Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Abril de 1997, F. 125. XXXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

F. 125. XXXII.

RECURSO DE HECHO

F. s/ av. delito expte. n° 58.615.

Buenos Aires, 1° de abril de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de C.P.M. en la causa F. s/ av. delito expte. n° 58.615", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial e la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Devuélvanse los autos principales. H. saber y archívese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) -CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO-ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- G.A.B. -A.R.V..

DISI

F. 125. XXXII.

RECURSO DE HECHO

F. s/ av. delito expte. n° 58.615.

DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que condenó a C.P.M. a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de ese tiempo por considerarlo autor del delito de usurpación de funciones correspondientes a otro cargo (art.

    246 inc. 3° del Código Penal), dedujo la defensa recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

  2. ) Que el fiscal acusó al procesado por el delito de peculado. Al describir el objeto procesal expresó que aquél "abusando de su cargo de Subsecretario de Seguridad Pública, ordenó la entrega del Ford Sierra XR4 a uno de sus choferes, a fin de destinarlo para uso personal..., M., aprovechando la autoridad que tenía sobre el C.O., funcionario que se hallaba a cargo del depósito del bien secuestrado, le indicó que ordenara la entrega del auto, lo que éste hizo cumpliendo la orden de un superior (la Dirección de Tránsito depende de la Subsecretaría de Seguridad Pública)". Asimismo le imputó hacer insertar declaraciones falsas en el acta de entrega del automotor.

    La defensa, en relación con el delito de peculado, estimó que no se hallaba tipificado debido a la inexistencia de "sustracción" y porque el vehículo no había estado bajo la custodia del acusado.

    El magistrado de primera instancia condenó al

    procesado por el delito de peculado (art. 263 en función del art. 261 del Código Penal), en concurso real con falsificación (art. 293 del código citado).

  3. ) Que el tribunal anterior en grado modificó la calificación legal de peculado por la de usurpación de funciones (art. 246 inc. 3° del Código Penal) y absolvió al procesado en relación al delito de falsificación.

  4. ) Que la defensa interpuso recurso extraordinario basado en la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad por violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, al haber sido sustentado el fallo condenatorio en una conducta distinta de la que fue acusado y respecto de la que se ejerció la defensa.

  5. ) Que asiste razón al recurrente en cuanto expresa que la sentencia condenatoria ha afectado las reglas del debido proceso. Ello es así dado que el tribunal anterior en grado modificó la calificación legal de la sentencia apelada -peculado- y condenó al procesado por el delito de usurpación de funciones, no obstante que por esa conducta no había sido acusado ni ejercido la defensa técnica, con la aclaración de que se negó a declarar (fs. 65).

  6. ) Que no puede aceptarse la conclusión del tribunal anterior en grado referente a que la condena se sustenta en los mismos hechos respecto de los que fue acusado y condenado en primera instancia, puesto que la circunstancia de haber intervenido en la "sustracción" de un automóvil secuestrado a la orden de la justicia federal (arts. 261 y 263 del Código Penal) no tiene similitud alguna con la conducta de

    F. 125. XXXII.

    RECURSO DE HECHO

    F. s/ av. delito expte. n° 58.615. ejercer funciones correspondientes a otro cargo (art.

    246 inc. 3° del código citado).

    En verdad, no se trata de un caso de diferente calificación legal, sino de la violación del principio de congruencia, al haber sido responsabilizado por una conducta respecto de la que no se formuló acusación, ni se concretó en ese aspecto la defensa técnica, anomalía que ha proyectado obviamente su negativo efecto sobre el juicio decisorio (doctrina de Fallos: 315:2969; Z.2.XXIV "Z., F.H. s/ privación ilegítima de la libertad", fallada el 4 de mayo de 1993; B.128.XXIV "B., L.E. y otros s/ causa instruida en virtud del decreto N° 2540/90 del P.E.N.", resuelta el 2 de diciembre de 1993).

  7. ) Que al respecto esta Corte tiene resuelto, desde antiguo, que si bien en orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, este deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio (causa "B., L.E." mencionada precedentemente y la jurisprudencia allí citada).

    Al ser ello así, no se encuentra cumplida en el caso la necesaria armonía que debe haber entre la declaración del derecho aplicable y los hechos verdaderamente comprobados (Fallos: 315:2969) y es por ello que la condena del procesado deviene arbitraria por violación del debido

    proceso, al haberse afectado la congruencia que es necesaria entre el hecho comprendido en la acusación y el que fue considerado en la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza.

    Por ello, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia recurrida. Agréguese la queja al principal. H. saber y devuélvase a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo resuelto (art. 16, primera parte de la ley 48). N. y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - G.A.F.L..