 vta.). Estas afirmaciones de la instrucción al se fundan en las declaraciones de otros integrantes de "barra brava" que conocían ese propósito. Entre esos timonios merecen mencionarse las de M.A. ela y H.H.B., citados a fs. 390. El primero aló en su declaración que "el día domingo, M., alredede las 12.30, lo llevó a ver cómo estaba colocada la ba y le mostró la parte de la mecha, la cual salía unos z centímetros de la ventanilla; que M. le dijo que no fijara mucho, ya que había gente mirando; que la bomba aba del lado de adentro de la boletería".

    Por su parte, B. declaró que "M. y S. comentaron...que habían colocado la bomba en las boleteríviejas y que la mecha estaba hacia afuera".

    La resolución comentada hace mérito, a los fines de idir sobre la responsabilidad de los citados M. y ís, de que ambos reunieron a otros integrantes del grupo

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. en la calle, cerca de las puertas de ingreso a las tribunas populares, proponiéndoles encender la mecha, lo que no fue aceptado por los demás. Ello hizo que entre ambos asumieran la decisión.

    Sobre el punto también se valoran los dichos de dos policías, R.E.B. y C.G.V., quienes están contestes en que en los momentos previos y los posteriores a la explosión "ambos hinchas se encontraban en las inmediaciones del acceso al sector de plateas bajas".

  4. ) Que, establecida la ocurrencia del hecho, corresponde -en primer lugar- tratar las excepciones de prescripción, planteada en forma eventual, y la de falta de legitimación pasiva opuestas por la Provincia de Córdoba.

    En lo que a la primera de ellas respecta basta decir que, al tratarse de la responsabilidad aquiliana atribuida a esa codemandada, la fecha del cargo de presentación de la demanda -fs. 23 vta.- revela que el plazo de dos años requerido por el art. 4037 del Código Civil, computado desde el momento de producido el daño, no se hallaba cumplido. Por ello, dicha excepción debe ser desestimada.

    En cuanto a la restante excepción, fundada en que no es a la Provincia de Córdoba sino a la municipalidad local a la que corresponde la seguridad preventiva en materia de espectáculos públicos deportivos, cabe señalar que la policía de seguridad en lo que directamente concierne al orden público y respecto a las personas, no es comunal. El poder de policía comunal referente a los espectáculos públicos finca únicamente en razones de moralidad pública, y por

    -ende, no involucra la policía de seguridad, sino solamen- -en cuanto a las personas- la policía de seguridad edili- .

    Según la documentación acompañada por la excepciote, la policía provincial dispuso las medidas de seguridad e se estila en estos eventos", distribuyendo las fuerzas, se complementaban con un "servicio adicional contratado el Club Instituto Atlético Central Córdoba" en lo que el orme de fs. 34 califica como "teatro de operaciones" cesos, boleterías, ingreso de vestuarios, camarín del itro, salida del túnel al campo de juego, tribunas), ividad que comprendía "el patrullaje por las adyacencias estadio" (fs. 33 vta.). No existen dudas de que la sencia de esas fuerzas obedecía a la necesidad de ejercer policía de seguridad para resguardar la integridad física los asistentes al club y prevenir desórdenes que afectaran orden público, los que -por otra parte- han asumido una eseable reiteración en espectáculos de esa naturaleza. Ese er de policía presenta un carácter institucional ecífico, es potestad provincial (Constitución de la vincia de Córdoba, art. 144, incs. 15 y 16) y difiere, tro de la competencia reglada de los órganos del Estado, la que resulta propia de la órbita municipal.

    Cabe señalar, en apoyo de este principio, que la eba aportada por la propia provincia demandada tendiente a ostrar los alcances del poder de policía comunal en eria de espectáculos deportivos sólo evidencia sus límites r fs. 1065 vta.; ordenanza municipal 3257 -fs. 1091/1092toda vez que no es idónea para acreditar esa

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. pretendida competencia en lo que hace al uso preventivo de la fuerza pública (ver oficio de fs. 1046).

  5. ) Que en el sub lite el actor ha imputado responsabilidad extracontractual a la administración provincial por falta de servicio y, en ese sentido, debe rechazarse la excepción opuesta por ella pues, como persona jurídica de derecho público, cuyos órganos prestan en el ámbito provincial el servicio público de policía, está legitimada para que por una sentencia se resuelva sobre el fondo de la oposición que formula a la pretensión del actor.

  6. ) Que, en consecuencia, corresponde examinar el comportamiento de los efectivos policiales y si configuró la negligencia que se les atribuye.

    En primer lugar resulta oportuno recordar que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades -en relación a la responsabilidad extracontractual del Estado y sus agentes por acto ilícito- que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 306:2030, considerando 5°; 312:1656). Además se resolvió que no se trata de una responsabilidad indirecta, dado que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

    - La falta de servicio es una violación o anormalidad nte a las obligaciones del servicio regular, lo cual raña una apreciación en concreto que toma en cuenta la uraleza de la actividad, los medios de que dispone el vicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el do de previsibilidad del daño (Répertoire de la responsaité de la puissance publique, D., F. de service, n° ). En el sub examine se trata del control de la seguridad lica, encomendado a la policía provincial, y el reproche siste en que se habría incurrido en negligencia u omisión no haber advertido y desactivado a tiempo el artefacto losivo que provocó el daño a Z..

  7. ) Que consta en autos que la policía destinó etivos para la custodia de las adyacencias y de determinalugares dentro del estadio; que los había, en particular, la calle J. sobre la que se encuentra la ventanilla de boleterías viejas, en cuyo interior fue colocada la bomba estruendo en cuestión, y que la mecha del artefacto resalía unos diez centímetros por una ventana. Consta bién, que sobre esa calle había una gran cantidad de te, en el momento del hecho, pues a pocos metros de dichas eterías se encuentra la entrada a plateas, y el público stente al encuentro estaba ingresando ya que faltaban os minutos para comenzar el partido, y que algunos egrantes de la "barra brava" del club se encontraban en inmediaciones.

    La circunstancia de que los sujetos involucrados sen conocidos por los agentes policiales y que el servicio vigilancia se hubiese instalado desde la mañana no

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. permite atribuir responsabilidad a la provincia, ya que la mecha -de escasos milímetros de espesor- sobresalía unos pocos centímetros de una ventana vetusta y en mal estado de higiene, incluso con telarañas, imposible de ver con la mayor diligencia, y la bomba -había sido colocada desde el interior del estadio en las boleterías viejas, a las que se accedía por una puerta que estaba sin llave- no fue arrojada desde el exterior, caso en el cual habría sido advertida una conducta sospechosa, sino que un sujeto se acercó, entre muchas personas que estaban allí, y con un cigarrillo encendido dio fuego a la mecha. A su vez, el lugar no era solitario como para que el custodio advirtiera la presencia de una persona en actitud irregular sino que había mucha gente en el lugar y la presencia de aquellos sujetos no podía llamar la atención dado que a pocos metros de aquellas ventanillas existe una puerta que es una de las entradas principales al estadio (fs. 54/55; 111/111 vta.; 127/129; 137/138; 331/332 de las copias de la causa penal).

    En tales condiciones, y habida cuenta de que la obligación del servicio de policía de seguridad se satisface con haber aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar, cabe concluir que no se ha configurado falta alguna de servicio por parte de la policía local, capaz de comprometer la responsabilidad de la Provincia de Córdoba. Falla pues, la posibilidad de imputar el daño a una falta de servicio, lo cual determina la liberación de esta codemandada.

    - 8°) Que, con carácter previo a determinar si existe ponsabilidad del Club Instituto Atlético Central Córdoba, e examinarse la pretendida aplicación del art. 1101 y sus cordantes del Código Civil.

    Al respecto es de señalar que, si bien la dualidad procesos originados en el mismo hecho impone la postergan de la sentencia civil hasta tanto se dicte el fallo al, la prohibición legal que sienta el precepto no es oluta.

    En efecto, de acuerdo con la doctrina de Fallos:

    :248, tal prohibición debe ceder cuando la suspensión ta tanto recaiga pronunciamiento en sede penal- determina, o en el presente caso, una dilación indefinida en el mite y decisión de este juicio que ocasiona agravio a la antía constitucional del derecho de defensa y produce una egación de justicia.

  8. ) Que, en consecuencia, debe examinarse la ressabilidad del club como organizador del evento deportivo.

    En primer término resulta oportuno señalar que el orte, además de una práctica saludable que favorece a en lo realiza, suele ser un espectáculo vistoso y emociote que concita la atracción de muchas personas. De ahí que ja la empresa del espectáculo deportivo que, generalmente fin de lucro, proporciona al espectador un lugar, más o os cómodo, desde el cual éste pueda mirar y gozar del arrollo del espectáculo.

    Entre el organizador del juego y el espectador se ebra un contrato innominado que ha sido llamado "de

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. espectáculo público", por el cual aquél se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa de ese hecho:

    es la cláusula de incolumidad -deber de seguridad- que se entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el que la suerte de la persona de uno de los contratantes, que satisface una prestación, queda confiada a la otra parte.

    Por ello, el empresario del espectáculo incurre en responsabilidad contractual si incumpliendo el mencionado deber de seguridad permite que el espectador sufra un daño a causa del mismo espectáculo que él le ha ofrecido.

    Igualmente, es de naturaleza contractual, en razón de la relación de dependencia existente, la responsabilidad del organizador respecto de los jugadores de su propio equipo.

    Ahora bien, el tema de los daños sufridos por los asistentes a los encuentros deportivos no es nuevo, y los accidentes ocurridos en especial en los partidos de fútbol son cosa de todos los días, siendo sus causas tanto la violencia de las hinchadas como también la inadecuación de los estadios y la falta de medidas de seguridad tendientes a evitarlos.

    La gravedad de tales hechos, que en algunos casos costaron la vida de personas, llevó a la sanción de la ley 23.184 que consagra una responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo creado, que prescinde de toda idea de culpa por parte del sujeto obligado a resarcir frente al espectador que sufre un daño, en estadios de concurrencia públi

    -ca, durante un espectáculo deportivo.

    10) Que un supuesto diferente se presenta cuando o en el caso de Zacarías- se trata de establecer la ponsabilidad del organizador del evento frente a un ador del equipo visitante con el cual no tiene relación de endencia, ni su condición es la del espectador a que se ha ho referencia, amparado también por la mencionada ley, a aplicación analógica no resulta posible en el sub lite.

    En tal situación, sólo puede hacerse valer respecto club o entidad que pone a disposición de los jugadores instalaciones e instrumentos de juego y no ha celebrado ellos contrato alguno que obligue a la reparación del juicio que cada cual pueda experimentar, una responsaidad extracontractual, con arreglo a los principios erales, ya sea en función de la propiedad o guarda de las as productoras del daño, o de su responsabilidad directa, e la culpa en que incurrieron sus empleados.

    El caso debe pues, ser examinado dentro de las itas de los arts. 1109 y 1113, primera parte, del Código il.

    11) Que toda entidad organizadora de competencias y ectáculos deportivos tiene el "deber" de tomar todas las idas necesarias para que el evento se desarrolle normente, sin peligro para el público y los participantes, lo l es una interpretación especial del deber de previsión eral a su cargo, que la ordenanza 3257 de la Municipalidad Córdoba -vigente a la época de los hechos- recuerda en su . 7°.

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    En función de ese deber, resulta indispensable revisar si el club demandado cumplió con los principios normales de prudencia y diligencia a su cargo.

    12) Que de las constancias obrantes en la causa surge la ausencia de medidas de control apropiadas, no sólo el mismo día del partido sino también los previos al encuentro, lo que guarda relación adecuada de causalidad con el daño sufrido por Z..

    En efecto, de esos antecedentes, los incorporados a la causa penal en la que se dictó la prisión preventiva y el procesamiento de dos personas, por su condición de supuestos autores del delito de lesiones culposas, agravado por la aplicación del art. 2 de la ley 23.184, surge que ambos procesados eran integrantes de la "barra brava" del club y que en esa condición "tenían libre acceso a sus instalaciones en los días de partido", como así también que uno de ellos guardaba en su poder las llaves de un cuarto donde se depositaban bombos y banderas y llevaba una suerte de contabilidad elemental de los gastos de la agrupación, de la que surge la compra de bombas de estruendo.

    Las conclusiones del auto de prisión preventiva se basan en las declaraciones asentadas en la causa. Así a fs. 31, M.A.A., empleado del club, dice tener conocimiento de que los integrantes de la "hinchada" guardaban bombos y banderas partidarias en un cuarto dentro del estadio y recuerda un episodio similar ocurrido anteriormente; manifestaciones que ratifica a fs. 35/37 R.J.G., encargado del estadio, quien admite la existencia

    -de "barras bravas" y sindica entre sus integrantes a los utados. Otras declaraciones reiteran lo ya expuesto acerca la participación de ambos sujetos, quienes tenían la esión exclusiva de las llaves del depósito y dirigían a la rra" (declaraciones de H.H.B. a fs. 85/86, M. a fs. 90/91, de H.M.A. a fs. 114 y de ís a fs. 144/145).

    La vinculación de la "barra brava" con dirigencia del club surge de los testimonios del sidente Dr. Gutiéz (fs. 76/77) -quien, en lo personal, ce una mala relación con sus integrantes-, de los dichos procesado M. a fs. 223, de los de L. a fs. 264, y manera explícita de las declaraciones de M.A.D. a, vocal de la Comisión Directiva, quien dice conocer a acusados, a los que define como "hinchas" que venden os de contribución y rifas para solventar los gastos ndo el equipo de Instituto actúa como visitante (fs.

    /104). Por otra parte, la presencia reiterada de los egrantes de la "barra brava" en las instalaciones del club denunciada por el agente policial H.J.R., en los vio bebiendo copiosamente en el bar (fs. 120), y su ividad resulta suficientemente reconocida por los agentes io M.M., C.A.G.V. y por la vendedora itual de maní, L.A. (fs. 45, 47, 80 y 111).

    Pero el estrecho nexo que ligaba a estos sujetos los directivos surge inequívocamente de las declaraciones A.D.L., M.A.B., H.M. mán y J.D.L. (fs. 125/126, 127/128, 131/132, /136).

    De ahí se desprende que la Comisión Directiva les

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. entregaba 150 boletos de entrada antes de cada juego y les facilitaba sumas de dinero para viajar a presenciar partidos en la ciudad de Buenos Aires, tal como lo admite L., quien individualiza al gerente del club, Sr.

    F., como uno de los integrantes de los cuerpos directivos que otorgaba tales franquicias (fs. 135 vta.), y a otros dirigentes, entre ellos "un tal cordobés", que "es el que más habla con los muchachos de la barra" (ver fs.

    261).

    13) Que las relaciones reseñadas de complacencia hacia los integrantes de la hinchada revelan una manifiesta negligencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad.

    Ello permitió crear una criticable impunidad respecto de esas personas, una de cuyas facetas repudiables la constituye el episodio de estudio en esta causa.

    El comportamiento de los directivos del Club Atlético Instituto Central Córdoba los muestra en una actitud que parece olvidar los últimos fines de los espectáculos deportivos y contribuir a los desbordes de la pasión descontrolada. Los integrantes de la "barra brava" recibieron de aquéllos asistencia económica, espacios físicos en el interior de las instalaciones del estadio y un trato fluido que sólo la declaración del presidente D.G. parece desconocer. Se contribuyó así a provocar una de las peores consecuencias de lo que O. y G. denomina "la nueva paganía moderna que es la religión apasionada del deporte".

    En ese mismo orden, cabe señalar como deficiencias en materia de seguridad que presentaba el estadio, las facilidades de acceso que permitían ingresar sin dificultades al

    -sector de las boleterías viejas donde se colocó la bomba, es precisamente un recinto contiguo al vestuario tinado al equipo visitante; y la falta del armazón de mbre del vidrio fijo que se rompió a causa del estallido forme de la Comisión de Disciplina de la Asociación del bol, fs. 746; informe periodístico de fs. 562/564; peritasu ampliación a fs. 843/845). A ello deben agregarse las teradas observaciones de las autoridades municipales que gen de los expedientes administrativos 343.174/85 y .202/89 (fs. 1180/1306).

    14) Que también aparece configurada, por parte de entidad, más allá de la complacencia de los dirigentes con integrantes de la "hinchada", una manifiesta negligencia el cumplimiento de los controles de la seguridad que es uesto a los organizadores de acontecimientos deportivos. o es así, pues la conducta del personal destacado en las rtas de acceso al estadio -el que debía asegurarse que los stentes no ingresaran con objetos peligrosos, como en el o, específicamente la bomba de estruendo que explotó y vocó el daño al actor- se revela claramente insuficiente, cual compromete la responsabilidad del principal.

    Por otra parte, la circunstancia de admitir el aco a personas, al venderles la entrada para que asistan al nto, y más aún si se tratara de asistentes que no pagan rada, no desvincula al club local de los actos ilícitos de os, realizados dentro del estadio y en ocasión del ectáculo deportivo.

    Aunque no pueda hablarse de una relación de depen

    Z. 15. XXIII.

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. dencia entre los asistentes cuyo ingreso se ha admitido y la empresa organizadora del encuentro deportivo, existe un vínculo jurídico y una obligación: la de impedir el ingreso de inadaptados, y la de exigir a los concurrentes el cumplimiento de las leyes y reglamentos, extremando las medidas de seguridad a la entrada de los estadios (por ejemplo, revisando bolsos, paquetes, portación de armas, etc.). Dichas medidas deben ser tomadas, en los lugares adecuados, por el club organizador, por medio de sus empleados, con el auxilio de la autoridad policial cuando sea menester.

    Justo es, entonces, que el Club Atlético Instituto Central Córdoba, en cuyo estadio ocurrieron los hechos, y que recibió los beneficios económicos del encuentro deportivo, donde uno de sus protagonistas resultó herido por acción de concurrentes inadaptados, soporte los perjuicios de la acción de dichas personas cuyo ingreso admitió (arts. 901, 902, 1068, 1069, 1109 y 1113 del Código Civil). Su culpa consiste, pues, en la insuficiencia de las medidas que debió tomar para asegurar de la mejor manera posible, habida cuenta de los riesgos particulares del espectáculo ofrecido, la seguridad de los participantes y de los espectadores.

    15) Que, corresponde, por último, considerar la situación de la Asociación del Fútbol Argentino, la que planteó la inconstitucionalidad del art. 33 de la citada ley 23.184, pretensión que, es dable recordar, esta Corte rechazó en la causa publicada en Fallos: 317:226.

    Esa norma, al fijar el régimen de responsabilidad civil, se refiere a "las entidades o asociaciones participan

    -tes de un espectáculo deportivo" condición que no cabe udicar a la Asociación del Fútbol Argentino, la que no aniza ni participa del espectáculo ni ejerce control dito sobre los espectadores. En ese sentido, los fines de la titución y sus atribuciones en materia de superintendencia o órgano rector del deporte, en particular en lo que hace as condiciones exigidas a los estadios de los clubes liados (ver al respecto el art. 74 del reglamento que obra s. 146) parecen periféricos sobre el punto y no permiten conclusión asertiva acerca de la responsabilidad que se pretende endilgar (ver fs. 14 vta., escrito de demanda).

    16) Que resuelto el punto vinculado a la responsaidad corresponde considerar la procedencia del reclamo innizatorio consistente en el daño emergente derivado de la apacidad física, el daño moral y el producido por la stración de la probabilidad de éxito en el plano deportivo . 16).

    La gravedad del accidente que puso en peligro de rte al actor obligó a la realización de varias e importanintervenciones quirúrgicas porque "provocó un grave eso de shock y hemorragia, por cuanto estaban comprometidas, arterias, venas y nervios de su miembro superior izerdo" (ver peritaje médico, fs. 939, referencias periodísas de fs. 583, 658/660, las obrantes en caja reservada, timonios de fs. 378/381 -pregunta 12-, fs. 382/383 -preta 12-, fs. 386/387 -pregunta 10-, historia clínica del pital Británico -fs. 400/411-). La atención de Z. se entorpecida al no existir en el estadio ni en sus cer-

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. canías una ambulancia para el traslado, que debió realizarse en un carro de asalto (testimonios de fs.

    378/381, pregunta 10; fs. 386/387, pregunta 11, fs. 734).

    17) Que las secuelas de las lesiones son descriptas por el perito médico, doctor A.A.J. La Mura a fs. 938/942. Allí dice que "el actor presenta cicatrices de lesiones traumáticas y quirúrgicas, en hombro, axila, antebrazo, mano región posterior, región posterior de muslo derecho y en ambas piernas hasta el comienzo de la región aquiliana. Se observa una cicatriz quirúrgica semilunar que toma el borde inferior de la clavícula rodeando al hombro izquierdo hasta la región posterior del mismo".

    El miembro superior izquierdo presenta "marcada atrofia del grupo muscular correspondiente al brazo, triceps y biceps. Existe una hipotrofia de los grupos musculares, anterior externo y posterior del antebrazo" fenómeno que se presenta en el músculo trapecio y dorsal ancho. También existe una sensible atrofia en los músculos de la mano en general (fs. 940). En las consideraciones finales de su peritaje, el doctor La Mura destaca la disminución de la capacidad deportiva de Z. por causa de la pérdida de la fuerza y movilidad del miembro superior que dificulta determinadas jugadas, inhibe las caídas o choques corporales no sólo por las limitaciones del brazo izquierdo sino por las condiciones de su mano, incapacidad que se extiende a la realización de las actividades de la vida cotidiana y que el

    - experto califica de "parcial y permanente" y de "importe consideración" y estima en un 38% de la total obrera . 942).

    En ese sentido, destaca la pérdida de movilidad del bro, las dificultades de la "mano en garra" que han minuido la acción en pinza y eliminado "los movimientos os" (fs. 941). A fs. 972 la aclaración del perito modifica porcentaje de incapacidad y lo eleva -aunque sin la iciente justificación científica- a un 70%. Esta conclun del experto es impugnada a fs. 973/974 por la Provincia Córdoba. En orden a esta cuestión, es de recordar que esta te ha establecido que los porcentajes de incapacidad imados por los peritos médicos -aunque elementos importanque se deben considerar- no conforman pautas estrictas de ervación obligatoria para los jueces (Fallos: 310:1826, re otros).

    18) Que en orden a decidir el reclamo indemnizatode Z. debe tenerse presente que esta Corte ha reiado en fecha reciente que "cuando la víctima resulta disuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permate, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al gen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la ividad productiva y por el daño moral, pues la integridad ica tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión prende, a más de aquella actividad económica, diversos ectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, tural o social con la consiguiente frustración del desallo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:

    Z. 15. XXIII.

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

    2834; 318:1715).

    Las lesiones sufridas por el actor y la incapacidad sobreviniente, apreciadas a la luz de esa doctrina, aconsejan reconocer como daño material la suma de cincuenta mil pesos.

    19) Que Z. reclama, asimismo, lo que en su demanda califica como consecuencias patrimoniales producidas por el infortunio en cuanto a la frustración de sus posibilidades de éxito en el campo deportivo. Hace hincapié, en ese sentido, en que a más de percibir importantes sumas en concepto de sueldo, premios y haberes en el Club San Lorenzo de Almagro, en cuya primera división jugaba, tenía, por su rendimiento, grandes posibilidades de ser transferido internacionalmente con los consiguientes beneficios económicos en los que gravita la circunstancia de ser propietario de su "pase" (ver informe del contador D., fs. 836).

    Las condiciones deportivas de C.H.Z. son destacadas en las declaraciones producidas en la causa y en la numerosa literatura deportiva agregada.

    Según el comentarista deportivo J.M.M., Z., que contaba a la fecha del accidente con 23 años, era considerado en esos momentos el jugador de mejor puntaje en su puesto y tenía posibilidades de ser convocado para integrar la selección nacional y de ser transferido al exterior, aunque el testigo desconoce la existencia de gestio nes oficiales en ese sentido. A la vez, describe los

    - efectos negativos que el episodio provocó en su rendinto posterior (fs. 378/381).

    En términos más o menos parecidos se expide su ega V.H.M. (fs. 382/383). Afirma que al ducirse el accidente Z. estaba considerado el mejor ador de su puesto y que, si bien no había versiones ciales acerca de que sería convocado para la selección ional, existían grandes posibilidades para ello como para transferencia en condiciones muy ventajosas a un club opeo. Después de la lesión sufrida -agrega- sus condiciodisminuyeron sensiblemente.

    A fs. 948/949 otro comentarista deportivo, E. rquisB., coincide en reconocer los méritos deportivos Z., su rendimiento y posibilidades de ser transferial exterior y las secuelas del accidente al punto que, ún sostiene, su rendimiento es un 20% del anterior. Para s A.G., futbolista que fue compañero del actor el Club San Lorenzo y para su entrenador V., sus diciones deportivas eran relevantes, por lo que contestan rmativamente las preguntas destinadas a acreditar sus ibilidades futuras, a la vez que reiteran las consecuens perjudiciales en su rendimiento que tuvo la lesión. En e último aspecto, G. lo estima disminuido en un 50 o (ver fs. 386/387 y 949 vta./950). El destacado nivel de dimiento de Z. surge asimismo de las revistas

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. especializadas reservadas en secretaría y del informe de fs. 416.

    20) Que esas promisorias posibilidades económicas reconocidas invariablemente en los testimonios mencionados permiten concluir en que sus expectativas de incorporarse a niveles internacionales con los consiguientes beneficios materiales que traerían aparejados se vieron severamente afectados por la lesión. Existían así posibilidades suficientes de buen éxito deportivo y económico que superan la hipótesis del daño eventual para constituirse en un perjuicio cierto y resarcible en los términos del art. 1067 del Código Civil.

    El futuro deportivo de Z. se vio así frustrado, y la evidencia más palmaria de este aserto la constituye el desarrollo de su carrera posterior al accidente. En 1989 fue contratado por un club turco para volver después de dos años al país, oportunidad en que fue recibido en San Lorenzo de Almagro en condiciones nada favorables. Al no prorrogarse su contrato, pasó como jugador libre a un club de segunda división, Unión de Santa Fe, y rescindió su relación laboral por falta de pago. Su declinación se evidenció aún más al firmar contrato con el Club Talleres de Remedios de Escalada, que participa en campeonatos inferiores de la Asociación del Fútbol, institución que no hizo uso de la opción de compra prevista, culminando así un proceso negativo en cuanto a sus perspectivas en el fútbol profesional (peritaje contable, fs. 836 vta.; fs. 88 y 113, incidente de beneficio de litigar sin gastos).

    - Por todo lo expuesto, resulta justo reconocer este lamo y fijar su monto en $ 300.000 (art. 165 del Código cesal Civil y Comercial de la Nación).

    21) Que parece indudable el reconocimiento del damoral. En ese sentido la opinión de la perito en psicolo- , M.V.M., es ilustrativa. En las conclunes de su informe que corre de fs. 675 a 689, indica la stencia de síntomas post-traumáticos específicos centrados el temor y en la incapacidad que padece Z. y dencias de depresión, todo lo cual la experta atribuye a lesión sufrida, que gravitó en una faceta sustancial de su a como lo era la actividad deportiva. Por tal razón es pio fijar la suma de $ 100.000 en aquel concepto.

    Por último corresponde reconocer los gastos que dedaría el tratamiento psicoterapéutico recomendado por la ito que ascienden a $ 10.400 (ver fs. 816).

    22) Que, de tal manera, el monto total de la indemación asciende a la suma de 460.400 pesos. Los intereses calcularán a la tasa del 6% anual desde el 8 de mayo de 8 hasta el 31 de marzo de 1991, y los posteriores de ardo a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina sus operaciones ordinarias de descuento.

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1067, 1068, 1078, 9, 1113 y concordantes del Código Civil, se decide: I.er lugar a la demanda seguida por C.H.Z. tra el Club Instituto Atlético Central Córdoba, al que se dena a pagarle, dentro del plazo de treinta días, la suma 460.400 pesos, con más los intereses liquidados de

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. acuerdo con las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II.- Rechazar la demanda interpuesta contra la Provincia de Córdoba y contra la Asociación del Fútbol Argentino. Con costas por su orden en mérito a que el actor pudo considerarse con razón fundada para demandarlas (art. 68, segundo párrafo, del código citado). N..

    JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia parcial) - G.A.F.L. -G.A.B. -A.R.V. (por su voto).

    VO

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

    TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

    Que los suscriptos coinciden con el voto de la mayoría, con exclusión de los considerandos 6° y 9° a 12 inclusive, los que expresan en los siguientes términos:

  9. ) Que, en consecuencia, corresponde examinar el comportamiento de los efectivos policiales y si configuró la negligencia que se les atribuye.

    En primer lugar resulta oportuno recordar que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades -en relación a la responsabilidad extracontractual del Estado y sus agentes por acto ilícito- que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular.

    La falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, D., F. de service, n° 178). En el sub examine se trata del control de la seguridad pública, encomendado a la policía provincial, y el

    - reproche consiste en que se habría incurrido en neglicia u omisión por no haber advertido y desactivado a tiemel artefacto explosivo que provocó el daño a Z..

  10. ) Que, en consecuencia, debe examinarse la ressabilidad del club como organizador del evento deportivo.

    En este sentido, cabe recordar que esta Corte ha tacado que el incremento del riesgo derivado de la pelisidad que han asumido en los últimos tiempos las justas ortivas -especialmente las de concurrencia masiva- con la blemática anexa de la responsabilidad por los daños causapor fanáticos, "hinchas" y "barras bravas" ha merecido la ención específica del Congreso, que ha sancionado una ley a evitar la reiteración de hechos que afectan a los currentes a los estadios y, a veces, a personas totalmente nas al desarrollo del espectáculo mismo" (Fallos: 317:

    ).

    Dicha norma, en lo atinente a la responsabilidad il, estableció "una responsabilidad objetiva y más rigurodel organizador del espectáculo deportivo, ya que este io tuvo especialmente como fin poner límite al comportanto de los simpatizantes en los estadios de fútbol, que ha o muchas veces estimulada por las propias asociaciones de bol, desinteresadas en acudir a las medidas de seguridad rescindibles para prevenir esta clase de hechos" (causa ada).

    10) Que no escapa al criterio del Tribunal que el . 33 de la ley 23.184 menciona sólo a los "espectadores"

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. como beneficiarios del régimen de responsabilidad civil de los organizadores, condición que no era la propia de Z.. Sin embargo, cabe la interpretación analógica de ese precepto para el caso sub examine, pues si bien no se encuentra contemplado en aquél, guarda semejanza con la situación prevista normativamente, a la vez que resulta acorde con el espíritu y finalidad perseguidas por la ley.

    En este aspecto, esta Corte ha expresado reiteradamente que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma, ya que, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio considerar su sentido jurídico, lo que, sin prescindir de la letra de la ley, permite no atenerse rigurosamente a ella cuando la hermenéutica razonable y sistemática así lo requiera (Fallos: 303:612, entre muchos otros). En esta inteligencia, debe acordarse primacía a la búsqueda de la armonización de la ley con su contexto general y los principios y garantías constitucionales, de modo que no se desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción (Fallos: 307:2284, 2320).

    11) Que, con arreglo a la finalidad expresada ut supra y atento a los comunes elementos existentes entre la situación prevista normativamente y la que se somete al examen del Tribunal, no parece razonable limitar el alcance de la ley 23.184 -que consagra una responsabilidad objetiva con fundamento en el riesgo creado- a los espectadores con exclusión de otros concurrentes al estadio, tales como los

    - jugadores -mas aún cuando no media vínculo de dependencon la institución-, el árbitro y demás auxiliares de go.

    Ello es así pues si se trata de reparar las consencias dañosas originadas en esta nueva forma de violencia, citada en el desarrollo de las contiendas deportivas y nada de grupos inadaptados que actúan en el marco multiinario del evento, parecería injustificada la discriminan legal fundada en la persona del destinatario de dicha ión violenta, máxime cuando, en todos los casos, la ressabilidad de la entidad organizadora se impone por haber erado una actividad riesgosa para terceros, por la que iene un lucro económico.

    12) Que, sin perjuicio de lo expuesto, no varía la ución del caso si se examina la procedencia de la pretenn a la luz de lo prescripto por los arts. 1109 y 1113 del igo Civil. En efecto, de las constancias obrantes en la sa surge la ausencia de medidas de control apropiadas, no o el mismo día del partido sino también los previos al uentro, lo que guarda relación adecuada de causalidad con daño sufrido por Z..

    En efecto, de esos antecedentes, los incorporados a causa penal en la que se dictó la prisión preventiva y el cesamiento de dos personas, por su condición de supuestos ores del delito de lesiones culposas, agravado por la icación del art. 2 de la ley 23.184, surge que ambos cesados eran integrantes de la "barra brava" del club y en esa condición "tenían libre acceso a sus instalacio

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. nes en los días de partido", como así también que uno de ellos guardaba en su poder las llaves de un cuarto donde se depositaban bombos y banderas y llevaba una suerte de contabilidad elemental de los gastos de la agrupación, de la que surge la compra de bombas de estruendo.

    Las conclusiones del auto de prisión preventiva se basan en las declaraciones asentadas en la causa. Así a fs. 31, M.A.A., empleado del club, dice tener conocimiento de que los integrantes de la "hinchada" guardaban bombos y banderas partidarias en un cuarto dentro del estadio y recuerda un episodio similar ocurrido anteriormente; manifestaciones que ratifica a fs. 35/37 R.J.G., encargado del estadio, quien admite la existencia de "barras bravas" y sindica entre sus integrantes a los imputados. Otras declaraciones reiteran lo ya expuesto acerca de la participación de ambos sujetos, quienes tenían la posesión exclusiva de las llaves del depósito y dirigían a la "barra" (declaraciones de H.H.B. a fs. 85/ 86, de M. a fs. 90/91, de H.M.A. a fs. 114 y de S. a fs. 144/145).

    La vinculación de la "barra brava" con la dirigencia del club surge de los testimonios del presidente Dr. Gutiéz (fs.

    76/77) -quien, en lo personal, aduce una mala relación con sus integrantes-, de los dichos del procesado M. a fs.

    223, de los de L. a fs. 264, y de manera explícita de las declaraciones de M.A.D.L., vocal de la Comisión Directiva, quien dice conocer a los acusados, a los que define como "hinchas" que venden

    - bonos de contribución y rifas para solventar los gastos ndo el equipo de Instituto actúa como visitante (fs.

    /104). Por otra parte, la presencia reiterada de los egrantes de la "barra brava" en las instalaciones del club denunciada por el agente policial H.J.R., en los vio bebiendo copiosamente en el bar (fs. 120), y su ividad resulta suficientemente reconocida por los agentes io M.M., C.A.G.V. y por la vendedora itual de maní, L.A. (fs. 45, 47, 80 y 111).

    Pero el estrecho nexo que ligaba a estos sujetos los directivos surge inequívocamente de las declaraciones A.D.L., M.A.B., H.M. mán y J.D.L. (fs. 125/126, 127/128, 131/132, /136).

    De ahí se desprende que la Comisión Directiva les regaba 150 boletos de entrada antes de cada juego y les ilitaba sumas de dinero para viajar a presenciar partidos la ciudad de Buenos Aires, tal como lo admite L., en individualiza al gerente del club, Sr. F., como de los integrantes de los cuerpos directivos que otorgaba es franquicias (fs. 135 vta.), y a otros dirigentes, entre os "un tal cordobés", que "es el que más habla con los hachos de la barra" (ver fs. 261).

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1067, 1068, 1078, 9, 1113 y concordantes del Código Civil, se decide: I.er lugar a la demanda seguida por C.H.Z. tra el Club Instituto Atlético Central Córdoba, al que se

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. condena a pagarle, dentro del plazo de treinta días, la suma de 460.400 pesos, con más los intereses liquidados de acuerdo con las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II.- Rechazar la demanda interpuesta contra la Provincia de Córdoba y contra la Asociación del Fútbol Argentino. Con costas por su orden en mérito a que el actor pudo considerarse con razón fundada para demandarlas (art. 68, segundo párrafo del código citado). EDUARDO MOLINE O'CONNOR - A.R.V..

    DISI

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el suscripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión del considerando 22, el que expresa en los siguientes términos:

    22) Que, de tal manera, el monto total de la indemnización asciende a la suma de 460.400 pesos. Los intereses se calcularán a la tasa del 6% anual desde el 8 de mayo de 1988 hasta el 31 de marzo de 1991, y los posteriores de acuerdo a la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina.

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1067, 1068, 1078, 1109, 1113 y concordantes del Código Civil, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por C.H.Z. contra el Club Instituto Atlético Central Córdoba, al que se condena a pagarle, dentro del plazo de treinta días, la suma de 460.400 pesos, con más los intereses liquidados de acuerdo con las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II.- Rechazar la demanda interpuesta contra la Provincia de Córdoba y contra la Asociación del Fútbol Argentino. Con costas por su orden en mérito a que el actor pudo considerarse con razón fundada para demandarlas (art. 68, segundo párrafo, del código citado). N.. A.B..

    DISI

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Considerando:

    Que el suscripto coincide con los considerandos 1° a 14 del voto de la mayoría.

    15) Que, por último, corresponde considerar la situación de la Asociación del Fútbol Argentino, que para desconocer la responsabilidad concurrente asignada por el demandante sostiene que las funciones encomendadas por el estatuto y el reglamento general no ponen a su cargo el control de la seguridad del espectador ni de los jugadores de los equipos contendientes, limitándose a establecer las disposiciones reglamentarias y disciplinarias sobre la organización de los campeonatos, programación de los partidos, diagramación de los torneos, funciones de las autoridades en los encuentros y, en definitiva, las actividades de control, regulación y fiscalización del desarrollo de esta práctica deportiva que cae bajo su ámbito.

    16) Que la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.

    A.) es una entidad civil que tiene como miembros a los clubes y a las asociaciones de éstos que sean admitidos en su seno como afiliados, cuyo objeto es fomentar el fútbol y coordinar la acción de todas las entidades asociadas que lleven a cabo dicho deporte, en pro de su difusión y práctica disciplinada, para lo cual -ajustándose a las disposiciones de la Federación Internacional del Fútbol Asociado- se establece un estatuto y un reglamento general que dota a la

    - entidad de amplia funcionalidad en su manejo (conf. art. del estatuto).

    En lo que concierne a la naturaleza y alcance de facultades atribuidas a la A.F.A., el examen del estatuto e su reglamento general pone de manifiesto una signifiiva cantidad de disposiciones que reglan en forma pormenoada las funciones de organización, supervisión y discipliias que son asignadas a esta codemandada, no sólo con reión a las obligaciones que se ponen a cargo de las entidaque la integran, sino además con respecto a sus jugado- , socios, empleados, personal técnico, dirigentes, árbis, jueces de línea y asistentes deportivos, así como a o otro personal que tenga vinculación con ella (estatuto, . 40).

    17) Que con particular referencia a las disposicioque tienen relación con la decisión del caso, cabe punlizar que el art. 84 del estatuto contempla la situación los vestuarios destinados a los clubes visitantes, estaciendo que el reglamento de la A.F.A. determinará los resitos mínimos y las comodidades que deberán reunir.

    El reglamento aludido destina un capítulo a los adios, disponiendo que, más allá de las normas municipales entes en el lugar en el cual se encuentra ubicado, cada b que participe en el certamen oficial de la A.F.A. deberá tar con un estadio que reúna todos los requisitos que se allan, los que deberán estar cumplidos con 15 días de icipación a la iniciación de los campeonatos oficiales de a temporada (art. 74). En lo que respecta a los vestua

    Z. 15. XXIII.

    ORIGINARIO

    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. rios para los jugadores, el reglamento prescribe que las aberturas al exterior o a lugares accesibles al público deberán estar provistas de rejas y vidrios armados (art. citado, inc. 9, punto 4).

    18) Que establecido el contenido de la obligación impuesta por la A.F.A. a los clubes en lo que se refiere a la seguridad de los vestuarios, corresponde indagar el alcance de las facultades de supervisión y disciplinarias que aquélla se reservó para dar cabal cumplimiento a la "amplia funcionalidad" en el manejo del fútbol que fue postulada en el estatuto como uno de sus objetivos básicos (art. 2°).

    Entre las autoridades de la A.F.A. contempladas por el estatuto fue creado el Comité Ejecutivo (arts. 30/ 34), en cuyo ámbito el reglamento general constituyó una "Comisión Especial de Estadios" a la que fue asignada la función de comprobar si dichos espacios reúnen las condiciones establecidas en los arts. 74 a 77 del reglamento, atribuyéndole la función de inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de los clubes, a fin de establecer si éstas se hallan en las condiciones especificadas. Si como consecuencia de dicha verificación resultare que un club no cumple con los recaudos establecidos, dicha comisión debería elevar un informe a la Secretaría Técnica -dependiente del comité ejecutivo- a los efectos de avisar al club para que la deficiencia sea reparada; en el caso de que ésta no sea subsanada, el comité ejecutivo debe inhabilitar las instalaciones del club hasta que se ejecuten las obras necesarias; realiza

    -das las reparaciones, el reglamento prescribe que la isión procedería a una nueva verificación y elevaría un orme al comité a los efectos de que resuelva lo que cosponda (art. 54, inc. g). En términos concordes, el remento faculta al Comité Ejecutivo de la A.F.A. para rezar -con intervención de sus organismos de control- las ificaciones necesarias en los estadios y, en su caso, rever de oficio el cambio de él para la realización de un tido cuando así lo justifiquen razones de seguridad (art.

    .

    19) Que no es objeto de controversia entre las parque el vidrio que causó las lesiones -cuyo resarcimiento damnificado persigue en el sub lite- correspondía a una de distintas ventanas del vestuario visitante, el cual era único que carecía de reja protectora y del armado con mbre exigidos por el reglamento general, pues los restan- -más allá de algunas rajaduras- soportaron los efectos de explosión de la bomba colocada por los simpatizantes del b local. Al respecto, es determinante resaltar el informe vado al Tribunal de Disciplina Deportiva de la A.F. A. por de sus integrantes, en el cual se puntualiza "...ventanas vestuario visitante. En éste se observan varios tanales fijos con vidrio armado con alambre, excepto el se rompió cuando se produjo el estallido, actualmente no uesto, y que no era de los armados con alambre. Cabe tacar, que los vidrios de los ventanales existentes se uentran con múltiples rajaduras, pero no cayeron tamente por su condición de armados..." (fs. 746/747).

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    20) Que como consecuencia del hecho cuya responsabilidad civil se ventila en esta causa, tomó intervención el Tribunal de Disciplina de la A.F.A. a los efectos de considerar y juzgar la responsabilidad estatutaria del club local. En la resolución dictada el 19 de mayo de 1988, dicho organismo tuvo por acreditado que el jugador Z. sufrió lesiones como consecuencia del estallido del único vidrio del vestuario visitante "...que no era vidrio armado con alambre ni tenía alambrado exterior de protección", agregando que la responsabilidad del organizador del espectáculo surgía por tratarse de un hecho que debió preverse para producir su impedimento y por no haberse adoptado las medidas de seguridad reglamentarias. Finalmente, en lo que interesa al caso, el tribunal solicitó al comité ejecutivo de la A.F.A. la inhabilitación del estadio del Club Instituto Atlético Central Córdoba por entender que no reúne las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de componentes de equipos visitantes (fs. 756/757).

    21) Que la gravedad de las deficiencias existentes en la ventana del vestuario visitante que fue puesta de manifiesto en la decisión adoptada por esta dependencia de la A.F.A. y en el informe preliminar que le sirvió de fundamento, sólo fue advertida como consecuencia de la inspección llevada a cabo con posterioridad al hecho.

    La A.F.A. ha mantenido en el desarrollo del proceso -contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas y alegato- un silencio absoluto con relación al modo en que

    - ejecutó el deber que expresamente le imponen su estatuto eglamento de controlar el cumplimiento por parte del Club ético Instituto Central Córdoba de los requisitos mínimos gidos para la seguridad en su estadio y, en su caso, de ar las decisiones destinadas a superar las deficiencias ificadas. Con particular referencia al caso, la A.F.A, no alegado ni demostrado que llevó a cabo la verificación que impone el art. 74 del reglamento, al prescribir que los bes deben cumplir con todas las exigencias contempladas 15 días de antelación a la iniciación del campeonato.

    Ello es demostrativo que la "Comisión Especial de adios" dependiente del Comité Ejecutivo de la A.F.A. omiejecutar los deberes de fiscalización que expresamente le asignados en punto a la seguridad en los estadios (art. reglamento general) o, en todo caso, que dicha probación fue llevada a cabo con notoria falta de diligenen la medida en que no permitió constatar una deficiencia el Tribunal de Disciplina Deportiva de la entidad ificó como de gravedad suficiente para justificar la abilitación de un estadio que "...no reúne las condiciones seguridad necesarias, para asegurar la integridad de ponentes de equipos visitantes" (fs. 757, punto 4°).

    22) Que lo expresado conduce -por un lado- a rechacon el mayor énfasis el planteo en base al cual la A.F. ha estructurado su defensa. Sostener, como lo ha hecho a parte en su contestación de demanda y reiterado en el gato, que sus funciones se agotan en organizar y diagra

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. mar los torneos oficiales de fútbol en la República Argentina, constituye un intento inadmisible de eludir las responsabilidades que -en materias de organización, fiscalización, prevención y de disciplina- inequívocamente derivan de su estatuto y de su reglamento en los términos señalados.

    En efecto, la posición adoptada por la A.F.A. en estas actuaciones de sustraerse a sus deberes en torno a la seguridad en los espectáculos deportivos bajo su supervisión, no sólo implica desconocer lo considerado y decidido por su tribunal de disciplina frente a los hechos ventilados en el sub lite, sino que -además- contradice abiertamentela conducta que frente a las instituciones que la integran, a los poderes públicos y a la opinión pública, ha venido llevando a cabo hasta el presente.

    Por un lado, si a la A.F.A. no le incumbe adoptar las medidas apropiadas para garantizar la incolumidad de todos quienes participan o concurren a un partido de fútbol correspondiente a un torneo organizado por esta entidad, carece de toda justificación racional la razón por la cual en la sesión celebrada por el comité ejecutivo pocos días después de la agresión sufrida por Z., exhortó a las instituciones afiliadas a extremar todos los recaudos para erradicar la violencia de los estadios de fútbol y las previno que la A.F.A. "...adoptará las medidas pertinentes para verificar, por intermedio de la Comisión Especial de Estadios de la misma, el fiel cumplimiento a las disposiciones que prevé el art. 74 del Reglamento General" (boletín

    - informativo 1709, fs. 821); máxime, cuando los reglamenen vigencia están para ser acatados por sus destinatarios en su caso, para que las autoridades competentes las hagan plir coactivamente, mas no para encubrir una responilidad personal e indelegable mediante el vano recuerdo de deberes de prevención y supervisión que -sólo en ese ento- amenazaba con llevar a la práctica y que hasta antes hecho había ignorado.

    De igual modo, el discurso procesal de la A.F.A. es tradictorio con su participación en el Comité Ejecutivo de uridad Deportiva creado por resolución 23 del 30 de enero 1992 del Presidente del Ente Nacional Argentino del orte, pues si la asociación rectora del deporte de mayor ularidad en el país pretende desconocer las responsabilies derivadas de su ostensible infracción a la función de erintendencia que le asiste para verificar el cumplimiento las normas de seguridad en los estadios de sus entidades liadas y que ella ha habilitado, no puede justificar en o alguno las razones por las cuales participa activamente un organismo, dependiente de la Presidencia de la Nación, tiene por función elaborar y desarrollar las estrategias esarias a fin de mantener un control permanente sobre el ado y condiciones de uso y funcionamiento de todos los adios deportivos del país, disponiendo las medidas a que iere lugar (art. 6°).

    Por último, igual consideración cabe formular en lo hace a la actuación de la A.F.A. frente a la opinión lica, pues las campañas de publicidad que viene llevando

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. a cabo por medios masivos de información tendientes a obtener una mayor afluencia de público -especialmente, de las familias- a los espectáculos futbolísticos con fundamento en la seguridad en el desarrollo de los encuentros, sólo puede comprenderse a partir de la premisa incontrovertible de que la A.F.A. -más allá del insoslayable interés económico dado por su participación en las recaudaciones- ha tomado a su cargo llevar a cabo el fiel cumplimiento de las funciones que reglamentariamente le incumben para garantizar -en el ámbito de su competencia- la seguridad que proclama. De no ser aceptado este razonamiento, habría que concluir que la A.F.A. ha utilizado una publicidad engañosa hacia los potenciales espectadores, circunstancia que -más allá del reproche ético que merece- dejaría intacta su responsabilidad con apoyo en el principio cardinal de la buena fe reconocido por el art. 1198 del Código Civil.

    23) Que, con tal comprensión, cabe concluir que la A.F.A. ha incumplido negligentemente con los expresos deberes de supervisión a su cargo en lo que atañe a la habilitación del estadio del Club Instituto Atlético Central Córdoba, el cual -como sólo después del hecho fue reconocido mediante la intervención de su Tribunal de Disciplina Deportiva- tenía graves deficiencias que llevaban a considerar que debía ser inhabilitado por no garantizar la integridad corporal de los jugadores del equipo visitante, al cual pertenecía Z..

    La omisión puntualizada adquiere singular relevan

    -cia en tanto ni siquiera se ha invocado haber realizado el estadio donde ocurrieron los hechos la inspección preal comienzo del torneo que imperativamente exige el remento, todo lo cual demuestra la presencia de una notoria ta de diligencia en los términos del art. 512 del Código il, cuya gravedad queda patentizada en la armónica inteción de dicho texto con la disposición establecida en el . 902 del ordenamiento citado, que sienta el principio de el mayor deber de obrar con prudencia expande -de igual o- el contenido de la obligación que resulte de las conuencias posibles de los hechos. Ello es así pues, no puede layarse que la seguridad y tranquilidad de quienes conren o participan en un espectáculo público de la naturaledel que se iba a llevar a cabo en el caso, descansa sobreera en el cabal cumplimiento por parte de la entidad reca del fútbol argentino de todas y cada una de las obliganes que le imponen el deber y el poder tutelar que aquélla ne sobre los partidos oficiales correspondientes al torneo organiza.

    24) Que resta por considerar si el incumplimiento poso por parte de la A.F.A. -en los términos señaladostiene relación causal suficiente para haber nacer en caa de aquélla el débito de responsabilidad invocado por el nificado. Para llevar a cabo tal examen, es necesario aciar si la ostensible omisión en que ha incurrido la A.F. en los términos de los arts. 512, 1074 y 1109 del Código il ha sido indiferente en las lesiones sufridas por Zacas o si, por el contrario, puede ser retenida como un acto

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. dotado de virtualidad suficiente para producir, según el curso ordinario y regular de las cosas, el efecto que sobrevino; sin dejar de lado, por cierto, que dicha abstención concurre causalmente con la explosión de la bomba colocada por hinchas del club local y con el incumplimiento de éste de sus obligaciones como organizador del espectáculo deportivo que se iba a llevar a cabo.

    Al respecto, la conducta omisiva de la Comisión de Estadios de la A.F.A. ha sido inequívocamente relevante para causar concurrentemente el resultado dañoso, pues las medidas que debió adoptar de haber actuado con cuidado y previsión en los deberes a su cargo necesariamente hubieran llevado a detectar la existencia de una abertura del vestuario visitante que no cumplía con las exigencias reglamentarias y, con tal conocimiento, a disponer coercitivamente lo conducente para exigir al club su subsanación o, en todo caso, proceder a la inhabilitación del estadio como después del hecho se hizo por intermedio del comité ejecutivo. Cabe retener por su decisiva significación, que el resto de las ventanas que respetaban los requisitos de contar con vidrio armado y enrejado toleraron la explosión de la bomba y únicamente la que estaba construida en infracción, y que no fue verificada por la A.F.A., fue la que despidió los vidrios que lesionaron a Z., de manera que si, frente a las circunstancias del caso que particularizan la decisión que se adopta, esta codemandada hubiese cumplido con los expresos deberes a su cargo, el resultado perjudicial jamás se

    - habría producido.

    De ahí, pues, que la aseveración de que un actuar igente de la A.F.A. hubiera impedido que el hecho se conara, aún cuando la bomba hubiese explotado e Instituto tral C. hubiera sido igualmente negligente en las idas de seguridad a su cargo, permiten concluir que existe relación causal adecuada entre la conducta considerada y daños sufridos por Z., lo cual justifica atribuir a ella entidad el deber de responder por las consecuencias judiciales del hecho que se le imputa.

    Máxime, cuando la A.F.A. ha reconocido instituciomente mediante el pronunciamiento dictado por su Tribunal Disciplina Deportiva, que el hecho ocurrido era susceptide preverse, condición que lleva a presuponer la adecuan de las consecuencias en orden a la regularidad del curso los hechos prevenida por el art. 901 del Código Civil llos: 317:1921).

    25) Que la responsabilidad asignada a la A.F.A. en e pronunciamiento no significa atribuirle a dicha entidad condición, que no le asiste en modo alguno, de garante por consecuencias derivadas del incumplimiento por parte de clubes afiliados de las obligaciones que les corresponden la organización de los encuentros futbolísticos, sino que fruto del reproche de su conducta personal por haber ringido -en las circunstancias del caso- el principio de dañar injustamente a otros sentado en el art. 1109 del igo Civil, cuya raíz constitucional ha sido subrayada

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. por esta Corte (Fallos: 308:1160).

    De ahí, asimismo, que cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad introducido con respecto al art. 33 de la ley 23.184, en la medida en que dicho texto carece de toda relación para la decisión del caso. Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que el Tribunal ha considerado que la disposición impugnada no afecta las garantías constitucionales que se invocan (Fallos: 317:226).

    26) Que en las condiciones expresadas, las lesiones sufridas por Z. resultan ser una consecuencia que jurídicamente debe ser imputada a las series causales generadas -de un lado- por el incumplimiento por parte de Instituto Central Córdoba de las obligaciones a su cargo en los términos desarrollados en los considerandos 9°) a 13) y -del otro- de igual circunstancia con respecto a la Asociación del Fútbol Argentino, las que han concurrido para dar lugar al resultado dañoso, funcionando como concausas unidas por su eficacia colateral (confr. Fallos:

    317:1921, antes citado).

    M. en el caso obligaciones concurrentes -también denominadas in solidum- las que se caracterizan porla existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas en relación a cada uno de los deudores. En esta situación las responsabilidades concurrentes no excusan total ni parcialmente las que autónomamente consideradas les

    - corresponde a cada una de las codemandadas, sin perjuide que ulteriormente puedan ejercerse las acciones de reso destinadas a obtener la contribución en la deuda soltada (causa S.340.X. "Savarro de Caldara, E.I. y os c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos -Buenos Aires- s/ ario", sentencia del 17 de abril de 1997), a cuyo efecto a Corte juzga prudente atribuir la responsabilidad en el ho en un 70% al Club Instituto Atlético Central Córdoba y el 30% restante a la Asociación del Fútbol Argentino.

    27) Que resuelto el punto vinculado a la responsaidad corresponde considerar la procedencia del reclamo emnizatorio consistente en el daño emergente derivado de incapacidad física, el daño moral y el producido por la stración de la probabilidad de éxito en el plano deportivo . 16).

    La gravedad del accidente que puso en peligro de rte al actor obligó a la realización de varias e importanintervenciones quirúrgicas porque "provocó un grave eso de shock y hemorragia, por cuanto estaban comprometidas, arterias, venas y nervios de su miembro superior izerdo" (ver peritaje médico, fs. 939, referencias periodísas de fs. 583, 658/660, las obrantes en caja reservada, timonios de fs. 378/381 -pregunta 12-, fs. 382/383 -preta 12-, fs. 386/387 -pregunta 10-, historia clínica del pital Británico -fs. 400/411-). La atención de Z. se entorpecida al no existir en el estadio ni en sus cer- ías una ambulancia para el traslado, que debió realizarse un carro de asalto (testimonios de fs. 378/381, pregunta

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario.

    10; fs. 386/387, pregunta 11, fs. 734).

    28) Que las secuelas de las lesiones son descriptas por el perito médico, doctor A.A.J. La Mura a fs. 938/942. Allí dice que "el actor presenta cicatrices de lesiones traumáticas y quirúrgicas, en hombro, axila, antebrazo, mano región posterior, región posterior de muslo derecho y en ambas piernas hasta el comienzo de la región aquiliana. Se observa una cicatriz quirúrgica semilunar que toma el borde inferior de la clavícula rodeando al hombro izquierdo hasta la región posterior del mismo".

    El miembro superior izquierdo presenta "marcada atrofia del grupo muscular correspondiente al brazo, triceps y biceps. Existe una hipotrofia de los grupos musculares, anterior externo y posterior del antebrazo" fenómeno que se presenta en el músculo trapecio y dorsal ancho. También existe una sensible atrofia en los músculos de la mano en general (fs. 940). En las consideraciones finales de su peritaje, el doctor La Mura destaca la disminución de la capacidad deportiva de Z. por causa de la pérdida de la fuerza y movilidad del miembro superior que dificulta determinadas jugadas, inhibe las caídas o choques corporales no sólo por las limitaciones del brazo izquierdo sino por las condiciones de su mano, incapacidad que se extiende a la realización de las actividades de la vida cotidiana y que el experto califica de "parcial y permanente" y de "importante consideración" y estima en un 38% de la total obrera (fs. 942).

    - En ese sentido, destaca la pérdida de movilidad del bro, las dificultades de la "mano en garra" que han minuido la acción en pinza y eliminado "los movimientos os" (fs. 941). A fs. 972 la aclaración del perito modifica porcentaje de incapacidad y lo eleva -aunque sin la iciente justificación científica- a un 70%. Esta conclun del experto es impugnada a fs. 973/974 por la Provincia Córdoba. En orden a esta cuestión, es de recordar que esta te ha establecido que los porcentajes de incapacidad imados por los peritos médicos -aunque elementos importanque se deben considerar- no conforman pautas estrictas de ervación obligatoria para los jueces (Fallos: 310:1826, re otros).

    29) Que en orden a decidir el reclamo indemnizatode Z. debe tenerse presente que esta Corte ha reiado en fecha reciente que "cuando la víctima resulta disuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permate, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al gen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la ividad productiva y por el daño moral, pues la integridad ica tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión prende, a más de aquella actividad económica, diversos ectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, tural o social con la consiguiente frustración del desallo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; :2834; 318:1715).

    Las lesiones sufridas por el actor y la incapacidad reviniente, apreciadas a la luz de esa doctrina,

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. aconsejan reconocer como daño material la suma de cincuenta mil pesos.

    30) Que Z. reclama, asimismo, lo que en su demanda califica como consecuencias patrimoniales producidas por el infortunio en cuanto a la frustración de sus posibilidades de éxito en el campo deportivo. Hace hincapié, en ese sentido, en que a más de percibir importantes sumas en concepto de sueldo, premios y haberes en el Club San Lorenzo de Almagro, en cuya primera división jugaba, tenía, por su rendimiento, grandes posibilidades de ser transferido internacionalmente con los consiguientes beneficios económicos en los que gravita la circunstancia de ser propietario de su "pase" (ver informe del contador D., fs. 836).

    Las condiciones deportivas de C.H.Z. son destacadas en las declaraciones producidas en la causa y en la numerosa literatura deportiva agregada.

    Según el comentarista deportivo J.M.M., Z., que contaba a la fecha del accidente con 23 años, era considerado en esos momentos el jugador de mejor puntaje en su puesto y tenía posibilidades de ser convocado para integrar la selección nacional y de ser transferido al exterior, aunque el testigo desconoce la existencia de gestiones oficiales en ese sentido. A la vez, describe los efectos negativos que el episodio provocó en su rendimiento posterior (fs. 378/381).

    En términos más o menos parecidos se expide su colega V.H.M. (fs. 382/383). Afirma que al

    - producirse el accidente Z. estaba considerado el or jugador de su puesto y que, si bien no había versiones ciales acerca de que sería convocado para la selección nanal, existían grandes posibilidades para ello como para su nsferencia en condiciones muy ventajosas a un club eueo. Después de la lesión sufrida -agrega- sus condiciones minuyeron sensiblemente.

    A fs. 948/949 otro comentarista deportivo, E. rquisB., coincide en reconocer los méritos deportivos Z., su rendimiento y posibilidades de ser transferial exterior y las secuelas del accidente al punto que, sesostiene, su rendimiento es un 20% del anterior. Para s A.G., futbolista que fue compañero del actor el Club San Lorenzo y para su entrenador V., sus condines deportivas eran relevantes, por lo que contestan afirivamente las preguntas destinadas a acreditar sus posibiades futuras, a la vez que reiteran las consecuencias periciales en su rendimiento que tuvo la lesión. En este úlo aspecto, G. lo estima disminuido en un 50 o 60% (ver 386/387 y 949 vta./950). El destacado nivel de rendimiende Z. surge asimismo de las revistas especializadas ervadas en secretaría y del informe de fs. 416.

    31) Que esas promisorias posibilidades económicas onocidas invariablemente en los testimonios mencionados miten concluir en que sus expectativas de incorporarse a eles internacionales con los consiguientes beneficios maiales que traerían aparejados se vieron severamente afecos por la lesión. Existían así posibilidades suficientes

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. de buen éxito deportivo y económico que superan la hipótesis del daño eventual para constituirse en un perjuicio cierto y resarcible en los términos del art. 1067 del Código Civil.

    El futuro deportivo de Z. se vio así frustrado, y la evidencia más palmaria de este aserto la constituye el desarrollo de su carrera posterior al accidente. En 1989 fue contratado por un club turco para volver después de dos años al país, oportunidad en que fue recibido en San Lorenzo de Almagro en condiciones nada favorables. Al no prorrogarse su contrato, pasó como jugador libre a un club de segunda división, Unión de Santa Fe, y rescindió su relación laboral por falta de pago. Su declinación se evidenció aún más al firmar contrato con el Club Talleres de Remedios de Escalada, que participa en campeonatos inferiores de la Asociación del Fútbol, institución que no hizo uso de la opción de compra prevista, culminando así un proceso negativo en cuanto a sus perspectivas en el fútbol profesional (peritaje contable, fs. 836 vta.; fs. 88 y 113, incidente de beneficio de litigar sin gastos).

    Por todo lo expuesto, resulta justo reconocer este reclamo y fijar su monto en $ 300.000 (art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    32) Que parece indudable el reconocimiento del daño moral. En ese sentido la opinión de la perito en psicología, M.V.M. es ilustrativa. En las conclu siones de su informe que corre de fs. 675 a 689, indica la

    - existencia de síntomas post-traumáticos específicos cendos en el temor y en la incapacidad que padece Z. y dencias de depresión, todo lo cual la experta atribuye a lesión sufrida que gravitó en una faceta sustancial de su a como lo era la actividad deportiva. Por tal razón es pio fijar la suma de $ 50.000 en aquel concepto.

    Por último corresponde reconocer los gastos que dedaría el tratamiento psicoterapéutico recomendado por la ito que ascienden a $ 10.400 (ver fs. 816).

    33) Que, de tal manera, el monto total de la indemación asciende a $ 410.400. Los intereses se calcularán a tasa del 6% anual desde el 8 de mayo de 1988 hasta el 31 marzo de 1991, y los posteriores de acuerdo a la tasa paa promedio que publica el Banco Central de la República entina.

    Por ello y lo dispuesto por los arts. 512, 1067, 1074, 8, 1086 1109, 1113 y concordantes del Código Civil, se ide: I.H. lugar a la demanda promovida por C. o Z. contra el Club Instituto Atlético Central Córa y contra la Asociación del Fútbol Argentino, respecto de cuales se declara la concurrencia causal en los términos alados en el considerando 26, y a quienes se condena in idum a pagarle, dentro del plazo de diez días, la suma de .400 pesos, con más los intereses liquidados de acuerdo las pautas indicadas en el considerando que antecede. Con tas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la ión). II. Rechazar la demanda promovida contra la vincia de Córdoba. Con costas por su orden en mérito a

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    Z., C.H. c/C., Provincia de y otros s/ sumario. que el actor pudo considerarse con razón fundada para demandarla (art. 68, segundo párrafo, del código citado).

    N.. JULIO S.N..