Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de Mayo de 1997, I. 31. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación.

S.C. I.31.XXIII.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

I La presente acción de consignación de aportes previsionales de docentes primarios y de jardín de infantes, está dirigida contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, en virtud de que al tiempo de iniciación de la demanda, expresa el actor, coexistían dos leyes (una provincial la 14.027 y otra nacional, la 18.037), que lo obligaban a efectuar los aportes previsionales del personal que presta funciones docentes en establecimientos educativos privados a cada uno de los organismos respectivos, Dirección Nacional de Recaudación Previsional y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Señala que ambas reparticiones pretendían percibir dichos aportes previsionales, olvidando que no puede existir una doble aportación.

Sigue diciendo, que los haberes de los docentes mencionados se encuentran subvencionados por la Provincia de Buenos Aires, y que la Dirección de Escuelas no oficiales, dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, retiene mensualmente en forma automática, de las partidas de subvención, los aportes correspondientes a los referidos docentes, lo que impide su consignación.

Por otro lado, deja constancia que al no ser de la

ma identidad el porcentaje a pagar por aportes en las distas jurisdicciones, y al no poder saber cual es la acreea, oportunamente integrará las diferencias que correspony que la consignación se inicia en virtud de que ambos demandados se atribuyen el carácter de titulares del derede percepción de los mencionados aportes y con el fin de erse a resguardo de acciones judiciales de ambos organis- (ver fs. 104/105 y sus ampliaciones de fs. 109, 120, 122, , 138 y 147).

II A fs. 149/154, se presenta la Provincia de Buenos es, sosteniendo la constitucionalidad de la norma local y carácter de acreedora, sin perjuicio de negar asimismo, la stencia de conflicto de la norma provincial con la nanal y con lo dispuesto en la Constitución Nacional, o que sta doble aportación, así como que el artículo 2°, inciso de la ley 18.037, sea aplicable al personal docente de los ablecimientos educacionales reconocidos en la Provincia de nos Aires.

Destaca que la ley nacional 18.037, no incluye a docentes de establecimientos privados en el ámbito de la vincia de Buenos Aires, en tanto que se refiere a los dotes que presten servicio en los establecimientos de jurisción nacional.

Pone de resalto que, si bien es cierto que la Consución Nacional acuerda competencia al Congreso Federal, a dictar la legislación laboral y de seguridad social

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(Art. 67, inciso 11), no es menos cierto que dicho cuerpo fundamental está estructurado sobre la base de una necesaria armonización entre las retribuciones delegadas al gobierno federal y las que se han reservado los gobiernos provinciales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación -añadeha expresado que no es cierto que la ley nacional siempre prevalezca sobre la provincial, pues ante todo corresponde indagar si la primera ha sido dictada en consecuencia de los poderes que la Constitución atribuye al Congreso Nacional, de modo que una ley de ese carácter puede no ser constitucional, frente a una provincial que sí lo es.

Agrega que en el caso se trata de un mecanismo provincial, por el cual se pretende dar cumplimiento al imperativo constitucional de asegurar la educación primaria en su ámbito territorial.

Así también, que la llamada escuela privada, resulta ser un establecimiento público provincial en los términos que le asigna el art. 7°, del Pacto de San José de Flores, ya que imparte, la enseñanza primaria oficial pública común de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual resulta innegable la facultad del Estado local para legislar la actividad docente y todas las materias referidas a ello, inclusive el régimen de previsión, porque es una actividad administrativa que debe ser regulada por el Derecho Administrativo local.

A fs. 176, se presenta nuevamente la Provincia de Buenos Aires, acompañando fotocopia del Boletín Oficial rela

o a la sanción de la ley 23.838, que incorpora a la ley 047 el artículo 20 bis, por el cual el Estado Nacional reoce a las provincias la facultad de incorporar a los dotes privados a sus propios sistemas previsionales, en aldad de condiciones con los docentes oficiales de su judicción.

Por su lado contesta la demanda el Estado Nacional, teniendo el derecho a percibir los aportes previsionales signados, y planteando la inconstitucionalidad de la norma vincial, en tanto entra en colisión con lo previsto en la 18.037, que instituyó el régimen de jubilaciones y siones para trabajadores que prestan servicios en relación dependencia en el ámbito de la Nación (arts. , y ) y los arts. 14 bis y 31 de la Constitución Nacional.

III En lo que concierne a la intervención de esta Proación General, referida al planteo de inconstitucionalidad la norma local que habilita la percepción de los aportes visionales de los docentes de las escuelas privadas de la isdicción provincial, cabe señalar que, en varios cedentes, este Ministerio Público sostuvo la invalidez de norma local, con fundamento en que la actividad de los eslecimientos de actividad docente privada, se hallaban en ámbito de colaboración de la actividad estatal provincial ometida a su control, pero no integraba su organización inistrativa, lo que fue recogido por la jurisprudencia

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del Alto Tribunal.

Empero con posterioridad a ello, conforme a lo dispuesto en la ley 23.838, cuya sanción fue oportunamente denunciada por la Provincia codemandada en autos, se torna insustancial la discusión sobre la invalidez de la norma local, por hallarse en colisión con las disposiciones legales del ámbito federal.

En orden a ello y que V.E. tiene dicho, a su vez, que las sentencias deben atender a la situación existente en el momento de la decisión (Fallos: 267:499, 308:1087 y otros), corresponde tomar en consideración las disposiciones de la nueva ley que rige la cuestión en discusión en la causa, a los fines de dictaminar.

En consecuencia, toda vez que tal normativa reconoce, de modo expreso, en su artículo 2°, reconocer la facultad de las provincias de incorporar a los docentes privados a sus propios sistemas previsionales y que a partir de la sanción de la ley, dejará de percibir el organismo nacional los respectivos aportes, así como deberá quedar sin efecto toda intimación o reclamo por aportes adeudados a partir de la fecha de vigencia de las leyes provinciales correspondientes, aspectos éstos que motivaron, según los dichos de la actora, la promoción de la demanda de consignación, y a sostener la constitucionalidad de la disposición legal provincial y el planteo de inconstitucionalidad del organismo nacional en su conteste, corresponde declarar que deviene inoficioso expedirse sobre el hoy superado conflicto de leyes y la inconstitucionalidad planteada.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1996.

ANGEL NICOLAS AGÜERO ITURBE

  1. 31. XXIII.

    ORIGINARIO

    Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación.

    Buenos Aires, 19 de mayo de 1997.

    Vistos los autos: "Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación", de los que Resulta:

    I) A fs. 104/106 el "Instituto 25 de Mayo" promueve demanda de pago por consignación de aportes previsionales contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

    Afirma que en el ámbito bonaerense coexisten dos leyes -una nacional y otra provincial- que obligan a efectuar los aportes respecto del personal que cumple funciones docentes en los establecimientos educativos privados en favor de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. En consecuencia, los dos organismos demandados pretenden cobrar esos aportes, con olvido de que no puede existir una doble tributación.

    Por ello consigna y da en pago la suma de australes 1.100.352 correspondiente al mes de abril de 1990, por tres docentes de jardín de infantes y seis de escuela primaria, cuyos haberes no se encuentran subvencionados por la provincia. Añade que al no ser iguales los porcentajes a pagar en una u otra jurisdicción, integrará en su caso la diferencia pertinente.

    A. también que la consignación es procedente en virtud de lo establecido en el art. 757, inc. 4°, del Código Civil, ya que ambos demandados se atribuyen el carácter de

    titulares del derecho a percibir aquellos aportes.

    II) A fs. 109, 120, 132, 138 y 147 la actora deduce sucesivas ampliaciones de la demanda respecto de los aportes correspondientes al período comprendido entre mayo y setiembre de 1990 y deposita las sumas respectivas.

    III) La Provincia de Buenos Aires se presenta y contesta la demanda y sus ampliaciones (fs. 149/154 y 172/ 173). Tras las negativas de práctica, defiende la constitucionalidad de la ley 10.427 y aduce que los depósitos efectuados no han sido hechos en el tiempo, modo, lugar y por el monto debidos.

    IV) También se presenta el Instituto Nacional de Previsión Social -en su carácter de continuador de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y contesta la demanda (fs. 187/189).

    Dice ser el único acreedor de los aportes correspondientes al Instituto 25 de Mayo, de conformidad con lo establecido por la ley 18.037.

    Plantea la inconstitucionalidad de la ley provincial 10.427 y formula reserva de observar la liquidación contenida en la demanda una vez que se proceda a la determinación de los aportes correspondientes.

    V) A fs. 175/177 la provincia denuncia el dictado de la ley 23.838 según la cual, a partir de la fecha de su sanción, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional dejará de percibir los aportes y contribuciones correspondientes a los docentes privados incorporados a los sistemas jubilatorios provinciales. Aduce que esta norma pone término al supuesto conflicto de leyes que invoca la actora e importa

  2. 31. XXIII.

    ORIGINARIO

    Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación. un reconocimiento de la constitucionalidad de la legislación provincial impugnada. Solicita -en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- que las costas sean impuestas a la actora.

    VI) A fs. 196/197 la actora se opone a la postura asumida por el Estado provincial. Dice que la nueva ley comienza a regir a partir de su sanción y que la demanda fue iniciada en una época en la que existía una situación de indefinición pues tanto el organismo nacional como el provincial se disputaban la titularidad del derecho a percibir los aportes previsionales.

    Considerando:

    1. ) Que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

    2. ) Que es jurisprudencia de esta Corte que las sentencias deben atender a la situación existente en el momento de la decisión (Fallos: 216:147; 243:146; 244:298; 259:76; 267:499; 308:1087) por lo que corresponde considerar qué efectos produce en este caso la promulgación de la ley 23.838 que -como se desarrolló en los resultandos de esta sentencia- determina que a partir de su sanción los aportes previsionales deben efectuarse a las provincias, por lo que la Dirección Nacional de Recaudación Previsional los dejará de percibir (cabe aclarar que, en adelante, se aludirá genéricamente al "organismo de recaudación nacional", pues las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Recau

      dación Previsional fueron sucedidas primeramente por el Instituto Nacional de Previsión Social -ley 23.769- luego por el Sistema Unico de Seguridad Social -art. 85 del decreto 2284/91, y finalmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social -decreto 2741/91- competiendo actualmente a la Dirección General Impositiva la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social -decreto 507/93 ratificado por la ley 24.447-).

    3. ) Que, sin perjuicio de ello, es necesario analizar las distintas consignaciones realizadas por la actora, ya que, como surge del art. 1° de la ley 23.838, sus efectos se extienden hacia el futuro, pues es a partir de su sanción que el organismo de recaudación nacional dejará de percibir los respectivos aportes y contribuciones quedando sin efecto toda citación, actas de intimación de deudas o reclamos judiciales o administrativos por aportes y contribuciones adeudados. Al no tener la legislación efectos retroactivos (art. 3°, Código Civil), la cuestión debe ser juzgada a la luz de la imperante en los distintos períodos en que el actor fue pagando por consignación (Fallos: 316:441).

    4. ) Que son aplicables al caso en examen los fundamentos y conclusiones expuestos en las sentencias dictadas en las causas "Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés" (Fallos: 312:418) y E.203.XXI "Escuela de Florida S.R.L.", seguidas contra la Provincia de Buenos Aires y falladas con fecha 30 de marzo de 1989, en las cuales se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial. A ellas corresponde

  3. 31. XXIII.

    ORIGINARIO

    Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación. remitirse en razón de brevedad.

    1. ) Que fue la incertidumbre generada por la legislación provincial la que hizo nacer el derecho de la actora a consignar lo adeudado, requiriendo que la justicia determinase quién era el acreedor. Para ello la legitima el art. 757, inc. 4°, del Código Civil, al establecer que la consignación puede tener lugar cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, y concurrieren otras personas a exigirlo del deudor (confr. Fallos:

      316:441 citado precedentemente).

    2. ) Que la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial -que se impone en virtud de lo expuesto en el considerando 4°- importa el reconocimiento del derecho invocado por el organismo de recaudación nacional, pues sólo él podía percibir las sumas depositadas hasta el 13 de setiembre de 1990. En consecuencia, será dicha codemandada quien tendrá derecho a retirarlas, ya que le corresponden los pagos firmes que se hayan efectuado hasta la fecha de sanción de la nueva ley (art. 1° de ésta) y, como se verá seguidamente, los depósitos anteriores a esa fecha surten todos los efectos del verdadero pago (art.

      759, primera parte, Código Civil).

    3. ) Que, no obstante la reserva formulada en la presentación de fs. 187/189, el organismo de recaudación nacional omitió impugnar las consignaciones efectuadas, por lo cual y de conformidad con lo dispuesto por el art. 759 del Código Civil, corresponde admitir la demanda y las ampliacio

      nes de fs. 109, 120 y 132.

    4. ) Que las costas generadas como consecuencia de la promoción del litigio y de las ampliaciones mencionadas en el considerando anterior deben ser impuestas a la Provincia de Buenos Aires. En efecto, fue ella la que hizo necesario interponer la demanda, ya que con el dictado de la ley provincial 10.427 -reglamentada por el decreto 1565/87- se generó el estado de incertidumbre propicio para que la actora efectuase el reclamo judicial (confr. Fallos: 316:441 antes citada).

    5. ) Que no son óbice a lo expuesto las nuevas disposiciones vigentes -que según la provincia significan el reconocimiento de sus derechos- porque además de no tener efecto retroactivo (art. 3°, Código Civil), ello no debilita las razones y argumentos desarrollados en su momento a la luz de la legislación imperante, la que no se compadecía -como se dijo- con la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 31).

      10) Que, en cambio, los aportes a que se refieren las ampliaciones de fs. 138 y 147 correspondían a la Provincia de Buenos Aires, pues aquéllos se hicieron exigibles con posterioridad al 13 de setiembre de 1990.

      Cabe señalar que la primera de estas ampliaciones fue realizada antes de la publicación de la ley 23.838. En consecuencia, si bien los aportes consignados se ven alcanzados por su vigencia, es obvio que al momento de efectuarse la consignación de fs. 138 persistía el estado de incertidumbre referido en el considerando octavo.

      Por otra parte, debe desestimarse la impugnación efectuada por la provincia respecto de la integralidad y

  4. 31. XXIII.

    ORIGINARIO

    Instituto 25 de Mayo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación. oportunidad del pago.

    Ello es así, pues el depósito de fs. 138 fue realizado dentro del plazo previsto por el art. 10 de la ley provincial 9650/80.

    Por otra parte, cabe señalar que frente a la disparidad de los regímenes en cuestión, la actora depositó los aportes previsionales sobre la base de los porcentajes establecidos por la legislación nacional -que son inferiores globalmente a los previstos en el art. 4° de la ley provincial 9650- pero asumió el compromiso de integrar las diferencias pertinentes, en caso de corresponder (confr. fs. 104 vta.in fine/105). Tal proceder se justifica en virtud del estado de incertidumbre aludido que reitérase- fue generado por la propia provincia.

    En consecuencia, corresponde declarar procedente la consignación de los aportes del mes de agosto de 1990 respecto de los docentes indicados en las planillas de fs.

    136/ 137 y reconocer el derecho de la Provincia de Buenos Aires a percibir la suma depositada según la constancia de fs. 135. Ello sin perjuicio de la obligación de la actora de abonar las diferencias que se comprometió a satisfacer.

    Por las razones expuestas, esta codemandada deberá cargar con las costas en relación con los trabajos y gastos realizados por la actora (arts. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 760 del Código Civil).

    11) Que distinto es el caso de la ampliación de fs. 147, ya que ella fue deducida con posterioridad a la publicación oficial de la ley nueva, de manera que ya había ce

    sado la incertidumbre que justificó las consignaciones anteriores. Por ende, no se encontraban reunidas a su respecto los requisitos exigidos por el mencionado art. 757, inc.

    1. , del Código Civil.

    Por ello, se resuelve: I.H. lugar a la demanda y a las ampliaciones de fs. 109, 120, 132 y 138 y, consecuentemente, tener por válidas y con fuerza de pago las consignaciones respectivas, cuyos importes serán percibidos por las codemandadas de acuerdo a lo establecido en los considerandos sexto y décimo; ello sin perjuicio de la obligación de la actora de abonar las diferencias mencionadas en el considerando décimo; con costas a la Provincia de Buenos Aires, en relación con los trabajos y gastos realizados por la actora (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 760 del Código Civil). II. Rechazar la ampliación de demanda de fs. 147, con costas a la actora (art. 68 de la ley ritual). N. y, oportunamente, archívese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - E.S.P. -A.B. -G.A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..