Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de Mayo de 1997, D. 656. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

D. 656. XXXI.

RECURSO DE HECHO

Duart, V. c/ Banco Central de la República Argentina.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Duart, V. c/ Banco Central de la República Argentina", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Mar del Plata que confirmó la decisión de primera instancia que había rechazado in limine el incidente de nulidad articulado por la demandada sobre la base de la invocada existencia de diversas presentaciones de su contraria con firmas falsas, la vencida interpuso el recurso extraordinario (fs. 116/132 vta. del incidente de apelación), cuya denegación (ídem, fs. 140), dio lugar a la presente queja.

  2. ) Que si bien las decisiones en las que se admiten o deniegan nulidades procesales no constituyen como regla general- sentencia definitiva a los fines de la apelación extraordinaria (Fallos: 303:988; 304:1792), cabe hacer excepción a este principio si -como sucede en el sub lite- con lo resuelto se ocasiona un agravio que, por su magnitud y de acuerdo con las circunstancias de hecho, resulta de imposible reparación ulterior (Fallos: 306:1621 y 1705), y existe cuestión federal suficiente para su examen por la vía elegida pues, al fallar, el tribunal anterior ha extendido el valor formal de los institutos de la cosa juzgada y la preclusión más allá de límites razonables, utilizando pautas de excesiva latitud y prescindiendo de una adecuada ponderación de aspectos relevantes del expediente, con lo cual ha cercenado notablemente las garantías de la propiedad, del

    debido proceso y de la defensa en juicio.

  3. ) Que, en efecto, frente a la invocación de la falsedad de las firmas asentadas en numerosos escritos de la parte actora -entre ellos, presentaciones correspondientes a la etapa probatoria, alegato, solicitud de llamado de autos para sentencia y ejecución de ésta- efectuada con un serio respaldo (conf. peritaje caligráfico extrajudicial de fs.

    458/463 de los autos principales), corresponde tener presente en primer lugar, tal como lo tiene decidido esta Corte, que los escritos judiciales deben contener la firma de su presentante (art. 1012 del Código Civil y 46 del Reglamento para la Justicia Nacional, al que remite el 118 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), por lo que carece de valor la puesta por un tercero, a menos que se haya recurrido al específico procedimiento previsto en el art. 119 de ese texto ritual, a consecuencia de lo cual, las actuaciones que no satisfacen dichos recaudos y las providencias que motivaron, son actos privados de toda eficacia jurídica y ajenos, como tales, a cualquier posibilidad de convalidación posterior (Fallos: 307:859).

  4. ) Que, ello sentado, si bien es cierto que conocida jurisprudencia de este Tribunal confirió jerarquía constitucional a la cosa juzgada, en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica, no lo es menos que también se han reconocido numerosas excepciones, entre otros supuestos, en los casos de estafa procesal, ya que debe admitirse, en tales

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    RECURSO DE HECHO

    Duart, V. c/ Banco Central de la República Argentina. hipótesis, que la existencia de resoluciones que formalmente se apartan de lo dispuesto en una sentencia firme "lejos de menoscabar la autoridad de la cosa juzgada la salvaguardan, porque salvaguardan su justicia, sin la cual el más íntimo sentido de dicha autoridad, que es su sentido moral, no es concebible" (Fallos: 310:1797 y sus citas del considerando 7°, segundo párrafo; el entrecomillado corresponde a Fallos: 294:434).

  5. ) Que, al respecto, de acuerdo con lo que se denuncia que ha acontecido en el presente, esta Corte ha sostenido que la admisión genérica, en el ordenamiento jurídico argentino, de la institución de la cosa juzgada, no significa que no pueda condicionarse su reconocimiento a la inexistencia de dolo en la causa en que se ha expedido la sentencia, ya que "la circunstancia que de esta manera se afecte la seguridad, propia de las sentencias firmes en el orden civil, debe ceder a la razón de justicia, que exige que el delito comprobado, no rinda beneficios" (Fallos: 254:320, doctrina reiterada en Fallos: 275:389; 279:137 y 283:66).

  6. ) Que, en análogo sentido, no cabe conceder relevancia a la referencia que efectúa el a quo en la parte final de su pronunciamiento respecto a la preclusión, pues la interpretación de normas procesales no puede prevalecer sobre la primacía que corresponde atribuir a la búsqueda del esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1984; 310:2456; 311:509, entre muchos otros).

  7. ) Que, en esas condiciones, el rechazo in limine del incidente de nulidad promovido omitiendo el examende las irregularidades atribuidas a la demandante con ajuste a dichas directivas -adviértese sobre la invocada denuncia en sede penal- con particular atención a la incidencia de cada una de las piezas cuestionadas en el resultado del litigio, resulta arbitrario pues, en atención a la entidad de las circunstancias en que aquél fue fundado, previa sustanciación y prueba, correspondía su resolución en los términos expuestos.

  8. ) Que, de este modo, la decisión impugnada es descalificable pues tiene relación directa e inmediata -de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la ley 48con las garantías constitucionales que se consideran vulneradas.

    Por ello, se declaran procedentes la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado con los alcances de la presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva decisión con arreglo a ésta. R. el depósito de fs. 48, agréguese la queja al principal, notifíquese y -oportunamente- remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..