Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de Mayo de 1997, A. 121. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

A. 121. XXIV.

ORIGINARIO

Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1997.

Vistos los autos: "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.

P.) y otros s/ cobro de pesos", de los que Resulta:

I) A fs. 74/78 se presenta Asistencia Médica Privada S.A.C. e inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud, Coordinación Región Sanitaria VII, Hospital Zonal de A.C.M.D.D.P., y contra A.S.L. y C.A.S.. Deja constancia de que se demanda a A.S.L. como afiliada a la que se le prestaron los servicios médicos detallados en la factura que se agrega y a C.A.S. como garante de aquélla.

Dice que el Ministerio de Salud provincial contrató con la actora la utilización de la clínica La Sagrada Familia y que en los hechos los servicios se prestan atendiendo a las órdenes de internación y con la exhibición del carnet de afiliado del paciente. Agrega que, en el caso, la relación contractual se encuentra acreditada con la copia de la carta remitida por el subdirector de la Subsecretaría de Salud Pública de la provincia demandada, doctor A.P.. Expresa que, no obstante las cartas documentos enviadas para intimar el pago de las prestaciones registradas en las facturas Nros. 6694 y 6537 y que ascienden a la suma de A 97.860.622 ($ 9.786), la demandada no satisfizo ese crédito, lo que motiva la presente demanda. Agrega que la asistencia

- médica resulta comprobada con la carta documento enviada A.S.L. en la cual reconoce haber recibido nción en la clínica de la actora.

II) A fs. 93/94 contesta la Provincia de Buenos Ai- . Realiza una negativa general de los hechos invocados, ecialmente que la señora S.L. sea afiliada a obra ial alguna y en particular a I.O.M.A., y que haya mediado orización otorgada por funcionario competente para su nción. Niega, asimismo, la existencia de vínculo contracl con la actora.

III) A fs. 104 se declara la rebeldía de Ada Sosa ez y a fs. 110 se adopta igual resolución respecto de C.A.S..

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria o se resolvió a fs. 86.

  2. ) Que no obstante las evasivas que pone de manisto la declaración efectuada a fs. 151 por el doctor A.R.P., no ha mediado negativa expresa acerca de autenticidad de la nota que en copia obra a fs. 40 ni poco de la firma que la suscribe en su carácter de subditor de la Región Sanitaria VII, cargo que admitió desempedesde el año 1988 hasta mediados de 1991. Cabe por lo to tener por cierto que, como surge de esa pieza documende fecha 20 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud lica provincial se hizo cargo de los gastos que demandó la nción médica de Ada Sosa López en la clínica La Sagrada ilia. La efectiva prestación del servicio se acreditó, a vez, con la absolución de posiciones obrante a fs. 133

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. y la carta documento suscripta por la paciente reservada en secretaría reconocida en ese acto, como asimismo por medio de la declaración de la jefa de admisión de la clínica que corre a fs. 151/152.

  3. ) Que la demandada pretendió cuestionar la condición de beneficiaria del servicio de la codemandada S.L. y la existencia de autorización por parte del funcionario competente para comprometer a la provincia.

    Pero la falta de diligencia en la producción de la prueba (ver fs. 215) le impidió acreditar los extremos necesarios para fundar esas defensas, como las restantes expuestas en su escrito de responde. Ante tales circunstancias, que permiten atribuir responsabilidad exclusiva al Estado provincial, debe rechazarse la demanda seguida contra A.S.L. y C.A.S. para lo cual resulta indiferente la actitud procesal que asumieron.

  4. ) Que, en efecto, las facturas cuyo cobro se persigue (y que constituyen "el motivo de la presente demanda", según lo declarado en fs. 75), fueron emitidas a nombre exclusivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, conforme resulta de fs. 15/39, a la vez que el ingreso de la paciente en el centro asistencial fue admitido de acuerdo con los términos de la carta dirigida por el mencionado ministerio a la actora (fs. 40), en la que se expresa textualmente que el citado ministerio "se hará cargo de los gastos que demande su atención".

  5. ) Que la emisión de las facturas a nombre del

    - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires stituye un acto de la demandante que evidencia los térmide la relación jurídica celebrada entre ambas partes, en to resulta plenamente coincidente con el contenido de la unicación cursada por el citado ministerio. La relación tractual aparece así plasmada de modo que no caben dudas rca de su alcance, si se aplica para juzgarlo la regla erpretativa establecida en el art. 218, inc. 4° del Código Comercio, que establece que "los hechos de los contrates, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo se discute, serán la mejor explicación de la intención de partes al tiempo de celebrar el contrato".

  6. ) Que cabe agregar a lo expuesto que no existen stancias en la causa que desvirtúen los efectos de dicha tratación, ya que la actora no ha agregado el convenio con Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos es -cuya existencia reconoció al demandar y al formular la olución de posiciones para la contraria (fs. 74 vta. y , 1a. posición)- por lo que no aportó elementos idóneos a fundar la posibilidad de reclamar a los beneficiarios el o de los servicios médicos prestados. En ese sentido, no e formular una interpretación extensiva de tales estiaciones en favor de terceros, que conduzca a incorporar a beneficiarios a una relación jurídica en cuya celebración participaron y de la que sólo saben que les permite ener atención médica y hospitalaria en forma gratuita, iante el pago de una contraprestación mensual.

  7. ) Que, dentro del marco de relaciones jurídicas

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. antes descripto, surge un beneficio económico para las entidades que prestan servicios médicos u hospitalarios, derivada de la gran cantidad de pacientes que acceden a ellas en virtud de las estipulaciones que en su favor celebran las obras sociales u organizaciones destinadas a ese objeto, por las que los asociados obtienen prestaciones que con sus recursos propios no podrían afrontar. En esas condiciones, la elección del establecimiento por el paciente, no aparece condicionada por los eventuales costos que implique la atención médica, ya que la perspectiva de satisfacerlos no constituye para el beneficiario una hipótesis prevista en su relación jurídica con su obra social u organización equivalente.

  8. ) Que, por las razones expuestas, la suscripción de cláusulas de adhesión en una situación de necesidad, que impide valorar adecuadamente el alcance de ellas y que usualmente no confieren alternativa para el paciente o sus familiares, carece de efectos para alterar los términos de la relación contractual celebrada entre el prestador del servicio médico y la obra social o entidad con quien se concertó la relación jurídica en virtud de la cual el paciente accede al tratamiento. Por ello, ni la postura procesal de las codemandadas A.S.L. y C.A.S. ni los reconocimientos por éstas efectuadas en juicio, conducen a admitir la demanda a su respecto, ya que ésta no encuentra sustento jurídico en las constancias existentes en la causa (art. 60 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  9. ) Que corresponde ahora determinar la proceden-

    -cia del monto de la indemnización. Según el informe peril contable de fs. 174/176, de los libros de la actora surla emisión de las facturas y de la nota de débito cuya ta de pago motiva su reclamo. Asimismo, mediante la carta umento agregada en copia a fs. 12, cuya autenticidad y reción se acredita a fs. 188, quedó comprobada la intimación sada a la demandada.

    10) Que, de tal manera, cabe establecer la compenión de la depreciación monetaria que resulta admisible y intereses devengados sobre las sumas adeudadas.

    11) Que, al respecto, en reiteradas oportunidades a Corte ha sostenido que el reconocimiento del reajuste etario deriva de la variación del poder adquisitivo de la eda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la prodad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional llos: 303:1317; 310:689 y 1706; 311:947; S.575 XXIII "Se- , F.H. y otros c/ Baiter S.A." del 17 de marzo 1992; F.329 XXII "Federación de Círculos Católicos de eros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes" 22 de diciembre de 1993).

    En consecuencia, la actualización de las sumas udadas será admitida desde la oportunidad en que cada una las facturas resultó exigible -15 de febrero de 1991- hasel 1° de abril de ese año (art. 8°, ley 23.928; causa A.

    XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco, P. s/ cobro de pesos", sentencia del 19 de octubre de 3). A ese fin se aplica el índice de precios al consumidor elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. tales pautas, se fija la deuda en la suma de 803

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. pesos para la factura n° 6604 y en la de 11.125 pesos para la n° 6537.

    12) Que también resulta procedente el reclamo de intereses pues la demandada se encuentra en mora a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura (art. 509 del Código Civil), ya que no negó su recepción cuando fue intimada de pago, ni desconoció las fechas de vencimiento precisamente referidas en la carta documento antes aludida. Por consiguiente, dichos accesorios deben ser calculados a la tasa del 6% anual, por tratarse de valores actualizados, desde del 15 de febrero de 1991 hasta el 31 de marzo de ese año. A partir de entonces y hasta el efectivo pago se devengará la tasa de interés que resulte aplicable (causa C.58 XXIII "Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad" del 23 de febrero de 1993).

    13) Que la actora incluye en su pretensión el importe de la nota de debito n° 400, mas este monto no resulta aceptable en razón de que no encuentra justificación en la prestación de un servicio médico -como sucede con los otros documentos ya examinados- sino que corresponde a intereses devengados sobre las facturas nros.

    6604 y 6537.

    14) Que, de lo contrario, habida cuenta de que conforme surge de los considerandos precedentes se han reconocido los réditos respectivos, la admisión de dicho reclamo importaría para el actor un enriquecimiento sin causa.

    Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por Asistencia Médica Privada S.A.C. contra la Provincia

    - de Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo treinta días, la suma de 11.928 pesos con más los intereliquidados de acuerdo con las pautas indicadas en el conerando 12. Con costas. II.- Rechazar la demanda interpuescontra A.S.L. y C.A.S..

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios de los doctores G.R.J., N.V. y A.I.F., en conjunto, en la a de dos mil seiscientos diez pesos ($ 2.610).

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico L. ncisco A.A.F. en la suma de quinientos nota y seis pesos ($ 596) y los de la perito contadora N. ciela R. en la de setecientos quince pesos ($ 715) t. 3°, decreto-ley 16.638/57). N. y, oportunamenarchívese. JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - ARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia parcial) - AUGUSTO AR BELLUSCIO (en disidencia parcial) - ENRIQUE SANTIAGO RACCHI (en disidencia parcial) - ANTONIO BOGGIANO (su o) - G.A.F.L. -G.A.B. (en idencia parcial) - A.R.V..

    COPIA VO

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

  10. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema como se resolvió a fs. 86.

  11. ) Que no obstante las evasivas que pone de manifiesto la declaración efectuada a fs. 151 por el doctor A.R.P., no ha mediado negativa expresa acerca de la autenticidad de la nota que en copia obra a fs. 40 ni tampoco de la firma que la suscribe en su carácter de subdirector de la Región Sanitaria VII, cargo que admitió desempeñar desde el año 1988 hasta mediados de 1991. Cabe por lo tanto tener por cierto que, como surge de esa pieza documental de fecha 20 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud Pública provincial se hizo cargo de los gastos que demandó la atención médica de Ada Sosa López en la clínica La Sagrada Familia. La efectiva prestación del servicio se acreditó, a la vez, con la absolución de posiciones obrante a fs. 133 y la carta documento suscripta por la paciente reservada en secretaría reconocida en ese acto, como asimismo por medio de la declaración de la jefa de admisión de la clínica que corre a fs. 151/152.

  12. ) Que la demandada pretendió cuestionar la condición de beneficiaria del servicio de la codemandada S.L. y la existencia de autorización por parte del funcionario competente para comprometer a la provincia.

    Pero la falta de diligencia en la producción de la prueba (ver fs. 215) le impidió acreditar los extremos necesarios para fundar

    - esas defensas, como las restantes expuestas en su escride responde. Ante tales circunstancias, que permiten atrir responsabilidad exclusiva al Estado provincial, debe rezarse la demanda seguida contra A.S.L. y C. cia Sosa para lo cual resulta indiferente la actitud proal que asumieron.

  13. ) Que, en efecto, las facturas cuyo cobro se perue (y que constituyen "el motivo de la presente demanda", ún lo declarado en fs. 75), fueron emitidas a nombre exsivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos es, conforme resulta de fs. 15/39, a la vez que el ingreso la paciente en el centro asistencial fue admitido de erdo con los términos de la carta dirigida por el mencioo ministerio a la actora (fs. 40), en la que se expresa tualmente que el citado ministerio "se hará cargo de los tos que demande su atención".

  14. ) Que la emisión de las facturas a nombre del Miterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires constituye acto de la demandante que evidencia los términos de la reión jurídica celebrada entre ambas partes, en tanto resulplenamente coincidente con el contenido de la comunicación sada por el citado ministerio. La relación contractual rece así plasmada de modo que no caben dudas acerca de su ance, si se aplica para juzgarlo la regla interpretativa ablecida en el art. 218, inc. 4° del Código de Comercio, establece que "los hechos de los contrayentes, siguientes al contrato, que tengan relación con lo que se cute, serán la mejor explicación de la intención de las

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. partes al tiempo de celebrar el contrato".

  15. ) Que cabe agregar a lo expuesto que no existen constancias en la causa que desvirtúen los efectos de dicha contratación, ya que la actora no ha agregado el convenio con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires -cuya existencia reconoció al demandar y al formular la absolución de posiciones para la contraria (fs.

    74 vta. y 154, 1a. posición)- por lo que no aportó elementos idóneos para fundar la posibilidad de reclamar a los beneficiarios el pago de los servicios médicos prestados. En ese sentido, no cabe formular una interpretación extensiva de tales estipulaciones en favor de terceros, que conduzca a incorporar a los beneficiarios a una relación jurídica en cuya celebración no participaron y de la que sólo saben que les permite obtener atención médica y hospitalaria en forma gratuita, mediante el pago de una contraprestación mensual.

  16. ) Que, por las razones expuestas, las cláusulas de adhesión, suscriptas en una situación de necesidad que impide valorar adecuadamente el alcance de ellas y que usualmente no confieren alternativa para el paciente o sus familiares, sólo pueden ser consideradas válidamente aceptadas, si se dio razonable oportunidad de conocerlas al adherente, a lo que se agrega que su ejercicio no debe ser abusivo sino razonable, circunstancia que no se ha configurado, atendiendo a las particulares circunstancias en que se realizó la adhesión por parte de la codemandada C.A.S..

    Por otra parte, tal suscripción carece de efectos para alterar los términos de la relación contractual celebrada entre el prestador del servicio médico y la obra social o

    - entidad con quien se concertó la relación jurídica en tud de la cual el paciente accede al tratamiento.

    Por ello, la postura procesal de las codemandadas S.L. y C.A.S., ni los reconocimientos éstas efectuados en el juicio, conducen a admitir la deda a su respecto, ya que ésta no encuentra sustento jurío en las constancias existentes en la causa (art. 60 del igo Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  17. ) Que corresponde ahora determinar la procedencia monto de la indemnización. Según el informe pericial table de fs. 174/176, de los libros de la actora surge la sión de las facturas y de la nota de débito cuya falta de o motiva su reclamo. Asimismo, mediante la carta documento egada en copia a fs. 12, cuya autenticidad y recepción se edita a fs. 188, quedó comprobada la intimación cursada a demandada.

  18. ) Que, de tal manera, cabe establecer la compenión de la depreciación monetaria que resulta admisible y intereses devengados sobre las sumas adeudadas.

    10) Que, al respecto, en reiteradas oportunidades a Corte ha sostenido que el reconocimiento del reajuste etario deriva de la variación del poder adquisitivo de la eda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la piedad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional llos: 303:1317; 310:689 y 1706; 311:947; S.575X. rra, F.H. y otros c/ Baiter S.A." del 17 de zo de 1992; F.329 XXII "Federación de Círculos Católicos Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de austra-

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. les" del 22 de diciembre de 1993).

    En consecuencia, la actualización de las sumas adeudadas será admitida desde la oportunidad en que cada una de las facturas resultó exigible -15 de febrero de 1991- hasta el 1° de abril de ese año (art. 8°, ley 23.928; causa A. 667 XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco, Provincia del s/ cobro de pesos", sentencia del 19 de octubre de 1993). A ese fin se aplica el índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con tales pautas se fija la deuda en la suma de 803 pesos para la factura n° 6604 y en la de 11.125 pesos para la n° 6537.

    11) Que también resulta procedente el reclamo de intereses pues la demandada se encuentra en mora a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura (art. 509 del Código Civil), ya que no negó su recepción cuando fue intimada de pago, ni desconoció las fechas de vencimiento precisamente referidas en la carta documento antes aludida. Por consiguiente, dichos accesorios deben ser calculados a la tasa del 6% anual, por tratarse de valores actualizados, desde del 15 de febrero de 1991 hasta el 31 de marzo de ese año. A partir de entonces y hasta el efectivo pago se devengará la tasa de interés que resulte aplicable (causa C.58 XXIII "Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad" del 23 de febrero de 1993).

    12) Que la actora incluye en su pretensión el importe de la nota de debito n° 400, mas este monto no resulta

    - aceptable en razón de que no encuentra justificación en prestación de un servicio médico -como sucede con los os documentos ya examinados- sino que corresponde a interedevengados sobre las facturas nros. 6604 y 6537.

    13) Que, de lo contrario, habida cuenta de que forme surge de los considerandos precedentes se han recoido los réditos respectivos, la admisión de dicho reclamo ortaría para el actor un enriquecimiento sin causa.

    Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seda por Asistencia Médica Privada S.A.C. contra la Provinde Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de inta días, la suma de 11.928 pesos con más los intereses uidados de acuerdo con las pautas indicadas en el conerando 11. Con costas. II.- Rechazar la demanda interpuescontra A.S.L. y C.A.S..

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios de los doctores G.R.J., N.V. y A.I.F., en conjunto, en la a de dos mil seiscientos diez pesos ($ 2.610).

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico L. ncisco A.A.F. en la suma de quinientos nota y seis pesos ($ 596) y los de la perito contadora N. ciela R. en la de setecientos quince pesos ($ 715) t. 3°, decreto-ley 16.638/57). N. y, oportunamenarchívese.ANTONIO BOGGIANO.

    COPIA DISI

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Y DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR 1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema como se resolvió a fs. 86.

  19. ) Que no obstante las evasivas que pone de manifiesto la declaración efectuada a fs. 151 por el doctor A.R.P., no ha mediado negativa expresa acerca de la autenticidad de la nota que en copia obra a fs. 40 ni tampoco de la firma que la suscribe en su carácter de subdirector de la Región Sanitaria VII, cargo que admitió desempeñar desde el año 1988 hasta mediados de 1991. Cabe por lo tanto tener por cierto que, como surge de esa pieza documental de fecha 20 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud Pública provincial se hizo cargo de los gastos que demandó la atención médica de Ada Sosa López en la clínica La Sagrada Familia. La efectiva prestación del servicio se acreditó, a la vez, con la absolución de posiciones obrante a fs. 133 y la carta documento suscripta por la paciente reservada en secretaría reconocida en ese acto, como asimismo por medio de la declaración de la jefa de admisión de la clínica que corre a fs. 151/152.

  20. ) Que la demandada pretendió cuestionar la condición de beneficiaria del servicio de la codemandada S.L. y la existencia de autorización por parte del funcionario competente para comprometer a la provincia.

    Pero la falta de diligencia en la producción de la prueba (ver fs. 215)

    - le impidió acreditar los extremos necesarios para fundar s defensas, como las restantes expuestas en su escrito de ponde. Ante tales circunstancias, que permiten atribuir ponsabilidad exclusiva al Estado provincial, debe hazarse la demanda seguida contra A.S.L. y C. cia Sosa para lo cual resulta indiferente la actitud cesal que asumieron.

  21. ) Que, en efecto, las facturas cuyo cobro se perue (y que constituyen "el motivo de la presente demanda", ún lo declarado en fs. 75), fueron emitidas a nombre exsivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos es, conforme resulta de fs. 15/39, a la vez que el ingreso la paciente en el centro asistencial fue admitido de erdo con los términos de la carta dirigida por el mencioo ministerio a la actora (fs. 40), en la que se expresa tualmente que el citado ministerio "se hará cargo de los tos que demande su atención".

  22. ) Que la emisión de las facturas a nombre del Miterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires constituye acto de la demandante que evidencia los términos de la reión jurídica celebrada entre ambas partes, en tanto resulplenamente coincidente con el contenido de la comunicación sada por el citado ministerio. La relación contractual rece así plasmada de modo que no caben dudas acerca de su ance, si se aplica para juzgarlo la regla interpretativa ablecida en el art. 218, inc. 4° del Código de Comercio, establece que "los hechos de los contrayentes, siguientes al contrato, que tengan relación con lo que se cute, serán la mejor explicación de la intención de las

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. partes al tiempo de celebrar el contrato".

  23. ) Que cabe agregar a lo expuesto que no existen constancias en la causa que desvirtúen los efectos de dicha contratación, ya que la actora no ha agregado el convenio con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires -cuya existencia reconoció al demandar y al formular la absolución de posiciones para la contraria (fs.

    74 vta. y 154, 1a. posición)- por lo que no aportó elementos idóneos para fundar la posibilidad de reclamar a los beneficiarios el pago de los servicios médicos prestados. En ese sentido, no cabe formular una interpretación extensiva de tales estipulaciones en favor de terceros, que conduzca a incorporar a los beneficiarios a una relación jurídica en cuya celebración no participaron y de la que sólo saben que les permite obtener atención médica y hospitalaria en forma gratuita, mediante el pago de una contraprestación mensual.

  24. ) Que, dentro del marco de relaciones jurídicas antes descripto, surge un beneficio económico para las entidades que prestan servicios médicos u hospitalarios, derivada de la gran cantidad de pacientes que acceden a ellas en virtud de las estipulaciones que en su favor celebran las obras sociales u organizaciones destinadas a ese objeto, por las que los asociados obtienen prestaciones que con sus recursos propios no podrían afrontar. En esas condiciones, la elección del establecimiento por el paciente, no aparece condicionada por los eventuales costos que implique la atención médica, ya que la perspectiva de satisfacerlos no constituye

    - para el beneficiario una hipótesis prevista en su relan jurídica con su obra social u organización equivalente.

  25. ) Que, por las razones expuestas, la suscripción cláusulas de adhesión en una situación de necesidad, que ide valorar adecuadamente el alcance de ellas y que usualte no confieren alternativa para el paciente o sus famires, carece de efectos para alterar los términos de la ación contractual celebrada entre el prestador del servimédico y la obra social o entidad con quien se concertó relación jurídica en virtud de la cual el paciente accede tratamiento. Por ello, la postura procesal de las codemanas A.S.L. y C.A.S. ni los reconocintos por éstas efectuadas en juicio, conducen a admitir la anda a su respecto, ya que ésta no encuentra sustento ídico en las constancias existentes en la causa (art. 60 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  26. ) Que corresponde ahora determinar la procedencia monto de la indemnización. Según el informe pericial table de fs. 174/176, de los libros de la actora surge la sión de las facturas y de la nota de débito cuya falta de o motiva su reclamo. Asimismo, mediante la carta documento egada en copia a fs. 12, cuya autenticidad y recepción se edita a fs. 188, quedó comprobada la intimación cursada a demandada.

    10) Que, de tal manera, cabe establecer la compenión de la depreciación monetaria que resulta admisible y intereses devengados sobre las sumas adeudadas.

    11) Que al respecto en reiteradas oportunidades es- Corte ha sostenido que el reconocimiento del reajuste mo-

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    ORIGINARIO

    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. netario deriva de la variación del poder adquisitivo de la moneda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la propiedad tutelada por el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 303:1317; 310:689 y 1706; 311:947; S.575X. "Serra, F.H. y otros c/ Baiter S.A." del 17 de marzo de 1992; F.329 XXII "Federación de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes" del 22 de diciembre de 1993).

    En consecuencia, la actualización de las sumas adeudadas será admitida desde la oportunidad en que cada una de las facturas fue emitida -31 de diciembre de 1990hasta el 1° de abril de 1991 (art. 8°, ley 23.928; disidencia parcial de los jueces L., N., C.M. y M. O'Connor en la causa: A.667 XXII "Asistencia Médica Privada S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ cobro de pesos", sentencia del 19 de octubre de 1993). A ese fin se aplica el índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Bajo tales pautas se fija la deuda en la suma de 900 pesos para la factura n° 6604 y en la de 12.467 pesos para la n° 6537.

    12) Que también resulta procedente el reclamo de intereses pues la demandada se encuentra en mora a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura (art. 509 del Código Civil), ya que no negó su recepción cuando fue intimada de pago, ni desconoció las fechas de vencimiento precisamente referidas en la carta documento antes aludida. Por consiguiente, dichos accesorios deben ser calculados

    - a la tasa del 6% anual, por tratarse de valores actualios, desde del 15 de febrero de 1991 hasta el 31 de marzo ese año. A partir de entonces y hasta el efectivo pago se engará la tasa de interés que resulte aplicable (causa C.

    XXIII "Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. c/ ección Nacional de Vialidad" del 23 de febrero de 1993).

    13) Que la actora incluye en su pretensión el imte de la nota de debito n° 400, mas este monto no resulta ptable en razón de que no encuentra justificación en la stación de un servicio médico -como sucede con los otros umentos ya examinados- sino que corresponde a intereses engados sobre las facturas nros. 6604 y 6537.

    14) Que de lo contrario y habida cuenta de que forme surge de los considerandos precedentes se han recoido los réditos respectivos, la admisión de dicho reclamo ortaría para el actor un enriquecimiento sin causa.

    Por ello, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguipor Asistencia Médica Privada S.A.C. contra la Provincia Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de inta días, la suma de 13.367 pesos con más los intereses uidados de acuerdo con las pautas indicadas en el considedo 12. Con costas. II.- Rechazar la demanda interpuesta tra A.S.L. y C.A.S.. N. y, rtunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE ONNOR.

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A.

    BOSSERT Considerando:

  27. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema, como se resolvió a fs. 86.

  28. ) Que no obstante las evasivas que pone de manifiesto la declaración efectuada a fs. 151 por el doctor A.R.P., no ha mediado negativa expresa acerca de la autenticidad de la nota que en copia obra a fs. 40 ni tampoco de la firma que la suscribe en su carácter de subdirector de la Región Sanitaria VII, cargo que admitió desempeñar desde el año 1988 hasta mediados de 1991. Cabe por lo tanto tener por cierto que, como surge de esa pieza documental de fecha 20 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud provincial se hizo cargo de los gastos que demandó la atención médica de Ada Sosa López en la clínica La Sagrada Familia. La efectiva prestación del servicio se acreditó, a la vez, con la absolución de posiciones obrante a fs. 133 y con la carta documento suscripta por la paciente, reservada en secretaría y reconocida en ese acto, como asimismo por medio de la declaración de la jefa de admisión de la clínica que corre a fs. 151/152.

  29. ) Que la Provincia de Buenos Aires pretendió cuestionar la condición de beneficiaria del servicio de la codemandada S.L. y la existencia de autorización por parte del funcionario competente para obligar a la provincia. Pero la falta de diligencia en la producción de la

    - prueba (ver fs. 215) le impidió acreditar los extremos esarios para fundar esas defensas, como las restantes exstas en su escrito de responde. Ante tales circunstancias responsabilidad del Estado provincial resulta comprometi- 4°) Que la situación procesal de las codemandadas S.L. y C.A.S., declaradas rebeldes, a la presunción prevista en el art. 356, inc. 1°, del Cóo Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, la ma no determina un resultado ineludible en cuanto a la rte del reclamo, sino que establece "podrán estimarse o reconocimento de la verdad de los hechos pertinentes y itos"; y el art. 60 dispone que declarada la rebeldía la tencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo ablecido en el art. 356, inc. 1°, y en caso de duda consuirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados la otra parte. De manera que la rebeldía de las demandadebe ser juzgada en relación a las pruebas aportadas y diversos elementos de la causa, ya que aquélla no basta a que se dicte sentencia condenatoria, y si la prueba rtada carece de idoneidad para avalar el reclamo del actor ra en la potestad judicial rechazar la demanda (por todos:

    tiago F., Código Procesal Civil y Comercial Comentado, págs. 135 y sgtes., 2a. ed.).

  30. ) Que respecto de Ada Sosa López los elementos de os confluyen a descartar su responsabilidad. Fue atendida urgencia en el sanatorio de la actora por derivación del isterio de Salud provincial conforme a lo que surge de la a cuya copia obra a fs. 40, según se señala en los

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. considerandos precedentes, configurándose, en los términos del art. 504 del Coódigo Civil, un vínculo contractual en beneficio de tercero, la señora S.L., quien recibiría -y recibió- la atención médica del promitente, la entidad actora, a cargo del estipulante que encomendó la prestación del servicio médico. De manera que de la tipificación contractual que surge de autos no deriva responsabilidad para la beneficiaria.

    En cuanto al documento cuya copia obra a fs. 14 ("Reglamento Interno" de la entidad actora) la cláusula obligacional predispuesta que figura al pie no fue firmada por la paciente, por lo que tampoco surge de dicho instrumento el pretendido vínculo obligacional.

    En cuanto a su absolución de posiciones (fs. 133) tampoco determina el reconocimiento de un vínculo obligacional, ya que sólo reconoció haber sido atendida en la clínica y su firma puesta en una carta (copia a fs. 9) en la que, lejos de admitir su pretendida obligación, alude al trámite tendiente al pago que estaría realizando el ministerio que encomendó el servicio.

    Este conjunto de elementos de juicio determinan que no pueda prevalecer la presunción que surge de la rebeldía, y en cambio, exige admitir que no hay vínculo obligacional entre la actora y la señora S.L., por lo que a su respecto debe rechazarse la demanda.

  31. ) Que distinta es la situación de la señora C.A.S., quien firmó la ya mencionada cláusula

    - obligacional en el instrumento reconocido a fs. 133 ., por la cual asumió la responsabilidad solidaria por el o de las facturas. Si bien se trata de una cláusula prepuesta por la actora, cuya aceptación y firma fue requerien momentos de urgencia, no puede el tribunal declararla ficaz de oficio, ya que son anulables de nulidad relativa actos en que median vicios de la voluntad o implican len, por lo que la declaración de nulidad sólo puede ser ha a pedido de parte (arts. 1045, 1047, 1048, 954 Código il), lo que no ha ocurrido en estos autos.

  32. ) Que corresponde entonces determinar el monto de condena. Según el informe pericial contable de fs.

    /176, de los libros de la actora surge la emisión de las turas y de la nota de débito cuya falta de pago motiva su lamo. Asimismo, mediante las cartas documento agregadas en ias a fs. 8 y 12, cuya autenticidad y recepción se edita a fs. 188, quedaron comprobadas las intimaciones sadas a las codemandadas S.L. y Provincia de Buenos es.

  33. ) Que, de tal manera, cabe establecer la compenión de la depreciación monetaria que resulta admisible y intereses devengados sobre las sumas adeudadas.

  34. ) Que, al respecto, en reiteradas oportunidades a Corte ha sostenido que el reconocimiento del reajuste etario deriva de la variación del poder adquisitivo de la eda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la prodad tutelada por el artículo 17 de la Constitución Nacio- (Fallos: 303:1317; 310:689 y 1706; 311:947; S.575.XXIII rra, F.H. y otros c/ Baiter S.A." del 17 de

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. marzo de 1992; F.329.XXII "Federación de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes" del 22 de diciembre de 1993).

    En consecuencia, la actualización de las sumas adeudadas será admitida desde la oportunidad en que cada una de las facturas resultó exigible -15 de febrero de 1991- hasta el 1° de abril de ese año (art. 8°, ley 23.928; causa A. 667.XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco, Provincia del s/ cobro de pesos", sentencia del 19 de octubre de 1993). A ese fin se aplica el índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con tales pautas, se fija la deuda en la suma de 803 pesos para la factura 6604 y en la de 11.125 pesos para la 6537.

    10) Que también resulta procedente el reclamo de intereses pues las demandadas se encuentran en mora a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura (art. 509 del Código Civil), ya que no negaron su recepción al ser intimadas de pago, ni desconocieron las fechas de vencimiento precisamente referidas en las respectivas cartas documento antes aludidas. Por consiguiente, dichos accesorios deben ser calculados a la tasa del 6% anual, por tratarse de valores actualizados, desde el 15 de febrero de 1991 hasta el 31 de marzo de ese año. A partir de entonces y hasta el efectivo pago se devengará la tasa de interés que resulte aplicable (causa C.58.XXIII. "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", fallada el 23

    - de febrero de 1993).

    11) Que la actora incluye en su pretensión el imte de la nota de débito n° 400, mas este monto no resulta ptable en razón de que no encuentra justificación en la stación de un servicio médico -como sucede con los otros umentos ya examinados- sino que corresponde a intereses engados sobre las facturas 6604 y 6537.

    12) Que, de lo contrario, habida cuenta de que -sesurge de los considerandos precedentes- se han reconocido réditos respectivos, la admisión de dicho reclamo ortaría para el actor un enriquecimiento sin causa.

    Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida Asistencia Médica Privada S.A.C. contra la Provincia de nos Aires y C.A.S., y condenarlas a pagar, tro del plazo de treinta días, la suma de 11.928 pesos con los intereses liquidados de acuerdo con las pautas icadas en el considerando 10. Con costas (art. 68, Código cesal Civil y Comercial de la Nación). R. en lo respecta a la pretensión deducida contra A.S.L..

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios de los doctores G.R.J., N.V. y A.I.F., en conjunto, en la a de dos mil seiscientos diez pesos ($ 2.610).

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico L. ncisco A.A.F. en la suma de quinientos nota y seis pesos ($ 596) y los de la perito contadora N. ciela R. en la de setecientos quince pesos ($ 715) t. 3°, decreto-ley 16.638/57). N. y, oportunamenarchívese. G.A.B..

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

    DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

  35. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema, como se resolvió a fs. 86.

  36. ) Que no obstante las evasivas que pone de manifiesto la declaración efectuada a fs. 151 por el doctor A.R.P., no ha mediado negativa expresa acerca de la autenticidad de la nota que en copia obra a fs. 40 ni tampoco de la firma que la suscribe en su carácter de subdirector de la Región Sanitaria VII, cargo que admitió desempeñar desde el año 1988 hasta mediados de 1991. Cabe por lo tanto tener por cierto que, como surge de esa pieza documental de fecha 20 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud provincial se hizo cargo de los gastos que demandó la atención médica de Ada Sosa López en la clínica La Sagrada Familia. La efectiva prestación del servicio se acreditó, a la vez, con la absolución de posiciones obrante a fs. 133 y con la carta documento suscripta por la paciente, reservada en secretaría y reconocida en ese acto, como asimismo por medio de la declaración de la jefa de admisión de la clínica que corre a fs. 151/152.

  37. ) Que la Provincia de Buenos Aires pretendió cuestionar la condición de beneficiaria del servicio de la codemandada S.L. y la existencia de autorización por parte del funcionario competente para obligar a la provincia. Pero la falta de diligencia en la producción de la prueba (ver fs. 215) le impidió acreditar los extremos necesa-

    -rios para fundar esas defensas, como las restantes exstas en su escrito de responde. Ante tales circunstancias responsabilidad del Estado provincial resulta comprometi- 4°) Que la situación procesal de las codemandadas S.L. y C.A.S., declaradas rebeldes, a a su respecto la presunción prevista en el artículo 356, iso 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la ión, corroborada por los reconocimientos expresos efectuaen las respectivas audiencias de absolución de posiciones . 133/133 vta.- en cuanto a la prestación del servicio a primera nombrada (ver su respuesta a la posición 2), y en que respecta a la obligación asumida por la codemandada mona A.S. (ver su respuesta a la posición 1) como dora solidaria. Todo ello determina que la demanda deba sperar, también, contra ellas.

  38. ) Que corresponde entonces determinar el monto de condena. Según el informe pericial contable de fs.

    /176, de los libros de la actora surge la emisión de las turas y de la nota de débito cuya falta de pago motiva su lamo. Asimismo, mediante las cartas documento agregadas en ias a fs. 8 y 12, cuya autenticidad y recepción se edita a fs. 188, quedaron comprobadas las intimaciones sadas a las codemandadas S.L. y Provincia de Buenos es.

  39. ) Que, de tal manera, cabe establecer la compenión de la depreciación monetaria que resulta admisible y intereses devengados sobre las sumas adeudadas.

  40. ) Que, al respecto, en reiteradas oportunidades

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos. esta Corte ha sostenido que el reconocimiento del reajuste monetario deriva de la variación del poder adquisitivo de la moneda, doctrina que se funda en la inviolabilidad de la propiedad tutelada por el artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 303:1317; 310:689 y 1706; 311:947; S.575. X. "Serra, F.H. y otros c/ Baiter S.A." del 17 de marzo de 1992; F.329.XXII "Federación de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes" del 22 de diciembre de 1993).

    En consecuencia, la actualización de las sumas adeudadas será admitida desde la oportunidad en que cada una de las facturas resultó exigible -15 de febrero de 1991- hasta el 1° de abril de ese año (art. 8°, ley 23.928; causa A. 667.XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco, Provincia del s/ cobro de pesos", sentencia del 19 de octubre de 1993). A ese fin se aplica el índice de precios al consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con tales pautas, se fija la deuda en la suma de 803 pesos para la factura 6604 y en la de 11.125 pesos para la 6537.

  41. ) Que también resulta procedente el reclamo de intereses pues las demandadas se encuentran en mora a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura (art. 509 del Código Civil), ya que no negaron su recepción al ser intimadas de pago, ni desconocieron las fechas de vencimiento precisamente referidas en las respectivas cartas documento antes aludidas. Por consiguiente, dichos accesorios deben

    - ser calculados a la tasa del 6% anual, por tratarse de ores actualizados, desde el 15 de febrero de 1991 hasta el de marzo de ese año. A partir de entonces y hasta el ctivo pago se devengará la tasa de interés que resulte icable (causa C.58.XXIII. "Consultora O.G.G. y ciados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", fallada 23 de febrero de 1993).

  42. ) Que la actora incluye en su pretensión el imte de la nota de débito n° 400, mas este monto no resulta ptable en razón de que no encuentra justificación en la stación de un servicio médico -como sucede con los otros umentos ya examinados- sino que corresponde a intereses engados sobre las facturas 6604 y 6537.

    10) Que, de lo contrario, habida cuenta de que -sesurge de los considerandos precedentes- se han reconocido réditos respectivos, la admisión de dicho reclamo ortaría para el actor un enriquecimiento sin causa.

    Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida Asistencia Médica Privada S.A.C. contra la Provincia de nos Aires, A.S.L. y C.A.S., y condelas a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de 928 pesos con más los intereses liquidados de acuerdo con pautas indicadas en el considerando 8°. Con costas (art.

    Código Procesal Cicil y Comercial de la Nación).

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, c y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios de los doctores G.R.J.,

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    Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Buenos Aires, Provincia de (Hospital Zonal de Agudos C.M.D.P.) y otros s/ cobro de pesos.

    N.G.V. y A.I.F., en conjunto, en la suma de dos mil seiscientos diez pesos ($ 2.610).

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico L.F.A.A.F. en la suma de quinientos noventa y seis pesos ($ 596) y los de la perito contadora N.G.R. en la de setecientos quince pesos ($ 715) (art. 3°, decreto-ley 16.638/57). N. y, oportunamente, archívese. A.C.B. -E.S.P..