Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 21 de Noviembre de 1997, S. 222. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.R., L.A. s/ excarcelación.

S.C.S.222.XXXIII.

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Suprema Corte:

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, revocó la decisión del juez de primera instancia que había concedido la excarcelación bajo caución real a L.A.S.R..

Contra dicho pronunciamiento, la defensa particular del nombrado interpuso recurso extraordinario federal, el que fue concedido a fs. 140.

I El tribunal a quo revocó el auto de soltura dispuesto en la instancia anterior, sobre la base de argumentos perfectamente diferenciados. Por un lado consideró que el tiempo de encarcelamiento sufrido por S.R. a lo largo de la tramitación de la causa, no alcanzaba, y menos aún superaba, los tres años estatuidos en el primer artículo de la ley 24.390, pues a su criterio, el cómputo debía efectuarse a partir de un momento distinto al tenido en cuenta por el magistrado de sentencia.

El otro argumento está referido a la razonabilidad de los plazos de detención de las personas sometidas a proceso, y los límites establecidos por la ley dentro de los cuales debe ser contemplado cada caso en particular.

Con cita de la doctrina de V.E. emergente de los

precedentes "F." y "Bramajo", sostuvo que la ley 24.390 no ha derogado las reglas que rigen la excarcelación, razón por la cual sus disposiciones deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del código ritual.

En consecuencia, agregó que los plazos fijados por la ley 24.390 no resultan de aplicación automática, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los artículos 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente, según el caso, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.

Por último, sostuvo que habiendo examinado minuciosamente las condiciones personales de S.R. y la gravedad del hecho que se le imputa, puede presumirse su intención de eludir el accionar de la justicia, por lo que resulta inadmisible homologar su liberación.

II El recurrente se agravia por la interpretación efectuada por el a quo de las disposiciones de carácter federal en que se fundó la pretensión excarcelatoria, y que ha sido contraria a los intereses de su defendido.

Sostiene que la decisión de la cámara se opone a lo previsto en el artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hoy de rango constitucional (art. 75, inc.

22 C.N.), y a su ley reglamentaria (24.390), en cuanto contemplan la razonabilidad del plazo de detención y la libertad anticipada de los imputados sometidos al régimen de

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la prisión preventiva, como instrumento paliativo de los efectos del retardo de justicia.

Entiende que el tribunal a quo, al haber hecho mérito indebido de lo que caracterizó como "gravedad y perversidad" del delito imputado, se ha erigido en legislador, pues no reparó que sólo se encuentran excluidos de los beneficios de la ley 24.390 las personas involucradas en hechos de narcotráfico, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10, mas no los encausados por secuestro extorsivo, entre otras figuras.

En otro orden de impugnaciones, tachó de arbitraria la resolución denegatoria de la excarcelación, señalando la incongruencia entre los criterios con que habría computado la cámara, en la misma causa aunque en diferentes momentos, los plazos de detención cumplidos por el procesado, tanto en el extranjero como en el país Añadió el apelante que el a quo hizo referencia a un texto legal derogado, lo que constituiría otra causal de arbitrariedad, al hacer referencia a la necesidad de ponderar "la repercusión social ante la eventual liberación del procesado", ya que ello fue eliminado del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal por la ley 23.050, que modificó el texto del dispositivo vigente con las leyes 20.516 y 21.306.

Por último, consideró carente de fundamentación suficiente la afirmación realizada por la Cámara de que el examen de las condiciones personales del procesado y la gra

vedad del hecho que se le imputa, permitan presumir que en caso de ser excarcelado, burlará la acción de la justicia.

III V.E. tiene establecido a través de reiterada jurisprudencia, que la decisión que restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, puede equipararse a una sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, ya que puede ocasionar un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata. Claro que ello no basta, según también señaló, para habilitar la instancia extraordinaria, en la medida que no se halle involucrada en el caso alguna cuestión federal o graves defectos del pronunciamiento denegatorio (Fallos: 314:791 y sus citas).

Como quedó expuesto en el apartado II, el agraviado plantea, en primer término, una cuestión federal simple (inciso 3° del artículo 14 de la ley 48), en la medida que cuestiona la interpretación dada por el a quo al artículo 1° de la ley 24.390, que como reglamentaria del derecho reconocido en el artículo 7°, inciso 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectaría esta disposición de rango constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), por lo que desde este punto de vista, el remedio federal resulta formalmente

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procedente.

IV El primer punto que el apelante pretende someter a conocimiento de V.E. relativo a la exégesis de las normas federales en juego, se refiere a la decisión del a quo como opuesta al Tratado invocado y a su ley reglamentaria, calificándola como un supuesto de "resolución contraria" que habilitaría el recurso extraordinario federal (Confr. puntos 1 y 2 del capítulo titulado "Las cuestiones federales", fs. 122/124).

Ahora bien, advierto que en este aspecto, el recurrente se ha limitado a señalar la necesidad de establecer la razonabilidad del plazo de juzgamiento, criticando concretamente la cantidad de años que lleva de trámite la causa, mas no ha demostrado que el sentido otorgado por la Cámara a las disposiciones citadas, difiera de lo que V.E. sostuviera en Fallos: 310:1476 (caso "F.") y en la causa B.851. L. XXXI. "Bramajo, H.J. s/ incidente de excarcelación -causa n° 44.891-", resuelta el 12 de septiembre de 1996, por lo que carece, a mi criterio, de la debida fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48.

En cuanto al agravio referido a la consideración por parte del a quo, de la "gravedad y perversidad" del delito imputado a S.R., no creo que ello implique una interpretación que lesione el derecho federal sobre el que se sustenta la pretensión excarcelatoria, pues si bien es

cierto que el legislador sólo excluyó de los alcances de la ley 24.390 a los encausados por infracción al artículo 7° de la ley 23.737, es decir por hechos relacionados con el narcotráfico, y a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la misma ley, y desestimó excluir expresamente a quienes estuvieran imputados de otros delitos graves, ello no impide al tribunal que decide sobre la libertad anticipada, tener en cuenta las características del hecho, en orden a fijar la razonabilidad del tiempo de detención sin juzgamiento.

Esta última conclusión resulta ya indiscutible, sobre todo a partir de lo sostenido por V.E. en pronunciamientos, anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la ley 24.390, en los que se estableció que el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso.

Esta es la doctrina emergente del caso "F." ya citado, con apoyo en la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (considerando 6°).

También lo decidido en la causa A.1, L.XXXI "A., J.C. s/ excarcelación", el 19 de octubre de 1995, reafirmó este criterio haciendo expresa referencia a la opinión de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en el informe sobre el caso 10.037 de la República Argentina, donde sostuvo que "...en determinados supuestos el concepto de plazo razonable ha de quedar sujeto a la gravedad de la infracción, en cuanto a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable" (considerando 8°).

Cabe señalar, en relación a lo expresado preceden

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temente, que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la jerarquía constitucional otorgada al Pacto de San José de Costa Rica, debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana -artículo 2° de la ley 23.054- (Confr. doctrina de la causa G.342. L.X. "Giroldi, H.D. y otro s/ recurso de casación", sentencia del 9 de abril de 1995).

En esta misma línea se pronuncio V.E. al fallar en la causa "Bramajo" ya citada, añadiendo que "...la ley 24.390 no ha derogado las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del Código de Procedimientos en Materia Penal y del Código Procesal Penal" (considerando 12).

En tales condiciones, si como sostuvo esa Corte Suprema, la validez del artículo 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en el artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable (considerando 13, fallo recién citado), la cuestión que el apelante pretende someter a conocimiento de V.E. deviene insustancial toda vez que, frente a los distintos pronunciamientos mencionados, el recurrente no ha introducido nuevos argumentos que justifiquen modificar esa jurisprudencia (Fallos: 306:1536 y 307:671, entre muchos otros).

A mayor abundamiento, resulta ilustrativo mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al producir el Informe N° 2/97, en la sesión N° 1341 del 11 de marzo de 1997, consideró que "...el plazo razonable para la prisión preventiva no puede ser establecido en abstracto y por lo tanto el período de dos años establecido por el artículo 379.6 del Código de Procedimientos y en la ley 24.390 no corresponde en forma literal a la garantía del artículo 7.5 de la Convención. La duración de la prisión preventiva no puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo establezca la ley. La Comisión coincide con la posición del Gobierno Argentino en el sentido de que la razonabilidad debe estar fundada en la prudente apreciación judicial".

V En orden a la arbitrariedad que achaca el apelante, no advierto lesión a garantía constitucional alguna que se derive de la contradicción en que, según sostiene, habría incurrido el a quo en sucesivos pronunciamientos en cuanto al cumplimiento de plazos de detención, ello porque, en definitiva, el magistrado de primera instancia otorgó la libertad caucionada al entender que la "...situación (de S.R.) encuentra natural y perfecto encuadre en las previ

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siones del artículo 1° de la ley 24.390" (fs. 13 vta.) y la solicitud de excarcelación se formuló a raíz de haber cumplido tres años de detención, según el cálculo efectuado por la defensa, considerándolo el plazo máximo durante el cual puede prolongarse la prisión preventiva (fs. 9), sin que la anterior afirmación del tribunal, incida sobre las circunstancias tenidas en cuenta al momento de decidir la excarcelación.

Tampoco la referencia a la "gravedad o repercusión social del hecho" convierte en arbitrario el pronunciamiento, ya que además de lo expuesto en los párrafos anteriores de este apartado, si bien es cierto que la segunda de dichas expresiones no pertenece al texto vigente del código ritual, el a quo no la ubicó como correspondiente a la letra de la ley, sino que la mencionó como una de las circunstancias a valorar -"repercusión social ante la eventual liberación del procesado"- junto con las características del caso concreto y la posibilidad de que el imputado evadiese la acción de la justicia, para decidir la procedencia del pedido (fs. 79 vta.).

Por lo demás, la presunción de que en caso de ser liberado S.R. intentará eludir la acción de la justicia, aparece justificada en la objetiva valoración de las características del hecho y las condiciones personales del imputado. R. en que se encuentra sometido a proceso por el delito de secuestro extorsivo, reprimido con pena de reclusión o prisión de cinco a quince años; que fue condena

do en Suiza por "tentativa de chantaje", de donde se fugó en 1985 sin agotar el cumplimiento de la pena que se le impusiera -pese al régimen de semi-libertad al que estaba sujeto, según la misma defensa indica-, cuando iba a ser extraditado a la República Argentina; que debió luego tramitarse su extradición al haber sido detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, y que luego de recuperar la libertad en nuestro país fue declarado rebelde, siendo detenido nuevamente en España de donde fue extraditado.

Resta por último señalar, que sin lugar a dudas las circunstancias precedentemente apuntadas, a las que no ha sido ajeno S.R., han incidido directamente en la demorada tramitación de este proceso, por lo que atribuir los retardos sufridos exclusivamente a la actividad de los tribunales y la querella, resulta injustificado a la luz de tales antecedentes.

Por las razones expuestas, opino que V.E. debe rechazar el recurso extraordinario interpuesto y confirmar el fallo apelado.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1997.

L.S.G.W.