Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Diciembre de 1997, C. 130. XXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Limitada c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa.

S.C. C.130.XXIX.

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Suprema Corte:

-I-

Como quedó expuesto en el dictamen de este Ministerio Público glosado a fs. 105/106, la Cooperativa de Trabajo "Transportes Automotores de Cuyo, T.A.C. Limitada", en su carácter de permisionaria de un servicio público de transporte automotor provincial e interjurisdiccional de pasajeros, demandó en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a la Provincia de Mendoza, con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley local 4235, en cuya virtud dicho Estado se adhirió al convenio Multilateral de Salta del 18 de agosto de 1977, como así también de los arts.

159, 161, 163, 168, 178, 183, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194 y 195 del Código Fiscal de la Provincia; de las leyes locales 4783, 5011, 5096 y 5373 y de las Resoluciones 4094/93 y 16/94 de la Dirección Provincial de Rentas.

Cuestionó la validez de todas esas normas en cuanto autorizan gravar con el impuesto a los ingresos brutos a la actividad del transporte público de pasajeros en el ámbito interprovincial, en violación -según dijo- de los arts. 4, 9, 12, 31, 75, inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional y 3° de la ley nacional 12.346, así como también las leyes

y 22.006, que prohíben la doble imposición.

Manifestó que siempre abonó dicho impuesto respecto transporte que efectúa dentro de la provincia, en la eligencia de estar exenta del tributo cuando el transporte interprovincial, toda vez que, respecto de este último, tarifas fijadas por la autoridad administrativa nacional contemplan, entre sus componentes de costos, el impuesto a ingresos brutos provincial que la Dirección de Rentas enta cobrarle por los períodos 1989 y 1992.

Por último, agregó que se encuentra imposibilitada afrontar económicamente su pago, pues la fuente de ingrede la Cooperativa proviene de la venta de pasajes y dicho uesto no puede ser trasladado, al no estar previsto en la ifa oficial que abonan los usuarios.

-II-

La Provincia de Mendoza contestó el traslado de la anda a fs. 115/128.

Sostuvo que el impuesto a los ingresos brutos tiene características de los impuestos indirectos, es decir, de ellos que se trasladan, porque solamente se impone en la pa final de la comercialización, entre el comerciante orista o prestador del servicio y el consumidor final o statario del servicio.

Pese a que la actora afirma que no puede trasladaral usuario, ya que no fue previsto en las tarifas, surge 19 notas enviadas por aquélla a la Comisión Nacional de

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Transporte Automotor y a la Secretaría de Transporte de la Nación, referidas a diferentes proyectos para cubrir nuevos tramos de transporte, acompañados con los respectivos cuadros de tarifas y estudios de los costos -sobre cuya base la autoridad nacional fijaría la tarifa estimativa-, donde bien pudo prever, y no lo hizo, el impuesto en cuestión.

Dijo que, por consiguiente, al no haber demostrado la demandante la imposibilidad de trasladar el tributo, carece de interés jurídico suficiente para plantear la acción de inconstitucionalidad, ya que ésta se encuentra reservada en el derecho argentino a los destinatarios legales del tributo, que en el caso son los consumidores finales, ya que el comerciante actúa como agente obligado a ingresar la presentación tributaria al órgano recaudador.

Afirmó que el criterio propuesto por la actora para identificar los impuestos directos e indirectos en función de la factibilidad de su traslado conduce a resultados absurdos, porque debe tomarse una pauta más segura y objetiva, cual es la calidad de trasladable o no del impuesto conforme a la estructura que la ley imprime a la obligación tributaria, sin que puedan tomarse en cuenta las condiciones coyunturales del mercado.

El impuesto sobre los ingresos brutos, previsto en todas las legislaciones provinciales de acuerdo a la autorización del art 9 de la ley 20.221, modificado por las leyes 22.006 y 23.548, debe considerarse, aseguró, de acuerdo con

doctrina, la jurisprudencia y la citada ley de coparticiión federal de impuestos, como un impuesto indirecto, por ima de las calificaciones que puede revestir desde el punde vista de una sana política impositiva y de que el conto de las provincias y la Nación hayan decidido emprender acción política común para obtener, en un lapso de tres s, contados desde 1993, su sustitución por otro impuesto naturaleza afín -indirecto-, pero con una estructura de or conveniencia económica frente a las actuales condiciodel mercado y a las exigencias contemporáneas de la Nan.

En lo que atañe a la doble imposición alegada por contraria, por superponerse el tributo cuestionado con el uesto nacional o las ganancias, expresó que la naturaleza ídica de este último es sustancialmente distinta, pues ge de una ley sancionada por el Congreso de la Nación en rcicio de la facultad conferida por el art. 75, inc. 2° de Constitución Nacional y es un impuesto eminentemente ecto, en tanto que el impuesto a los ingresos brutos intelas potestades concurrentes de la Nación y las Provins, por su carácter indirecto. Además, los dos tienen bases onibles distintas, ya que el primero recae exclusivamente re los beneficios (se descuentan costos) que genere una ividad comercial, mientras que el segundo grava la toidad de los ingresos obtenidos, independientemente del retado de la actividad.

Adujo que es improcedente aplicar el caso "Aerolís Argentinas", como pretende la actora, porque ello impli

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caría afirmar la caducidad de los poderes de imposición provinciales, toda vez que las circunstancias de ambos procesos difieren sustancialmente: 1) aquélla era una empresa del Estado al tiempo de dictarse el fallo, mientras que la accionante es privada; Aerolíneas Argentinas se dedica principalmente al transporte aéreo interjurisdiccional e internacional, mientras que aquí se trata de transporte terrestre interprovincial.

Tampoco se está gravando la circulación territorial -afirmó- en violación del art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional, pues las exigencias de la economía moderna favorecen la concentración de las unidades productivas que operan en ámbitos espaciales que abarcan a más de una jurisdicción territorial. Por ello, puede decirse que, en la actualidad, el principio general es el comercio interjurisdiccional y la excepción el comercio local, de tal forma que, si se reduce la imposición local a este último, las provincias verían cercenadas al máximo sus facultades tributarias por vía de una interpretación que implica una verdadera transmutación constitucional.

Reiteró que no es público y notorio que el impuesto no está previsto en el costo del boleto y que sí lo es que la empresa debió preverlo en sus proyectos elevados a la autoridad nacional. Además, dijo, cabe interpretar en su verdadero sentido el cuestionado art. 9 del Convenio Multilateral ratificado por ley 4235, pues, para evitar la doble o

tiple imposición, establece que, en caso de empresas de nsporte de pasajeros que desarrollen su actividad en vas jurisdicciones, el impuesto a los ingresos brutos solate grava el precio del pasaje en el lugar donde se originó viaje.

Por último, desarrolló diversos argumentos tendiena demostrar que el impuesto en cuestión no viola la gatía constitucional de igualdad ante la ley, el principio legalidad, el derecho de propiedad, ni ninguna otra garanconstitucional, puesto que no es confiscatorio.

-III-

Producida la prueba pertinente y, habiendo alegado actora a fs. 285/287, se me remiten las actuaciones en tud del auto de fs. 288 vta.

-IV-

V.E. sigue siendo competente a tenor de lo dictamio a fs. 107.

-V-

En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que . recordó en un precedente análogo al del sub lite que, o antes había declarado en Fallos: 306:516, la disposición tenida en el artículo 67, inc. 12 de la Constitución

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Nacional (texto anterior a la reforma de 1994) no invalida de modo absoluto los tributos locales sobre el comercio interprovincial, pero si preserva esa actividad de aquellos que encarezcan su desenvolvimiento, dificultando su ejercicio. Y añadió que, más específicamente en Fallos: 307:374, admitió que la potestad impositiva provincial no se inhibía, sin más, frente a actividades vinculadas con el comercio marítimo y fluvial interprovincial o internacional (conf. sentencia del 30 de septiembre de 1993, in re "Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo)", publicada en Fallos: 316:2206).

No obstante, aclaró que la pretensión de la actora -que, al igual que la deducida en las presentes actuaciones, perseguía que se declarara inaplicable el impuesto a los ingresos brutos a su actividad como prestataria de un servicio público alcanzado por la cláusula comercial que atribuye al Congreso Nacional la regulación del comercio interprovincial- debía ser acogida a la luz de la doctrina de Fallos: 308:2153, reiterada en Fallos: 316:2182, cuando resultaba acreditado que las tarifas pertinentes fueron fijadas por la autoridad nacional (art. 5°, ley 21.892), que en su determinación no se había tenido en cuenta, entre los elementos del costo, al impuesto a los ingresos brutos provincial y que la actora era contribuyente, en el orden nacional, del impuesto a las ganancias, lo que tornaba aplicable lo decidido en los precedentes indicados, a cuyos fundamentos remitió V.E. en razón de brevedad (conf. Fallos: 316:2206).

-VI-

Como quedó expuesto supra cap. I, la actora alega se han configurado en el sub lite similares circunstans a las tenidas en cuenta por la Corte en el citado preente de Fallos: 316:2206.

Empero, determinar si, en el caso, las tarifas fias por la autoridad nacional contemplan o no el impuesto cuestión, si la actora se encuentra realmente imposibilia de afrontar económicamente su pago y si es contribuyente orden nacional del impuesto a las ganancias, remite iudiblemente al examen y valoración de las pruebas rendidas autos, tema que resulta ajeno a mi dictamen, que debe cunscribirse a las cuestiones de índole federal antes anaadas.

-VII-

Me limito a opinar, por lo tanto, que, en el susto de estimar V.E., a través del examen de las pruebas de causa, que, efectivamente se han configurado las cirstancias requeridas por los precedentes citados y alegadas la accionante, correspondería hacer lugar a la demanda y larar la improcedencia de la pretensión fiscal de la andada.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1997.

Copia M.G.R.