Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Diciembre de 1997, S. 478. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

S. 478. XXXII.

RECURSO DE HECHO

S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-. Buenos Aires, 10 de diciembre de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por R.H.C. (Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal) en la causa S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que hizo lugar a la acción de hábeas corpus, revocó el traslado de varias detenidas condenadas y procesadas- y dispuso su reintegro al Instituto Correccional de Mujeres (U.3), el Servicio Penitenciario Federal interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

  2. ) Que con motivo de la apelación del defensor oficial, la cámara revocó la decisión del juez de la instancia anterior, sobre la base del incumplimiento de un compromiso celebrado por autoridades judiciales y penitenciarias, después del motín ocurrido en esa prisión de mujeres en abril de 1996, en el que las beneficiarias de esta acción habían intervenido, y mediante el cual las partes estipularon que no se les aplicarían sanciones ni se modificaría su situación como consecuencia de dichos actos de fuerza. El a quo interpretó que como los traslados no se habían basado en razones de seguridad, constituían un castigo posterior al motín y en violación al acuerdo mencionado; además, consideró que habían sido ilegítimos por no provenir de órdenes emana

    das de los jueces de las causas, ya que las resoluciones administrativas en que se sustentaban eran intempestivas y que los traslados a unidades lejanas agravaban las condiciones de detención, porque varias internas estaban infectadas con el virus HIV y en tratamiento en el Hospital Muñiz de la Capital Federal, otra se encontraba cursando estudios universitarios, y todas verían afectado su régimen de visitas por su humilde condición.

  3. ) Que el Servicio Penitenciario Federal, al interponer recurso extraordinario, se agravió del exceso de jurisdicción en que habría incurrido el a quo, porque la defensora oficial sólo se había alzado contra lo que consideraba una violación al acta compromisoria. Adujo que los traslados se fundaban en razones de riesgo para las internas y los bienes del Estado; que no correspondía cuestionar esa decisión por la vía del hábeas corpus y que ello desconocía e importaba el cuestionamiento de actos de autoridad cumplidos en ejercicio de sus facultades legales (art. 1° de la ley 20.416, y Ley Penitenciaria Nacional, decreto-ley 412/58, ratif. ley 14.467), además de que provocaba un gravamen irreparable y una situación de gravedad institucional, por exceder el mero interés individual de las partes. Los traslados, alegó, se habían basado en las condiciones imperantes después del motín y no eran consecuencia de éste, ni consistían en una represalia o sanción, de modo que no significaban una violación al compromiso y, de todos modos, ese acuerdo no podía interpretarse como un "bill de indemnidad" o la adquisición de un derecho irrevocable en favor de las internas de permanecer sine die en dicha unidad, ya que ello resulta-

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    S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-.ría ilegal. No había existido el agravamiento de las condiciones de detención a que alude la cámara y los jueces de las causas y de ejecución habían tomado conocimiento y no se habían opuesto a ellos. Genéricamente, consideró que el fallo es arbitrario por haber juzgado cuestiones que no integraban la apelación, haber tratado fragmentariamente algunos hechos y desconocido otros y porque integrantes del Tribunal habían suscripto el acuerdo que consideraron violado.

  4. ) Que el examen de normas de derecho común (Ley Penitenciaria Nacional, Fallos: 303:256) y la apreciación de la prueba constituyen, por principio, facultad de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 317:282).

  5. ) Que, sin embargo, esta regla no es óbice para que el Tribunal conozca en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigirse que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 317:282 ya citado).

  6. ) Que tal es la hipótesis de autos por cuanto el a quo prescindió de aplicar expresas disposiciones legales que dejan librado el traslado y distribución territorial de los internos a la discreción de la autoridad penitenciaria, con control de los jueces de las causas que tuvieran en trá

    mite y, ahora también, de los de ejecución penal (Código Procesal Penal y Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, derogatoria de la Ley Penitenciaria Nacional), donde deberían hacer valer sus reclamos basados en razones particulares, confundiendo de ese modo los institutos del egreso definitivo -la libertad- que obviamente requiere la orden del juez de la causa o del de ejecución, con el del traslado a otra unidad, que es dispuesto por la autoridad administrativa con control judicial.

    En tales circunstancias, no consideró si la vía intentada era la adecuada (Fallos: 308:2563) a tenor del reducido ámbito de aplicación del hábeas corpus, que no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumban, respecto de las cuales, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley (Fallos: 313:1262 y sus citas).

  7. ) Que esa inobservancia del régimen legal vigente privó de fundamentos suficientes al fallo, al no explicar cómo el mero traslado de internos importó, por sí solo, un menoscabo intolerable de derechos por conducir a una privación manifiestamente excesiva de la que toda pena importa (Fallos: 303:256) o a un agravamiento de las condiciones de privación de la libertad que exceda las precauciones exigidas por la seguridad (Fallos: 308:2563), lo cual se produjo porque apoyó su decisión únicamente en la violación del acuerdo celebrado con autoridades penitenciarias, que sólo podía tener validez en el ámbito de las especialísimas circunstancias que lo habían generado, esto es, no imponer sanciones como consecuencia de un motín.

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    S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-.8°) Que lo expuesto no empece a que por causa separada se instruya sumario criminal -lo cual fue dispuesto desde el inicio- a raíz de que las internas trasladadas desde la unidad de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal a la Unidad N° 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en mayo de 1996, y luego redistribuidas en distintas dependencias del interior del país, habrían sido en esa ocasión víctimas de delitos de acción pública; así como tampoco que se disponga la instrucción de otra causa respecto de la omisión de denuncia por parte de los funcionarios públicos que tomaron conocimiento de tales hechos, evidentes en el ejercicio de sus funciones.

    Corresponderá exhortar a los jueces a cuyo cargo se encuentran las detenidas y a los que deban investigar los delitos de acción pública conocidos a partir de la sustanciación del presente, al cumplimiento inmediato de las obligaciones de su cargo impuestas por el ordenamiento legal interno e internacional (vid. Fallos: 317:247).

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. R. el depósito de fs. 39.

    H. saber, acumúlese al principal y devuélvase a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata con el fin de que, mediante quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento (art. 16, primera parte, de la ley 48) y para que, a los fines dispuestos ut supra, se comunique la presente a los magistrados a cuya disposición se encuentran detenidas las internas, al ma

    gistrado que investiga los delitos denunciados por ellas, y para que disponga la formación de otra causa respecto de los funcionarios públicos que habrían omitido su denuncia.

    JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - G.A.F.L. -A.R.V..

    DISI

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    S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-.DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

  8. ) Que la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a la acción de hábeas corpus entablada en favor de varias detenidas -condenadas y procesadas- que habían sido trasladadas de la Unidad Carcelaria n° 3 del Servicio Penitenciario Federal a otros centros penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires.

    En tal pronunciamiento, dicho tribunal entendió que los traslados eran ilegítimos en razón de que no habían sido autorizados por los jueces con competencia para ello.

    Consideró también que tales traslados implicaban un agravamiento de las condiciones de detención de cada una de las internas. A su vez, descartó los argumentos del Servicio Penitenciario Federal mediante los cuales éste pretendía demostrar que había razones de seguridad que justificaban los traslados y sostuvo, por último, que tales medidas constituyeron un castigo en virtud del motín acaecido en dicha unidad carcelaria durante los primeros días de abril de 1996, en violación del acuerdo celebrado entre las internas y diversos funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional, que puso fin al motín aludido.

    Contra esa decisión el Servicio Penitenciario Federal interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a esta queja.

  9. ) Que el recurrente no articula agravios de derecho federal que puedan ser atendidos en esta instancia.

    En

    efecto, en su escrito de recurso sostiene, en primer lugar, que el a quo habría excedido los límites de su jurisdicción apelada al considerar argumentos diversos del escueto motivo que el defensor oficial expresó al ser notificado del pronunciamiento de primera instancia (confr. fs. 72 vta.).

    Frente a tal agravio cabe expresar que lo relativo a la determinación de los límites de la competencia de los tribunales de alzada, cuando conocen por vía de recursos concedidos para ante ellos, es, como regla, materia ajena a la instancia extraordinaria. Ello es así porque la jurisdicción de estos tribunales está regulada por normas de derecho adjetivo y, por lo tanto, la definición de su alcance es una cuestión procesal que no da lugar, salvo supuestos de arbitrariedad, a la intervención de este Tribunal (confr. Fallos:

    262:34 y 67; 265:157; 268:20; 290:235; 302:1171; 304: 1723 y 306:194).

    Por lo tanto, dado que en el caso no se ha puesto en juego la garantía de la cosa juzgada ni se advierte un caso de arbitrariedad -en razón de los términos del art. 19 de la ley 23.098- ha de rechazarse la queja en el aspecto examinado.

  10. ) Que, en segundo término, el apelante objeta la interpretación que el a quo efectuó de las formas para la decisión del traslado de internos de una unidad penitenciaria a otra. En tal sentido, el Servicio Penitenciario Federal -con base en imprecisas referencias normativas- reclama para sí la competencia para decidir la distribución de los detenidos en los diversos centros carcelarios.

    La cuestión, así planteada, resulta extraña a la

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    S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-.jurisdicción extraordinaria de esta Corte, pues lo decidido se apoya exclusivamente en normas de derecho común y procesal -decreto-ley 412/58, ratificado por ley 14.467, y ley 24.660 y sus decretos reglamentarios- (confr. Fallos:

    303:256, considerando 3°). Mas, aun si se asignara a las manifestaciones del recurrente el sentido de una tacha de arbitrariedad, éstas, por su vaguedad, serían manifiestamente insuficientes para demostrar la irrazonabilidad de la interpretación del a quo, quien, sobre la base del juego entre los arts. 33 y 86 del decreto 303/96, exigió la previa orden judicial que aprobara el traslado.

    El recurso de hecho debe, pues, ser rechazado también en este aspecto.

  11. ) Que, en tercer lugar, el Servicio Penitenciario Federal impugna la sentencia de la cámara con base en la afirmación de que existieron razones que justificaron el traslado y que, cualquiera fuera el caso, éste no supuso un empeoramiento de las formas y condiciones en las que se cumplía la privación de la libertad de las amparadas.

    En los aspectos de ese modo impugnados, el a quo ha decidido cuestiones de hecho sólo propias de los jueces de la causa y, por principio, excluidas de la instancia prevista en el art. 14 de la ley 48. Ellas, por su parte, han sido resueltas por la cámara con fundamentos suficientes para dar sustento a la decisión, por lo que corresponde rechazar la queja en el punto evaluado.

  12. ) Que, por último, ha de observarse que es co

    rrecto lo manifestado con respecto a que el a quo no consideró si la vía intentada -esto es, la del hábeas corpusera la adecuada, o bien, si es que acaso el pasaje de fs. 135 vta./136 lleva ese fin, lo hizo de modo oscuro o incluso insuficiente. Ello podría dar base a la revocación del pronunciamiento con base en la doctrina de Fallos: 308: 2563.

    Empero, debe advertirse que el recurrente no ha hecho valer agravio alguno en esa dirección -aun a pesar de que tal fue el argumento sobre el que el magistrado de primera instancia fundó el rechazo de la acción (confr. sentencia de fs. 70/72 vta.)- y, por tanto, su tratamiento por parte del Tribunal está vedado.

  13. ) Que sin perjuicio de todo lo que ha sido expuesto, corresponde exhortar a los jueces a cuyo cargo se encuentran las detenidas y al que investiga los delitos de los que aquéllas habrían sido víctimas con ocasión de su traslado desde la Unidad Penitenciaria n° 3 a otros centros de la Provincia de Buenos Aires, al riguroso cumplimiento de las obligaciones impuestas por el orden jurídico interno e internacional en materia de protección de derechos humanos fundamentales y, en especial, de tratamiento de detenidos (vid.

    Fallos: 317:247, voto del juez P., considerandos 11 y sgtes.). Asimismo ha de disponerse la instrucción de una causa en virtud de la posible comisión del delito de omisión de denuncia por parte de los funcionarios que tomaron conocimiento de los vejámenes a los que habrían sido sometidas las internas, o de sus evidentes consecuencias físicas.

    Por ello, se rechaza la queja. D. perdido el depósito de fs. 39. Hágase saber, devuélvanse los autos princi

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    S., L.H. s/ recurso de hábeas corpus -causa n° 16.868-.pales y remítase copia de la presente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a fin de que comunique su contenido a los magistrados a cuya disposición se encuentran las internas, al magistrado que investiga los delitos denunciados por ellas y para que disponga la formación de otra causa respecto de los funcionarios públicos que habrían omitido denunciar tales hechos.

    Oportunamente, archívese. E.S.P..