Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de Octubre de 1997, M. 5. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M.P.S.A. - Nobleza-Picardo S.A.I.C. y F. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ varios.

S.C.M. 5, L. XXXII.-

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

Surge de las actuaciones que, por la vía del art.

322 CPCN, las actoras reclamaron que se declarase inexistente el art. 27 de la ley 23.905, en cuanto restableció la vigencia del Fondo transitorio para financiar desequilibrios fiscales provinciales -art. 37 ley 23.763- más allá del 31 de mayo de 1991. Ello, con sustento, en que dicho dispositivo fue aprobado por las Cámaras del Congreso con redacciones distintas.

Puntualizaron que el texto votado en diputados prorrogó su vigencia hasta el 31.05.91, mientras que el de senadores, hasta el 31.12.91, habiendo sido promulgado sin respetar el trámite establecido por el art. 72 CN. Manifestaron que, cualquiera sea la actitud que asuman respecto de los pagos posteriores a mayo -fecha hasta la que entienden concurrente la voluntad legislativa de las Cámaras- una resolución en contrario les irrogará perjuicios económicos graves e irreparables (fs. 111/119 vta.).

A fs. 151/151 vta. N.P.S.A.I.C. y F. desistió de la acción incoada. Su litisconsorte, M.P.S.A., ratificó, a fs. 154, su interés en la causa.

-II-

A fs. 163/165 interpuso excepción de incompetencia

la Dirección General Impositiva. Sostuvo que, en cuanto el gravamen en cuestión se rige por las leyes 11.683 y 19.549, devino insoslayable agotar la instancia previa y recién, tras el dictado de un acto administrativo contrario a las pretensiones del contribuyente, acceder a la vía jurisdiccional, a fin de no vulnerar las garantías de defensa y debido proceso (art. 18 CN). Reservó el caso federal.

A fs. 174/175 vta. el Ministerio de Economía contestó la demanda. Expresó que, en cuanto el tributo se rige por la ley 11.683, la vía apropiada al reclamo era la repetición o, en su defecto, excepcionarse, alegando inexistencia de causa para la ejecución fiscal. Enfatizó que resulta ajeno a nuestro sistema un planteo directo de inconstitucionalidad, circunstancia que torna al caso de autos, no justiciable.

Concluyó que obsta a la viabilidad de la acción la ausencia de incertidumbre, en tanto el texto promulgado extiende el tributo de modo indubitable hasta el 31.12.91.

A fs. 177 compareció la Dirección General Impositiva, adhiriendo a la contestación del Estado Nacional.

El tribunal de mérito, por su parte, tras estimar cumplimentados los recaudos del art. 322 CPCN, hizo lugar a la demanda promovida. Si bien admitió que, por regla, excede a los tribunales pronunciarse sobre el procedimiento de formación de las leyes, aclaró que ello, en la medida en que dichos dispositivos reúnan los requisitos mínimos que los determinen como tales, en defecto de los cuales, obra expedita la vía para invalidarlos. Declaró, por último, que el restablecimiento de las disposiciones previstas en el art. 37 de la ley 23.763 alcanza al 31.05.91, en tanto hasta dicha fecha se verifica una sanción común (fs. 197/204 vta.).

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A fs. 207 y 210 vta. obran sendos recursos de apelación, deducidos por el Estado Nacional y Dirección General Impositiva, los que fueron concedidos a fs. 208 y 211, respectivamente.

-III-

Radicada la causa ante el superior y puestos los autos a la oficina, los apelantes expresaron agravios a fs.

223/230 vta. y 218/221; memoriales contestados por la actora a fs. 233/236 vta.

El Ministerio de Economía insistió en la ausencia de incertidumbre en torno a los alcances del dispositivo observado y en que debió reclamarse vía repetición, desde que la acción declarativa procede en forma excepcional, no alternativa. Denunció el carácter autocontradictorio del fallo que, tras calificar de residual el trámite del art.

322 CPCN, lo admite luego en reemplazo de la repetición y tras pronunciarse por la no judicialidad del proceso de formación de leyes, declara inexistente el art. 27.

Finalmente, acusó falta de legitimación activa, pues tratándose de un tributo trasladable, no irroga perjuicio alguno a la tabacalera.

La Dirección General Impositiva compartió el argumento de falta de legitimación activa. Cuestionó que, tras afirmar el control de constitucionalidad judicial de las actividades ejecutivas y legislativas, limitado por el principio de división de poderes, el a quo dictara sentencia inva-

diendo potestades legisferantes. Objetó, además, que luego de considerar inválido el precepto, fundara en él su alcance temporal y que falto de corrección por los otros poderes, asumiera tal misión el judicial, manifiestamente incompetente para hacerlo. Finalmente, sostuvo que el decisorio no comportó efectivamente una declaración de inconstitucionalidad, sino la modificación del dispositivo.

La Sala ad quem desestimó considerar el argumento inherente a la ausencia de legitimación activa por juzgarlo inoportuno, en tanto no fue esgrimido como defensa ante la a quo. También lo atinente al incumplimiento de la instancia previa, por entender que, al haber omitido el Juzgador su tratamiento, no medió insistencia a su respecto ante la Alzada. Juzgó evidenciada la falta de certeza atribuida al art.

27, desde que el texto promulgado fue sólo producto de la decisión del Senado, circunstancia que obstó a su existencia misma como norma. Ratificó la inclusión del precepto entre las hipótesis en el que el incumplimiento de requisitos mínimos en una ley, autoriza el contralor constitucional judicial de su formación. Finalmente, desestimó, que el pronunciamiento de invalidez alcanzara necesariamente a todo el artículo, con base en que fue decidido en los términos del reclamo, los que limitaban su ineficacia al período posterior al 31.05.91 (fs. 241/244 vta.).

-IV-

Contra dicha resolución interpone recurso extraordinario la Dirección General Impositiva. Le agravia que se haya omitido considerar defensas con fundamento en su sola

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alegación ante la Alzada, vulnerando la obligación del tribunal de aplicar el derecho con prescindencia de lo invocado por las partes. Ello en relación a la argumentación de incumplimiento de instancia previa y falta de legitimación activa, circunstancia insoslayable, tratándose de un presupuesto legal del art. 322. Critica la afirmación de que el decisorio se ciñó a lo temporalmente reclamado, con apoyo en que se hace depender el tenor de un precepto de la voluntad de una parte y en que no puede una norma declarada inválida subsistir parcialmente. Aduce, finalmente, vulnerado el principio de división de poderes, toda vez que, so pretexto la interpretación de una ley, se estableció una diferente a la promulgada, única válida y susceptible de aplicación en la causa (fs. 249/254 vta.).

La actora evacuó el traslado a fs. 269/273.

-V-

En este estado, resulta relevante destacar que, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria, no resulta idóneo el agravio que sólo trasunta la discrepancia del recurrente con el criterio del juzgador en un punto de naturaleza no federal, cual es, en el sub lite, la determinación de las cuestiones sobre las cuales los tribunales de alzada deben pronunciarse cuando conocen por vía de recursos concedidos ante ellos. Máxime cuando no se ha alegado ni, por ende, puesto en evidencia que traduzca un excesivo rigor

formal que lo hiciese arbitrario.

Dicho argumento, sin embargo, no alcanza a los restantes agravios, dirigidos a cuestionar la invalidación parcial del art. 27 de la ley 23.905, sobre la base de la presunta violación del principio constitucional de división de poderes.

A ese respecto, cabe señalar que la intervención de V.E. a través de la apelación extraordinaria del art. 14 de la ley 48, requiere de la explicación precisa, en las instancias comunes, del derecho federal que se aduce desconocido, lo que por regla debe suceder en la primera oportunidad posible y previsible suministrada por el rito (Fallos:

298:321; 289:78).

No obstante ello y, pese a haberse introducido expresamente en la demanda la pretensión cuyo acogimiento agravia hoy al recurrente (Fallos: 302:194; 298:661), la cuestión federal expuesta en aquella oportunidad se circunscribió a denunciar la supuesta violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, ocasionada por el incumplimiento previo del trámite administrativo (fs. 163/165); omisión no subsanada por su adhesión posterior (fs. 177) a la contestación de demanda del litisconsorte, en tanto tampoco se desprende de ella su introducción oportuna (fs. 174/175 vta.).

No empece a tal conclusión, lo formulado por la ad quem a fs. 244/244 vta., en el sentido de que la invalidación parcial del precepto atacado obedeció a un imperativo de congruencia, en tanto sólo se limitó a explicitar un argumento implícito en el pronunciamiento de mérito, a saber: que era insoslayable adecuar sus términos a los extremos de

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lo requerido. Ello es así pues si bien la doctrina de V.E. establece que cuando la cuestión federal es contemplada y resuelta en la sentencia, resulta indiferente su planteamiento tardío (Fallos: 298:175; 301:1163), dicha doctrina no resulta aplicable al sub lite, en tanto que, como se dijo, del tenor de la decisión atacada se desprende sólo una aclaración sobre el punto, mas no su efectivo tratamiento.

En consecuencia y por las razones dadas, estimo corresponde declarar mal concedido el recurso de fs.

249/254 vta.

Buenos Aires, 3 de febrero de 1997.

Es Copia Angel Nicolás Agüero Iturbe

M. 5. XXXII.

M.P.S.A. -N.-P.S.A.I.C. y F. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ varios.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1997.

Vistos los autos: "M.P.S.A. - Nobleza-Picardo S.A.I.C. y F. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ varios".

Considerando:

Que el recurso extraordinario no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara formalmente improcedente el recurso extraordinario planteado. Con costas. N. y devuélvase. JULIO S.

NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..