Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Octubre de 1997, S. 708. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

S., R.S. s/ queja.

S.C.S. 708. L. XXXII.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 18 de la Capital Federal, absolvió a R.S.S. del delito de defraudación previsto en el art. 173, inc. 2° del Código Penal, por el que había sido sometido a proceso.

El Señor Fiscal de Cámara, que había solicitado que se impusiera al encartado la pena de un año de prisión y costas, dedujo contra aquel pronunciamiento recurso de casación, solicitando que se declare la inconstitucionalidad del artículo 458, inciso 1° del Código de Procedimientos en Materia Penal, en cuanto le impide interponer dicha vía recursiva cuando, dictada una sentencia absolutoria, su requerimiento de pena no haya sido superior a los tres años de prisión o reclusión.

Rechazado dicho pedido de inconstitucionalidad, y en consecuencia la viabilidad del recurso de casación, el apelante dedujo la pertinente queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que resultó desestimada -fs. 503/505-.

Contra dicho pronunciamiento el representante del Ministerio Público interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido a fs. 529.

I Para rechazar la inconstitucionalidad planteada y denegar la procedencia del recurso de casación, el a quo sostuvo, con expresa remisión al precedente "Ramos, Néstor

H. s/ recurso de queja" (resuelto por la Sala I el 28 de septiembre de 1995, causa n° 593, reg. n° 688), que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia a la persona inculpada de delito, esto es a la persona física, y que al igual que otros documentos internacionales, tienen como principal objetivo asegurar la plena vigencia y respeto de los derechos y libertades fundamentales referentes al ser humano como sujeto de derecho internacional, sin que pueda asimilarse a esa condición a quien ejecuta la acción penal como órgano del Estado.

Agregó que tampoco la representación de la víctima en el proceso, que puede ejercer el fiscal, justifica reconocer su derecho a la doble instancia, ya que en algunos casos su interés -delimitado por su función de tutelar a la sociedad-, puede ir en contra de los intereses particulares de la víctima, a quien por otra parte, el nuevo sistema procesal ha relegado a la condición de simple testigo, o en su caso querellante, designando a una Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas, para que vele por los intereses de los damnificados por los delitos (art. 40 de la ley 24.050).

II El recurrente plantea la inconstitucionalidad del art. 458, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, pues considera que la limitación contenida en la disposición dirigida al ministerio fiscal para recurrir en casación, violenta los artículos 16, 18, 31, 75 inc. 22 y 120 de la Constitución Nacional y los artículos 8, inc. 2, apartado h) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostiene que el acceso a la Cámara de Casación, no

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puede ser restringido sobre la base de montos de penas impuestas o de las requeridas por el ministerio fiscal, cuando lo que se pretende someter a su jurisdicción lesiona derechos de rango constitucional -en el caso, defensa en juicio y debido proceso-, ya que ello deriva de un desconocimiento de la garantía de la doble instancia judicial reconocida en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8, inc. 2, ap. h), incorporado hoy a nuestra Carta Magna (art. 75 inc. 22).

Considera que la garantía contenida en la norma internacional, ampara no sólo a la persona inculpada de un delito, sino también al ministerio fiscal como parte del proceso, pues de otro modo se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.).

Dentro de esta línea argumental entiende que el fiscal, como representante de los intereses de la sociedad, lo es también de la víctima agraviada por el delito, representación que se instrumenta a través del ejercicio de la acción penal pública. De este modo, al impedirse al fiscal la posibilidad de recurrir en casación, se produce una desigualdad que debe revertirse, con respecto a la parte imputada o su defensor, quienes a partir del pronunciamiento de la Corte en la causa "G." -donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 459 del Código Procesal Penal de la Nación-, se encuentran en una situación más favorable frente a la vía recursiva.

Por último, tacha de arbitraria la decisión de la

Cámara de Casación -que desestimó la queja intentada por denegación del recurso pertinente, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad-, en cuanto no ha dado respuesta a sustanciales y serias argumentaciones que a su criterio, de haber sido tratadas, habrían determinado la adopción de una decisión contraria a la que arribara.

III Esta Procuración General ha tenido oportunidad de expedirse anteriormente, respecto al alcance que debe otorgarse a la garantía de la doble instancia judicial reconocida en el artículo 8, inciso 2°, apartado h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a que no se encuentra dirigida exclusivamente a quien resulta imputado del delito, sino también a otras partes legalmente constituidas en un proceso penal determinado, como es el caso del Ministerio Público.

Esta conclusión se deriva del texto de la disposición que nos ocupa, que al reconocer el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, no distingue entre el inculpado y las otras partes del juicio como lo hace al tratar otros derechos inherentes a determinada situación procesal (confr. dictamen en la causa T.43, L.XXV "Torres, J.A. y Z., J.A. s/ homicidio en agresión", de fecha 3 de marzo de 1994).

En este sentido cabe agregar, que excluir al Ministerio Público de aquellos que gozan del referido derecho, con el argumento de que la garantía está dirigida sólo al inculpado, llevaría, inclusive, a impedir al fiscal recurrir en favor del propio imputado cuando, en salvaguarda

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del debido proceso, las circunstancias del caso así lo exijan (art. 120 C.N.), consecuencia que cabe suponer como no deseada.

Por otra parte, también el criterio de este Ministerio Público acerca de la validez constitucional de los límites objetivos que el Código Procesal Penal de la Nación impone, por el monto de las penas, para recurrir en casación, ha sido reiteradamente expuesto a partir del dictamen en la causa M.820. L.XXIX "M., S.A. s/ robo y atentado a la autoridad", del 1 de febrero de 1995, siendo coincidente con lo que V.E. resolviera al fallar la causa "G.", en la que declaró la invalidez constitucional de la limitación establecida en el artículo 459, inc. 2° del código adjetivo, como la forma más adecuada de asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal (confr. G.342, XXVI, "G., H.D. y otro s/ recurso de casación", resuelta el 7 de abril de 1995).

Resta entonces señalar que los invocados criterios resultan en mi opinión, como ya tuve oportunidad de sostenerlo respecto del inc. 2° del artículo 458 del citado código (confr. causa M.294, XXX, "M.G., F.J. y otros s/ averiguación inf. ley 23.737", del 31 de marzo de 1995), extensivos a la limitación que impone al ministerio fiscal el inc. 1° de la referida disposición, por lo que a los sólidos argumentos del apelante no cabe más que reiterar y dar por reproducidas, en lo pertinente, las consideracio

nes vertidas en dicha oportunidad, a las que me remito en honor a la brevedad.

Por todo ello, mantengo en todos sus términos el recurso extraordinario interpuesto.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1996.

ANGEL NICOLAS AGÜERO ITURBE

S. 708. XXXII.

S., R.S. s/ queja.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1997.

Vistos los autos: "S., R.S. s/ queja".

Considerando:

Que los agravios traídos a conocimiento del Tribunal en la presente causa son sustancialmente análogos a los tratados y resueltos el 14 de octubre de 1997 en el expediente A.450.X. "Arce, J.D. s/ recurso de casación", a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. A. copia del precedente citado. N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO R.V. (por su voto).

VO

S. 708. XXXII.

S., R.S. s/ queja.

TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTOVAZQUEZ Considerando:

Que los agravios traídos a conocimiento del Tribunal en la presente causa son sustancialmente análogos a los tratados y resueltos el 14 de octubre de 1997 en el expediente A.450.X. "Arce, J.D. s/ recurso de casación" -voto del juez V.-, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. A. copia del precedente citado. N. y remítase. A.R.V..