Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de Mayo de 1997, M. 104. XXVII

EmisorCorte Suprema de Justicia de la Nación

M. 104. XXVII.

M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1997.

Vistos los autos: "M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto".

Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., confirmó el fallo de primera instancia en cuanto había admitido la demanda contra el Estado Nacional, en tanto que lo modificó reduciendo el período por el que debían computarse los intereses reclamados. Contra dicha sentencia ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios que fueron concedidos (fs. 188).

  2. ) Que el actor -titular de un certificado de depósito a plazo fijo cuyo vencimiento operaba el 2 de enero de 1990- fue alcanzado por las previsiones del decreto 36/90, por lo que demandó al Estado Nacional -con apoyo en la doctrina de la responsabilidad por el obrar lícito del Estado- reclamando las sumas consignadas en el título en concepto de capital e intereses con deducción de lo percibido en efectivo y del valor real de los bonos externos entregados en canje (art. 1° del decreto 36/90).

    Demandó, asimismo, el cobro de intereses por la demora en la liquidación y pago de su certificado.

  3. ) Que el juez de primera instancia acogió parcialmente la demanda, esto es, sólo por los intereses correspondientes al lapso que había mediado entre el 28 de diciembre de 1989 y el 4 de enero de 1990, ello en razón de que las disposiciones federales en juego -decreto antes citado y comunicaciones del Banco Central B 4132 y A 1621 complementa

    rias de aquél- no contemplaban el pago de réditos durante dicho período. El magistrado entendió que si la suma depositada había permanecido en la entidad financiera durante aquellos días por el feriado bancario dispuesto correspondía resarcir al actor por la indisponibilidad de tales fondos.

    Sin embargo rechazó el rubro relativo a la diferencia entre el valor nominal y el valor real de los bonos entregados en canje por considerar que el perjuicio invocado por el actor sólo se configuraba con la venta de los títulos, extremo éste que no se había verificado.

  4. ) Que la cámara modificó parcialmente el fallo de la instancia inferior reduciendo el lapso por el cual debían computarse los intereses; en este aspecto juzgó que en virtud del feriado bancario y cambiario que regía al tiempo del vencimiento del certificado -2 de enero de 1990- (conf. comunicación A 1621 del Banco Central), el demandante no habría podido realizar ninguna operación financiera útil por lo que no correspondía reconocer accesorios con posterioridad a la fecha indicada.

  5. ) Que el demandado impugna la sentencia por considerarla arbitraria; afirma que el a quo omitió la aplicación del decreto 36/90 "como si la disposición de emergencia no se hubiere sancionado", dictando -de ese modo- un fallo contrario a la doctrina de esta Corte sentada in re "P." (fs. 156 vta.). También sostiene que la cámara incurrió en autocontradicción y en exceso de jurisdicción apelada por haber dispuesto que los intereses admitidos se calcularan sobre la suma total de la imposición, en lugar de ordenar que

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. se hicieran efectivos sobre la cantidad a devolver en efectivo. Por otra parte, la actora también se agravia del pronunciamiento por considerarlo arbitrario en cuanto no admite que se le pague la diferencia entre el valor nominal y el valor real de los bonos dados en canje; expresa, en síntesis, que ha experimentado un perjuicio cierto y concreto en la medida en que los títulos tienen un valor de mercado equivalente al 35% de su valor nominal.

  6. ) Que respecto de los recursos extraordinarios interpuestos cabe tratar, en primer término, el deducido por el Estado Nacional toda vez que si él prosperara la demanda sería rechazada íntegramente y, por ende, resultaría inoficioso pronunciarse sobre la suerte del remedio federal interpuesto por la actora (Fallos:

    310:245).

  7. ) Que el recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional es formalmente admisible pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal -decreto 36/90 y comunicaciones del Banco Central dictadas en su consecuencia- y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas (art.

    14, inc. 3° de la ley 48). Por otra parte, corresponde avocarse al examen de las causales de arbitrariedad invocadas en la medida en que se vincularían, de un modo inescindible, con la prescindencia de las disposiciones federales en cuestión (fs. 156 vta. y sgtes. y Fallos: 308:

    1076) y de la doctrina sentada por esta Corte respecto de ellas (Fallos: 313:1513).

  8. ) Que al decidir del modo en que lo hizo, la cá

    mara privó de toda virtualidad al régimen legal referido sin dar ningún motivo atendible. En efecto, el a quo confirmó la sentencia de primera instancia en punto al acogimiento de la pretensión por entender que, de no haberse dictado el decreto 36/90, "el actor hubiera tenido el derecho a percibir de la entidad depositaria la totalidad de los intereses con ella convenida" (fs. 138 vta. punto 4, a.1). Empero, tales expresiones no constituyen el fundamento de la decisión sino, a lo sumo, el enunciado de la cuestión a resolver, máxime si se advierte que el sentenciante no tuvo en cuenta el contexto en el que habían sido dictadas las normas de emergencia ni examinó si -de acuerdo a la doctrina expuesta in re "P." (Fallos: 313:1513)- cabía admitir la responsabilidad del Estado con apoyo en los principios invocados por el actor. La consideración de estos aspectos era decisiva para la solución de la causa, sobre todo, frente a los términos en que el demandado negó su responsabilidad y reclamó la plena aplicación de las normas federales (fs. 113 vta. y sgtes.).

    En razón de las omisiones indicadas el fallo apelado no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que determina su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 285:55; 286:313; 288:47; 289:400; 295:591; 296:628; 310:799, entre muchos otros).

  9. ) Que por la amplitud con la que fue admitido el remedio federal y en atención al tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda (fs. 14) corresponde hacer uso de

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. la facultad conferida por el art. 16 de la ley 48 y decidir el fondo del asunto. En este aspecto, el Tribunal entiende que la pretensión del actor fundada en los principios que rigen la responsabilidad del Estado por su obrar lícito no puede prosperar en virtud de la doctrina sentada in re "P.".

    En primer término, conviene recordar que en aquel precedente se sostuvo que el decreto 36/90 fue dictado para conjurar una situación -de conocimiento público y notoriode grave riesgo social (confr. considerando 24).

    Además, se expresó que las medidas adoptadas por el gobierno no afectaban el derecho de propiedad -toda vez que sólo se limitaba temporalmente la percepción de beneficios sin perjudicar su integridad- ni comprometían la garantía de igualdad -pues la circunstancia de que los depositantes fueran los más afectados en aquella oportunidad no era la consecuencia de un distingo irrazonable efectuado en las normas, sino el correlato inevitable de una medida de gobierno (considerandos 56 y sgtes.)-. También se aclaró que no resultaba clara la afección de los intereses de los depositantes por la aplicación de las normas impugnadas si se tenían en cuenta los efectos que sobre la economía de los particulares habría producido la vorágine del proceso inflacionario (considerando 54, in fine).

    10) Que sobre la base de las consideraciones precedentes, principalmente aquellas referentes a la extensión que cupo asignar al derecho de propiedad en la emergencia, las sumas reclamadas en la demanda no configuran un daño re

    sarcible sino un beneficio de difícil -sino imposibleverificación en el contexto de la crisis padecida (confr. considerandos 47, 53, 54 y 55 del fallo citado). En otras palabras, no resulta razonable extender la responsabilidad del Estado hasta el punto de constituirlo en el garante de ventajas económicas conjeturales.

    11) Que cabe agregar que esta Corte ha admitido la responsabilidad del Estado por su obrar lícito con el propósito de resarcir el desmedro patrimonial que experimenta el particular a raíz de un acto estatal que se traduce en un beneficio para toda la comunidad (Fallos: 301:403; 305:321; 310:943, considerandos 7°, 12 y sgtes.; 312:2266, entre otros); es decir, que la condición implícita que torna viable esta doctrina consiste en la materialización del bienestar general, lo que supone la relación armónica entre el interés individual y el bien común, de modo tal que la protección del primero no debe prevalecer a ultranza en detrimento de la realización del segundo. En suma, mediante esta concepción se procura amparar el derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y Fallos: 312:1656, considerando 11) mas no neutralizar la actividad del Estado en la prosecución de sus fines esenciales (Fallos: 180:107; 182:146 y R.89.XXIV "Román S.A.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ cobro de pesos", fallada el 13 de octubre de 1994).

    12) Que con arreglo a las pautas enunciadas en el considerando anterior se advierte que la admisión generalizada de pretensiones análogas a la deducida en autos no condu

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. ciría a proteger el derecho de propiedad sino a obstaculizar la labor de gobierno, pues implicaría la derogación -por vía elíptica- del régimen legal de emergencia con la consiguiente frustración de todos los propósitos contenidos en él tendientes al afianzamiento del bienestar general (Fallos: 313:1513, considerando 33); de verificarse esta situación, el pago de los resarcimientos recaería sobre toda la comunidad sin que ésta obtuviera como contrapartida- beneficio alguno ya que la crisis se agravaría y, en definitiva, se tornarían ilusorios los derechos que se han pretendido preservar.

    Por lo demás, una línea jurisprudencial semejante sentaría las bases de un dilema irreductible pues, o el Estado se abstiene de ejercer funciones que le son propias, o bien, luego de ejercerlas, es compelido a resignarlas frente a cada reclamo individual.

    13) Que por el modo en que se resuelve el fondo del asunto resulta inoficioso pronunciarse sobre el remedio federal interpuesto por la actora.

    Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto a fs. 143/162, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16 de la ley 48). D. inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por la actora a fs. 164/172 y concedido a fs.

    188. Costas por su orden, en todas las instancias, por tratarse de una cuestión jurídica novedosa (art. 68, segundo párrafo, del Código

    Procesal Civil y Comercial de la Nación)). N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia parcial) - C.S.F. (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (por su voto) - E.S.P. (por su voto) - A.B. (por su voto) - GUILLERMO A.

    F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (por su voto).

    VO

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

    TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ Considerando:

  10. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -que confirmó el fallo de primera instancia que había admitido parcialmente la demanda y lo modificó en cuanto al período durante el cual debían computarse los intereses reclamados- ambas partes dedujeron recursos extraordinarios que fueron concedidos a fs. 188.

  11. ) Que los agravios del Estado Nacional -que deben estudiarse en primer término porque, de prosperar, resultaría inoficioso el tratamiento de los de la parte actora- conducen a la consideración de la existencia de responsabilidad estatal por actos lícitos, como consecuencia del dictado del decreto 36/90.

  12. ) Que liminarmente debe señalarse que la responsabilidad estatal sólo resulta de la violación del orden jurídico, sea legal o constitucional y que, en ese sentido, sólo existe violación de la garantía de la propiedad cuando se incurre en la conducta vedada por el art. 17 de la Constitución Nacional; las demás afectaciones que pueda sufrir ese derecho -como cualquier otro- no son más que una consecuencia de la vida en sociedad, que impone, entre otros, el deber de solidaridad (Fallos:

    316:1335, disidencia del juez F..

  13. ) Que las consideraciones expuestas en el citado

    precedente como sustento de la conclusión recién recordada, son particularmente aplicables en la especie. En efecto, ha quedado fuera de debate en autos la legitimidad del decreto 36/90, cuestión que por otra parte, encuentra acabada respuesta en el pronunciamiento de este Tribunal de Fallos:

    313:1513. En tales condiciones, reconocer su validez y legitimidad, por un lado y, por el otro, imponerle al Estado la carga económica que significa reparar todo perjuicio que tal actividad genere, no sólo resulta incongruente sino que, en definitiva, importa trabar el ejercicio de sus poderes, con perjuicio para toda la comunidad. Es que no se concibe que en los supuestos clásicos de legislación de emergencia -como el que nos ocupa- paralelamente al reconocimiento de su legitimidad, se consagre el derecho de los particulares de percibir la indemnización de los daños y perjuicios que la actividad estatal causa (pronunciamiento en Fallos: 316:1335 antes citado, disidencia del juez F..

  14. ) Que la pretensión de la parte actora -aun en la limitada medida en la que fue admitida en la sentencia recurrida- no importa sino percibir los importes que depositó a plazo fijo y que fueron afectados por el decreto 36/90, bien que no a título de reintegro sino como indemnización. Así, por un lado, se acepta la validez de la citada medida, lo que constituye un obstáculo insalvable para perseguir el citado reintegro pero, con otro nomen juris, se persigue exactamente lo mismo, esto es, una indemnización sustitutiva de aquel depósito. Es de toda evidencia que, en tales condiciones, la legislación de emergencia carecería de sentido

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. pues, como se recordó en el precedente antes citado, de este modo se trabaría el ejercicio de los poderes del Estado puestos en marcha con la adopción de la medida en cuestión.

    Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art.

    16 segunda parte, ley 48). D. inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por la actora a fs.

    164/172 y concedido a fs. 188. Costas por su orden en todas las instancias toda vez que los precedentes de este Tribunal en la materia pudieron hacer que el actor se creyera fundadamente con derecho a demandar. N. y devuélvase. C.S.F. -A.R.V..

    VO

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

    TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

  15. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., confirmó el fallo de primera instancia en cuanto había admitido parcialmente la demanda contra el Estado Nacional y lo modificó en cuanto al período durante el cual estimó que debían computarse los intereses reclamados. Contra ese pronunciamiento, ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios, que fueron concedidos mediante el auto de fs. 188.

  16. ) Que corresponde en primer lugar tratar el recurso interpuesto por el demandado toda vez que, él impugna la procedencia de la responsabilidad puesta a su cargo por la sentencia del a quo, de prosperar su apelación, la demanda sería rechazada íntegramente y, por ende, resultaría inoficioso pronunciarse sobre la suerte del remedio federal interpuesto por la actora (Fallos:

    310:245), que sólo se agravia por las limitaciones efectuadas por el juzgador en la extensión del daño resarcible.

  17. ) Que en autos existe materia federal bastante pues la condena al Estado a resarcir daños que un particular invocó como generados por el régimen instaurado por disposiciones de naturaleza federal -decreto 36/90 y comunicaciones del Banco Central de la República Argentinapone en juego la implícita frustración del fin de ese régimen legal y el desconocimiento de los derechos que en esas medidas de emergencia sustentó el demandado (art. 14, inc. 3, ley 48).

  18. ) Que con respecto al fondo, uno de los muchos argumentos que desarrolla el Estado Nacional justifica la procedencia del remedio federal, por cuanto la interpretación que ha efectuado la cámara del régimen del decreto 36/ 90 cuya legitimidad no fue discutida en autos (fs. 12 vta., 118) y que precisamente dispuso un corte en el curso de los frutos civiles de todo dinero colocado a plazo fijo a partir del 28 de diciembre de 1989- equivale a prescindir del texto de la disposición legal sin declarar su inconstitucionalidad, lo cual es inaceptable según constante jurisprudencia de esta Corte (doctrina de Fallos: 279:128, considerando 8°; 301:958; 313:1007, considerando 5°).

  19. ) Que la admisión incluso parcial de la pretensión actora, en un supuesto que no responde a la línea jurisprudencial que resarce bajo ciertas condiciones el desmedro patrimonial generado en un acto lícito del Estado que, en aras del bien común, impone un sacrificio al particular (doctrina de Fallos: 310:943 considerandos 7°, 11 y 12; 312:

    2266 considerando 8°; R.89.XXIV "Román S.A.C. c/ Estado Nacional -Ministerio de Educación y Justicia- s/ cobro de pesos", fallada el 13 de octubre de 1994), implica la derogación por vía elíptica del régimen legal de emergencia que el demandante manifiestó acatar y que determinó el encuadramiento jurídico dado al litigio por los jueces de la causa, lo cual habilita a revocar lo resuelto.

  20. ) Que por el modo en que se resuelve el fondo del asunto resulta inoficioso pronunciarse sobre el remedio

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. federal interpuesto por la actora.

    Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto a fs. 143/162, se revoca la sentencia apelada y en uso de las facultades reconocidas en el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. D. inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por la actora a fs. 164/172 y concedido a fs.

    188. Costas por su orden, en todas las instancias, por tratarse de una cuestión jurídica novedosa (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y remítase. A.C.B. -A.B..

    VO

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

  21. ) Que el 22 de diciembre de 1989 el señor C.A.M. depositó a plazo fijo 5.800.000 australes (en adelante "el capital"). Esta operación se efectuó por un período de once días a una tasa efectiva mensual del 66,27% y se realizó en la firma "Tutelar Compañía Financiera S.A." (en adelante "Tutelar").

  22. ) Que el 3 de enero de 1990 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia n° 36 (en adelante "el decreto" o "la norma"). Este dispuso, en lo que interesa, que los depósitos a plazo fijo en australes vigentes el 28 de diciembre de 1989 debían ser devueltos a sus titulares por el valor del capital, ajuste e intereses devengados hasta esa fecha, de la siguiente manera:

    1. hasta la suma de un millón de australes debían abonarse -a opción del acreedor- en efectivo o en Bonos Externos de la República Argentina serie 1989 (en adelante "los bonos" o "los títulos"); b) la parte del plazo fijo que excediera tal cifra, por regla debía abonarse mediante los aludidos bonos.

  23. ) Que el 9 de enero de 1990 Tutelar pagó a M. -con fundamento en el aludido decreto- sólo el 55% de los intereses que habían sido acordados cuando concertó el_________________________ 1-En diciembre de 1989 se produjo un índice de inflación del 40,1%; y en enero de 1990 tal índice fue del 79,2%. plazo fijo (en adelante "el depósito" o "la operación").

    Ese porcentaje de los frutos civiles, y el 93% del capital, le fueron abonados en títulos. Solamente le fue pagado en efectivo el 7% del capital.

  24. ) Que el señor M. articuló, en marzo de 1990, una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Nacional.

    En ésta alegó que la demandada había incurrido, al dictar el decreto 36/90, en responsabilidad (del Estado) por acto lícito; pues esa norma le causó un daño -esbozado en el considerando anterior- que debe ser reparado por imperio del art. 17 de la Constitución Nacional (fs. 13 vta.).

    No cuestionó en autos la legitimidad del citado decreto (fs. 12 vta.; fs. 79).

  25. ) Que con base en lo expuesto el actor reclamó que la demandada le abonara dos items, a saber:

    a- los intereses devengados por el capital, desde la fecha en que entró en vigencia el decreto (28 de diciembre de 1989), hasta el día en que venció el depósito (2 de enero de 1990);_________________________ 2-Después de que fue interpuesta la demanda que dio origen a este pleito, esta Corte resolvió el caso "P." (Fallos: 313:1513 -año 1990-). Este fallo, cuya doctrina no comparto, es impertinente en autos; porque mientras que en "P." se examinó si el decreto n° 36/90 originaba responsabilidad del Estado por acto ilícito, en el caso sub examine debe determinarse si tal decreto causa responsabilidad del Estado por acto lícito. Es importante recordar que no participé en el citado caso "P.", a pesar de lo erróneamente afirmado por W.D.R. en su libro "La Corte Suprema de Justicia y la seguridad jurídica" (conf. pág. 91, op. cit., edición bilingüe, editorial A. de R.D., Buenos Aires, abril de 1995). El precedente "P." ha sido duramente criticado por numerosos autores extranjeros y nacionales; véase, por ejemplo, W.C.B. et. al., "Presidential Systems in Stress:

    Emergency Powers in Argentina and the United States", Michigan Journal of International Law, Vol. 15:1, págs. 1/76, otoño de 1993.

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

    -//b- la diferencia entre el valor nominal de los bonos y el valor de mercado de éstos el día en que se articuló esta demanda (dicha diferencia era, según se alega, del 65%).

  26. ) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó parcialmente el fallo de primera instancia; y dispuso, en sustancia, lo siguiente:

    1. debe reconocerse "[...] el derecho al resarcimiento de los intereses convenidos [entre M. y] la entidad depositaria [...]" (fs. 138); porque el decreto originó, en este punto, responsabilidad del Estado por actolícito; b) por otro lado -afirmó el a quoel Estado no debe pagar a la actora la diferencia entre el valor nominal de los bonos recibidos por M. y el valor de mercado de éstos; porque no se configura en ese aspecto la aludida responsabilidad del Estado, dado que tal decreto no ha causado al actor un "[...] daño cierto resarcible [...]"; pues aún no ha vendido en el mercado tales bonos a un precio inferior al de su valor nominal .

    _________________________ 3-También sostuvo que este crédito se encuentra consolidado, en los términos de la ley nacional n° 23.982; y, en consecuencia, los intereses que él devenga a partir de la fecha de corte establecida por dicha ley (esto es, el 1° de abril de 1991), dependen de la opción de cancelación que elija el acreedor; por ello, resulta prematuro pronunciarse, a juicio de la cámara, sobre este asunto. 4- El a quo señaló, además, que "[...] el perjuicio [sufrido por el demandante] por la demora en hacerse del capital se encuentra compensado por el interés que devengan los títulos [...]" (fs. 138 vta.).

  27. ) Que tanto el actor como la demandada interpusieron recursos extraordinarios contra la esbozada sentencia de cámara. Y el a quo los concedió con base en el inciso 3° del artículo 14 de la ley 48 (fs. 188).

  28. ) Que el Estado Nacional plantea en dicho recurso agravios de arbitrariedad. Ellos pueden ser abordados por este Tribunal a pesar de que no fueron expresamente admitidos por el a quo en el auto de concesión del remedio federal; pues, según lo establece una larga línea de precedentes, cuando un planteo no es objeto de rechazo explícito en el aludido auto, esta Corte puede estudiarlo debido a la amplitud de criterio que exige la garantía de la defensa en juicio prevista en la Constitución Nacional .

  29. ) Que el Estado afirma, en primer término, que es arbitrario que la cámara haya establecido que el plazo fijo del actor debe generar intereses desde que se constituyó esa operación (22 de diciembre de 1989) hasta su vencimiento (2 de enero de 1990). Y esta decisión es arbitraria -a criterio del Estado- porque viola lo ordenado por el decreto sub examine (esto es, que dichos intereses sólo_________________________ 5- Corresponde abordar en primer lugar el recurso extraordina- rio interpuesto por el demandado; pues, en razón de que él impugna la procedencia de la responsabilidad puesta a su cargo por la sentencia del a quo, de prosperar su apelación, la demanda sería rechazada íntegramente; y, en consecuencia, resultaría inoficioso que esta Corte se pronunciase sobre la suerte del remedio federal interpuesto por la actora -la que sólo se agravia por las limitacio- nes efectuadas por la Cámara a la extensión del daño resarcible-. 6- Confr. consid. 4° del caso "Astilleros Alianza", Fallos: 314:1202 -año 1991-; consid. 3° del caso "M., E.A.- nario" del 27 de septiembre de 1994; consid. 3° del caso "Paz, Domingo Gualterio" del 27 de octubre de 1994, entre muchos otros.

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. deben correr hasta el 28 de diciembre de 1989); norma que debe ser aplicada en autos, dado que no ha mediado en este pleito impugnación de su validez (fs. 156/158).

    10) Que la jurisprudencia de esta Corte sostiene que los jueces están obligados a resolver los pleitos en los que entiendan, a la luz de la normativa que sea pertinente; es decir, aquella que claramente incluya bajo su significado obvio la situación fáctica a calificar o el conflicto a dirimir.

    Ello debe ser así, excepto que la validez de dicha normativa haya sido impugnada en el caso y que, además, haya sido declarada inconstitucional. Si este principio no fuera cumplido en cierta sentencia, ésta debe considerarse arbitraria .

    11) Que el decreto n° 36/90 dispuso que las entidades financieras que tuvieran plazos fijos en determinada fecha debían reconocer -hasta ese día- los interesesque habían sido pactados con los titulares de dichas operaciones.

    El actor no impugnó la validez de ese decreto y el a quo, en consecuencia, no lo declaró inconstitucional.

    Sin embargo, y esto es lo relevante, la cámara dispuso que debían correr intereses aún después del momento señalado por_________________________ 7-Consid. 8° del caso "B.", Fallos: 279:128 -año 1971-; consid. 4° del caso "M.", cuyo sumario se publica en Fallos: 301:958 -año 1979-; consid. 5° del caso "B.", Fallos: 313:1007 -año 1990-. 8- Esto es, el 28 de diciembre de 1989 (conf. primer párrafo del art. 1° del decreto 36/90). el decreto. Entonces es inequívoco que -por imperio de la línea de precedentes señalada supra en el considerando 10- el pronunciamiento impugnado es arbitrario; pues en él se ha prescindido de aplicar a este caso un texto legal pertinente.

    Por lo expuesto, debe hacerse lugar al planteo en examen. Y, por ello, revocarse la sentencia apelada por no ser derivación razonada del derecho vigente.

    12) Que esta decisión -que invalida el único punto en que el Estado Nacional había sido considerado responsable por el a quo- motiva que sea innecesario abordar el resto de sus agravios.

    13) Que en razón del largo tiempo transcurrido desde que se originó este pleito, y con base en lo dispuesto en la segunda parte del art. 16 de la ley 48, abordaré la cuestión de fondo. Ésta consiste en lo siguiente: )Se configura en autos responsabilidad del Estado por acto lícito, a la luz de los precedentes de esta Corte, a raíz de que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 36/90 fue aplicado al plazo fijo del actor? 14) Que la responsabilidad del Estado por acto lícito se configura en un pleito dado si se reúnen de modo simultáneo varios requisitos. Entre ellos, que no exista una norma que establezca el "deber jurídico de soportar" el daño producido por el Estado; es decir, que no exista una_________________________ 9- Conf. primer párrafo in fine del considerando 4° del caso "Toscano", emitido por esta Corte el 7 de febrero de 1995. En el derecho español es ilustrativo consultar, sobre este punto, a J.G.P. en su libro "Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas", páginas 272 a 274, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1996.

    M. 104. XXVII.

    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. norma que sea claramente pertinente en dicho pleito, que prohíba que se haga lugar a la pretensión resarcitoria articulada por quien sufrió el perjuicio.

    Si tal norma prohibitiva existiera, es imprescindible que el demandante ataque su validez y, además, que se declare su inconstitucionalidad; porque, si este requisito no fuera cumplido, los tribunales estarán obligados a aplicarla -y, en consecuencia, a rechazar la aludida pretensión resarcitoria-; de lo contrario se violaría la línea jurisprudencial de arbitrariedad reseñada en el considerando 10 de este voto.

    15) Que en el caso de autos el actor ha reconocido la validez del decreto 36/90 del Poder Ejecutivo Nacio_________________________ 10-No se registra fallo alguno en el que esta Corte haya hecho responsable al Estado por acto lícito en supuestos en que la normativa pertinente prohibía la atribución de dicha responsabilidad. En efecto, es fácil distinguir precedentes en los que el Tribunal reconoció dicha clase de responsabilidad -como "Motor Once"-, del caso "M." en estudio. En "Motor Once" (Fallos: 310:943 -año 1987-) cierto municipio había otorgado un permiso que autorizaba el funcionamiento de una estación de servicio expendedora de combustible. Dicha estación se encontraba ubica- da en la planta baja de un edificio en torre destinado a viviendas. Tiempo después, el municipio decidió revocar tal permiso con base en una norma, que no existía cuando éste había sido otorgado, que prohi- bía que se instalaran estaciones de servicio en la planta baja de edifi- cios en los que vivieran personas (esta norma tenía el propósito de prevenir incendios que pudieran afectar dichas viviendas). Entonces el titular del permiso revocado demandó al estado munici- pal. Y este Tribunal hizo lugar a esa pretensión resarcitoria, a raíz del daño que le había causado el mencionado acto lícito del demandado. En suma, en los casos en que se reconoció esa clase de responsabi- lidad -como el esbozado en esta nota de pie de página- no eran aplica- bles normas prohibitivas semejantes a la prevista en el decreto n° 36/90 (cuyo texto se transcribe supra en el consid. 2°). Es decir, no existía en tales pleitos la "obligación jurídica de soportar" el daño, según la terminología empleada en la jurisprudencia citada en el primer párrafo del considerando 14 de este voto. nal (que inter alia establece ciertos límites a la devolución de su plazo fijo). Y, al mismo tiempo, reclama que no se limite la devolución de ese depósito.

    Es claro, entonces, que el demandante pretende que no se le aplique una norma, pertinente en autos, cuya validez no ha impugnado. Y ello no es posible por los motivos expuestos en el considerando anterior.

    En suma, no se configura en autos responsabilidad del Estado por acto lícito.

    Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto a fs. 143/162, se revoca la sentencia apelada y en uso de las facultades reconocidas por el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. D. inoficioso el tratamiento del recurso interpuesto por la actora a fs. 164/172 y concedido a fs. 188. Costas por su orden, en todas las instancias, por tratarse de una cuestión jurídica novedosa (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y devuélvase.

    E.S.P..

    DISI_________________________ 11-El actor tampoco ha desarrollado razón alguna que permita justificar por qué no corresponde aplicar al sub lite la jurispru- dencia apuntada supra en el considerando 10; o por qué tales prece- dentes deberían ser abandonados por este Tribunal.

    M. 104. XXVII.

    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

  30. ) Que la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal modificó el pronunciamiento de la anterior instancia que había admitido parcialmente la demanda.

    Contra esa decisión interpusieron recurso extraordinario el Procurador del Tesoro de la Nación, en representación del Estado Nacional (fs. 143/162), y el actor (fs. 164/172), remedios que fueron concedidos.

  31. ) Que, en relación al depósito efectuado por el demandante en una entidad financiera, al que le fue aplicado el régimen previsto en el decreto 36/90, el fallo recurrido encontró admisible el reclamo relativo a los intereses que, de acuerdo a la tasa convenida, se habrían devengado entre el 28 de diciembre de 1989 -fecha de corte establecida en esa norma- y el 2 de enero de 1990, día en que se produjo el vencimiento del respectivo certificado.

    En cuanto a la restante pretensión del actor, condena al pago de la diferencia existente entre el valor nominal y el de cotización de los bonos oportunamente recibidos en canje, la sentencia atacada confirmó el rechazo dispuesto por el juez de primera instancia con fundamento en la inexistencia de un daño cierto resarcible (fs. 137/139 vta.).

  32. ) Que si bien fueron varios los agravios que se alegaron en los recursos interpuestos por las partes, éstos

    fueron en su momento concedidos exclusivamente por hallarse debatido en el proceso el alcance de normas federales (fs. 188), lo que limita la jurisdicción apelada de esta Corte al análisis de los temas vinculados con las disposiciones federales en cuestión.

  33. ) Que, en ese sentido, el remedio federal articulado por la demandada con apoyo en lo dispuesto por el decreto 36/90 y las comunicaciones del Banco Central con él relacionadas fue bien concedido por encontrarse discutido el alcance de normas de naturaleza federal y tratarse de una sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, contraria a las pretensiones que el recurrente sustenta en ellas.

  34. ) Que con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, no cabe al Tribunal apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla.

    De otro modo podría arribar a una interpretación que -sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legalequivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 313:1007 y sus citas del considerando 5°, entre otros). Estos principios, enteramente aplicables a la actuación de los magistrados de las instancias ordinarias, resultan suficientes en el

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. sub lite para corregir el desacierto que de manera inicial evidencia la admisión de la demanda aun con el limitado alcance reconocido por el a quo.

  35. ) Que, en efecto, el decreto 36/90 estableció de manera inequívoca, en cuanto aquí importa, que las entidades financieras debían reintegrar a sus titulares o inversores -en efectivo o B. 1989, a opción del acreedor, hasta A 1.000.000, y sólo en títulos por el excedente- los depósitos en ellas constituidos, vigentes al 28 de diciembre de1989, por el valor del capital, ajuste e intereses a esa fecha (art. 1°, el subrayado pertenece al Tribunal). Por su parte, la comunicación B-4132 del Banco Central de la República Argentina dispuso que correspondía reconocer intereses entre el 4 de enero de 1990 y la fecha de atención del canje, conforme al cronograma que en ella se fijó.

  36. ) Que, en esas condiciones, el reconocimiento del reclamo del demandante por los intereses devengados entre el 28 de diciembre de 1989 y el 2 de enero de 1990 únicamente pudo ser alcanzado desconociendo los preceptos que gobiernan la cuestión de cuyo juzgamiento se trata; solución inadmisible en tanto no ha mediado en el caso concreta declaración de inconstitucionalidad, la cual sólo hubiera resultado pertinente mediante un amplio y explícito debate sobre el particular.

  37. ) Que, lejos de haberse transitado en el sub examine por este último camino, es de advertir que el actor no formuló cuestionamiento alguno respecto al decreto 36/90,

    bien por el contrario, expresamente reconoció en el inicio y ratificó con posterioridad, el carácter de "reglamento de necesidad y urgencia" de esa disposición y, en particular, su "legitimidad" (fs. 12 vta., 79 y 118).

  38. ) Que, desde esta perspectiva, el pronunciamiento impugnado, al atribuir supuestamente una responsabilidad al Estado que ha sido desconocida de manera específica por el Tribunal en supuestos como el de autos (Fallos: 313:1513, considerando 55, voto de la mayoría), importó también convalidar una postura del demandante manifiestamente contradictoria, igualmente inadmisible según una constante doctrina de esta Corte (Fallos: 308:191, considerando 5°, entre muchos otros) 10) Que, al ser ello así, sólo resta analizar el recurso interpuesto por el actor. Al respecto el Tribunal considera que no existe relación directa e inmediata entre la cuestión federal invocada -respecto de la cual, como ya se dijo, exclusivamente se concedieron los recursos extraordinarios de ambas partes- y la solución del tema que plantea el remedio intentado por el actor.

    En efecto, dado que la cámara resolvió que el reclamo por la diferencia en la cotización de los bonos no podía ser aceptado al no verificarse en el caso un daño cierto resarcible -consideración fundada en aspectos de hecho, prueba y derecho común, no susceptibles de revisión por la vía intentada- el examen de los agravios formulados contra esa decisión es ajeno a la determinación del alcance de norma federal alguna. A ello cabe añadir que los reproches formulados en relación al fallo dictado por esta Corte en el citado

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    M., C.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiemto. caso "P." (fs. 170/172), al ser planteados por primera vez al deducir la apelación extraordinaria, constituyen el fruto de una reflexión tardía y resultan por ello ineficaces a los fines que aquí se tratan (Fallos:

    310:2475 y sus citas, entre muchos otros).

    Por ello, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la actora a fs. 164/172 y se declara procedente el interpuesto por la demandada a fs. 143/162, se deja sin efecto la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Las costas de esta instancia se imponen al actor. N. y devuélvase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.