Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Agosto de 1997, Z. 17. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

Z. 17. XXXI.

RECURSO DE HECHO

Z.D., N.B. s/ infracción a la ley 23.737.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por G.M.H. (fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal) en la causa Z.D., N.B. s/ infracción a la ley 23.737", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que declaró la nulidad de todo lo actuado a partirdel auto que disponía la instrucción del sumario y en consecuencia absolvió a la procesada del delito de transporte de estupefacientes por el que fuera acusada, interpuso el señor fiscal de cámara recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta presentación directa, sostenida por el señor Procurador General.

  2. ) Que de las constancias de autos surge:

    1. que el 4 de abril de 1992 personal policial concurrió a la sala de terapia intensiva del Hospital Piñero, ocasión en que la doctora R.P. hizo entrega de cuatro bombitas de látex que habían sido expulsadas por vía bucal por la imputada, las que contenían clorhidrato de cocaína. Posteriormente aquélla fue sometida a un proceso de desintoxicación que le permitió expulsar la totalidad de las 44 cápsulas ingeridas. b) que al prestar declaración indagatoria Z.D. manifestó que debido a una afligente situación económica se conectó en Bolivia con una persona que le propuso

    - viajar a la ciudad de Pocitos en la que conocería a Ma- Blanco. Al llegar a la citada localidad, B. le indicó debía ingerir cápsulas que -según le habría expresadotenían oro, debiendo trasladarlas desde Pocitos hasta la ital Federal. Al llegar a esta ciudad, sintió fuertes ores de estómago, ocasión en que aquél le manifestó que lo había ingerido era clorhidrato de cocaína y que era veniente que se dirigiera a un hospital, lo que así hizo. c) Que en primera instancia la procesada fue condea a la pena de cuatro años de prisión por el delito de nsporte de estupefacientes (art. 5, inc. c, de la ley 737).

  3. ) Que el tribunal anterior en grado -por mayoríaló todo lo actuado a partir de la resolución de fs. 45 que ponía la prosecución del sumario y como consecuencia olvió a la procesada del delito de transporte de esefacientes por el que fuera acusada. Para llegar a esa clusión consideró que era ilegítima la investigación llea a cabo a partir de los dichos de un médico en contra de paciente debido a que el hecho le había sido comunicado tro de la relación terapéutica. En ese aspecto expresó que sulta inadmisible que el Estado se beneficie con un hecho ictivo para facilitar la investigación de los delitos, iendo excluirse todo medio probatorio obtenido por vías gítimas". Refirió que a los efectos de evitar el debate rca de qué deber debe prevalecer -el de denunciar o el de rdar secreto- "el legislador ha tomado la precaución de ver esas situaciones y de resolverlas por anticipado con epciones (arts. 166 y 167 del Código de Procedimientos en eria Penal), de manera tal que sea clara la

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    RECURSO DE HECHO

    Z.D., N.B. s/ infracción a la ley 23.737. aplicación del adagio 'lex specialis derogat generalis' en virtud del cual desaparece la obligación de denunciar del profesional ligado al deber de mantener el secreto, obligación que, de este modo, desplaza a la de denunciar". Destacó que "el carácter de funcionario del médico no lo releva de la obligación de conservar el secreto profesional".

    Consideró vulnerada la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación criminal puesto que la imputada no habría actuado libremente sino por el miedo a la muerte. En ese aspecto refirió que "la garantía de no estar obligado a declarar contra sí mismo presupone, justamente, que aquel que asumió voluntariamente la posibilidad de ser penado, a pesar de ello, no esté obligado a denunciarse, de modo que el haber cometido un delito no sólo no reduce el valor de la garantía, sino que es, precisamente, lo que le otorga sentido".

  4. ) Que el apelante se agravia del alcance otorgado a la garantía que impide que nadie pueda ser obligado a declarar contra sí mismo, al ponérsela en pugna con el debido proceso legal del acusador público. Asimismo y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad alega que se ha efectuado una errónea interpretación de normas de derecho común y procesal que rigen el caso (arts. 164, 165 y 167 del Código de Procedimientos en Materia Penal en relación a los arts. 156 y 277, inc. 1°, del Código Penal), lo que habría impedido la aplicación de la ley federal de estupefacientes 23.737.

  5. ) Que los agravios del recurrente habilitan la

    - instancia extraordinaria, puesto que conducen a determiel alcance de las garantías del debido proceso legal y la hibición de autoincriminación, así como la aplicación de Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de upefacientes y sustancias sicotrópicas y la ley federal de upefacientes, con resultado adverso a las pretensiones del lante.