Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Diciembre de 1997, F. 28. XXVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

F. 28. XXVII.

ORIGINARIO

F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1997.

Vistos los autos: "F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 32/37 se presenta F.K. e Hijos S.R.L., por medio de apoderado, e inicia demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. Manifiesta que el día 3 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 19, G.A.F. conducía la camioneta marca Ford F.400 D, dominio B 2.368.695, de propiedad de la empresa, por el Boulevard F.S., de la localidad de Luján, Provincia de Buenos Aires, cuando al atravesar la calle Florida fue violentamente embestido por un patrullero perteneciente al Comando Radioeléctrico (U.R. XVIII), patente B 2.281.992, conducido por el agente R.A.B.. Agrega que el móvil policial venía a alta velocidad, sin llevar la sirena reglamentaria encendida y que, si bien fue chocado por el costado derecho, su vehículo ya había traspasado la mitad de la bocacalle. Describe los daños sufridos por la camioneta y practica una liquidación por los rubros que considera que le deben ser indemnizados, comprensivos del daño emergente y el lucro cesante por la inmovilización de la camioneta durante un período de cincuenta días, que asciende a la suma de $ 44.149,98, con más un porcentaje del 20% en concepto de pérdida del valor venal. Solicita, asimismo, la citación en garantía de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y pide que se haga lugar a la demanda, con costas.

- II) A fs. 56/57 se presenta la Caja Nacional de rro y Seguro y manifiesta que con los datos aportados no podido acreditar la existencia del contrato de seguro cospondiente al rodado de la policía pero, en forma subsiria, contesta la demanda negando los hechos y el derecho ocados por la actora. Ofrece prueba y pide que se rechace demanda, con costas.

III) A fs. 65/67 se presenta la Provincia de Buenos es. Niega, igualmente, que los hechos hayan ocurrido en la ma expuesta en la demanda e impugna la liquidación cticada. Manifiesta que el único responsable del accidente el conductor de la camioneta quien, no sólo no había spuesto aún la mitad de la bocacalle, sino que no respetó prioridad de paso del móvil policial que circulaba con las izas encendidas como consecuencia del procedimiento que se aba llevando a cabo. Ofrece prueba y pide que se rechace demanda, con costas.

Considerando:

  1. ) Que, de conformidad con lo resuelto a fs. 48, e juicio es de la competencia originaria de la Corte Suma de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constiión Nacional).

  2. ) Que la legitimación sustancial de la empresa nández Kulisek e Hijos S.R.L. se acredita con el informe Registro de la Propiedad Automotor obrante a fs. 98/99 y propiedad del patrullero con el agregado a fs. 95/96.

  3. ) Que la responsabilidad por el riesgo de la cosa establece el art. 1113 del Código Civil no resulta rvada en supuestos como el sometido a consideración del

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    Tribunal, en los que se crean presunciones de causalidad concurrentes sobre el dueño y guardián de cada vehículo, quienes deben afrontar los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes. Por lo demás la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de responsabilidad que rigen en ese ámbito.

    En consecuencia, corresponde determinar la responsabilidad de los partícipes en la colisión a la luz de los principios generales reseñados, a los que deben sumarse las normativas particulares de los reglamentos de tránsito, que consagran pautas específicas de circulación para los vehículos afectados a situaciones de emergencia (ambulancias, policiales y bomberos), régimen que se justifica ante la necesidad de prestación de servicios urgentes que comprometen el interés de la comunidad.

  4. ) Que, en este aspecto, el art. 49 inc. b, tercer párrafo, de la ley 13.893 -por entonces vigente- disponía que "todo conductor, en toda circunstancia, debe ceder el paso a las ambulancias y a los vehículos de policía y bomberos", norma que se vincula con lo estatuido por el art. 75 del mismo ordenamiento, en cuanto exime del límite de velocidad a quienes conduzcan vehículos de policía en desempeño de sus funciones, en cuyo caso deberán anunciarlo con bocinas o aparatos sonoros de advertencia. Frente a tales avisos, los conductores de otros vehículos, "desviarán inmediatamente su propio vehículo lo más próximo posible al cordón o borde de la calzada o banquina y detendrán la marcha hasta que aqué

    -llos hayan pasado" (art. 76, ley citada). Preceptos ilares contiene el Código de Tránsito de la Provincia de nos Aires vigente a esa fecha (ley 5800) en sus arts. 71, . 2°, tercer párrafo; 93 y 94, norma esta última que añade "el incumplimiento de esta disposición constituye una racción contra la seguridad de las personas".

  5. ) Que en el sub lite si bien el móvil policial se plazaba en acto de servicio trasladando personas enidas, lo cierto es que no se encuentra acreditado que iera dado aviso a los transeúntes por medios sonoros, remo sólo aducido por los efectivos policiales involucra- (fs. 219 y 241).

    En efecto, al margen de las declaraciones del contor del camión -G.A.F., fs. 125- el tigo A.D.M., quien se dirigía por la avenida la misma dirección que el vehículo de la actora, sostuvo no escuchó sirena ni vio luces de ninguna clase en el rullero (fs. 112 vta.), declaración suficiente para tener definida la cuestión, descartándose así la aplicación de a norma especial regulatoria del tránsito.

  6. ) Que, por otro lado, si bien es principio común todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a en cruza desde su derecha, tal prioridad no tiene carácter oluto y sólo juega cuando ambos vehículos ingresan en ma simultánea o casi simultánea a la bocacalle (Fallos:

    :210; 306:1988), circunstancia que no se verifica en la sa, donde el rodado del actor se encontraba ya cruzando la le de tierra cuando fue embestido por el auto policial nf. declaración testifical de M., fs. 112 vta.), cuyo

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. conductor no adoptó los recaudos necesarios para mantener su dominio -atento al mal estado del camino- y evitar de ese modo la colisión (conf. resolución sancionatoria administrativa fs. 273/274).

  7. ) Que en atención a lo expuesto cabe concluir que la infracción cometida por el conductor del patrullero, quien no tomó las precauciones necesarias para su ingreso en una avenida, fue la causa eficiente del accidente, motivo por el cual debe admitirse la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de propietaria del vehículo (art. 1113, párrafo, del Código Civil).

  8. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño emergente, la desvalorización del vehículo y el lucro cesante.

  9. ) Que para fijar el monto del primer ítem cabe tener presente que de la respuesta al oficio librado en autos al Centro Integral del Automotor se desprende que el presupuesto y factura n° 00000219, acompañados a fs. 19 y 20, son auténticos y que la suma allí indicada, que asciende a $ 7.774,98, fue oportunamente abonada por la sociedad actora (ver fs. 101).

    Asimismo, con el peritaje mecánico obrante a fs.

    164/169 se acredita que los daños sufridos por el automotor guardan relación con la mecánica del accidente y con el presupuesto acompañado (ver resp. 1 y 2), como así también que las reparaciones fueron efectuadas (ver resp. 6). Por lo que corresponde hacer lugar a este rubro en su totalidad.

    - Por lo demás, si bien el perito estima un valor inferior consignado en el presupuesto agregado a fs. 19/20, ello no suficiente para llegar a una solución diversa ya que ara que el monto establecido es aproximado pues es osible dar uno con exactitud porque existe una serie de tores que "harían temeraria la afirmación sobre que un or de una reparación es exacto a prácticamente cuatro años realizada".

    10) Que con respecto a la desvalorización del veulo, el experto la calcula en un 4% en virtud del grado de ormación de las partes afectadas y establece que la ización en plaza de un rodado marca Ford con cabina modelo 00 D, año 1992, con caja de carga montada sobre el chasis de $ 42.000 (ver puntos 6° y 7°, fs. 165/169 y aclaración fs. 179/180).

    Cabe señalar que para determinar el monto de este m se debe tomar en cuenta, también, el tiempo transcurrido de la fecha en que se efectuó el peritaje, circunstancia hace necesaria la aplicación del art. 165 del Código cesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto y sobre base se lo fija en $ 1.500.

    11) Que, finalmente, corresponde establecer la ntía del lucro cesante sufrido como consecuencia de la ovilización exigida por la reparación del vehículo, a cuyo debe ponderarse la relativa eficacia de la prueba rtada por la actora.

    En efecto, si bien ella manifiesta que la camioneta pudo circular durante cincuenta días, lapso similar al imado por el perito mecánico (ver fs. 167 vta.), de la do

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. cumentación acompañada a fs. 19 como así también de la contestación de oficio de fs. 101 se desprende que los trabajos fueron realizados en alrededor de veinte días.

    Es de destacar que esa discrepancia temporal no puede imputarse a la conducta del responsable del accidente sino a la propia actora, a poco que se repare que el pedido de presupuesto fue efectuado el 19 de septiembre de 1992, es decir que los arreglos comenzaron a efectuarse por lo menos dieciséis días después del accidente.

    Por otra parte, el cálculo efectuado por el perito contador a fs. 147 respecto de la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la inutilización del rodado no se compadece con la contestación a la impugnación efectuada por la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 155) en donde informa que "no se observa cambio significativo en las ventas totales durante el período en cuestión".

    En atención a ello, se fija para este rubro la suma de $ 10.000 (art. 165 ya citado).

    12) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de diecinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 19.274,98). Los intereses deberán ser calculados respecto del resarcimiento otorgado por la reparación del vehículo a partir del 23 de octubre de 1992 -fecha de la factura expedida por el Centro Integral del Automotor- y con relación a los demás rubros desde el 3 de septiembre de 1992 -fecha del accidente- hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el

    - Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinas de descuento (Fallos: 317:1921).

    13) Que la condena debe hacerse extensiva a la ada en garantía (art. 118, ley 17.418), pues a pesar de su ativa en cuanto a la existencia de cobertura, del peritaje table realizado se desprende que a la fecha del siniestro patrullero se encontraba asegurado, cubriendo el riesgo responsabilidad civil, y que su póliza se encontraba ente (ver punto 2 -Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fs. vta.). Cabe señalar que si bien de los libros llevados la compañía no surge el número de patente, los demás os del rodado resultan coincidentes con los que contiene contestación del oficio librado al Registro de la piedad Automotor (ver fs. 95/96).

    Por ello y lo dispuesto por el art. 1113, 2° párrafo y cordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la anda seguida por F.K. e Hijos S.R.L. contra Provincia de Buenos Aires, a la que se condena a pagar tro del plazo de treinta días la suma de diecinueve mil cientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos 19.274,98), con más sus intereses que se liquidarán en la ma establecida en el considerando 12. Con costas, (art.

    Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En atención a la labor desarrollada y de conformidad con dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, y 39 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del tor A.A.L., letrado apoderado de la parte ora, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000).

    Asimismo se fijan los honorarios de los peritos ingenie

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. ro mecánico R.J.A. y contador J.G.N., en la suma de setecientos setenta pesos ($ 770), para cada uno de ellos. N. y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (en disidencia parcial) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia parcial) - E.S.P. (en disidencia parcial) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia parcial) - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (por su voto).

    VO

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

  10. ) Que, de conformidad con lo resuelto a fs. 48, este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  11. ) Que la legitimación sustancial de la empresa Fernández Kulisek e Hijos S.R.L. se acredita con el informe del Registro de la Propiedad Automotor obrante a fs. 98/99 y la propiedad del patrullero con el agregado a fs. 95/96.

  12. ) Que por tratarse de una colisión de automóviles en circulación no es aplicable lo dispuesto por el art.

    1113, segundo párrafo, del Código Civil, ya que al crear riesgos ambos vehículos, se enerva el fundamento de la responsabilidad asignada por dicha norma (Fallos 306:1988, considerando 3°).

    Que, dicho de otro modo, la cuestión debe juzgarse a la luz de la prueba de la culpa de cada conductor (art. 1109 del Código Civil) y no desde la perspectiva de la existencia de presunciones concurrentes de causalidad o de responsabilidad por riesgo emanadas del citado art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil. Así se ha sostenido en anterior oportunidad mediante fundamentos a los cuales, por razón de brevedad, corresponde remitir (causa P.417.X. "Pérez, M.E. y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 15 de julio de 1997, voto del juez V..

  13. ) Que, en ese orden de ideas, la culpa de cada

    - conductor debe ser apreciada de acuerdo a las circunscias de las personas, del tiempo y del lugar (arg. art. del Código Civil).

    Que ello impone considerar, en el caso, las dispoiones particulares de los reglamentos de tránsito, que sagran pautas específicas de circulación para los vehícuafectados a situaciones de emergencia (ambulancias, poliles y bomberos), régimen que se justifica ante la neceside prestación de servicios urgentes que comprometen el erés de la comunidad.

  14. ) Que, en este aspecto, el art. 49 inc. b, tercer rafo, de la ley 13.893 -por entonces vigente- disponía que do conductor, en toda circunstancia, debe ceder el paso a ambulancias y a los vehículos de policía y bomberos", ma que se vincula con lo estatuido por el art. 75 del mo ordenamiento, en cuanto exime del límite de velocidad a enes conduzcan vehículos de policía en desempeño de sus ciones, en cuyo caso deberán anunciarlo con bocinas o ratos sonoros de advertencia. Frente a tales avisos, los ductores de otros vehículos, "desviarán inmediatamente su pio vehículo lo más próximo posible al cordón o borde de calzada o banquina y detendrán la marcha hasta que aqué s hayan pasado" (art. 76, ley citada). Preceptos similares tiene el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos es vigente a esa fecha (ley 5800) en sus arts. 71, inc. tercer párrafo; 93 y 94, norma esta última que añade que incumplimiento de esta disposición constituye una infracn contra la seguridad de las personas".

  15. ) Que en el sub lite si bien el móvil policial

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. se desplazaba en acto de servicio trasladando personas detenidas, lo cierto es que no se encuentra acreditado que hubiera dado aviso a los transeúntes por medios sonoros, extremo sólo aducido por los efectivos policiales involucrados (fs. 219 y 241).

    En efecto, al margen de las declaraciones del conductor del camión -G.A.F., fs. 125- el testigo A.D.M., quien se dirigía por la avenida en la misma dirección que el vehículo de la actora, sostuvo que no escuchó sirena ni vio luces de ninguna clase en el patrullero (fs. 112 vta.), declaración suficiente para tener por definida la cuestión, descartándose así la aplicación de toda norma especial regulatoria del tránsito.

  16. ) Que, por otro lado, si bien es principio común que todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a quien cruza desde su derecha, tal prioridad no tiene carácter absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos ingresan en forma simultánea o casi simultánea a la bocacalle (Fallos: 297:210; 306:1988), circunstancia que no se verifica en la causa, donde el rodado del actor se encontraba ya cruzando la calle de tierra cuando fue embestido por el auto policial (conf. declaración testifical de M., fs. 112 vta.), cuyo conductor no adoptó los recaudos necesarios para mantener su dominio atento al mal estado del camino- y evitar de ese modo la colisión (conf. resolución sancionatoria administrativa fs.

    273/274).

  17. ) Que en atención a lo expuesto cabe concluir que la infracción cometida por el conductor del patrullero,

    - quien no tomó las precauciones necesarias para su inso en una avenida, fue la causa eficiente del accidente, ivo por el cual debe admitirse la responsabilidad de la vincia de Buenos Aires, en su calidad de propietaria del ículo (art. 1113, párrafo, del Código Civil).

  18. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el ance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño rgente, la desvalorización del vehículo y el lucro cete.

    10) Que para fijar el monto del primer ítem cabe er presente que de la respuesta al oficio librado en autos Centro Integral del Automotor se desprende que el preuesto y factura n° 00000219, acompañados a fs. 19 y 20, auténticos y que la suma allí indicada, que asciende a $ 74,98, fue oportunamente abonada por la sociedad actora r fs. 101).

    Asimismo, con el peritaje mecánico obrante a fs.

    /169 se acredita que los daños sufridos por el automotor rdan relación con la mecánica del accidente y con el preuesto acompañado (ver resp. 1 y 2), como así también que reparaciones fueron efectuadas (ver resp. 6). Por lo que responde hacer lugar a este rubro en su totalidad. Por lo ás, si bien el perito estima un valor inferior al consigo en el presupuesto agregado a fs. 19/20, ello no es iciente para llegar a una solución diversa ya que aclara el monto establecido es aproximado pues es imposible dar con exactitud porque existe una serie de factores que rían temeraria la afirmación sobre que un valor de una aración es exacto a prácticamente cuatro años de realiza .

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    11) Que con respecto a la desvalorización del vehículo, el experto la calcula en un 4% en virtud del grado de deformación de las partes afectadas y establece que la cotización en plaza de un rodado marca Ford con cabina modelo F 400 D, año 1992, con caja de carga montada sobre el chasis es de $ 42.000 (ver puntos 6° y 7°, fs. 165/169 y aclaración de fs. 179/180).

    Cabe señalar que para determinar el monto de este ítem se debe tomar en cuenta, también, el tiempo transcurrido desde la fecha en que se efectuó el peritaje, circunstancia que hace necesaria la aplicación del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto y sobre tal base se lo fija en $ 1.500.

    12) Que, finalmente, corresponde establecer la cuantía del lucro cesante sufrido como consecuencia de la inmovilización exigida por la reparación del vehículo, a cuyo fin debe ponderarse la relativa eficacia de la prueba aportada por la actora.

    En efecto, si bien ella manifiesta que la camioneta no pudo circular durante cincuenta días, lapso similar al estimado por el perito mecánico (ver fs. 167 vta.), de la documentación acompañada a fs. 19 como así también de la contestación de oficio de fs. 101 se desprende que los trabajos fueron realizados en alrededor de veinte días.

    Es de destacar que esa discrepancia temporal no puede imputarse a la conducta del responsable del accidente sino a la propia actora, a poco que se repare que el pedido de presupuesto fue efectuado el 19 de septiembre de 1992, es

    - decir que los arreglos comenzaron a efectuarse por lo os dieciséis días después del accidente.

    Por otra parte, el cálculo efectuado por el perito tador a fs. 147 respecto de la ganancia dejada de percibir o consecuencia de la inutilización del rodado no se padece con la contestación a la impugnación efectuada por Provincia de Buenos Aires (ver fs. 155) en donde informa "no se observa cambio significativo en las ventas totales ante el período en cuestión".

    En atención a ello, se fija para este rubro la suma $ 10.000 (art. 165 ya citado).

    13) Que, en consecuencia, el monto total de la emnización asciende a la suma de diecinueve mil doscientos enta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 274,98). Los intereses deberán ser calculados respecto del arcimiento otorgado por la reparación del vehículo a tir del 23 de octubre de 1992 -fecha de la factura expedipor el Centro Integral del Automotor- y con relación a los ás rubros desde el 3 de septiembre de 1992 -fecha del idente- hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el co de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de cuento (Fallos: 317:1921).

    14) Que la condena debe hacerse extensiva a la cia en garantía (art. 118, ley 17.418), pues a pesar de su ativa en cuanto a la existencia de cobertura, del peritaje table realizado se desprende que a la fecha del siniestro patrullero se encontraba asegurado, cubriendo el riesgo responsabilidad civil, y que su póliza se encontraba ente (ver punto 2 -Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fs.

    F. 28. XXVII.

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    147 vta.). Cabe señalar que si bien de los libros llevados por la compañía no surge el número de patente, los demás datos del rodado resultan coincidentes con los que contiene la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad Automotor (ver fs. 95/96).

    Por ello y lo dispuesto por el art. 1109 y concordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por F.K. e Hijos S.R.L. contra la Provincia de Buenos Aires, a la que se condena a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de diecinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 19.274,98), con más sus intereses que se liquidarán en la forma establecida en el considerando 12.

    Con costas, (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En atención a la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, 37 y 39 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor A.A.L., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000).

    Asimismo se fijan los honorarios de los peritos ingeniero mecánico R.J.A. y contador J.G.N., en la suma de setecientos setenta pesos ($ 770), para cada uno de ellos. N. y, oportunamente, archívese.

    A.R.V..

    DISI

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  19. ) Que, de conformidad con lo resuelto a fs. 48, este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  20. ) Que la legitimación sustancial de la empresa Fernández Kulisek e Hijos S.R.L. se acredita con el informe del Registro de la Propiedad Automotor obrante a fs. 98/99 y la propiedad del patrullero con el agregado a fs. 95/96.

  21. ) Que la responsabilidad por el riesgo de la cosa que establece el art. 1113 del Código Civil no resulta enervada en supuestos como el sometido a consideración del Tribunal, en los que se crean presunciones de causalidad concurrentes sobre el dueño y guardián de cada vehículo, quienes deben afrontar los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes. Por lo demás la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de responsabilidad que rigen en ese ámbito.

    En consecuencia, corresponde determinar la responsabilidad de los partícipes en la colisión a la luz de los principios generales reseñados, a los que deben sumarse las normativas particulares de los reglamentos de tránsito, que consagran pautas específicas de circulación para los vehículos afectados a situaciones de emergencia (ambulancias, policiales y bomberos), régimen que se justifica ante la necesi

    -dad de prestación de servicios urgentes que comprometen interés de la comunidad.

  22. ) Que, en este aspecto, el art. 49 inc. b, tercer rafo, de la ley 13.893 -por entonces vigente- disponía que do conductor, en toda circunstancia, debe ceder el paso a ambulancias y a los vehículos de policía y bomberos", ma que se vincula con lo estatuido por el art. 75 del mo ordenamiento, en cuanto exime del límite de velocidad a enes conduzcan vehículos de policía en desempeño de sus ciones, en cuyo caso deberán anunciarlo con bocinas o ratos sonoros de advertencia. Frente a tales avisos, los ductores de otros vehículos, "desviarán inmediatamente su pio vehículo lo más próximo posible al cordón o borde de calzada o banquina y detendrán la marcha hasta que aqués hayan pasado" (art. 76, ley citada). Preceptos similares tiene el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos es vigente a esa fecha (ley 5800) en sus arts. 71, inc. tercer párrafo; 93 y 94, norma esta última que añade que incumplimiento de esta disposición constituye una infracn contra la seguridad de las personas".

  23. ) Que en el sub lite si bien el móvil policial se plazaba en acto de servicio trasladando personas enidas, lo cierto es que no se encuentra acreditado que iera dado aviso a los transeúntes por medios sonoros, remo sólo aducido por los efectivos policiales involucra- (fs. 219 y 241).

    En efecto, al margen de las declaraciones del contor del camión -G.A.F., fs. 125- el teso A.D.M., quien se dirigía por la avenida en

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    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. la misma dirección que el vehículo de la actora, sostuvo que no escuchó sirena ni vio luces de ninguna clase en el patrullero (fs. 112 vta.), declaración suficiente para tener por definida la cuestión, descartándose así la aplicación de toda norma especial regulatoria del tránsito.

  24. ) Que, por otro lado, si bien es principio común que todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a quien cruza desde su derecha, tal prioridad no tiene carácter absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos ingresan en forma simultánea o casi simultánea a la bocacalle (Fallos: 297:210; 306:1988), circunstancia que no se verifica en la causa, donde el rodado del actor se encontraba ya cruzando la calle de tierra cuando fue embestido por el auto policial (conf. declaración testifical de M., fs. 112 vta.), cuyo conductor no adoptó los recaudos necesarios para mantener su dominio atento al mal estado del camino- y evitar de ese modo la colisión (conf. resolución sancionatoria administrativa fs.

    273/274).

  25. ) Que en atención a lo expuesto cabe concluir que la infracción cometida por el conductor del patrullero, quien no tomó las precauciones necesarias para su ingreso en una avenida, fue la causa eficiente del accidente, motivo por el cual debe admitirse la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de propietaria del vehículo (art. 1113, párrafo, del Código Civil).

  26. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño emergente, la desvalorización del vehículo y el lucro ce sante.

    - 9°) Que para fijar el monto del primer ítem cabe er presente que de la respuesta al oficio librado en autos Centro Integral del Automotor se desprende que el supuesto y factura n° 00000219, acompañados a fs. 19 y 20, auténticos y que la suma allí indicada, que asciende a $ 74,98, fue oportunamente abonada por la sociedad actora r fs. 101).

    Asimismo, con el peritaje mecánico obrante a fs.

    /169 se acredita que los daños sufridos por el automotor rdan relación con la mecánica del accidente y con el preuesto acompañado (ver resp. 1 y 2), como así también que reparaciones fueron efectuadas (ver resp. 6). Por lo que responde hacer lugar a este rubro en su totalidad. Por lo ás, si bien el perito estima un valor inferior al consigo en el presupuesto agregado a fs. 19/20, ello no es iciente para llegar a una solución diversa ya que aclara el monto establecido es aproximado pues es imposible dar con exactitud porque existe una serie de factores que rían temeraria la afirmación sobre que un valor de una aración es exacto a prácticamente cuatro años de realiza- .

    10) Que con respecto a la desvalorización del veulo, el experto la calcula en un 4% en virtud del grado de ormación de las partes afectadas y establece que la ización en plaza de un rodado marca Ford con cabina modelo 00 D, año 1992, con caja de carga montada sobre el chasis de $ 42.000 (ver puntos 6° y 7°, fs. 165/169 y aclaración fs. 179/180).

    Cabe señalar que para determinar el monto de este

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    ítem se debe tomar en cuenta, también, el tiempo transcurrido desde la fecha en que se efectuó el peritaje, circunstancia que hace necesaria la aplicación del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto y sobre tal base se lo fija en $ 1.500.

    11) Que, finalmente, corresponde establecer la cuantía del lucro cesante sufrido como consecuencia de la inmovilización exigida por la reparación del vehículo, a cuyo fin debe ponderarse la relativa eficacia de la prueba aportada por la actora.

    En efecto, si bien ella manifiesta que la camioneta no pudo circular durante cincuenta días, lapso similar al estimado por el perito mecánico (ver fs. 167 vta.), de la documentación acompañada a fs. 19 como así también de la contestación de oficio de fs. 101 se desprende que los trabajos fueron realizados en alrededor de veinte días.

    Es de destacar que esa discrepancia temporal no puede imputarse a la conducta del responsable del accidente sino a la propia actora, a poco que se repare que el pedido de presupuesto fue efectuado el 19 de septiembre de 1992, es decir que los arreglos comenzaron a efectuarse por lo menos dieciséis días después del accidente.

    Por otra parte, el cálculo efectuado por el perito contador a fs. 147 respecto de la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la inutilización del rodado no se compadece con la contestación a la impugnación efectuada por la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 155) en donde informa que "no se observa cambio significativo en las ventas tota

    les durante el período en cuestión".

    En atención a ello, se fija para este rubro la suma de $ 10.000 (art. 165 ya citado).

    12) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de diecinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 19.274,98). Los intereses deberán ser calculados respecto del resarcimiento otorgado por la reparación del vehículo a partir del 23 de octubre de 1992 -fecha de la factura expedida por el Centro Integral del Automotor- y con relación a los demás rubros desde el 3 de septiembre de 1992 -fecha del accidente- hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 317:1921, disidencia parcial de los jueces N. y Fayt).

    13) Que la condena debe hacerse extensiva a la citada en garantía (art. 118, ley 17.418), pues a pesar de su negativa en cuanto a la existencia de cobertura, del peritaje contable realizado se desprende que a la fecha del siniestro el patrullero se encontraba asegurado, cubriendo el riesgo por responsabilidad civil, y que su póliza se encontraba vigente (ver punto 2 -Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fs.

    147 vta.). Cabe señalar que si bien de los libros llevados por la compañía no surge el número de patente, los demás datos del rodado resultan coincidentes con los que contiene la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad Automotor (ver fs. 95/96).

    Por ello y lo dispuesto por el art. 1113, 2° párrafo y concordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. demanda seguida por F.K. e Hijos S.R.L. contra la Provincia de Buenos Aires, a la que se condena a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de diecinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 19.274,98), con más sus intereses que se liquidarán en la forma establecida en el considerando 12. Con costas, (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En atención a la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, 37 y 39 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor A.A.L., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000).

    Asimismo se fijan los honorarios de los peritos ingeniero mecánico R.J.A. y contador J.G.N., en la suma de setecientos setenta pesos ($ 770), para cada uno de ellos. N. y, oportunamente, archívese.

    JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT.

    DISI

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

  27. ) Que, de conformidad con lo resuelto a fs. 48, este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  28. ) Que la legitimación sustancial de la empresa Fernández Kulisek e Hijos S.R.L. se acredita con el informe del Registro de la Propiedad Automotor obrante a fs. 98/99 y la propiedad del patrullero con el agregado a fs. 95/96.

  29. ) Que según la doctrina establecida por este Tribunal en el caso registrado en Fallos:

    310:2804 y reiterada en posteriores pronunciamientos (causa S.62.XXIII, "S., F. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ sumario", sentencia del 30 de marzo de 1993 y sus citas), recae sobre la demandada la necesidad de acreditar, según lo dispone el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, la culpa del conductor del rodado de la contraparte para procurar su exculpación. Como ello no ha ocurrido la demanda debe prosperar.

  30. ) Que, en efecto, si bien ambas partes se imputan recíprocamente la culpa de la colisión, la prueba aportada por la demandada no resulta suficiente para liberarla de responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que en el expediente policial que corre agregado a fs.

    200/297 quedó acreditado que el vehículo de la repartición, que circulaba

    por un camino de tierra, resultó ser el embestidor de la camioneta que se dirigía por el Boulevard F.S., por lo que, finalmente, se resolvió aplicar una sanción al conductor R.R.B. por haber actuado con negligencia "toda vez que en circunstancias que guiaba un patrullero no extremó los medios indispensables a fin de mantener el dominio y la gobernabilidad del mismo" (ver fs.

    273/274).

  31. ) Que, por otra parte, su accionar negligente se desprende de la declaración prestada a fs. 112/113 por A.D.M., quien se dirigía por la avenida en la misma dirección que el vehículo de la actora.

    Relata que éste se encontraba "ya cruzando la calle de tierra que no recuerda el nombre por no conocer bien la zona" y "en ese momento ven que un patrullero choca el camión que iba delante de ellos"; agrega que "casi todo el camión había cruzado la intersección con la calle de tierra" y que no escuchó que el patrullero tuviera la sirena encendida "ni vió luces de ninguna clase" (ver resp. preg. 2, 3, 4 y 5).

  32. ) Que, por otro lado, cabe destacar que el eventual uso de las balizas y sirenas de alarma al que únicamente hace referencia la declaración del cabo W.O.A. en su declaración prestada en sede policial (ver fs.

    219/220), no concede por sí solo indemnidad a los vehículos policiales para actuar contra la regulación del tránsito (conf. A.123.XXXI "A.V.S.A.I. y C. c/ Buenos Aires, Provincia de y otra (citada en garantía Caja Nacional de Ahorro y Seguro) s/ daños y perjuicios", disidencias de los jueces B.P. y B., pronunciamiento

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. del 15 de julio de 1997), ya que la prioridad de paso se pierde cuando desde una vía pública de tierra se va a entrar a circular por una vía pavimentada (conf. art. 57, inc. 2°, apartado f, código de tránsito provincial).

  33. ) Que en atención a lo expuesto cabe concluir que la infracción cometida por el conductor del patrullero, quien no tomó las precauciones necesarias para su ingreso en una avenida, fue la causa eficiente del accidente, motivo por el cual debe admitirse la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de propietaria del vehículo (art. 1113, párrafo, del Código Civil).

  34. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño emergente, la desvalorización del vehículo y el lucro cesante.

  35. ) Que para fijar el monto del primer ítem cabe tener presente que de la respuesta al oficio librado en autos al Centro Integral del Automotor se desprende que el presupuesto y factura n° 00000219, acompañados a fs. 19 y 20, son auténticos y que la suma allí indicada, que asciende a $ 7.774,98, fue oportunamente abonada por la sociedad actora (ver fs. 101).

    Asimismo, con el peritaje mecánico obrante a fs.

    164/169 se acredita que los daños sufridos por el automotor guardan relación con la mecánica del accidente y con el presupuesto acompañado (ver resp. 1 y 2), como así también que las reparaciones fueron efectuadas (ver resp. 6). Por lo

    que corresponde hacer lugar a este rubro en su totalidad. Por lo demás, si bien el perito estima un valor inferior al consignado en el presupuesto agregado a fs. 19/20, ello no es suficiente para llegar a una solución diversa ya que aclara que el monto establecido es aproximado pues es imposible dar uno con exactitud porque existe una serie de factores que "harían temeraria la afirmación sobre que un valor de una reparación es exacto a prácticamente cuatro años de realizada".

    10) Que con respecto a la desvalorización del vehículo, el experto la calcula en un 4% en virtud del grado de deformación de las partes afectadas y establece que la cotización en plaza de un rodado marca Ford con cabina modelo F 400 D, año 1992, con caja de carga montada sobre el chasis es de $ 42.000 (ver puntos 6° y 7°, fs. 165/169 y aclaración de fs. 179/180).

    Cabe señalar que para determinar el monto de este ítem se debe tomar en cuenta, también, el tiempo transcurrido desde la fecha en que se efectuó el peritaje, circunstancia que hace necesaria la aplicación del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto y sobre tal base se lo fija en $ 1.500.

    11) Que, finalmente, corresponde establecer la cuantía del lucro cesante sufrido como consecuencia de la inmovilización exigida por la reparación del vehículo, a cuyo fin debe ponderarse la relativa eficacia de la prueba aportada por la actora.

    En efecto, si bien ella manifiesta que la camioneta no pudo circular durante cincuenta días, lapso similar al

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios. estimado por el perito mecánico (ver fs. 167 vta.), de la documentación acompañada a fs. 19 como así también de la contestación de oficio de fs. 101 se desprende que los trabajos fueron realizados en alrededor de veinte días.

    Es de destacar que esa discrepancia temporal no puede imputarse a la conducta del responsable del accidente sino a la propia actora, a poco que se repare que el pedido de presupuesto fue efectuado el 19 de septiembre de 1992, es decir que los arreglos comenzaron a efectuarse por lo menos dieciséis días después del accidente.

    Por otra parte, el cálculo efectuado por el perito contador a fs. 147 respecto de la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la inutilización del rodado no se compadece con la contestación a la impugnación efectuada por la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 155) en donde informa que "no se observa cambio significativo en las ventas totales durante el período en cuestión".

    En atención a ello, se fija para este rubro la suma de $ 5.000 (art. 165 ya citado).

    12) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de catorce mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 14.274,98). Los intereses deberán ser calculados respecto del resarcimiento otorgado por la reparación del vehículo a partir del 23 de octubre de 1992 -fecha de la factura expedida por el Centro Integral del Automotor- y con relación a los demás rubros desde el 3 de septiembre de 1992 -fecha del accidente- hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el

    Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921).

    13) Que la condena debe hacerse extensiva a la citada en garantía (art. 118, ley 17.418), pues a pesar de su negativa en cuanto a la existencia de cobertura, del peritaje contable realizado se desprende que a la fecha del siniestro el patrullero se encontraba asegurado, cubriendo el riesgo por responsabilidad civil, y que su póliza se encontraba vigente (ver punto 2 -Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fs.

    147 vta.). Cabe señalar que si bien de los libros llevados por la compañía no surge el número de patente, los demás datos del rodado resultan coincidentes con los que contiene la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad Automotor (ver fs. 95/96).

    Por ello y lo dispuesto por el art. 1113, 2° párrafo y concordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por F.K. e Hijos S.R.L. contra la Provincia de Buenos Aires, a la que se condena a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de catorce mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 14.274,98), con más sus intereses que se liquidarán en la forma establecida en el considerando 12. Con costas, (art.

    68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En atención a la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, 37 y 39 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor A.A.L., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000).

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    Asimismo se fijan los honorarios de los peritos ingeniero mecánico R.J.A. y contador J.G.N., en la suma de setecientos setenta pesos ($ 770), para cada uno de ellos. N. y, oportunamente, archívese.

    A.C.B. -E.S.P..

    DISI

    F. 28. XXVII.

    ORIGINARIO

    F.K. e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el suscripto coincide con los considerandos 1° a 11 del voto en disidencia parcial de los jueces B. y P..

    12) Que, en consecuencia, el monto total de la indemnización asciende a la suma de catorce mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 14.274,98). Los intereses deberán ser calculados respecto del resarcimiento otorgado por la reparación del vehículo a partir del 23 de octubre de 1992 -fecha de la factura expedida por el Centro Integral del Automotor- y con relación a los demás rubros desde el 3 de septiembre de 1992 -fecha del accidente- hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos: 317:1921, disidencia parcial del juez B..

    13) Que la condena debe hacerse extensiva a la citada en garantía (art. 118, ley 17.418), pues a pesar de su negativa en cuanto a la existencia de cobertura, del peritaje contable realizado se desprende que a la fecha del siniestro el patrullero se encontraba asegurado, cubriendo el riesgo por responsabilidad civil, y que su póliza se encontraba vigente (ver punto 2 -Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fs. 147 vta.). Cabe señalar que si bien de los libros llevados por la compañía no surge el número de patente, los demás datos del rodado resultan coincidentes con los que

    contiene la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad Automotor (ver fs. 95/96).

    Por ello y lo dispuesto por el art. 1113, 2° párrafo y concordantes del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por F.K. e Hijos S.R.L. contra la Provincia de Buenos Aires, a la que se condena a pagar dentro del plazo de treinta días la suma de catorce mil doscientos setenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos ($ 14.274,98), con más sus intereses que se liquidarán en la forma establecida en el considerando 12. Con costas, (art.

    68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En atención a la labor desarrollada y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 7°, 9°, 13, 37 y 39 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor A.A.L., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de tres mil pesos ($ 3.000).

    Asimismo se fijan los honorarios de los peritos ingeniero mecánico R.J.A. y contador J.G.N., en la suma de setecientos setenta pesos ($ 770), para cada uno de ellos. N. y, oportunamente, archívese.

    A.B..