Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Abril de 1997, R. 588. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

R. 588. XXXII.

RECURSO DE HECHO

R. de H., E. c/A., E..

Buenos Aires, 1° de abril de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por R.E.A. en la causa R. de H., E. c/A., E.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.

Por ello, se desestima la queja. D. perdido el depósito de fs. 1. N. y, oportunamente, archívese, previa devolución de los autos principales. JULIO S.

NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) -CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO-ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia) - G.A.B. -A.R.V..

DISI

R. 588. XXXII.

RECURSO DE HECHO

R. de H., E. c/A., E..

DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al desestimar el recurso extraordinario local, confirmó la decisión de la alzada que había dispuesto rechazar la excepción de falsedad de la ejecutoria y ordenado llevar adelante la ejecución de honorarios promovida por un perito contador, el ejecutado interpuso el recurso extraordinario cuya denegación origina esta queja.

  2. ) Que el ejecutado había sido designado de oficio administrador judicial en la empresa C.V.M.S.C.A. y, al finalizar su gestión, presentó la pertinente rendición de cuentas que, al haber sido objeto de impugnaciones, motivó la apertura a prueba del incidente y la designación de un perito contador. Finalmente, en la causa se resolvió desestimar las impugnaciones y aprobar la gestión desarrollada por los administradores judiciales durante el lapso de duración de la medida cautelar, con imposición de costas a los socios que dieron origen al proceso incidental (fs. 1834/1865).

  3. ) Que el perito contador promovió incidente de ejecución de sus honorarios (fs. 2266/2269) contra el ex administrador judicial, quien opuso una excepción de falsedad de la ejecutoria con fundamento en la ausencia de legitimación procesal, en tanto adujo no haber sido parte en la causa sino auxiliar de la justicia (fs. 2304/2314).

    Mientras

    el juez de grado admitió la defensa en cuestión (fs.

    2332/2333), la cámara de apelaciones ordenó su rechazo y el consiguiente progreso de la ejecución, decisión que fue cuestionada por vía del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

  4. ) Que el superior tribunal provincial consideró que el citado recurso era insuficiente toda vez que dejaba intactas las premisas del fallo de cámara, que "se había basado fundamentalmente en la condición de parte incidental que asumió el ejecutado en el incidente de rendición de cuentas para considerarlo alcanzado por la obligación de abonar los honorarios del perito ejecutante" (fs. 2411 vta.) y que, por la función que corresponde al perito en su carácter de auxiliar del tribunal, "puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes y con abstracción del resultado del pleito, sin perjuicio de repetir la parte que los abonó contra la contraria, de acuerdo con la forma en que se hubieren impuesto las costas" (fs. 2412 vta.), máxime cuando -en el sub lite- el peritaje contable había sido propuesto como prueba en el incidente de rendición de cuentas por el contador Aitala (fs. 2413).

  5. ) Que los agravios del apelante suscitan cuestión federal que habilita el remedio intentado pues si bien es cierto que remite a cuestiones de índole fáctica y procesal, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando como en el caso- la interpretación realizada por el a quo aparece como la aplicación mecánica de un principio procesal

    R. 588. XXXII.

    RECURSO DE HECHO

    R. de H., E. c/A., E.. fuera del ámbito que le es propio (Fallos: 311:645; 312:61) y por tal vía culmina en la frustración ritual de los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

  6. ) Que, en efecto, si bien el perito -como auxiliar de la justicia- es ajeno a la situación de las partes, de manera que sus trabajos deben ser íntegramente retribuidos por cualquiera de ellas, con abstracción del resultado del pleito y sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar entre las mismas con arreglo a lo resuelto en orden a la imposición de costas (Fallos: 291:534), tal interpretación no puede ser extendida a un supuesto ajeno al marco fáctico y normativo en que fue concebida (confr. arg. Fallos: 311:560), de modo que pueda legitimarse el reclamo del experto a quien -por la índole de su participación en la causa- no puede calificarse como parte, aun con un limitado alcance transitorio o incidental.

  7. ) Que ello es así pues el administrador judicial también ostenta -al igual que el perito demandante- la calidad de auxiliar del juez, a cuyas directivas, instrucciones y vigilancia se encuentra sometido. En este sentido desempeña su misión como delegado judicial, a fin de sustituir al órgano natural de gobierno de la entidad intervenida (art. 224 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires).

  8. ) Que, de ese modo, en el cumplimiento de su cometido no puede ser tenido como parte litigante toda vez que, por la índole de la representación ejercida, no actúa en nombre propio ni desarrolla una gestión en su beneficio personal -aun cuando defienda la legitimidad de su actua

    ción- circunstancia relevante para determinar su responsabilidad frente a otro auxiliar de la jurisdicción, máxime cuando su intervención fue motivada por impugnaciones finalmente consideradas improcedentes, con la pertinente condena en costas.

  9. ) Que, en tales condiciones, lo resuelto guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas por el ejecutado (art. 15 de la ley 48), por lo que corresponde descalificar la sentencia con sustento en la doctrina de arbitrariedad.

    Por ello, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal.

    R. el depósito, notifíquese y, oportunamente, remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR -G.A.F.L..