Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de Agosto de 1997, C. 82. XXVI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 82. XXVI.

    RECURSO DE HECHO

    Cejas, G.C. c/ S.A.D.E.

    S.A. y otro.

    Buenos Aires, 21 de agosto de 1997.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cejas, G.C. c/ S.A.D.E. S.A. y otro", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que -al hacer aplicación de las pautas del art. 17 de la ley 24.028redujo los honorarios fijados en la instancia anterior al letrado apoderado de la parte actora, el interesado interpuso el recurso extraordinario de fs. 333/340, cuya denegación -fs. 359- dio origen a la presente queja.

    2. ) Que, según el apelante, la cámara procedió a la regulación de los honorarios sin tener en consideración el monto de los intereses involucrados en el litigio ni el éxito de los trabajos realizados a la luz del capital de la condena. Pone además de relieve que las actuaciones fueron iniciadas el 9 de agosto de 1990, por lo cual los trabajos fueron realizados al amparo normativo de la ley 21.839, de allí que pretender la aplicación de la ley 24.028 en la presente (arts. 17 y 19) conduciría a una violación de los derechos constitucionales vinculados con el patrimonio y el ejercicio de la profesión, "al pretender imponer una norma de regulación...en forma retroactiva", con abstracción de los derechos adquiridos por el letrado actuante.

    3. ) Que los agravios del apelante suscitan cuestión federal para la apertura de la instancia extraordinaria, pues si bien la decisión de temas vinculados con la validez intertemporal de normas de derecho local constituye

      materia ajena al recurso extraordinario (Fallos: 310:

      315 y 1080; 311:324; 312:764), y que el principio de no retroactividad de las leyes establecido por el art. 3° del Código Civil no tiene jerarquía constitucional y, por tanto no obliga al legislador (Fallos: 315:2999), también es cierto que la facultad de legislar sobre hechos pasados no es ilimitada y que la ley nueva no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio al amparo de una legislación anterior, pues, en tal caso, los poderes legislativos se enfrentan con la protección del derecho de propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos:

      305:899; causa B.671.XXIX "B., C. c/P.B. disolución de sociedad -cuerpo de levantamiento de embargo recurso de revisión", del 1° de abril de 1997).

    4. ) Que, en efecto, la alzada, al hacer aplicación al sub examine del art. 17 de la ley 24.028, en los hechos le atribuyó un alcance retroactivo que no surge de sus términos, en tanto procedió a regular los honorarios profesionales con arreglo a las nuevas pautas legales sin atender a que buena parte de los trabajos fueron cumplidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 24.028 y, por ende, se encontraban regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron.

    5. ) Que, en este sentido, cabe señalar que la aplicación inmediata de la ley no significa su aplicación retroactiva (Fallos: 317:44), pues sólo alcanza los efectos que por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto- no se encontraban al amparo de la garantía de la propiedad, ni de un cambio de legislación (Fallos: 297:117). En

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    S.A. y otro. tales condiciones, el nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal, pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior (Fallos: 314:481).

    1. ) Que, en este orden de ideas, al disponer el nuevo ordenamiento arancelario su aplicación "a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad", no está significando que se aplique a los procesos pendientes para fijar la retribución de tareas o etapas cumplidas con anterioridad a su sanción, las que -como hechos cumplidoscorresponde que sean discriminadas a los fines regulatorios, distinguiéndolas de aquellas que pudieran producirse con posterioridad a su vigencia. En este sentido, ha resuelto esta Corte que no puede aplicarse retroactivamente una ley provincial que modifica las bases y pautas regulatorias referentes a honorarios de peritos y demás auxiliares de la justicia -que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada- porque "no cabe, pues, privar al perito del derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior" (Fallos: 268:561), no siendo óbice para esta solución la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de tales honorarios, toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento -y cuantificaciónde un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (conf. arg. Fallos: 296:723 y 314:481).

    2. ) Que no se altera esta conclusión ni aun en el supuesto de que pudiera inferirse que la norma sub examine

      es de aplicación retroactiva, pues si bien en nuestro ordenamiento las leyes pueden tener ese efecto, lo es bajo condición obvia e inexcusable de que tal retroactividad no afecte garantías constitucionales (Fallos: 314:1477). Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (Fallos: 317:218).

    3. ) Que, en tales condiciones, media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15, ley 48).

      Por ello, se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la regulación apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. N. y remítase. JULIO S.N. (por su voto) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según mi voto) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- G.A.F.L. -G.A.B. -A.R.V. (en disidencia).

      VO

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    TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Considerando:

    1. ) Que la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de pri- mera instancia en cuanto había declarado procedente la demanda por el resarcimiento del daño derivado de un accidente laboral, incrementó el capital de la condena de $ 96.000 a$ 175.000 y, con apoyo en el art. 17 de la ley 24.028, redujo los honorarios correspondientes al letrado que había asistido y representado a la actora a la suma de $ 5.500 por la labor cumplida en ambas instancias. Contra dicho pronunciamiento, el mencionado profesional dedujo el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

    2. ) Que no obstante que los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones que son regularmente ajenas al recurso extraordinario, ello no es óbice para invalidar lo resuelto en la instancia del art. 14 de la ley 48 cuando la decisión de la cámara carece de fundamentación suficiente y arriba a un resultado que vulnera las garantías constitucionales de justa retribución y de defensa en juicio que asisten al recurrente (arts. 14 y 18 de la Ley Suprema; Fallos: 303:1458; 305:1877; 306:511).

    3. ) Que, en efecto, la cámara fundó la regulación de honorarios del recurrente en la disposición del art. 17 de la ley 24.028, la cual era claramente inaplicable en el sub lite en la medida en que, al establecer dicho textoque las regulaciones de honorarios se efectuarán con abstracción del valor reclamado, tiene un ámbito de aplicación inequívocamente limitado para los supuestos en que mediare

      rechazo de la demanda, pues sólo en tales hipótesis podría ser computado el monto de la pretensión ya que en los casos que, como el presente, el reclamo ha prosperado, la base regulatoria estará dada -según el art. 19 de la ley 21.839- por el monto de la condena (causa H.45.XXIV H.E.M.A.

      R.S.A. S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución", sentencia del 27 de octubre de 1994).

    4. ) Que, en las condiciones expresadas, la decisión apelada sólo cuenta con una fundamentación aparente y concluye en un monto regulatorio que se aparta injustificadamente del valor económico realmente comprometido en el asunto, por lo que tales deficiencias la tornan insostenible como acto constitucional y justifica que deba ser privado de efectos con arreglo a la doctrina de esta Corte en materia de sentencias arbitrarias.

      Por ello, se declara procedente la queja, se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto. Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. N. y remítase. JULIO S.N..

      VO

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    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

    1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que -al hacer aplicación de las disposiciones de la ley 24.028redujo los honorarios fijados en la instancia anterior al letrado apoderado de la parte actora, el interesado interpuso el recurso extraordinario federal de fs. 333/340, cuya denegación -fs. 359- dio origen a la presente queja.

    2. ) Que las cuestiones en que el apelante sustenta el remedio federal consisten esencialmente en el desconocimiento de un derecho que considera definitivamente incorporado a su patrimonio, esto es, una violación directa del art. 17 de la Constitución Nacional originada en la aplicación retroactiva del citado cuerpo legal a la regulación de los honorarios devengados con anterioridad a su sanción.

    3. ) Que el agravio relativo a la aplicación de dicha ley, al supuesto de autos, ha sido resuelto en la causa T.165.XXVI "T., Y.L. c/ Giuntoli S.A.", disidencia del juez F., fallada el 1° de abril de 1997, a cuyos fundamentos corresponde remitir por razones de brevedad.

    4. ) Que en cuanto a la crítica relativa al quantum de los emolumentos regulados por el a quo, asiste razón al apelante toda vez que el pronunciamiento revela una decisiva falta de fundamentación.

      En efecto, aun cuando resultan de aplicación al caso las disposiciones de la ley 24.028 -y así lo entiende correctamente el sentenciante- ello no obsta a que el fallo

      deba ser descalificado como acto jurisdiccional válido, ya que ha utilizado pautas de excesiva latitud que no permiten inferir concretamente los elementos tenidos en cuenta para establecer la remuneración del personal reduciéndola sustancialmente respecto de la que había sido atribuida en primera instancia. La regulación efectuada aparece, entonces, fundada sólo en la voluntad del juez.

    5. ) Que ello es así pues, sin perjuicio de que el art. 17 de la mentada ley establece que el juez debe regular los honorarios con abstracción del monto reclamado y en función de los trabajos realizados, tal circunstancia no autoriza a prescindir de la necesaria fundamentación -que no se satisface con la mera cita legal- acerca de la forma en que se ha valorado la labor profesional, que dé sustento a la retribución que se fije (confr. doctrina in re "T.", ya citado, disidencia del juez F..

      Por ello, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la regulación apelada.

      Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por donde corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado en los considerandos 4° y 5°. A. copia del precedente citado en el considerando 3°. Agréguese la queja al principal. R. el depósito de fs. 25. N. y, oportunamente, remítanse. C.S.F..

      VO

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    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

    1. ) Que el señor G.C. sufrió un accidente en su trabajo. Por ello demandó a su empleadora, y a otras empresas, para obtener el resarcimiento de los daños causados por tal hecho.

    El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión del actor; sentencia que, a su vez, fue parcialmente revocada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

    El a quo duplicó el quantum indemnizatorio que había sido establecido por dicho juez. Y -esto es relevante- redujo los honorarios del abogado de la actora a una tercera parte del monto que había sido fijado por el magistrado de primera instancia.